De los techos de FATE al paro nacional: estrategia legal y política para que la fábrica siga en pie

Por Raúl Valle

La última propuesta para garantizar la continuidad laboral de proyecto de ley de los trabajadores de FATE nace de una constatación muy concreta, el cierre no es una fatalidad económica, sino una huelga patronal decidida por un grupo que se benefició de subsidios, convenios colectivos y beneficios fiscales, y que ahora pretende dejar a casi mil familias en la calle y desmantelar la única fábrica de neumáticos para camiones y autobuses del país. Ante esto, el SUTNA elaboró, por mandato de la asamblea y junto con abogados, economistas y técnicos, un proyecto de ley que declara la continuidad de la producción de FATE de utilidad pública y establece la ocupación temporal de la empresa por parte de la Provincia de Buenos Aires. 

Esta ocupación temporal implica que el gobierno de Kiciloff asume, durante un período determinado (prorrogable por un año), el control del consejo de administración de la empresa, garantiza la reapertura inmediata de la planta, mantiene todos los puestos de trabajo y asegura el suministro de neumáticos estratégicos, sin expropiar la propiedad ni pagar ninguna compensación al grupo Madanes. Al final del período, si la empresa presenta un plan serio para la continuidad productiva y el pleno empleo, se restablece la gestión. De lo contrario, la intervención puede extenderse o abrir el debate sobre una solución más profunda. La ley establece que el Estado puede firmar convenios con organizaciones públicas y técnicas para apoyar la producción, y que los trabajadores tienen un papel activo en la gestión, con acceso a la información y participación en las decisiones, rompiendo así con la actual opacidad de los empleadores.  

Cuando este proyecto ingresa a la Legislatura, el primer filtro es la Cámara de Diputados, de ahí pasa a las comisiones (Trabajo, Industria, Asuntos Constitucionales), donde el oficialismo y las diversas oposiciones medirán su disposición a ceder a la presión popular y su deseo de preservar sus vínculos con los grandes grupos económicos. En ese ámbito, pueden ocurrir tres cosas: que se vuelva cajonero, invocando la necesidad de "más estudios" mientras se calma el conflicto; que se emita un dictamen descafeinado, que convierta la ocupación temporal en una mera declaración de intereses o en una mera negación de facultades para el Ejecutivo, sin una intervención real de la junta; y que, forzado por la movilización y el repudio social en el cierre, se apruebe una versión relativamente cercana a la propuesta de los trabajadores. Nada de esto se definirá por la "calidad técnica" del proyecto, sino por la correlación de fuerzas, cuántos diputados están dispuestos a asumir el costo de votar en contra de mil familias del barrio y una planta que todos reconocieron como estratégica durante la pandemia, cuando el suministro de neumáticos era esencial para las ambulancias, el transporte público y la logística. Si hay una ocupación firme de la planta, huelgas sindicales, presencia en las calles y apoyo de otros sectores, será mucho más difícil que los bloques se refugien en el silencio; si el conflicto se contiene en la negociación institucional, el cajoneo y la reconciliación están prácticamente asegurados.  

Si el proyecto logra una aprobación parcial en Diputados, pasa al Senado provincial, donde las fuentes de poder son aún más opacas y conservadoras. La Cámara Alta de Buenos Aires es el lugar donde suelen cristalizarse los pactos entre el oficialismo y la oposición, las presiones de las cámaras empresariales y el cabildeo directo de los grupos económicos; allí, el grupo de Madanes hará todo lo posible para frenar o distorsionar la ley, esgrimiendo el argumento de la "seguridad jurídica" y la intangibilidad de la propiedad privada. En concreto, el Senado puede detener el proyecto en comisiones, introducir cambios que cancelen de facto la ocupación temporal (por ejemplo, supeditando cualquier intervención a acuerdos con la propia empresa o reduciéndola a una especie de "monitoreo" sin capacidad ejecutiva), o incluso dejarla caducar en el tiempo, mientras la planta permanece inactiva y aumenta la presión sobre los trabajadores. Frente a esto, el papel de la lucha es decisivo, si en el momento en que se discute en el Senado hay una ocupación activa en la fábrica, un paro nacional de neumáticos, movilización de otros sindicatos y la amenaza real de que el caso FATE se convierta en un símbolo de la rebelión obrera, el costo político de votar en contra de la ley se hace mucho mayor; si por el contrario la lucha se reduce a ruedas de prensa y espera de dictámenes, el Senado se convertirá en la tumba del proyecto.  

