Balance del 24 de Marzo

 

Por Raúl Valle

El 24 de marzo de 2026, 50 años después del golpe genocida de 1976, una disputa estratégica sobre el significado de la memoria y el carácter del régimen político vigente se condensó en las calles. No fue solo una fecha conmemorativa, sino una jornada multitudinaria, con cientos de miles de personas en la Plaza de Mayo y decenas de miles en las principales capitales del país, donde convergieron los recuerdos de la dictadura, el rechazo al gobierno de Milei y una creciente desconfianza hacia la "oposición" peronista que gobernaba el ajuste y el saqueo. La fuerte presencia de jóvenes, estudiantes y trabajadores precarios, junto con sectores organizados de la clase trabajadora y el movimiento feminista, y su impacto internacional, demostraron que el 24 ya no puede interpretarse únicamente como un ritual de Estado, sino como un espacio para la disputa política y de clase.

Este 24 de marzo debe registrarse en un doble contexto, por un lado, el escenario internacional de guerra y genocidio, donde el imperialismo profundiza su abierta deriva criminal; por otro, la trayectoria histórica del aparato represivo argentino desde 1983 hasta Milei, que desmiente el mito de una "democracia ejemplar" y evidencia una continuidad subyacente entre dictadura, gobiernos constitucionales y el actual experimento reaccionario. A nivel internacional, las potencias occidentales —Estados Unidos, la OTAN y, en particular, Israel como "puesto avanzado" en Oriente Medio— apoyan un genocidio en Palestina que se ha vuelto innegable, la destrucción sistemática de Gaza, el bombardeo de viviendas, hospitales, campos de refugiados y escuelas, con decenas de miles de muertos. A esto se suma la escalada contra Irán, donde el discurso sobre la "defensa de las mujeres al estilo occidental" contra regímenes "bárbaros" sirve para legitimar sanciones, asesinatos selectivos, ataques contra infraestructura civil e incluso bombardeos de escuelas de niñas iraníes. La retórica humanitaria y feminista se coopta como ideología que encubre una política de dominación, control de recursos y disciplina geopolítica: la misma lógica que, con otros lenguajes, justificó la dictadura argentina como "defensa de Occidente y de la civilización cristiana" contra el "enemigo subversivo".

En Argentina, la clave para vincular este plan global con el 24 de marzo reside en el largo balance del aparato represivo en la democracia. El archivo de CORREPI, que abarca el periodo 1983-2023, demuestra que la transición no desmanteló el aparato heredado de violencia estatal, sino que lo reconfiguró. A mediados de la década de 2010, la propia CORREPI señaló que los gobiernos kirchneristas concentraron más de 3.000 personas asesinadas por el aparato represivo entre 2003 y 2015, cerca de dos tercios de los casos registrados desde el retorno constitucional. Esto ya desmentía la narrativa que presentaba al kirchnerismo como una profunda ruptura con el pasado, la masificación del "gatillo fácil", el hacinamiento carcelario, las muertes en comisarías y la criminalización de la protesta constituían, bajo un manto progresista, una continuidad estructural del terrorismo de Estado en formas "normalizadas". En sus actualizaciones más recientes, el archivo antirrepresivo planteó ese diagnóstico, para 2023-2024, el número total de personas asesinadas por el aparato estatal desde 1983 asciende a varios miles más, con una creciente carga de muertes bajo custodia y en el aparato penitenciario, que evidencia la función central de la prisión como una forma de tortura sistemática contra los jóvenes pobres.

Este arco prepara el salto cualitativo con Milei. Las últimas presentaciones de CORREPI indican que, en poco más de dos años de gobierno, La Libertad Avanza suma más de mil nuevos casos al total histórico y se convierte, en términos de intensidad represiva, en el gobierno más letal desde 1983. Esta curva se expresa no solo en el número de muertos, sino también en la gestión de la protesta social. Informes recientes de organizaciones como la Comisión Provincial de la Memoria muestran que, mientras que en 2024 aproximadamente una de cada tres movilizaciones registradas terminó con algún tipo de represión, en 2025 la proporción se acerca a la mitad de las marchas, con una duplicación de heridos y detenciones arbitrarias. Esto incluye el despliegue sistemático de tareas de inteligencia sobre manifestantes, la presencia de armas de fuego y munición de plomo en contextos donde están formalmente prohibidas, y la aplicación selectiva de protocolos para intimidar en particular a organizaciones piqueteras, la izquierda, el movimiento ambientalista y las luchas feministas.

