Bayer la empresa que fue Nazi y que ahora asesina trabajadores en Argentina y el mundo

Por Raúl Valle

Bayer es un símbolo de cómo el gran capital puede reciclar un pasado abiertamente criminal para seguir lucrando con nuevos productos letales, del Zyklon B y el trabajo esclavo en los campos nazis al glifosato que hoy estructura el modelo sojero argentino y enferma a los pueblos fumigados. 

La empresa que el mundo identifica con “la aspirina” fue uno de los pilares del consorcio químico IG Farben, columna vertebral industrial del Tercer Reich, que explotó a cientos de miles de prisioneros en campos de concentración y montó su propio complejo fabril en Auschwitz-Monowitz; IG Farben fue la única compañía alemana con un campo de concentración propio y suministró el gas Zyklon B utilizado en las cámaras de gas.

Disuelta formalmente por crímenes de guerra después de 1945, de sus restos surgieron Bayer, BASF y Hoechst, herederas directas de ese capital, ese know-how y buena parte de sus cuadros gerenciales, sin una ruptura real con la lógica que había puesto la química al servicio del genocidio. Décadas más tarde, el mismo patrón se actualiza en la Argentina sojera, la ciencia y la tecnología subordinadas al agronegocio, la vida campesina y urbana convertida en “costo colateral” y los cuerpos de millones de personas expuestos como si fueran ratas de laboratorio.

La Argentina es hoy uno de los laboratorios principales del modelo Bayer–Monsanto. Desde mediados de los años 90, con la aprobación casi automática de la soja transgénica resistente al glifosato, la superficie sojera pasó de unos pocos millones de hectáreas a alrededor de 20 millones de hectáreas, más de la mitad de la tierra cultivada del país, y la soja transgénica llegó a representar cerca de un tercio de las exportaciones totales. 

Detrás de esa “sojización” vino un salto brutal en el uso de agrotóxicos, la utilización de pesticidas en Argentina se multiplicó por casi diez en dos décadas, y la exposición promedio anual a glifosato por persona se ubica entre las más altas del mundo. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados y distintos estudios académicos hablan hoy de cientos de millones de litros de plaguicidas usados por año en el país, con una carga equivalente a varios litros por habitante, concentrada sobre todo en las zonas sojeras. Esta montaña de veneno no cae en el vacío, cae sobre escuelas rurales, barrios populares pegados a los campos, villas periurbanas y ciudades atravesadas por fumigaciones aéreas y terrestres.

Ahí aparecen los pueblos fumigados. Estudios científicos en localidades rurales de Santa Fe y otras provincias muestran que vivir rodeado de tierras agrícolas fumigadas con agrotóxicos aumenta de manera dramática el riesgo de cáncer: se registran incidencias por encima del promedio nacional y mortalidades por cáncer que, en franjas de jóvenes y adultos, llegan a ser dos y hasta dos veces y media más altas que en el resto del país. En algunos pueblos, las tasas de cáncer superan holgadamente los valores esperados y los casos se vuelven visibles en cualquier cuadra, familias con varios integrantes enfermos, barrios donde el cáncer deja de ser un “caso aislado” para convertirse en paisaje cotidiano. 

El primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados ya había documentado que en los departamentos sojeros de Córdoba la mortalidad por cáncer duplica la de otras zonas, con un cambio brutal en el perfil de enfermedad y muerte, el cáncer pasa a ser la primera causa de muerte en lugar de las patologías cardiovasculares.

Además del cáncer, los estudios muestran daño genético, malformaciones y problemas neurológicos. Investigaciones en pueblos como Monte Maíz o en la cuenca de Virrey del Pino hallaron daño genético en la mayoría de las muestras de niños y adultos expuestos, con índices elevados de genotoxicidad incluso en personas que todavía no desarrollaron enfermedades visibles. El glifosato y otros plaguicidas aparecen en el aire, en el agua, en los suelos y en los cuerpos, campañas de análisis en sangre, orina y cabellos en distintas regiones detectan residuos de estos compuestos en la mayoría de las muestras, al punto de que se habla de Argentina como uno de los países con mayor presencia de agrotóxicos en matrices ambientales y humanas. La propia clasificación del glifosato como “probablemente cancerígeno” y capaz de producir daño genético terminó de confirmar lo que médicos y vecinos venían denunciando hacía años desde la experiencia directa.

