La guerra y el ''milagro'' Chino. Lo que nadie esperaba

 

Por Raúl Valle

La guerra en Irán estalló a fines de febrero de 2026 y, en cuestión de días, el precio del crudo saltó hasta rozar los 120 dólares el barril, entre 20 y 30 dólares por encima del nivel con el que cerró 2025. Ese salto no fue un detalle técnico, significó una gigantesca transferencia de ingresos desde los países importadores hacia los exportadores, y un shock inmediato sobre los costos de transporte, la producción industrial y el bolsillo de millones de consumidores en todo el mundo. Las bolsas reaccionaron en cadena, índices de referencia en Europa, Japón, Corea del Sur o India se hundieron entre un 5% y un 10% en pocas ruedas, mientras el principal índice chino, el CSI 300, apenas retrocedió en torno al 0,1% en el mismo lapso. Esa divergencia fue leída por el capital financiero como una señal clara: en esta crisis específica, China aparece mejor posicionada que sus competidores para soportar un período prolongado de petróleo caro.

Esa imagen de refugio no nace en 2026, sino que descansa en un proceso de al menos una década en el que China se preocupó por construir un colchón energético y financiero propio. Desde principios de los años 2010, y con más intensidad después de la crisis petrolera de 2014–2016, Pekín impulsó un programa agresivo de acumulación de reservas estratégicas y comerciales de crudo hasta alcanzar niveles del orden de los 1.000 a 1.400 millones de barriles, es decir, varios meses de importaciones aun en un escenario de interrupción casi total del suministro desde Medio Oriente. Sobre esa base, firmó y profundizó acuerdos con proveedores sancionados o semicortados por Occidente, como Irán, Rusia o Venezuela, comprando petróleo con fuertes descuentos que abaratan su costo energético y le aseguran flujos estables incluso cuando el mercado global entra en estado de pánico.

Al mismo tiempo, a lo largo de los años 2010 y 2020, China reorganizó territorialmente su matriz de suministro. Impulsó oleoductos y gasoductos desde Siberia y Asia Central, reforzando una “ruta terrestre” de energía que le permite reducir el peso de pasos marítimos críticos como el estrecho de Ormuz. En algunas estimaciones, la proporción de crudo que llega a China atravesando Ormuz se redujo a un rango en torno del 40–50%, cuando años atrás la dependencia era sensiblemente mayor. Este dato se vuelve crucial en la coyuntura actual, mientras el posible cierre, bloqueo o militarización de esa vía dispara el costo del petróleo para otros importadores asiáticos, China se muestra relativamente menos expuesta a un corte total y con mayor margen para administrar la escasez y el precio interno.

A partir de ahí, se suma la transición energética interna. Durante la década de 2020, el gobierno chino empujó con fuerza las energías renovables y, sobre todo, la expansión del vehículo eléctrico. En menos de diez años, los “vehículos de nueva energía” pasaron de ser una fracción marginal a representar más de la mitad de las ventas de autos nuevos. Ese salto implicó desplazar cientos de miles de barriles diarios de demanda de gasolina, distintos estudios estiman que solo en un año reciente la electrificación del parque automotor chino sustituyó del orden de 400.000 a 500.000 barriles diarios de consumo de combustibles fósiles en el transporte liviano. En una economía donde el crudo se va a 120 dólares, ese recorte en la intensidad petrolera funciona como un amortiguador estructural frente al shock.

El resultado de todos estos factores previos se hizo visible en la reacción del mercado cuando estalló la guerra en Irán. Mientras monedas de otros países emergentes se depreciaban con fuerza frente a un dólar fortalecido, el yuan se mantuvo casi plano. Mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían con fuerza por temor a más inflación y más deuda, los bonos chinos a 10 años se movieron apenas unas centésimas, señal de que los inversores veían menos presión inflacionaria y menos necesidad de un volantazo monetario en Pekín. Las acciones de empresas chinas ligadas a la energía, la infraestructura y la transición verde se ubicaron entre las mejor performantes, reforzando la narrativa de que, en este episodio, China opera como “puerto relativamente seguro” para el capital.

Del lado estadounidense, con Trump en la Casa Blanca, la cronología corre en paralelo pero muestra el reverso de ese cuadro. Durante su gobierno, los recortes impositivos a los sectores más ricos y a las grandes corporaciones profundizaron un déficit fiscal que en varios ejercicios superó holgadamente el 5% del PIB, y empujaron la deuda pública bruta por encima de los 30 billones de dólares. Hacia 2025–2026, las proyecciones situaban esa deuda en torno a los 38–40 billones, con pagos de intereses encaminados a superar el billón de dólares anuales en poco tiempo y a duplicarse en la década siguiente. Sobre este terreno ya frágil irrumpe la guerra con Irán: en cuestión de días, el costo directo de las operaciones militares se mide en decenas de miles de millones de dólares, entre grupos de combate, portaaviones, misiles lanzados y despliegues logísticos que consumen a velocidad récord las reservas de armamento acumuladas.