Para comprender esta escalada, no basta con señalar la «locura» de Milei o el extremismo de Bullrich, es necesario reconstruir la genealogía del andamiaje legal, operativo e ideológico sobre el que se sustentan. Durante los gobiernos kirchneristas, se mantuvieron y modernizaron los servicios de inteligencia y las fuerzas federales, se compró el sistema de espionaje al estado de Israel, se reforzó la figura del «enemigo interno» como clave de la «inseguridad» (jóvenes pobres, migrantes, piqueteros) y se ensayaron protocolos de «administración» de conflictos sociales que, de hecho, posibilitaron represiones como las del Parque Indoamericano en 2010 o las operaciones en la Panamericana y el asesinato de Mariano Ferreyra por una patota peronista del ferrocarril. La figura de Sergio Berni cristaliza esa continuidad, informante y rompehuelgas en los 90 en Santa Cruz, luego funcionario de seguridad que dirigió operaciones con gendarmes, helicópteros y excavadoras contra trabajadores y comunidades originarias, justificando públicamente el uso de la violencia estatal y construyendo un discurso abiertamente punitivo, misógino y reaccionario. Sobre esta base, el Macrismo intentó dar un salto cualitativo con protocolos más estrictos contra los piquetes y con un uso intensivo de los servicios de inteligencia para espiar a periodistas, opositores y organizaciones sociales. Milei, lejos de inaugurar algo completamente nuevo, radicaliza esta línea, el protocolo contra los piquetes de diciembre de 2023, posteriormente declarado nulo, es la codificación jurídica de una violencia que el Estado ya venía ejerciendo de hecho; la cooperación abierta con potencias como Estados Unidos e Israel en materia de seguridad e inteligencia implica una alineación directa con las doctrinas globales de contra la protesta.

El 24 de marzo de 2026, entonces, no solo se recordó a los 30.000 desaparecidos, se puso en escena que el aparato que los hizo desaparecer —las fuerzas, la inteligencia, la lógica del "enemigo interno"— nunca fue desmantelado realmente, y que hoy se utiliza para sostener un programa de ajuste y saqueo al servicio del capital financiero y del FMI. Tres dinámicas coexistieron en las calles. Primero, una marea de trabajadores, jóvenes, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, grupos de trabajadoras feministas y ambientalistas que marcharon con la creciente comprensión de que la memoria es inseparable de la lucha contra el ajuste, el saqueo, la represión y el imperialismo contemporáneo (Palestina, Irán, Ucrania). Segundo, la presencia orgánica de la burocracia peronista y de gran parte de ella, que intentó presentar al 24 como un abstracto "frente democrático", borrando su propia responsabilidad en el mantenimiento del aparato represivo, en la firma de acuerdos con el FMI y en la aprobación, desde sus bloques, de leyes reaccionarias como reformas laborales, ataques a los derechos de la juventud o la entrega de bienes comunes como los glaciares. Tercero, un proceso de adaptación del FITU al kirchnerismo, y un grupo aún incipiente pero significativo de organizaciones de izquierda y sectores independientes que impulsaron una política de independencia de clase contra el gobierno de Milei y el peronismo.

El equilibrio central del 24 de marzo radica en la ausencia de un polo de oposición democrática coherente, un bloque político organizado que hubiera articulado claramente tres ejes, la denuncia de la continuidad represiva entre dictadura, kirchnerismo, macrismo y Milei; la condena del genocidio en Palestina y la guerra contra Irán como expresión actual del imperialismo que ayer apoyó a la Junta; y la ruptura abierta con la estrategia peronista del "mal menor" que, en nombre de la contención de la derecha, termina garantizando las condiciones para que el derecho a gobernar, luego, sea ajustar, saquear y reprimir. La magnitud de la jornada demostró que existe una enorme base social para un proyecto de independencia de clase, trabajadores castigados por la inflación y la precariedad, jóvenes amenazados por reformas laborales regresivas y el vaciamiento educativo, la falta de vivienda, mujeres trabajadoras y diversidades que ven cómo la negación de género se combina con la represión, comunidades que defienden el medio ambiente contra el saqueo de glaciares y territorios. Lo que falta hoy no es "gente en la calle", sino una dirección política que vincule la memoria del terrorismo de Estado con una estrategia de poder específica para la clase trabajadora.

La continuidad del aparato represivo y su escalada bajo el gobierno de Milei expresan la misma necesidad de clase, en un contexto de prolongada crisis capitalista, endeudamiento crónico y subordinación al FMI, la burguesía argentina recurre a formas cada vez más abiertas de violencia estatal para superar el ajuste y el saqueo. La tarea estratégica planteada el 24 de marzo es construir, a partir de la experiencia de estas luchas y la evidencia acumulada por organizaciones en lucha, un polo democrático y socialista de independencia de clase que asuma la defensa irrestricta de las libertades democráticas (el derecho a la huelga, al piquete, a la organización y a la expresión), combata el genocidio y las guerras imperialistas, y proponga una solución definitiva, romper con el FMI y el régimen de deuda, desmantelar realmente el aparato represivo y de inteligencia, y reorganizar la economía sobre nuevas bases, al servicio de las mayorías y no del capital y sus aliados internacionales.