Explota la burocracia de la UOM




Por Raúl Valle

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2026, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) vivió en Zárate‑Campana una elección que desnudó la crisis de su propia burocracia. Lo que en los papeles era una simple interna sindical terminó convertido en una batalla abierta por el control del gremio, con denuncias de fraude, urnas rotas y quemadas, presencia policial en las fábricas y acusaciones penales cruzadas entre el oficialismo de Abel Furlán y la lista opositora de Ángel Derosso. Todo esto ocurrió mientras, afuera de las sedes gremiales, la industria argentina atravesaba una hemorragia histórica de empleo.

En esa seccional estratégica, el oficialismo acusó a militantes de la Lista Naranja–Azucena Villaflor de intentar romper y destruir urnas en empresas clave como Hormetal, en Escobar, y MARO, en Baradero. Según el relato de ese sector, en una de esas plantas un fiscal opositor fue filmado abalanzándose sobre la urna para romperla, lo que derivó en una denuncia penal. En otra, un candidato de la Naranja habría intentado lo mismo y terminó detenido, con un acta notarial que registró la escena. La oposición respondió con su propia lista de irregularidades, de las 12 urnas volantes que debían recorrer fábricas y talleres, asegura que la mitad salió sin fiscales suyos; denuncia afiliados que figuraban en padrones anteriores y ahora desaparecieron, fiscales a los que se les negó la acreditación, urnas rotas o directamente desaparecidas y la presencia intimidante de la policía bonaerense y barrabravas dentro de las fábricas y en la sede de la UOM, a la que describen como “sitiada”. En comunicados y videos difundidos en redes sociales, hablan de sujetos robando y prendiendo fuego urnas y sostienen que el proceso dejó de ser democrático, exigiendo la intervención de la Justicia y del Ministerio de Trabajo.

Mientras las urnas se convertían en botín de guerra entre las facciones internas, los números de la economía mostraban el terreno real sobre el que se libra esta pelea de aparato. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria manufacturera argentina perdió cerca de 72.955 puestos de trabajo registrados, lo que equivale a una caída aproximada del 6% del empleo industrial formal en apenas dos años. En el mismo lapso cerraron alrededor de 2.436 empresas manufactureras, cerca del 5% del total del sector, marcando una destrucción del entramado productivo que remite a las grandes crisis de las últimas décadas. La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó en torno al 58%, el nivel más bajo de los últimos diez años si se excluye el desplome excepcional de la pandemia, casi la mitad de las máquinas, líneas y plantas del país quedaron ociosas o subutilizadas.

La metalurgia, corazón del universo que debería representar la UOM, fue uno de los epicentros del golpe. A lo largo de 2024 y 2025, la actividad metalúrgica acumuló caídas de dos dígitos: informes sectoriales hablan de un retroceso superior al 12% en 2024 y de una nueva baja de alrededor del 7% interanual hacia fines de 2025. Con ese desplome, el empleo metalúrgico también retrocedió: se estima que se perdieron al menos 15.000 puestos de trabajo metalúrgicos en el último tramo del período, y que el empleo en el sector cayó en torno al 1,3% interanual al cierre de 2025. La capacidad instalada metalúrgica se ubicó cerca del 44%, lo que implica que más de la mitad de las máquinas, herramientas y líneas de producción permanecen paradas mientras los trabajadores pelean por conservar su puesto.

En este contexto, las escenas de Zárate‑Campana adquieren otro peso. Cada urna que entra a una planta metalúrgica se cruza con un panorama de suspensiones, retiros “voluntarios”, salarios licuados y tercerización creciente. Empresas como Hormetal, que emplean varios centenares de trabajadores en obras y estructuras industriales, operan en un entorno donde la UOM tiene influencia directa sobre convenios, categorías y representación gremial. Lo mismo ocurre con otras firmas de la zona, proveedoras y contratistas, donde el sindicato controla en los hechos quién entra a trabajar, bajo qué condiciones y con qué estabilidad. Por eso la elección de seccional no es un trámite administrativo, define quién administra ese poder en un momento en que el trabajo escasea y los despidos sobran.

Lo que explota en esta elección es la propia burocracia sindical. Mientras la industria pierde casi 73.000 empleos industriales formales en dos años y se evaporan más de 2.400 empresas manufactureras, las distintas fracciones de la cúpula de la UOM se disputan a codazos el control de un aparato que sigue manejando fondos, obras sociales, cajas y relaciones con el poder político y empresarial.

El dirigente burocrático, lejos de ser una anomalía, se confirma como un engranaje del ajuste, en lugar de organizar una respuesta de conjunto frente al derrumbe industrial, administra la crisis, negocia recortes y busca preservar su cuota de poder sobre una base cada vez más reducida y precarizada. En los hechos, la burocracia se comporta como una gerencia sindical, gestiona despidos ordenados, firmando acuerdos que abaratan indemnizaciones; convalida suspensiones a cambio de promesas de continuidad; y acepta avances de la tercerización que dividen al colectivo obrero en efectivos y contratados con derechos diferenciados.

La foto de Zárate‑Campana, con urnas volantes bajo sospecha, denuncias de quema y rotura de urnas, fuerzas de seguridad dentro de las fábricas y acusaciones mutuas de fraude, revela una explosión hacia adentro de la UOM, pero también un vacío hacia afuera. En ningún momento de la disputa entre el oficialismo de Furlán y la oposición de Derosso apareció un programa claro para enfrentar la pérdida de casi 73.000 empleos industriales y los miles de cierres de empresas, para frenar los despidos masivos en el sector metalúrgico o para recuperar la capacidad productiva perdida. La pelea por la seccional se dio a espaldas de los trabajadores que, en el mismo período, vieron reducidas sus chances de conseguir o mantener un puesto metalúrgico formal.

Que explote la burocracia de la UOM en estas condiciones no es solo un conflicto interno, es el síntoma de un modelo sindical agotado frente a un derrumbe industrial con números de catástrofe. Si la respuesta al cierre de 2.436 fábricas y a la destrucción de casi 73.000 empleos industriales es una guerra por las urnas, los cargos y las cajas, el riesgo es que la reconstrucción del trabajo metalúrgico quede sin dirección efectiva. En un país donde la industria manufacturera emplea hoy un piso históricamente bajo de trabajadores registrados, la ausencia de una conducción gremial orientada a defender cada puesto de trabajo se convierte en un problema político estratégico. La explosión de la burocracia en Zárate‑Campana abre una pregunta central, quién va a representar realmente a los metalúrgicos en un escenario donde las cifras muestran que el tiempo de la industria y del empleo se está agotando.


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