Informes del propio aparato militar y de la industria señalan presiones inéditas sobre los inventarios de municiones de precisión, bombas guiadas y sistemas defensivos, que obligan a planificar programas de reposición masiva que también se cuentan en decenas o incluso centenares de miles de millones de dólares a lo largo de varios años. No se trata solo del gasto inmediato de la guerra, sino de la obligación de reconstruir la capacidad militar con nuevos contratos multimillonarios para el complejo militar-industrial. Cada misil disparado, cada bomba utilizada, se convierte en una orden garantizada para las grandes empresas de armas, financiada con más emisión de deuda y una mayor carga futura de intereses sobre un presupuesto federal ya tensionado.

Al mismo tiempo, el salto del petróleo se transmite con rapidez al precio de la gasolina. Un movimiento del crudo hacia la zona de 120 dólares suele traducirse en incrementos de varios decenas de centavos por galón en las estaciones de servicio, basta un aumento de 0,50 o 0,70 dólares por galón para que un hogar que llena el tanque una o dos veces por semana vea aumentar su gasto mensual en decenas de dólares. En un país con un parque automotor profundamente dependiente del auto individual y con redes de transporte de mercancías centradas en el camión, el encarecimiento de los combustibles se traslada a los alimentos, los bienes industriales y prácticamente toda la canasta de consumo. Trump intenta contener el malestar prometiendo que el aumento será temporal, anunciando posibles liberaciones de reservas estratégicas o flexibilizaciones puntuales de sanciones a ciertos productores para sumar oferta. Pero mientras la guerra se prolonga y el crudo se mantiene en torno a 120, el impacto inflacionario se consolida y se vuelve un problema político de primer orden.

Todo este proceso muestra la anatomía de la crisis en varios planos que se cruzan. En el plano energético, China llega con reservas en el orden del billón de barriles, con contratos de petróleo descontado y con una menor intensidad petrolera gracias a la electrificación, lo que le permite administrar mejor el shock. Estados Unidos, en cambio, se topa con el mismo petróleo de 120 dólares con un modelo basado en el auto privado, sin planificación estatal fuerte de su sistema energético y con una estructura productiva que transmite rápidamente cualquier suba del crudo al conjunto de los precios. En el plano financiero, China opera con un endeudamiento alto pero en gran medida internalizado y bajo control de un Estado que domina el sistema bancario y puede coordinar respuestas más centralizadas; Estados Unidos, con una deuda cercana a los 40 billones y pagos de intereses en escalada, se ve obligado a financiar una guerra costosa y un programa de reposición de armamento a fuerza de más bonos del Tesoro, profundizando una trayectoria fiscal que todos saben que es insostenible sin más ajustes.

En el plano militar-industrial, la guerra con Irán funciona como un mecanismo de valorización para fracciones específicas del capital estadounidense. El Estado federal actúa como cliente cautivo de las grandes corporaciones bélicas, garantizando tasas de ganancia extraordinarias en medio de la crisis a través de contratos de miles de millones, mientras socializa las pérdidas en forma de deuda, inflación y futuros recortes sociales. China, al mismo tiempo, convierte la crisis en una oportunidad para sus propias fracciones de capital, empresas energéticas, fabricantes de baterías, automotrices de vehículos eléctricos y proveedores de infraestructura se benefician de la entrada de capital global que busca refugio en un entorno que percibe como más estable.

Todo esto tiene un efecto político acumulativo. Al inicio de la guerra, Trump puede intentar capitalizar un reflejo patriótico, presentarse como dirigente fuerte y usar el conflicto para ordenar filas internas. Pero con el correr de las semanas, el cuadro se degrada, la gasolina se mantiene cara, los precios de alimentos y bienes básicos siguen altos, los informes sobre muertos y heridos se acumulan, y el debate público empieza a girar en torno a los objetivos reales y al costo concreto del conflicto. Al otro lado del Pacífico, la comparación con China se vuelve cada vez más incómoda, mientras la administración Trump hace malabares con el déficit, la deuda y la inflación, Pekín muestra índices bursátiles relativamente estables, una moneda firme y sectores energéticos y tecnológicos en expansión.

