“Huelgas contra expedientes: por qué la clase obrera necesita salir de los tribunales”

 

Por Raúl Valle  

En el galpón atestado frente a la planta, la asamblea del SUTNA levanta las manos en alto, hay olor a caucho, a lluvia seca sobre la ropa de trabajo, a noche larga sin dormir. En el micrófono pasa uno, pasa otro, se discute si seguir el conflicto, cómo sostener la caja de huelga, qué hacer con los compañeros a los que la empresa quiere dejar afuera. Cuando la votación estalla en un “sí” contundente a continuar la pelea, el orador que cierra la lista introduce una frase que sintetiza toda la época, “Vamos a seguir en la calle, pero también vamos a ir a la Justicia, porque ahí se va a definir si Fate puede seguir pisoteando nuestros derechos o no”. La misma asamblea que ratifica el paro deposita, al mismo tiempo, una parte decisiva de su destino en un juzgado laboral. Esa división del conflicto en dos planos –la fuerza en la puerta de fábrica y el expediente en el tribunal– es la marca de agua del nuevo sindicalismo argentino.  

En la Argentina de hoy, las direcciones de la CGT y CTA  han reemplazado la perspectiva de la huelga general contra la reforma laboral y los despidos por una estrategia de judicialización y negociación en los tribunales, importando en buena medida el “modelo de abogados” consolidado durante décadas por las centrales sindicales de Estados Unidos, donde el recurso a paros políticos y huelgas generales está orientado a la colaboración de clases y la defensa de los trabajadores se traslada al terreno de la ley, los estudios jurídicos y los acuerdos de cúpula. No es un cambio de forma sino de contenido, el conflicto social deja de ser una relación de fuerza entre clases para convertirse en una disputa entre profesionales en un expediente. Pero también han reemplazado al abogado luchador de la construcción del sindicato, donde los protagonistas son los propios trabajadores y su fuerza por un abogado “estrella”, tipo los "Recalde", que con sus recursos legales puede encontrar un vacío normativo o una vuelta de tuerca procesal, incluso cuando sea realmente muy capaz, pero que sustituye –aunque sea por un rato en términos históricos– el peso de la organización.  

Este método no nace en la Argentina ni con el kirchnerismo ni con la actual camada de burócratas; se forja en el corazón del sindicalismo norteamericano, en la AFL‑CIO y las grandes federaciones sectoriales, que hace décadas renunciaron de hecho a la idea de la huelga general y estructuraron su poder en torno a tres pilares, la negociación por empresa, el lobby en el Congreso y la batalla judicial constante contra leyes y fallos antisindicales. En un país donde la tasa de sindicalización bajó de alrededor del 35% de la fuerza laboral en los años 50 a cerca del 10% en la actualidad, y donde la ley Taft‑Hartley convirtió en casi delito la huelga de solidaridad y cualquier esbozo de paro general, el sindicalismo se vio empujado a invertir más en abogados que en comités de base. No es casual que, cuando las empresas y el propio Estado avanzan, como en el fallo Glacier Northwest vs Teamsters, que habilita demandas patronales contra los sindicatos por los daños económicos de una medida de fuerza, la respuesta principal de la AFL‑CIO sea presentar escritos, amicus curiae y campañas legales antes que llamar a una huelga general, confirmando que el centro de gravedad del conflicto se desplazó de la huelga al expediente.  

