Grupo de los 6: La patota capitalista festeja la reforma laboral

Por Raúl Valle

Cuando el llamado Grupo de los 6, que reúne a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, emitió un comunicado celebrando la aprobación de la reforma laboral y habla de "modernización", de "reglas claras" y de "diálogo entre trabajadores y empleadores", lo que en realidad está sucediendo es algo que la historia del capitalismo repite desde sus orígenes, la clase que explota se organiza colectivamente para legislar a su favor, pero le prohíbe al explotado hacer lo mismo. 

No hay ninguna ingenuidad en el comunicado de estos magnates de las finanzas, la industria, el comercio y el agro que dicen buscar "un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad". Lo que hay es una operación política perfectamente articulada, donde seis cámaras empresariales, que representan los intereses de los sectores más concentrados de la economía argentina, actúan como un bloque de clase, organizan lobbies, redactan borradores para Milei, presionan senadores, y finalmente festejan en conjunto un marco legal que los beneficia como nunca antes en la historia reciente del país.

Veamos quiénes son los que celebran. Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre y el argentino más rico según Forbes, pasó de una fortuna de 4.200 millones de dólares en 2020 a 8.500 millones en 2024, duplicando su patrimonio mientras el salario real de los trabajadores se desplomaba. Su empresa cerró 2025 con un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, ingresos por 28.893 millones y un crecimiento del 39 por ciento interanual, todo esto mientras recibía del Estado argentino más de 350 millones de dólares en exenciones fiscales acumuladas en cinco años bajo el régimen de Economía del Conocimiento, beneficios que en 2025 crecieron un 52 por ciento respecto al año anterior. 

Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, con una fortuna personal de 5.800 millones de dólares según el ranking Forbes 2025, vio cómo su empresa Tenaris cerró el año 2025 con un beneficio neto de casi 2.000 millones de dólares y ventas por 12.000 millones, mientras proponía dividendos de 900 millones de dólares para sus accionistas.

Ternium Argentina, la siderúrgica del mismo grupo, revirtió pérdidas y cerró 2025 con una ganancia neta de 83.400 millones de pesos y ventas que aumentaron de 200.000 a 250.000 millones de pesos.

Los bancos, representados en el G6 a través de Adeba, acumularon ganancias récord de 6,1 billones de pesos en el primer semestre de 2024, más del doble que el año anterior, gracias a la tenencia de títulos ajustados por inflación que les permitieron obtener rentabilidad extraordinaria con el sufrimiento económico de la población.

La familia Brito, dueña del Banco Macro, pasó de 360 millones de dólares en 2020 a 1.450 millones en 2024, cuadruplicando su fortuna; la familia Gotz, petrolera, saltó de 330 a 1.050 millones; la familia Sielecki, petroquímica, subió de 510 a 1.250 millones. 

En total, los cincuenta argentinos más ricos acumulan 78.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 12,1 por ciento del PBI, que creció un 68 por ciento respecto a 2020, mientras que casi la mitad de la fuerza laboral del país trabaja en la informalidad y cayeron sus ingresos reales de las familias trabajadoras que no alcanzan para cubrir la canasta básica.

Estos son los que celebran. Y lo que celebran no es un detalle técnico legislativo, es la consumación legal de un sistema donde el capital actúa de manera perfectamente coordinada, como clase, para apropiarse de la riqueza que producen millones de personas. Cuando la Sociedad Rural, que representa a los grandes terratenientes del agro, un puñados de genocidas y asesinos que se apoderaron del tierra y el campo impulsa que se elimine la responsabilidad solidaria entre dueños de tierra y arrendatarios, o que el período de prueba se extienda a ocho meses, o que las paritarias se hagan sin intervención estatal, lo que está pidiendo es que el trabajador rural quede más aislado, más solo, más desprotegido frente al patrón. 

Cuando la UIA aporta su borrador y celebra el Fondo de Cese Laboral que reemplaza las indemnizaciones, lo que busca es abaratar el costo de despedir personas, convertir el empleo en algo tan descartable como una mercancía más. 

Cuando la Bolsa de Comercio y Adeba aplauden la "previsibilidad", lo que aplauden es que el capital financiero tenga garantías legales de que sus ganancias extraordinarias no serán perturbadas por la acción colectiva de los trabajadores.

Porque ahí está la clave capitalista, la contradicción que el G6 intenta disfrazar con lenguaje de manual de recursos humanos, el capitalismo no funciona de forma individual. El capitalismo es, en su esencia, un sistema organizado. Las cámaras patronales se reúnen, coordinan posiciones, redactan proyectos de ley, se sientan con ministros, presionan al Congreso, financian campañas políticas, y luego emiten comunicados conjuntos celebrando sus victorias legislativas. Esa es la organización de la clase capitalista. El G6 no es otra cosa que una patota violenta con saco y corbata, un comité de gestión de los negocios comunes de la burguesía. Se organizan colectivamente para garantizar las condiciones legales, fiscales e institucionales que les permiten extraer la mayor cantidad posible de riqueza del trabajo ajeno. Nada individualista. Pero esa riqueza, una vez extraída, se la apropian individualmente, la ganancia de Galperin es de Galperin, la de Rocca es de Rocca, la de Brito es de Brito. El robo es social, organizado, sistemático; el botín es privado.