Esta crisis revela la forma en que la guerra imperialista se expresa hoy a través del petróleo, la guerra y la deuda. China no es un modelo “alternativo” al capitalismo, sino una potencia capitalista que, gracias a un Estado fuerte y a una burguesía organizada, consigue gestionar mejor este episodio particular y ofrecer un refugio relativo al capital global a costa de su propia clase trabajadora. Trump, en cambio, resulta objetivamente perjudicado, el shock petrolero erosiona el salario real de su base social, el endeudamiento se acelera con cada misil lanzado, la reposición de material bélico y la carrera armamentista transfieren enormes recursos al complejo militar-industrial, y el desgaste político crece a medida que la guerra se prolonga. Mientras Washington y Pekín compiten por quién administra mejor la crisis en beneficio de “sus” capitales, las clases trabajadoras de ambos países cargan con la factura en forma de inflación, precarización y riesgo permanente de nuevas guerras. 

Hipótesis: EEUU ataca China

No se trata de una guerra interimperialista. En una guerra abierta entre Estados Unidos y China, la posición marxista revolucionaria no puede ser ni con el imperialismo yanqui ni con la oligarquía capitalista de partido único en Pekín, pero tampoco puede ser una “neutralidad” abstracta, se trata de defender la soberanía de China frente a la agresión imperialista sin darle ningún apoyo político a su régimen y, al mismo tiempo, ponerse del lado de la clase trabajadora china y mundial. Cuando una potencia imperialista ataca, lo progresivo jamás puede ser la victoria del agresor, una victoria militar de EE. UU. significaría reforzar al principal aparato bélico del planeta, al dólar como moneda mundial, a la OTAN y a todo el entramado de dominación sobre el Sur global, incluida América Latina. En nombre de la “democracia occidental”, una parte de la centroizquierda termina justificando al mismo poder que sostiene al FMI, las bases militares y el saqueo de nuestros recursos. Pero el error opuesto es idealizar a China como “campo progresivo”, heredero del socialismo o contrapeso benévolo frente a Washington. El PCCh dirige una oligarquía capitalista que explota a cientos de millones de obreros, prohíbe sindicatos independientes, oprime nacionalidades y hace negocios gigantescos con las mismas multinacionales occidentales. Defender a China frente a una agresión yanqui no puede significar apoyar a Xi, ni blanquear su aparato represivo, ni presentar sus inversiones en África o América Latina como solidaridad “Sur–Sur”.

La clave es separar soberanía de régimen. Defender la soberanía china significa oponerse a que EE. UU. la derrote, la trocee, coloque bases, controle sus puertos y rutas comerciales y la convierta en un protectorado más. Eso interesa a toda la clase obrera mundial, porque un triunfo aplastante de EE. UU. reforzaría la capacidad de chantaje de Washington sobre cada país que se le cruce, desde el Pacífico hasta el Atlántico Sur. Pero esa defensa no implica ni un gramo de confianza en la oligarquía china, la tarea de los revolucionarios es, a la vez, llamar a los trabajadores chinos a no apoyar a “su” burguesía conciliadora y que una parte se apoya en el imperialismo yanqui, a transformar la guerra en lucha de clases, a unir la defensa contra la agresión con la pelea por tirar abajo al régimen del PCCh y conquistar un poder obrero propio.

En Argentina, buena parte de la izquierda no teoriza bien esta combinación. De un lado, sectores campistas tienden a alinearse en forma abstracta con los regímenes con China y Rusia “contra la OTAN”, borrando que también son capitales que vienen por nuestro litio, nuestro petróleo y nuestra fuerza de trabajo. Del otro, corrientes que para criticar al PCCh terminan repitiendo el relato occidental sobre la “amenaza china” y, de hecho, se acercan a la agenda del imperialismo yanqui, sobre todo cuando plantean que “da lo mismo” quién gane o que una victoria de “Occidente” sería un mal menor. Si una guerra terminara con portaaviones estadounidenses patrullando el Mar de China y bases permanentes rodeando al país, eso endurecería el dominio militar sobre el comercio mundial y sobre América Latina, incluido nuestro propio Atlántico Sur; declararse indiferente ante eso es, en los hechos, cederle el campo a Washington. Si, al mismo tiempo, se calla frente a los acuerdos extractivistas chinos en Vaca Muerta o el litio, se cae en el seguidismo al otro régimen.

La conclusión que falta muchas veces en la izquierda argentina es precisamente esta: en caso de guerra EE. UU.–China, la posición correcta no es estar del lado del imperialismo yanqui, pero tampoco de la oligarquía china; es defender la soberanía de China frente a la agresión como parte de la defensa del derecho de todos los pueblos a no ser sometidos, y al mismo tiempo apoyar de manera incondicional a la clase trabajadora china en su lucha contra su propio régimen y contra la guerra. En nuestros países, eso se traduce en una política concreta, luchar contra cualquier alineamiento del Estado argentino con la OTAN o con la agresión yanqui, rechazar también la subordinación acrítica al capital chino, y plantear una salida propia de la clase obrera, independiente de ambos regímenes, que haga de la solidaridad con los trabajadores chinos y estadounidenses –no con sus gobiernos– el eje de una verdadera política internacionalista.