El saqueo tiene cómplices, la revolucion necesita herramientas

Por Raúl Valle

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A mediados del siglo XX, en el marco de una izquierda argentina fragmentada entre el Partido Comunista subordinado a Moscú, el trotskismo doctrinario y el nacionalismo populista del peronismo, surgen dos pensadores que se proponen aplicar el materialismo histórico de manera rigurosa y original a la realidad del país: Silvio Frondizi y Milcíades Peña. El “trotskismo doctrinario” de esa época quedó encarnado sobre todo en el POR (en sus variantes posadista y morenista) y en el grupo de Liborio Justo, que aplicaban mecánicamente esquemas de la IV Internacional a la realidad argentina, caracterizaron al peronismo como régimen burgués reaccionario, llamaron a votar en contra de Perón y se ubicaron, de hecho, en el mismo campo que la oposición liberal de la Unión Democrática, quedando aislados de la clase obrera que se organizaba bajo el peronismo. La política correcta habría sido otra, no votar ni a Perón ni a la Unión Democrática, defender sin reservas las conquistas arrancadas por los trabajadores bajo el peronismo, intervenir en las movilizaciones junto a las bases peronistas pero con una orientación propia de independencia de clase y de construcción de un partido de trabajadores. Nahuel Moreno, que primero encarnó ese sectarismo, reaccionó después con un giro de 180 grados, pasó al entrismo en el peronismo, formuló la política de ser “los mejores soldados de Perón” y quedó así inscripto en la historia argentina como un exponente del frente popular y la subordinación de clase, es decir, de la integración de la izquierda al campo de la burguesía nacional en lugar de organizar la ruptura política del proletariado con ella.  

Ambos, Frondizi y Peña, rechazan las respuestas fáciles del comunismo oficial, del trotskismo doctrinario y del frente popular peronista. Convergen en un diagnóstico que los enfrenta tanto a la derecha como a la izquierda establecida, la burguesía nacional argentina es estructuralmente incapaz de liderar ningún proceso de liberación antiimperialista. Sin embargo, el camino que cada uno recorre para llegar a esa conclusión es diferente, y esa diferencia de método produce, a la larga, una diferencia política de fondo.

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Silvio Frondizi construye su análisis desde una teoría macroeconómica de largo alcance que elabora desde 1946 y desarrolla en su obra central La Realidad Argentina (1955–1956). Esa teoría, que llama “integración mundial capitalista”, sostiene que el capitalismo ha entrado en una tercera y última etapa en la que el imperialismo norteamericano ha unificado la economía mundial de manera tan profunda que ya no existen burguesías nacionales con capacidad de acción autónoma. La burguesía nacional argentina, en ese esquema, no fracasa por debilidad coyuntural ni por traición circunstancial, fracasa porque el sistema ya no le deja espacio. El peronismo sería la prueba histórica de esa incapacidad, el último intento de revolución democrático‑burguesa en la Argentina, y la crisis de 1955 confirma su imposibilidad estructural.  

Milcíades Peña llega a conclusiones similares pero por un camino enteramente distinto. Nacido en 1933, muerto a los 32 años en 1965, deja sin completar una obra colosal que se publicará póstumamente: la Historia del Pueblo Argentino y una serie de trabajos sobre industrialización, clases sociales y el imperialismo. Peña se formó en el Grupo Obrero Marxista de Nahuel Moreno y llegó a integrar la dirección del POR, pero en 1952 rompe con esa organización cuando ésta le exige “proletarizarse”, es decir, abandonar el trabajo teórico para convertirse en obrero fabril. A partir de allí alterna etapas de militancia orgánica con períodos de dedicación casi exclusiva al estudio y la escritura, y termina emancipándose como intelectual marxista independiente. En los años 50 colabora estrechamente con Silvio Frondizi, dirige la revista Estrategia de la liberación nacional y social y, ya en los 60, funda Fichas de investigación económica y social, que se convierte en una de las principales revistas de la nueva izquierda intelectual. En Fichas despliega un marxismo riguroso y desmitificador, independiente de partidos y aparatos. Cuando esa experiencia está en su punto más alto, Peña se suicida en su estudio de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1965, a los 32 años. Las explicaciones sobre las causas combinan factores políticos (frustración ante el fracaso de la izquierda y el quietismo obrero) y personales, pero lo decisivo para nuestro tema es que su trayectoria sintetiza la tensión entre la necesidad de organización y la autonomía del trabajo teórico frente a los aparatos.