En Estados Unidos abundan ejemplos de conflictos que jamás se acercan a la idea de huelga general y se resuelven casi exclusivamente en los tribunales. Disputas por la sindicalización de trabajadores públicos, choques sobre reformas pro‑sindicales en estados como California o las batallas legales recientes en torno al derecho de huelga se procesan en ese marco, donde la Corte Suprema abrió la puerta a que cualquier paro sea castigado con demandas civiles por daños, generando un clima en el que el sindicato calcula más el riesgo de quiebra judicial que la relación de fuerzas en la calle. En paralelo, incluso intentos recientes de “shutdown” o paros amplios por derechos migrantes chocan con obstáculos legales y estructurales enormes, y terminan teniendo más impacto como causa para nuevas reglamentaciones y litigios que como victorias arrancadas por la fuerza de una huelga general. Ese es el laboratorio que muchas conducciones sindicales del Sur global miran –a veces de forma explícita, a veces vergonzante– cuando reemplazan la huelga general por una acumulación de causas judiciales administradas por un puñado de bufetes amigos.  

En la Argentina, ese giro a la judicialización se combina con otra tendencia, el vaciamiento material de la clase trabajadora organizada por la vía de la tercerización y el monotributo, que golpea sobre todo a las y los jóvenes. La expansión del régimen de monotributo hizo que hoy existan más de 4,7 millones de contribuyentes adheridos, la gran mayoría en las categorías más bajas, es decir, en la franja de ingresos donde el monotributo no es un paso hacia ser pequeño empresario sino una máscara de precarización salarial. A eso se suma que, según datos oficiales recientes, el universo de monotributistas y autónomos rondaba ya hace un par de años los 2,9 millones, en un contexto de crecimiento acelerado del empleo independiente y su peso dentro del trabajo registrado. Esta “independencia” forzada se concentra con especial brutalidad en las franjas juveniles, donde los puestos formales de convenio se achican y abundan los contratos “a prueba”, las pasantías encubiertas y el salto directo al monotributo como condición para cobrar.  

La tercerización fue la herramienta predilecta para esta operación de vaciamiento: primero se tercerizó la limpieza, luego la seguridad, después el mantenimiento y la reparación, y finalmente pedazos enteros de la planta, transformando trabajadores que compartían comedor, asambleas y delegado en una constelación de firmas distintas donde cada grupo negocia por separado, si es que negocia. En muchos establecimientos industriales y de servicios, más de la mitad de quienes trabajan dentro del mismo predio ya no pertenecen al convenio de la actividad principal sino a convenios más débiles o directamente a empresas “de servicios” que operan como intermediarias; ese proceso, que en numerosos sectores implicó la pérdida de alrededor de la mitad de la base sindicalizable, cayó desproporcionadamente sobre jóvenes que nunca llegaron a afiliarse, que saltaron directo de la informalidad al monotributo y que jamás conocieron lo que era discutir un pliego de condiciones en asamblea. No se trata de una mera “modernización” sino de una fragmentación deliberada de la fuerza social del trabajo, que desarma la posibilidad de pensar en una huelga general porque ya ni siquiera hay una planta unificada sobre la cual pararse.  

La burocracia sindical, no fue un actor pasivo en este proceso, acompañó, negoció y en muchos casos promovió la tercerización, a cambio de conservar cajas, obras sociales y pequeños enclaves de representación en el núcleo duro de las plantas. Mientras se vaciaba la sindicalización en sectores como limpieza, seguridad, mantenimiento o logística, la respuesta de las conducciones no fue extender la organización a esos nuevos sectores, sino “adaptarse” al lenguaje de los abogados, presentando acciones por encuadramiento, quejas ante Trabajo o demandas puntuales por fraude laboral, caso por caso, trabajador por trabajador. Lo que antes se resolvía con la fuerza de una sección completa que paraba –y arrastraba al resto de la fábrica– pasó a resolverse en el mundo aséptico de los estudios jurídicos, donde hasta el trabajador más combativo queda reducido a un cliente que firma un poder y espera, a veces años, un fallo que rara vez cambia el cuadro general.  