Y mientras tanto, la reforma laboral de Milei establece exactamente lo contrario para los trabajadores, les prohíbe organizarse. La ley aprobada con 135 votos en Diputados y 42 en el Senado introduce una serie de artículos que son un ataque directo a la capacidad de la clase trabajadora de actuar colectivamente. 

El nuevo artículo 20 bis de la Ley de Asociaciones Sindicales establece que para realizar cualquier asamblea, dentro o fuera del establecimiento, los trabajadores necesitan la autorización previa del empleador, quien determina el lugar, el horario y la duración, y además los trabajadores no cobran salario durante el tiempo que dure la reunión. 

Es una aberración lógica y jurídica, hay que pedirle permiso al patrón para organizarse contra el patrón. El artículo 20 tipifica como "infracción muy grave" organizar o instigar el bloqueo de un establecimiento, lo que criminaliza de facto la ocupación de fábricas incluso cuando los dueños las están vaciando, despidiendo trabajadores o no pagando salarios.

Se eliminan los fueros sindicales para delegados suplentes y congresales, dejando sin protección laboral a los representantes gremiales que la patronal quiera remover. Se limita el crédito horario de los delegados a solo 10 horas mensuales. Se crea la figura de "práctica desleal sindical", que hasta ahora solo existía para las acciones ilegales de las patronales, y que ahora puede usarse para revocar la personería gremial de cualquier sindicato combativo. Se permite la negociación salarial por empresa, por encima de los convenios colectivos sectoriales, lo que atomiza a los trabajadores y destruye la negociación colectiva como herramienta de clase. Se exige mantener el 75 por ciento del servicio durante las huelgas en sectores declarados "esenciales", que la ley amplía absurdamente a telecomunicaciones, comercio, educación, aeronáutica y servicios portuarios, vaciando de contenido el derecho de huelga.

Y para que nadie se confunda sobre el carácter de clase de esta legislación, basta observar cómo el Estado complementa el marco legal con la fuerza bruta. El mismo día que el Senado aprobó la reforma, la protesta de trabajadores frente al Congreso fue respondida con una represión brutal, gases lacrimógenos, balas de goma, chorros de agua, detenciones masivas y arbitrarias. La policía federal irrumpió en la Plaza del Congreso, bloqueó las calles de salida para impedir que la gente evacuara, y se lanzó a detener manifestantes "sin criterio objetivo", según constató la agencia EFE en el lugar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, amenazó, "Las van a pagar". La policía de la Ciudad de Buenos Aires cerró las calles Callao, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay, encerrando a los manifestantes para luego avanzar con la infantería. Mientras los senadores votaban adentro la ley que les quita derechos a los trabajadores, afuera el aparato represivo del Estado les mostraba con palos y balas lo que les espera si se atreven a resistir. La gendarmería, la policía federal, la policía de la ciudad: todas las fuerzas de seguridad movilizadas no para proteger a la ciudadanía, sino para proteger una votación que beneficia a un puñado de empresarios. Eso es el Estado capitalista en su expresión más desnuda, el comité de administración de los negocios de la burguesía, que cuando el parlamento no alcanza, manda a la policía.

Este es el "libertinaje capitalista" que Milei llama libertad. Libertad para que Galperin reciba 350 millones de dólares en exenciones fiscales del mismo Estado que Milei dice querer achicar. Libertad para que Tenaris reparta 900 millones de dólares en dividendos mientras sus obreros metalúrgicos negocian aumentos salariales que apenas compensan la inflación. Libertad para que los bancos dupliquen sus ganancias con instrumentos financieros que lucran con la inflación que destruye el salario. Libertad para que las 50 fortunas más grandes del país crezcan un 68 por ciento mientras la mitad de los trabajadores están en negro. Pero cero libertad para que un grupo de obreros se reúna en asamblea sin pedirle permiso al patrón. Cero libertad para que un sindicato combativo organice una medida de fuerza sin arriesgarse a perder su personería gremial. Cero libertad para que un delegado pueda defender a sus compañeros sin que le recorten las horas y le quiten la protección legal. La libertad de Milei es la libertad del zorro en el gallinero, absoluta para el que tiene el poder, inexistente para el trabajador o trabajadora que lo padece.

Lo que el G6 celebra, en definitiva, es la culminación de un proceso donde la clase capitalista argentina, actuando como bloque organizado, logró imponer un marco legal que legaliza la precarización, criminaliza la protesta, desarma la organización obrera y garantiza que la riqueza producida por millones de trabajadores siga fluyendo, de manera cada vez más libre e irrestricta, hacia las cuentas de los Galperin, los Rocca, los Brito, los Pérez Companc, los Bulgheroni, los Costantini. Ellos se organizan como clase para robar; la ley les prohíbe a los robados organizarse para resistir. Eso no es modernización. Eso no es diálogo. Eso no es libertad. Eso es, simplemente, la dictadura del capital con ropaje libertario y oarlamentario.