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También la trayectoria de Silvio Frondizi termina trágicamente, y esa tragedia muestra hasta qué punto la burguesía nacional, en su versión peronista, puede recurrir al terrorismo de Estado cuando siente amenazado su dominio. El 27 de septiembre de 1974, Silvio Frondizi es secuestrado y asesinado por un comando de la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina. La Triple A no fue un “monstruo suelto” sino un aparato paraestatal organizado desde la propia residencia de Perón en Gaspar Campos y luego desde el Ministerio de Bienestar Social bajo José López Rega: cuadros policiales, de inteligencia y bandas sindicales armadas que actuaron bajo cobertura del Estado para eliminar físicamente a militantes de izquierda, sacerdotes del Tercer Mundo, intelectuales, delegados combativos. La masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973, en la que la burocracia sindical peronista —con la UOM de Lorenzo Miguel y la CGT de Rucci jugando un rol clave— organizó el ataque armado contra la propia columna de la izquierda peronista y de las organizaciones revolucionarias en el acto de regreso de Perón, fue la señal de que el “retorno del líder” venía acompañado de la aniquilación planificada de toda oposición por izquierda. En ese contexto, el asesinato de Frondizi a manos de las Triple A peronistas es la continuidad lógica de una política de clase, el peronismo, llamado a “liberar” la nación, se convierte en verdugo de quienes intentan organizar a la clase obrera y la juventud en un sentido revolucionario.  

En ese hilo histórico, la dictadura militar de 1976–1983 no fue una “anomalía” sino la forma más concentrada del Estado burgués en una etapa de crisis, una dictadura contrarrevolucionaria del capital financiero, agrario e industrial, que recurrió al genocidio para destruir la vanguardia obrera y de izquierda que había emergido desde el Cordobazo de 1969 y, sobre todo, en las huelgas fabriles del último gobierno peronista de 1973–1976. La masacre de 30.000 desaparecidos —militantes obreros, delegados de fábrica, estudiantes, activistas barriales— fue la condición política para imponer el nuevo ciclo de endeudamiento externo, apertura económica y desindustrialización. El “Proceso de Reorganización Nacional” reorganizó, efectivamente, algo, la correlación de fuerzas a favor del capital, liquidando físicamente a la generación que había demostrado que el peronismo ya no podía contener la combatividad de la clase obrera.  Viajemos un poco antes en la historia, para los que nos gusta "los porqué", el golpe de 1930 abre la etapa de los golpes “preventivos” contra el ascenso de la izquierda y del movimiento obrero que venía desde la Semana Roja,  la Patagonia Rebelde y las huelgas del 30 que tomaron CABA; el golpe de 1943, con el GOU y Perón en el Ministerio de Trabajo, abre la puerta al peronismo como forma de canalizar esa fuerza obrera controlada hacia un proyecto de burguesía nacional. En los años 70, el péndulo se invierte, las huelgas combativas en Fiat, SMATA, astilleros, metalúrgicas, la insurgencia fabril del “Villazo”, del “Rodrigazo” y de las coordinadoras interfabriles muestran que el propio peronismo está derrotado como mecanismo de control de la clase; la dictadura viene a cerrar ese ciclo por la vía del terror de Estado. Cuando en 1983 el peronismo intenta volver con Ítalo Luder —el hombre que como senador avaló los decretos de “aniquilamiento de la subversión” de Isabel Perón— y con Herminio Iglesias —símbolo de la burocracia sindical colaboracionista y de las patotas que alimentaron a la Triple A—, la experiencia popular con el peronismo estaba tan quemada que la propia clase obrera se negó a votarlo.

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La diferencia de método entre Frondizi y Peña no es inocente. Frondizi, porque su teoría sostiene que las condiciones objetivas para la revolución socialista ya están maduras y que la contradicción principal es entre el imperialismo integrador y los pueblos de la periferia, termina en su segunda etapa abandonando la construcción de un partido obrero independiente y proponiendo un frente multiclasista antiimperialista. Este viraje, que se consolida después de la Revolución Cubana y bajo influencia del maoísmo, lo lleva a buscar la confluencia con el peronismo de izquierda y el nacionalismo revolucionario, y en los años setenta lo ubica en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo junto a sectores del ERP y de Montoneros. Peña, en cambio, no se mueve de su posición de independencia teórica: rompe con el morenismo cuando éste se orienta al entrismo peronista, polemiza con el stalinismo, con el nacionalismo de izquierda y con la izquierda nacional de Ramos, y decide intervenir en la lucha de clases fundamentalmente como historiador y analista marxista, sin someter su trabajo a una disciplina de aparato.  

