Hablemos de sionismo. “Cómo el sionismo de Estado, la DAIA y la embajada de Israel encubrieron los atentados”

Por Raúl Valle

En la historia de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA hay un hilo que atraviesa todo el proceso, el encubrimiento no fue solo obra del Estado argentino y su aparato de inteligencia, sino también de la dirección sionista local y de la propia representación del Estado de Israel, que cerraron filas con el gobierno de Menem y con los servicios para fabricar un relato funcional a sus intereses geopolíticos. Esa complicidad sionista no significa, obviamente, “los judíos” ni la comunidad en su conjunto, sino una alianza concreta entre la embajada, la dirigencia de AMIA/DAIA y sectores del poder político argentino, en el marco de una estrategia más amplia de Israel como enclave del imperialismo en Medio Oriente y de la política de “relaciones carnales” del menemismo.

Apenas horas después del atentado a la AMIA, con los cuerpos todavía bajo los escombros, el gobierno de Israel envió de urgencia a un alto funcionario de su cancillería en un avión militar a Buenos Aires, con la misión explícita de coordinar con el gobierno argentino una “versión coincidente” sobre lo ocurrido. Ese delegado, ex embajador en Argentina, se reunió con funcionarios locales y, antes de que se hubiera hecho ningún trabajo serio de peritaje, de conservación de la escena o de reconstrucción, ya se estaba armando un relato único para ofrecer a la prensa y al mundo. Esa coordinación política temprana, que ligaba automáticamente el atentado a Irán y a Hezbollah, no fue el resultado de una investigación sino el punto de partida impuesto por arriba: una narrativa que servía a los intereses de la diplomacia israelí y de Estados Unidos, y que el gobierno menemista aceptó encantado porque lo alineaba con el “mundo occidental” y lo eximía de mirar hacia adentro.

Desde entonces, la embajada de Israel jugó un papel ambiguo. Por un lado, exigía justicia y cooperación. Por otro, mantuvo información clave bajo secreto, no compartió con la justicia argentina todo lo que sabía, y usó los atentados como carta permanente en la mesa geopolítica para empujar a la Argentina a adoptar la línea dura contra Irán. Las declaraciones años más tarde de un ex embajador israelí, jactándose de que “la mayoría de los culpables ya están muertos y nosotros los hicimos”, aunque luego fueran desmentidas oficialmente, exhiben sin querer esa lógica, el Estado de Israel se atribuye el derecho de castigar por mano propia, por fuera de cualquier tribunal, mientras convierte el caso AMIA en instrumento de su política exterior. Si efectivamente sabía quiénes eran los autores y los eliminó, encubrió. Si no lo sabía y lo dijo por fanfarronería, jugó livianamente con la memoria de las víctimas. En ambos casos, está lejos de la búsqueda sincera de verdad.

La dirección sionista local, encarnada en los años 90 por la cúpula de la DAIA y de la AMIA, se plegó a esta estrategia. Su presidente más emblemático en esa etapa, Rubén Beraja, fue a la vez jefe de la DAIA, empresario bancario ligado al poder político y a Israel, y un apoyo clave de la línea de encubrimiento de Galeano y de la SIDE. Mientras se fabricaban pruebas, se pagaban sobornos a testigos, se desviaban las investigaciones de la “pista siria” ligada al entorno de Menem, y se armaba una falsa conexión local con policías bonaerenses, la querella AMIA/DAIA acompañaba y legitimaba al juez y a los fiscales. En lugar de enfrentarse a un proceso viciado desde la raíz, la conducción sionista optó por respaldar la “versión coincidente” y por sostener al aparato judicial y de inteligencia que encubría. Cuando se empezó a caer la instrucción, las autoridades comunitarias convocaron reuniones de urgencia para “salvar a Galeano”, como si la caída del juez fuese una amenaza para la causa y no una oportunidad para recomenzar la investigación sin corrupción.

La relación entre esa dirigencia y el poder menemista no era solo ideológica, sino también material. Al mismo tiempo que Beraja respaldaba a Menem, a Cavallo y a Di Tella, su Banco Mayo recibía rescates multimillonarios del Banco Central, operaba con mesas off-shore, vaciaba depósitos y terminaba en quiebra, con una causa penal por estafa y defraudación contra el propio Beraja. El Estado menemista, que encubría el atentado, salvaba a la vez a un banquero ligado a la conducción sionista; y ese banquero, a su vez, ponía el peso político de la DAIA detrás de la versión oficial que exculpaba al gobierno. No se trata de anécdotas sino de la forma concreta de la complicidad, intercambio de favores, protección mutua, tránsito permanente entre sillones de entidades comunitarias, despachos oficiales y directorios de empresas.

La complicidad sionista también tuvo una dimensión discursiva. Durante décadas se buscó identificar “la voz de la comunidad judía” con la voz de la DAIA y la AMIA, presentando como unanimidad lo que era la posición de una fracción alineada con Israel y con el poder local. Familias de víctimas, agrupadas en Memoria Activa y en otros espacios, que denunciaron desde el comienzo el encubrimiento y la subordinación de la dirigencia comunitaria al gobierno, fueron marginadas, acusadas de hacer “juego para los antisemitas” o de debilitar la defensa del Estado de Israel. Cualquier cuestionamiento al rol de los servicios argentinos, de la embajada israelí o de la DAIA era presentado como ataque al judaísmo, borrando la diferencia entre una identidad religiosa y cultural diversa y una dirección política sionista concreta. El resultado fue que, durante años, el monopolio de la representación permitió a esa cúpula legitimar el encubrimiento en nombre de “toda la comunidad”.

Todo esto no borra, obviamente, la responsabilidad central del Estado argentino. Las maniobras de Menem, la SIDE, Galeano, los fiscales, policías y otros funcionarios fueron decisivas. Pero la forma que tomó ese encubrimiento solo se explica por la convergencia de intereses, el Estado nacional quería cerrar rápido la causa, evitar que se investigaran sus vínculos con Siria, con los servicios, con el crimen organizado; el Estado de Israel quería un relato que encajara con su propia estrategia regional y con la demonización de Irán; la dirigencia sionista local quería conservar su lugar como interlocutora privilegiada de ambos, aún a costa de entregar la verdad y de traicionar a las víctimas. Esa convergencia produjo lo que la Corte Interamericana terminó describiendo como un caso paradigmático de “impunidad estructural”, no fue solo negligencia, fue un sistema entero protegiéndose a sí mismo.

Esta complicidad sionista se entiende como la actuación de una fracción de clase –la burguesía judía organizada, integrada en el bloque dominante argentino y articulada con el Estado de Israel– que, ante un hecho que podía revelar las cloacas del poder, eligió cuidar la alianza con el imperialismo y con el régimen local antes que exigir verdad y justicia hasta el final. No se trata de “traición de la comunidad” ni de conspiraciones étnicas, sino de una elección política de clase, ponerse del lado del Estado, de los servicios y de las embajadas, y en contra de los intereses de los trabajadores judíos, de las víctimas, de los familiares y de la sociedad argentina en su conjunto. Hoy, cuando un gobierno como el de Milei retoma ese relato para declarar “enemigo” a Irán, para justificar su alineamiento con Estados Unidos e Israel y para presentarse como “el presidente más sionista del mundo”, esa vieja complicidad vuelve a mostrar sus efectos: el encubrimiento de ayer se recicla como pantalla para la guerra de hoy.