La lógica del “abogado propio” –sea de la empresa, del sindicato o “de confianza”– colonizó la relación entre los trabajadores y sus organizaciones, trasladando el peso de la lucha del terreno colectivo a la decisión individual de contratar un profesional que, en la mayoría de los casos, actúa sin control democrático de base. En lugar de un comité de huelga elegido en asamblea, lo que aparece es un abogado que habla en nombre de los “representados” ante un juez laboral, replicando la misma verticalidad que se critica a la burocracia pero con menos control aún. El sindicalismo de expediente, al que muchas centrales se entregaron, no es simplemente un error táctico: es un método que, al atomizar el conflicto, hace casi imposible volver a reunir las condiciones subjetivas para una huelga general.  

Este método tampoco es nuevo en la Argentina ni nace con la reforma laboral actual ni con los despidos de la industria metalúrgica, sino que tiene sus raíces en el menemismo, cuando se montó un gigantesco dispositivo de abogados para “lubricar” los retiros voluntarios en las empresas estatales que iban a privatizarse. En lugar de organizar la resistencia a las privatizaciones con paros generales y ocupaciones, se desplegó una ingeniería de carpetas, indemnizaciones, planes de retiro y acuerdos individuales asesorados por estudios jurídicos que recorrían los pasillos de ENTEL, de los ferrocarriles, de YPF, ofreciendo, carpeta en mano, el “mejor arreglo posible” para irse a la casa antes de que la topadora de la privatización pasara por arriba. Aquel trabajador que en los 70 habría sido parte de un conflicto nacional, en los 90 fue un número en una planilla de retiro voluntario, convencido por un abogado de que su pelea se reducía a negociar bien su salida y no a cuestionar la destrucción de la empresa pública.  

Ese “laboralismo menemista” fue la escuela práctica de los cuadros que luego poblaron el universo de abogados del kirchnerismo y de los grandes gremios de servicios y transporte. Profesionales que construyeron carreras mediáticas representando causas laborales resonantes, que se fotografiaban al lado de dirigentes como Moyano u otros caciques sindicales, y que después, una vez instalados en la escena pública, desaparecieron de ella cuando el ciclo político cambió y sus nombres dejaron de servir como marca electoral o televisiva. Muchos de esos abogados estrella, que supieron estar en todas las conferencias de prensa denunciando despidos o defendiendo convenios, terminaron replegados a sus estudios, dedicados a litigios individuales o a asesorías discretas, mientras la estructura de tercerización y precarización que decían combatir se consolidaba aún más. El olvido en que cayeron es también un síntoma: lo que no construye organización de base se evapora tan rápido como cambia la pantalla del noticiero.  

Mientras tanto, la avanzada del trabajo independiente mal llamado “autónomo” se vuelve global, y la Argentina no es una excepción. En Estados Unidos, donde no existe un “monotributo” como tal, la expansión de la gig economy y del trabajo bajo la figura de contratistas independientes (formularios 1099) involucra a unos 15,5 millones de personas, alrededor del 10% de la fuerza laboral, según la Oficina de Estadísticas Laborales y relevamientos recientes sobre fuerza laboral independiente. Otros estudios señalan que la población freelance –que incluye tanto trabajo principal como secundario– representa ya más del 40% de la fuerza laboral y podría convertirse en mayoría hacia 2027, con decenas de millones de personas sin empleador estable, sin convenio colectivo y con una relación individual con plataformas y clientes. Este universo “monotributista” de facto norteamericano replica, con otro idioma fiscal, los mismos rasgos que vemos en la Argentina: fragmentación, aislamiento, ausencia de asambleas, dependencia de contratos y términos de uso redactados por abogados patronales.  

Comparar las cifras desnuda la magnitud del problema para un país como el nuestro. Mientras que en Estados Unidos ese 10% de trabajadores independientes convive con un sindicato que, aunque debilitado, conserva cierto peso en grandes contratos y sectores industriales, en la Argentina la cantidad de monotributistas y trabajadores independientes se acerca –según distintas fuentes– a un tercio de todo el universo registrado, y ya supera holgadamente los 4,7 millones de personas bajo el régimen simplificado, sobre todo en las categorías más bajas. En esos segmentos, mayoritariamente jóvenes, la sindicalización es casi inexistente, no sólo porque la ley fue pensada para relaciones de dependencia, sino porque la lógica de funcionamiento cotidiano está calcada de la cultura “gig”: apps, servicios tercerizados, rotación permanente, sin una comunidad de trabajo estable que pueda formar un cuerpo de delegados que sueñe siquiera con una huelga general.  