Lo que Frondizi hace en su segunda etapa es estructuralmente análogo al desvío frentepopulista del stalinismo: en ese caso se justificaba la alianza con la burguesía liberal argumentando que la contradicción principal era fascismo versus democracia; en el caso de Frondizi se justifica la alianza con el peronismo argumentando que la contradicción principal es imperialismo versus nación. La forma cambia, el nombre del enemigo cambia, pero la lógica política es la misma: la contradicción de clase queda subordinada a una contradicción supuestamente más grande, y el proletariado pierde su autonomía como sujeto político en nombre de una unidad que siempre termina dirigida por fuerzas que no son las suyas.

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Para entender la dimensión estructural de ese saqueo que la burguesía nacional administra pero no enfrenta, es indispensable el aporte de Ernest Mandel, en particular su ensayo La acumulación primitiva y la industrialización del Tercer Mundo. Mandel parte de Marx y demuestra que la industrialización europea fue posible porque el colonialismo transfirió hacia Occidente una masa de riqueza inconmensurable derivada del saqueo de América, África y Asia. Ese proceso creó las condiciones de la revolución industrial en el centro. Pero en los países del Tercer Mundo ocurre algo cualitativamente diferente: la acumulación de capital‑dinero sigue reproduciéndose —a través de la desposesión campesina, la proletarización forzada, la expropiación de tierras— pero no se convierte en capital industrial, porque el mercado mundial capitalista actúa como obstáculo para la industrialización periférica.  

Sin embargo, la trayectoria política internacional de Mandel muestra también límites que se conectan con los problemas que vemos en la izquierda argentina. Como principal referente teórico del Secretariado Unificado de la IV Internacional, apoyó en los años 60 la estrategia guerrillerista y el foquismo en América Latina, viendo en la combinación de revolución campesina por la vía militar, teoría maoísta del cerco de las ciudades y “focos” al estilo guevarista una vía general hacia el poder, para recién empezar a revisar esa orientación a mediados de los 70. Esa sobrevaloración de experiencias como el castrismo fue el reverso de una subestimación de la construcción paciente de partidos obreros de masas y de la lucha por la democracia obrera en los sindicatos. En Europa occidental, aunque Mandel combatió el eurocomunismo y la política de frente popular de los PC, su corriente tendió a sobrestimar la posibilidad de “renovación” desde dentro de esos aparatos y de los partidos socialdemócratas, derivando en adaptaciones parlamentarias y en dificultades para construir partidos revolucionarios independientes de peso. El balance es contradictorio: un aporte teórico enorme sobre el funcionamiento del capitalismo y el imperialismo, acompañado por una práctica internacional que muchas veces siguió, con retraso crítico, los desvíos del foquismo y del cretinismo parlamentario.

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Pablo Rieznik, desde su cátedra de Economía Política en la UBA, profundiza la lectura de Mandel y la empalma con la realidad argentina. En Las formas del trabajo y la historia trabaja la acumulación originaria no como un episodio fundacional que el capitalismo maduro dejó atrás, sino como la condición que el capitalismo imperialista reproduce de manera estructural en la periferia. El imperialismo en Argentina no funciona principalmente como capitalismo productivo que explota fuerza de trabajo en un proceso industrial propio; funciona como una fuerza que extrae renta, saquea recursos naturales, expropia tierra y drena riqueza financiera, y en ese proceso necesita de agentes locales —la oligarquía, la burguesía nacional— que administren la extracción y descarguen los costos sobre trabajadores, campesinos y comunidades originarias.  

