El verso del superávit financiero de Milei

 

Por Raúl Valle

El superávit de Milei es el otro nombre del ajuste: la foto contable positiva del Estado se sostiene sobre la caída brutal del salario, las jubilaciones y el gasto social, mientras se consolidan ganancias extraordinarias para grandes grupos empresarios y el capital financiero. Ese resultado fiscal “ordenado” convive con una deuda pública enorme, mayormente en moneda extranjera, de modo que el Estado sigue atado estructuralmente al capital financiero internacional y necesita demostrar que puede seguir extrayendo valor de abajo para pagar intereses y amortizaciones. Desde una perspectiva marxista, la clave no es si el número de superávit es verdadero en términos contables, sino qué relación social expresa: el Estado logra que sus ingresos superen a sus gastos porque licúa ingresos de la clase trabajadora con inflación, recorta programas sociales, frena obra pública, reduce transferencias reales a provincias y posterga pagos, a la vez que prioriza el cumplimiento con acreedores y subsidios de distinta forma al gran capital.

El superávit no desmiente la deuda, es la forma en que la deuda se vuelve gobernable para los acreedores: el Estado demuestra que está dispuesto a profundizar la ofensiva contra las condiciones de vida de las mayorías para seguir honrando compromisos heredados y nuevos. Para usar una imagen sencilla, es la familia que llega a fin de mes con “superávit” porque dejó de comer carne, de calefaccionar la casa y de comprar remedios, mientras sigue pagando religiosamente la cuota del banco. En términos de lucha de clases, el superávit es una derrota parcial de la fuerza de trabajo: el excedente social se reorganiza a favor de fracciones del capital concentrado, especialmente las ligadas a finanzas, energía, agroexportación y servicios regulados, que son quienes se benefician con devaluaciones, desregulaciones y aumentos de tarifas.

No se trata de un proceso abstracto sino de nombres propios. En el campo de la energía y Vaca Muerta, grupos como Tecpetrol del grupo Techint, comandado por Paolo Rocca; Pan American Energy, ligada a las familias Bulgheroni y a socios extranjeros; Vista, encabezada por Miguel Galuccio; junto con grandes petroleras internacionales como Shell, Pluspetrol o Exxon, se cuentan entre los grandes beneficiados por la liberación de precios internos, la habilitación de exportaciones y los esquemas de subsidios y garantías estatales que sostienen sus proyectos, logrando saltos fuertes de rentabilidad en el primer tramo del gobierno. En infraestructura y concesiones, Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, registró un salto notable en su margen de ganancia sobre ventas, al calor de la política de desregulación y la orientación pro–negocio en torno a servicios de transporte y logística.

En el sector alimenticio, conglomerados como Arcor, de la familia Pagani, y Mastellone (La Serenísima) multiplicaron sus márgenes de rentabilidad aprovechando la liberación de precios en un contexto en el que el consumo popular caía, es decir, vendiendo menos pero ganando mucho más por unidad, gracias a la transferencia de ingresos desde los consumidores hacia las empresas. En la producción de materiales de construcción y cemento, Loma Negra, ligada al grupo Camargo Correa, llegó a casi cuadruplicar su rentabilidad incluso con la obra pública prácticamente paralizada, mostrando que la combinación de devaluación, tarifazos y recomposición de precios relativos puede favorecer a grandes oligopolios aun en recesión. A esto se suman las empresas de energía y transporte de gas y electricidad, como Transportadora Gas del Sur o Edenor, vinculada al grupo Vila–Manzano y socios, favorecidas por la recomposición acelerada de tarifas y la dolarización de contratos, que trasladan directamente la carga sobre hogares y pymes mientras mejoran sus estados contables.

El capital financiero y los grandes bancos, tanto locales como internacionales, figuran entre los ganadores privilegiados: por un lado, por la valorización de bonos soberanos y acciones ante el giro de política económica; por otro, por las tasas elevadas y los instrumentos de deuda en pesos y dólares que el Tesoro y el Banco Central ofrecen para renovar vencimientos y evitar crisis inmediatas. Es decir, el Estado trabaja para garantizarles rentas altas con bajo riesgo, convirtiendo el ajuste interno en flujo seguro de intereses. En el mundo “tech–financiero”, figuras como Marcos Galperin, de Mercado Libre, se benefician de un entorno de desregulación, reducción de controles y precarización laboral de hecho, que abarata la fuerza de trabajo y consolida posiciones monopólicas en comercio electrónico, servicios financieros y logística. En el agro, la conducción de la Sociedad Rural Argentina, con Nicolás Pino como referente, y los grandes pooles y exportadores sojeros aparecen como ganadores directos de la orientación general: devaluaciones, expectativa de baja progresiva de retenciones y prioridad absoluta al saldo exportador como fuente de divisas.

El resultado es claro: el superávit fiscal no es el triunfo del “orden” sobre el “desorden”, sino la expresión contable de una ofensiva de clase en la que una minoría de grandes grupos empresariales y financieros –Rocca, los Bulgheroni, Eurnekian, Galperin, Pino, los bancos y fondos de inversión– ve crecer de manera extraordinaria sus ganancias, mientras la mayoría social sufre una caída histórica de ingresos, derechos y condiciones de vida. Desde un punto de vista marxista, la tarea no es celebrar ni negar el superávit, sino mostrar que ese número es la forma técnica en que se registra el avance del capital sobre el trabajo y sobre los pueblos oprimidos, y organizar la resistencia a un régimen donde el “equilibrio” del Estado es, en realidad, el desequilibrio brutal de la vida de las mayorías.