En los últimos años, los grandes conflictos industriales argentinos, como los de la UOM y el neumático, muestran con crudeza cómo la burocracia sindical combina paros parciales y acciones de lucha con una creciente dependencia de la vía judicial, reafirmando un modelo de “administración del conflicto” por arriba que es hermano gemelo del sindicalismo norteamericano. Se golpea lo justo para negociar mejor, pero el eje real del desenlace pasa por mesas de Trabajo, conciliaciones obligatorias, homologaciones y presentaciones en tribunales más que por la perspectiva de una huelga general sostenida.  

En el caso de la UOM, los conflictos salariales recientes se desarrollan sobre el telón de fondo de una verdadera quiebra industrial, con caída de la actividad metalúrgica, utilización de capacidad instalada por el piso y una oleada de suspensiones y despidos que llega, según el propio Abel Furlán y distintos análisis, a decenas de miles de puestos de trabajo; en ese marco, los planes de lucha se dosifican en paros de 24, 48 o 72 horas, encuadrados por conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Trabajo que frenan las medidas y devuelven el conflicto al redil de las paritarias clásicas, mientras las patronales imponen salarios de hambre y reformas regresivas.  

La reciente experiencia de Tierra del Fuego es ilustrativa, ante despidos masivos, suspensiones y amenazas de vaciamiento en plantas electrónicas, la UOM lanzó un paro por tiempo indeterminado que llegó a paralizar buena parte de la producción, pero el desenlace vino de la mano de un acuerdo rubricado en Buenos Aires, donde las empresas agrupadas en AFARTE se comprometieron a no despedir hasta una fecha determinada y a no descontar los días de huelga, levantándose así la medida a cambio de una “estabilidad” acotada y atada a la continuidad del régimen promocional. El conflicto, que podía haber sido un punto de apoyo para una huelga general metalúrgica, quedó contenido en el marco de una negociación sectorial tutelada por el Estado.  

Ese mismo guion se ve, con variantes, en el neumático. El histórico conflicto de 2022 mostró la fuerza de un sector industrial que, con paros prolongados y bloqueos de plantas, llegó a frenar no sólo a Fate, Pirelli y Bridgestone sino también a las automotrices, pero aun allí el cierre del conflicto no ocurrió con una huelga general de la rama ni con una extensión al conjunto del movimiento obrero, sino con un acuerdo paritario firmado de madrugada en el Ministerio de Trabajo, que otorgó aumentos importantes y bonos extraordinarios, y comprometió a las partes a “agotar todas las instancias de diálogo” antes de tomar nuevas medidas, es decir, a replegar la pelea al terreno institucional una vez levantados los piquetes. Más recientemente, en el conflicto de Fate, el SUTNA aprobó en asamblea una combinación que resume toda la época, presentación judicial para exigir la reapertura de la planta y reincorporación de despedidos, junto con paro de 24 horas y movilización al Ministerio, es decir, un plan de acción que liga la suerte de una lucha que podría escalar a toda la rama neumática a la decisión de un juez y a la (no) intervención de una Secretaría de Trabajo que actúa como dique frente a cualquier posibilidad de desborde general.  