Pero la propia experiencia política de la corriente donde Rieznik militó muestra cómo un análisis lúcido puede convivir con prácticas de aparato. La UJS, juventud del Partido Obrero, encabezó durante quince años la llamada “FUBA piquetera”, reivindicada por el propio partido como una federación estudiantil independiente unida a las luchas obreras y piqueteras. Esa FUBA nació del Frente 20 de Diciembre, que articulaba a la UJS y otras corrientes de izquierda con agrupaciones “independientes” como TNT, NBI y otras, conducidas por Iván Heyn, Axel Kicillof y Mariano Recalde, figuras que luego se integrarían al kirchnerismo. Es decir: la federación que la izquierda reivindica como ejemplo de independencia política estuvo desde el comienzo atravesada por alianzas con sectores que terminaron siendo parte orgánica del proyecto de la burguesía nacional. Con el paso del tiempo, la FUBA entró en una dinámica de congresos vaciados y sin estudiantes, y en 2018 un frente reformista peronista‑radical‑socialista se quedó con la federación ante una izquierda dividida y desgastada. La “FUBA piquetera” terminó como ejemplo de cómo una conquista real puede ser vaciada por la lógica de aparato y la adaptación a corrientes que después confluyen con el kirchnerismo.

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La deuda externa es la otra cara financiera del saqueo latinoamericano. Desde mediados del siglo XX, los Estados de la región se endeudan en divisas para sostener la balanza de pagos, financiar importaciones esenciales, rescatar bancos o subsidiar a grandes grupos económicos. Esa deuda se paga con dólares que provienen, en su mayoría, de exportar materias primas, soja, maíz, carne, petróleo, gas, minerales, madera, litio. Cada “renegociación” alarga plazos y cambia acreedores, pero repite la misma lógica, se garantiza el cobro de intereses a costa de planes de ajuste, reformas laborales, recortes en salud y educación, devaluaciones y nuevas rondas de privatización y extractivismo. Así, la deuda no es solo una obligación contable, sino un dispositivo de poder que obliga a orientar la economía hacia el exterior y a descargar el peso de la crisis sobre las mayorías trabajadoras.

En este esquema, Argentina no es una excepción sino un eslabón de un dispositivo regional. Desde México hasta el Cono Sur, los gobiernos —sean neoliberales abiertos o “progresistas”— negocian con los mismos organismos y bancos, y pagan con la misma moneda social, salarios a la baja, expansión de la frontera extractiva, criminalización de la protesta. La retórica cambia, el contenido de clase se mantiene. Cada nuevo ciclo de endeudamiento viene acompañado por una intensificación del saqueo territorial y ambiental, megaminería a cielo abierto, fracking, agronegocio con monocultivos, deforestación masiva. Es la forma concreta en que América Latina sostiene, a costa propia, la reproducción del capital mundial.

El caso del pueblo mapuche muestra cómo este modelo supera las fronteras estatales. El Wallmapu está partido entre Argentina y Chile, pero la lógica de despojo es la misma a ambos lados de la cordillera. En Chile, las empresas forestales, hidroeléctricas y mineras ocupan territorios ancestrales en la Araucanía y el sur, mientras el Estado responde a las recuperaciones con militarización, estados de excepción y aplicación de leyes antiterroristas. En Argentina, petroleras, mineras, grandes estancieros, fondos de inversión y negocios inmobiliarios avanzan sobre territorios mapuche en Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza, respaldados por fuerzas federales y provinciales. Lo que se extrae —petróleo de Vaca Muerta, gas, oro, plata, agua, madera— se integra a cadenas globales que alimentan la industria y las finanzas de los centros imperialistas y, en parte, sirven para obtener los dólares con los que se paga la deuda.

La lucha mapuche, entonces, no es un “conflicto local” sino un punto de choque entre dos racionalidades, la de un sistema que combina deuda, extractivismo y represión para garantizar la transferencia de riqueza hacia el capital global, y la de comunidades que defienden otra forma de relacionarse con la tierra, el agua y el bosque. Que ese conflicto atraviese dos Estados muestra que el saqueo tampoco es nacional, sino regional e internacional. Para una estrategia socialista, entender esto implica que la defensa del territorio y la pelea contra la deuda externa no son reivindicaciones separadas, sino dos frentes de una misma batalla contra la lógica del saqueo capitalista en Nuestra América.

Este fenómeno ocurre porque Argentina porque se insertó en la división internacional del trabajo como un país periférico y proveedor de materias primas. Su economía se estructuró históricamente en torno al extractivismo agropecuario y minero, no al desarrollo de una industria pesada autónoma. En este modelo, el capital extranjero no necesita invertir en complejos productivos locales con alta absorción de mano de obra; le resulta más rentable controlar los sectores de bienes primarios, los servicios públicos, el sistema financiero y la especulación con tierras. La oligarquía y ciertos sectores de la burguesía local actúan como socios subordinados que facilitan la acumulación mediante la represión de los costos laborales, el despojo territorial y la transferencia de valor al exterior.