El gobernador aparece en este escenario como un actor clave, pero también tenso, el Gobierno ya ha declarado públicamente su preocupación por el empleo y su deseo de que la fábrica siga produciendo, recibió el SUTNA y participa en las audiencias, pero al mismo tiempo evita cualquier medida que pueda interpretarse como un choque frontal con la propiedad del grupo Madanes, y se refugia en la idea de que "no puede intervenir en una empresa privada" más allá de las herramientas tradicionales (conciliación, mediación, beneficios fiscales). Legalmente, es cierto que el gobernador no puede, de la noche a la mañana y por simple decreto, ocupar el consejo de administración de una sociedad de responsabilidad limitada sin respaldo legal, porque el poder judicial recaería sobre él con medidas cautelares en nombre del derecho de propiedad. Pero políticamente, tiene margen para hacer mucho más de lo que está haciendo, podría apoyar activamente el proyecto de ocupación temporal, convertirlo en una iniciativa del Ejecutivo, ordenar a su bloque que lo impulse, condicionar todos los beneficios provinciales al grupo Madanes a la reapertura de la planta y convertir a FATE en una clara línea divisoria entre su gobierno y la política de "reconversión" y cierres que promueve la Casa Rosada. Si opta por limitarse a la retórica y a la gestión de la conciliación obligatoria mientras la planta permanece cerrada, entonces, aunque habla con respeto a los trabajadores y marca diferencias de estilo con Milei, en realidad está del lado del capital que quiere cerrar una fábrica rentable para disciplinar salarios y convenios.  

Desde una postura que respeta profundamente la lucha de los trabajadores de FATE, pero que no se deja engañar por los límites del régimen, la salida no puede ser esperar tranquilamente a que la Legislatura y el gobernador "solucionen" la crisis. La mejor manera de defender el proyecto de ocupación temporal es rodearlo de fuerza social, manteniendo la ocupación organizada de la planta, sosteniendo y profundizando el paro nacional de neumáticos y convirtiendo a FATE en un referente para todos los trabajadores que sufren despidos, cierres y reducciones salariales. Pero el cierre de FATE no es solo un problema de neumáticos, expresa una ofensiva general contra la industria y el trabajo, que ya se observa en los cierres de las industrias metalúrgica, de autopartes, electrónica, textil y otras. Por eso es necesario dar un salto político en la organización de la respuesta, convocar una gran sesión plenaria de los trabajadores en lucha, con delegados designados desde abajo de FATE, SUTNA, SMATA, UOM, sindicatos de transporte, sindicatos estatales y docentes, y los movimientos de desempleados, para discutir un programa común y un plan de acción unificado. Esta sesión plenaria debe centrarse en la reapertura inmediata de FATE con todos dentro, la prohibición de despidos y cierres en todo el país, la expropiación sin indemnización de cualquier empresa que cierre o despida masivamente y la reorganización de la producción en función de las necesidades sociales y no del beneficio de un puñado de grupos.  

Para que ese programa tenga fuerza real, debe estar vinculado a la perspectiva de una huelga general, el paro de 24 horas del SUTNA fue un primer paso, pero ante una ofensiva conjunta, la respuesta debe ser conjunta, con un paro nacional activo que detenga los sectores metalúrgico, automotriz, de transporte, comercio y público, y que pone al gobierno y a la patronal ante un claro dilema, ¿recurren a la política de cierres y reformas antiobreras, o se enfrentan a una clase trabajadora que redescubre su enorme poder? En este marco, la propuesta de salida se vuelve concreta, defender y promover la ley de ocupación temporal como una herramienta de emergencia para detener el golpe inmediato, sin sembrar ilusiones sobre la voluntad de las instituciones; exigir al gobernador que la haga suya y rompa con la complicidad silenciosa con Madanes; Y preparar desde ahora la alternativa de fondo: si la patronal insiste en el cierre, la expropiación de FATE sin indemnización y la puesta en marcha de la fábrica bajo el control de sus trabajadores, integrada en un plan de reindustrialización discutido por ese gran plenario obrero que une a FATE con SMATA, UOM y todos los sectores afectados. La huelga general y el plenario de delegados son, en esta perspectiva, algo más que consignas, son los instrumentos concretos para pasar de la resistencia aislada a una ofensiva de clase, para que los techos de FATE no sean solo un símbolo de dignidad, sino el punto de partida de una salida.  Es el trabajador ante la crisis como sujeto.