Si miramos estos conflictos desde la perspectiva más amplia –el avance de la tercerización, la explosión del monotributo y la importación del método norteamericano de defensa por abogados– se ve claro el hilo conductor. Tanto en la metalurgia como en el neumático, la estrategia de las direcciones reconoce la fuerza de la base, la usa como palanca de presión, pero se niega sistemáticamente a transformarla en un llamado a la huelga general que unifique a todos los sectores golpeados por la reforma laboral y la destrucción industrial, optando por recortar el conflicto a su dimensión “técnica” (paritaria, incumplimiento de acuerdo, interpretación de un acta) y confiando el desenlace definitivo a la mesa chica del Ministerio y a la letra de los convenios homologados. 

Así, mientras millones de jóvenes expulsados a la tercerización y al monotributo quedan fuera de toda representación, la franja aún organizada de la clase obrera industrial no es convocada a poner su fuerza al servicio de una ruptura general con el plan de ajuste, sino a entrar y salir de planes de lucha calculados al milímetro, que empiezan en la puerta de fábrica y terminan, una y otra vez, en la puerta de Tribunales.  

Así se cierra el círculo, la importación del método norteamericano de centralidad judicial –un sindicalismo que se expresa más en escritos ante la Corte que en piquetes y asambleas– se combina con una estructura socioeconómica que, vía tercerización y monotributo, disuelve el sujeto capaz de protagonizar una huelga general. Lo que en Estados Unidos se da por la vía de la represión legal y la cultura individualista de la “gig economy”, acá se mezcla con décadas de privatizaciones, retiros voluntarios lubricados por abogados y una burocracia que aprendió a gobernar los conflictos desde arriba, expediente en mano.  

Frente a esa realidad, plantear la recuperación de la huelga general como herramienta de defensa de las y los trabajadores no es un simple debate táctico sino una ruptura profunda con el “sentido común” judicialista que se impuso en las centrales: se trata de volver a poner en el centro lo que este modelo, importado y perfeccionado localmente, se encargó de borrar sistemáticamente del horizonte, la idea de que los derechos no se mendigan en un escrito, se conquistan en la calle.  

También la burocracia sindical se niega al contenido político de la huelga, es decir no seguir votando a verdugos y confiar en sus instituciones, en este caso la vía judicial, sino una salida programática de la clase obrera.

Un frente de izquierda (FIT‑U) que se reivindica clasista no puede mirar este cuadro desde afuera, como si la sustitución de la huelga por el expediente fuera un problema “ajeno”, exclusivo de la burocracia peronista. Si el FIT‑U se adapta al calendario, a los tiempos y a los límites de las conducciones tradicionales –aunque lo haga en nombre de la “unidad de acción”– termina atrapado en la misma lógica que denuncia. Paros dosificados sin perspectiva de huelga general, confianza en la negociación ministerial y en la “justicia laboral” mientras la tercerización y el monotributo siguen desangrando a la clase trabajadora.  

La disyuntiva es nítida: o la izquierda se planta como una fuerza que prepara la irrupción independiente de las y los de abajo, o queda reducida a comentar y acompañar, siempre un paso detrás, los movimientos del peronismo y sus abogados. Frente a esa trampa, la salida no es replegarse a la propaganda sino impulsar comités abiertos del FIT‑U en cada gran lugar de trabajo, estudio y barrio, donde puedan intervenir todos los sectores combativos –militen o no en sus partidos– para discutir un programa propio, coordinar luchas por fuera de la burocracia y reconstruir en la práctica la idea de que los derechos se conquistan en la calle y no en los tribunales.  

Si el propio frente se niega a dar ese salto, esos comités tienen que servir también como herramienta para superar sus límites, abriendo paso a la construcción de un verdadero partido de trabajadores, con democracia de base, mandato revocable, centralidad de la huelga general y plena independencia del Estado y de todas las variantes patronales. En un escenario donde la burocracia administra derrotas “responsables” y los jueces ponen la firma final, la responsabilidad histórica de la izquierda es volver a poner en el centro algo que el régimen quiere borrar: la posibilidad concreta de que la clase obrera, organizada desde abajo, desborde los expedientes, rompa el techo de las conciliaciones y se convierta en fuerza política propia.