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Si en la fábrica y en la universidad la burguesía nacional administra el saqueo, en el campo y la montaña ese saqueo adopta la forma directa de la expropiación territorial. No se trata solo de salarios y presupuestos: se trata de tierra, agua, bosques, cerros, lagos. Allí donde las empresas ven reservas de valor, hay pueblos que ven su vida entera. En ese punto, la historia de la clase obrera argentina se cruza con la historia mucho más antigua de las naciones originarias: el despojo que permitió la acumulación capitalista no empezó con la privatización de YPF ni termina con el FMI; empezó con la Conquista del Desierto y continúa hoy bajo nuevas banderas.  

Esas comunidades originarias, en particular el pueblo mapuche, encarnan de manera concreta y viva la continuidad de la acumulación por desposesión en el territorio argentino. Los mapuches no son un problema de orden público ni una cuestión cultural folklorizable: son una nación con historia, idioma, territorio y formas de organización económica propias —la ganadería trashumante, la recolección, la apicultura, la cestería, la producción artesanal y la agricultura de subsistencia en la cordillera— que el capitalismo colonial primero y el imperialismo después han atacado sistemáticamente porque sus territorios contienen los recursos estratégicos que el capital necesita, petróleo en Neuquén y Río Negro, minerales en Mendoza y el sur cordillerano, agua en toda la región. La recuperación territorial mapuche, que los medios y el Estado presentan como usurpación o terrorismo, es la resistencia de una nación a un despojo secular. La Villa Mascardi, con el desalojo violento de la Lafken Winkul Mapu bordeando tierras de Joe Lewis, y Vaca Muerta, donde se violan sistemáticamente la consulta previa y los derechos comunitarios, son ejemplos paradigmáticos de ese saqueo.

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El tratamiento político que la izquierda ha dado a la cuestión de los pueblos originarios es otro síntoma de sus desvíos de clase. El PCR, que reivindica la tradición maoísta y sostiene que el imperialismo no es único para justificar alianzas con fracciones de la burguesía nacional, ha construido durante décadas una línea de trabajo con comunidades originarias que termina integrando al indigenismo dentro del frente popular, sus encuentros de pueblos originarios subordinan las demandas territoriales a una línea política que apunta a construir un frente democrático y nacional con sectores de la burguesía y el peronismo. El resultado es que las comunidades participantes no desarrollan una perspectiva de clase independiente. El FITU, por su parte, tiene una llegada prácticamente nula en los territorios donde viven las comunidades originarias y en los sectores del campesinado sin tierra del norte argentino. Presenta candidatura propia en 2023, pero en el balotaje sus corrientes se dividen entre voto en blanco, abstención y distintas formas de “voto crítico” a Massa. Esa ambigüedad entre independencia formal e integración real al mal menor debilita cualquier posibilidad de disputar conciencia en esas franjas populares. El proyecto del PO en Santa Cruz para aumentar regalías mineras sin cuestionar la megaminería, o el silencio ante los negociados inmobiliarios en Chaco bajo Capitanich, muestran una lógica de aceptar el extractivismo y el clientelismo como datos y solo “mejorar condiciones”, en lugar de alinearse con el rechazo popular y las demandas de las comunidades.  

Hay además un episodio que desnuda el problema internacionalista del FITU, en junio de 2020, sus diputados votan una ley que incorpora una definición de antisemitismo que equipara en los hechos crítica al sionismo con antisemitismo, blindando al Estado de Israel. La rectificación posterior no incluyó la renuncia a las bancas de Bregman y Solano, autores de la firma por otros luchadores más despiertos y atentos. La independencia de clase queda subordinada a la presión de aparatos sionistas y del régimen, en un momento en que la solidaridad con Palestina debería ser un eje del internacionalismo obrero.

