Hay muchos conflictos industriales que la Izquierda debe organizar

Por Raúl Valle

Crece la tensión en el movimiento obrero y la Izquierda lo debe organizar porque no depende de las voluntades individuales que se expresa o no. Es un proceso social que busca una salida por abajo. La situación actual en la Argentina se puede leer como una verdadera cronología de ofensiva patronal y respuesta obrera creciente, concentrada en la industria pero desbordando hacia todos los sectores de trabajo. A lo largo de los últimos meses, y con un salto claro desde fines de 2025, se encadenan cierres de plantas, despidos masivos, suspensiones, rebajas salariales y paritarias a la baja, con nombres propios que ya forman parte del paisaje de la crisis.

En la industria, el año se abre con conflictos en químicas, metalúrgicas, textiles y automotrices. Fábricas como Sealed Air en el conurbano arrancan el 2026 con decenas de despidos que empujan a las y los trabajadores a parar, tomar la planta y cortar calles para ser escuchados. En la metalurgia y el acero, Acindar impone un esquema de suspensiones y paradas de hornos que afecta a miles de trabajadores, usando figuras como el artículo 223 bis para formalizar recortes de salario disfrazados de “acuerdos”. En las automotrices y autopartistas se repite un patrón, semanas enteras de planta parada, suspensiones rotativas, retiros “voluntarios” forzados, toda una ingeniería empresarial para achicar planteles y aumentar la presión sobre quienes quedan adentro.

La industria del neumático se convierte en un símbolo, Fate, histórica fábrica de San Fernando y única productora nacional del sector, anuncia su cierre y el despido de casi un millar de trabajadores. Lejos de tratarse de una empresa quebrada sin salida, el cierre se decide como parte de una estrategia política y económica: la burguesía “nacional” prefiere levantar la planta y liquidar puestos de trabajo antes que aceptar condiciones que fortalezcan a la organización obrera. El SUTNA responde con un plan de lucha que incluye paros, bloqueos y la perspectiva de ocupar la fábrica, mostrando que del lado de los trabajadores tampoco hay aceptación pasiva de esta ofensiva.

En el rubro textil y de calzado, la principal empresa del país, TN & Platex, cierra su planta Hilados en Tucumán y deja a casi 200 trabajadores suspendidos, al mismo tiempo que recorta producción y puestos de trabajo en otras provincias. Otras firmas del sector, grandes y medianas, repiten la receta, cierre de establecimientos, suspensiones, despidos por goteo, traslado de producción y vaciamiento silencioso. En la electrónica y línea blanca, empresas como Newsan‑Siam despiden y suspenden a una parte importante de sus planteles, concentrando en la carne de los trabajadores el costo del parate económico y la apertura a importaciones. A esto se suman alimenticias, frigoríficos y pymes que bajan persianas o achican brutalmente, dejando barrios enteros con menos ingresos y más incertidumbre.

Sobre este cuadro industrial se monta una conflictividad más amplia. En la educación, los paros de no inicio de clases marcan que la docencia no está dispuesta a aceptar salarios de pobreza, congelamiento del presupuesto y el vaciamiento de la escuela pública. En la administración pública, las y los estatales enfrentan despidos, no renovación de contratos, reformas regresivas y aumentos salariales miserables, poniendo en marcha paros y movilizaciones en distintos organismos. En la salud, los trabajadores de hospitales denuncian recortes, sobrecarga de tareas y ataque a conquistas como jardines maternales y derechos de cuidado, y responden con asambleas y medidas de fuerza. La conflictividad crece también en las provincias, donde se combina ajuste nacional, ajuste local y el peso directo de la recesión sobre las economías regionales.

Se inició con una ola de conflictos dispersos, luego un aumento de cierres y despidos en 2025, y desde fines de ese año y comienzos de 2026 un salto en cantidad y en dureza de los choques entre patronales y trabajadores. La industria se transforma en el epicentro, pero no está sola, los paros docentes, las luchas estatales y las peleas en salud muestran que hay una respuesta obrera que se extiende más allá de los portones de las fábricas. Cada cierre como el de Fate, cada suspensión masiva en Acindar, cada planta textil o electrónica vaciada, empuja a nuevos sectores a salir a la calle, ocupar, cortar, coordinar.

Desde el punto de vista de los trabajadores, el análisis es claro, no se trata de una “crisis inevitable” ni de un castigo abstracto de la economía, sino de una ofensiva consciente de las patronales y de las distintas fracciones de la burguesía local, apoyadas por el gobierno de turno. Aprovechan la recesión, la apertura comercial, la inflación y el endeudamiento para descargar el ajuste sobre los salarios, los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Cada despido “ejemplar” busca disciplinar al conjunto; cada fábrica apagada pretende ser una advertencia; cada paritaria a la baja intenta fijar un nuevo piso de miseria para toda la clase. No hay, en ese bloque social, nada que revitalizar ni que “ordenar”, es la clase dominante que defiende su tasa de ganancia, incluso si eso implica destruir fuerzas productivas y hundir regiones enteras en la desocupación.

Frente a esto, el movimiento obrero no puede limitarse a pelear fábrica por fábrica ni confiar en que una supuesta “burguesía nacional productiva” vendrá a rescatar el empleo. La experiencia de Fate, de TN & Platex, de Newsan‑Siam, de tantas metalúrgicas, autopartistas, textiles y alimenticias demuestra que esa burguesía es parte del problema, no de la solución. La tarea es fortalecer la organización de los trabajadores, coordinar los conflictos dispersos, superar el aislamiento y levantar un programa propio que vaya más allá de la defensa caso por caso.

Ese programa, desde una perspectiva de clase, pasa por medidas concretas, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial donde la producción cae, apertura de los libros de las empresas para que los trabajadores vean cómo y hacia dónde se fugaron las ganancias, ocupación y puesta en marcha bajo control obrero de toda planta que cierre o despida masivamente. Pero también implica dar un salto estratégico, no es revitalizando a las patronales como se va a defender el trabajo, sino fortaleciendo al movimiento obrero con un horizonte de nacionalizar el comercio y las ramas industriales centrales bajo una planificación democrática de quienes producen y de su clase.

Nacionalizar el comercio exterior significa que las exportaciones e importaciones dejen de ser un negocio privado de bancos y grandes grupos y se conviertan en una herramienta al servicio de garantizar insumos, tecnología y alimentos según las necesidades populares. Nacionalizar la industria estratégica –energía, acero, automotriz, neumático, textil de base, farmaceútica, alimentos clave– bajo control directo de los trabajadores y planificación social significa decidir qué se produce, en qué cantidades, con qué criterios y para quién, rompiendo con la lógica de la ganancia privada. Esa planificación solo puede ser real si la conducen quienes están todos los días en la línea de producción y en los lugares de trabajo, mediante organismos elegidos y revocables, ligados a las asambleas de fábrica, de escuela, de hospital y de barrio.

El pronóstico, entonces, tiene dos caras. Si se impone la orientación actual del gobierno y las patronales, el país se encamina a más cierres, más desempleo, más precarización y más destrucción de capacidades productivas, con un movimiento obrero fragmentado y obligado a defenderse a la defensiva. Pero si la clase trabajadora logra unificar las luchas, coordinar las experiencias de paros y tomas, disputar las direcciones sindicales que se adaptan al ajuste y levantar un programa de nacionalización y planificación obrera, la misma cronología de crisis puede transformarse en el punto de partida de una contraofensiva de conjunto. No para administrar mejor la miseria, sino para que quienes producen la riqueza del país tomen en sus manos la tarea de reorganizar la economía al servicio de las necesidades de las mayorías.