Los casos concretos son brutales. En Virrey del Pino, en La Matanza, la combinación de fumigaciones y contaminación industrial dejó glifosato en los cuerpos de chicos y grandes, comprobado en análisis de laboratorio después de años de enfermedades respiratorias, problemas dérmicos, abortos espontáneos y cánceres de todo tipo. En decenas de pueblos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires o Chaco se repite el mismo cuadro, escuelas rurales fumigadas, aulas a pocos metros de los alambrados, madres que cuentan cómo se pulveriza mientras los chicos están en recreo, barrios rodeados por soja donde los mosquitos y aviones pasan a metros de las casas. Incluso en barrios cerrados y urbanizaciones privadas del conurbano se ve la paradoja de “countries” rodeados de soja fumigada, donde las familias se enteran tarde de que esa nube que entra por la ventana no es “rocío” sino glifosato y cocteles de otros venenos.

En todo ese circuito, Bayer–Monsanto está en el centro. La soja transgénica resistente al glifosato es el corazón del “paquete tecnológico” que la multinacional empuja desde hace décadas, y el glifosato el herbicida estrella que garantiza que el modelo funcione con el mínimo costo laboral y el máximo beneficio empresario. La empresa hace negocios redondos, vende la semilla, vende el veneno, condiciona la práctica agraria y captura al Estado para que las regulaciones se adapten a sus intereses. Cuando las evidencias de daño se acumulan, responde con manual de guerra, estudios propios para relativizar riesgos, presión sobre agencias regulatorias, campañas mediáticas sobre “buenas prácticas”, criminalización de quienes denuncian. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados lo sintetizó con una frase que es casi un epitafio, la forma de enfermarse cambió, y la forma de morir también; ahora se muere de cáncer como primera causa en muchas zonas rurales, con tasas que casi triplican las normales.

Si miramos la pata económica, la historia sigue. Bayer compró Monsanto en 2018 y desde entonces viene pagando una factura multimillonaria por los juicios en Estados Unidos, decenas de miles de demandas por cáncer vinculado a Roundup, acuerdos por más de diez mil millones de dólares para cerrar una parte de los casos, nuevos paquetes de miles de millones para intentar contener los litigios futuros, fallos con condenas individuales que llegan a miles de millones en daños y perjuicios. 

El balance de 2025 fue un terremoto, pérdidas netas de miles de millones de euros, tercer año consecutivo en rojo, caída de ingresos, provisiones gigantescas para afrontar los juicios. Pero aun así, la empresa sigue defendiendo el negocio del glifosato en todo el mundo, y muy especialmente en países como Argentina, donde los cuerpos de los pueblos fumigados no aparecen en los tribunales de Estados Unidos ni en los balances que miran los accionistas.

Cuando sumamos el plano internacional aparece otro dato clave, Bayer ya no tiene un “dueño industrial” clásico sino que está en manos de grandes fondos financieros globales. Entre sus principales accionistas figuran gigantes como BlackRock, Vanguard y otros gestores de activos y fondos de pensión de Europa y Estados Unidos, que a la vez son grandes compradores de bonos del Estado de Israel y partícipes del financiamiento del aparato militar que hoy arrasa Gaza. Es decir, el capital que lucra con el glifosato sobre los cuerpos de los pueblos fumigados argentinos es el mismo que compra deuda israelí para sostener la ocupación y la guerra contra el pueblo palestino. A esto se suma que la propia Bayer puso plata en fondos de innovación agrotech en Israel, asociándose con firmas locales para financiar startups agrícolas y biotecnológicas en un ecosistema profundamente imbricado con el complejo militar-industrial. No hay compartimentos estancos, es el mismo circuito de valorización que convierte en “oportunidades de inversión” tanto la enfermedad como la guerra.

Por todo eso, hablar de Bayer en Argentina no es solo hablar de una multinacional “mala” o de “excesos” del modelo sojero. Es hablar de un esquema de poder donde unos pocos deciden sobre la tierra, el agua y los cuerpos de millones, con el respaldo de Estados, bancos y organismos internacionales. Donde el negocio no pasa a ser la tierra o el grano, sino el mismo glifosato, un veneno.

La conclusión lógica, si tomamos en serio la experiencia de los pueblos fumigados, es que este gigante tiene que salir de las manos de sus actuales propietarios –fondos de inversión, bancos y gerentes asesinos– y pasar a manos de sus trabajadores y de sus científicos, bajo control democrático y con participación directa de las comunidades afectadas, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y de los movimientos socioambientales. Solo así se puede plantear una reconversión planificada de todo el aparato químico y del modelo agrario, dejar de producir veneno y empezar a orientar esa enorme capacidad tecnológica hacia una transición agroecológica que repare, en lo posible, el daño ya hecho y ponga la ciencia al servicio de la vida y no de la soja transgénica ni de las cuentas de Bayer y sus fondos.