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Los datos de la Argentina actual confirman este marco. Más de 13 millones de hectáreas están en manos de extranjeros; en muchos departamentos cordilleranos la extranjerización supera el 50%. La extranjerización se acelera con el menemismo; el kirchnerismo no la revierte y la legitima con la Ley de Tierras; Macri flexibiliza; Milei deroga. En 2026, el peronismo vota con Milei la reforma laboral, la contrarreforma de la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil. Tanta entregada y tan evidente, viene con un punto importante que no está lejos, pero sin advertir, y es el que detona toda hipocresía peronista, y es la guerra de Malvinas y la dictadura que marcan el inicio el ciclo de deuda como el eje de dominación "moderno" de Argentina ; la transición de Alfonsín reordena el saqueo sin romperlo, con autoamnistía y leyes de impunidad, preparando el terreno para Menem y las privatizaciones. El Argentinazo de 2001 abre un momento de autoorganización (asambleas, fábricas recuperadas, piquetes) que el kirchnerismo reabsorbe mediante cooptación estatal y clientelismo, dejando en pie deuda, extractivismo y precarización. Es un rulo que vuelve. En este cuadro, la persistencia del peronismo como fuerza dominante se explica tanto por su función de clase como por las concesiones de la izquierda, que alterna frentes populares y autoconstrucción electoral por arriba sin ofrecer una salida propia de conjunto.  

La vigencia de un partido de trabajadores surge precisamente de este doble callejón, la burguesía nacional que administra la dependencia y la izquierda que le sirve de furgón de cola. Un partido de trabajadores real no puede ser un sello del 6% que administra bancas y sindicatos; debe ser la forma consciente que adopte la autoorganización de la clase en sus múltiples frentes, fábricas, barrios, pueblos originarios, juventud precarizada, mujeres y disidencias. Eso implica recuperar sindicatos de la burocracia, articular coordinadoras y asambleas, y construir una prensa propia que sea una herramienta de autoeducación y coordinación, no simple órgano de aparato.

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Todo lo anterior no es un ejercicio de historia nacional aislada, es la condición para comprender la etapa actual de crisis mundial. Sin una caracterización precisa del saqueo y del imperialismo, es imposible entender la guerra, y sin entender la guerra no hay estrategia revolucionaria. China aparece como capitalismo de Estado articulado al mercado mundial; la guerra del gas en Europa muestra cómo Estados Unidos convierte a Ucrania en peón sacrificial para vender GNL caro y disciplinar a la UE; las guerras en Ucrania, Gaza y otras regiones son momentos de una guerra mundial por recursos, rutas, monedas y poblaciones. En este tablero, la tarea de los no es elegir bando burocrático entre saqueadores, sino sostener la derrota de la ofensiva imperialista, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la construcción de una política independiente de la clase obrera en cada país.  

Aquí aparece el sentido estratégico de la categoría de saqueo como aporte teórico y político propio. El saqueo no es solo un nivel más duro de ajuste, es la forma específica que adopta la acumulación capitalista en la periferia y en las guerras contemporáneas. Une deuda, extranjerización de la tierra, extractivismo, genocidio dictatorial, represión a pueblos originarios, guerras por el gas y el petróleo, inflación alimentaria y disciplinamiento financiero. La izquierda reformista del FITU desconoce de hecho esta categoría en el sentido político, su práctica gira alrededor del ajuste —denunciar recortes, tarifazos, reformas laborales— pero no integra el saqueo como lógica de conjunto. Por eso puede hacer campañas contra el FMI y a la vez aceptar la megaminería “con más regalías”; defender a los pueblos originarios en discursos y no tener presencia real en sus territorios; hablar de independencia de clase y, a la vez, ceder al mal menor. Comprender el saqueo, en cambio, permite ver que las guerras y las crisis no se resolverán por arriba, entre bloques capitalistas, sino a través de procesos revolucionarios en los que no solo la vanguardia sino amplios sectores de las masas trabajadoras —obreros, campesinos, pueblos originarios, juventud precarizada, mujeres y disidencias— entren en escena como sujetos conscientes. En esa dinámica, las masas no se limitan a seguir a los partidos existentes, los obligan a estar a la altura o los desbordan y construyen otros. La tarea de quienes hoy levantan la noción de saqueo es ayudar a que esas masas —a través de coordinadoras, asambleas, medios propios y experiencias de lucha— se piensen protagonistas de una nueva era política y social, capaces de imponer las organizaciones revolucionarias y programas socialistas que necesitan para ir más allá del peronismo, más allá del reformismo y más allá de toda variante del mal menor.