Ahora el rey Felipe VI de España pide perdón. ¡No perdonamos! Nuestro aporte teórico.

Por Raúl Valle

Las palabras del rey Felipe VI reconociendo “muchos abusos” durante la conquista española de América reabren una pregunta histórica que las potencias coloniales, las repúblicas oligárquicas y los Estados capitalistas modernos han intentado clausurar durante siglos, si los pueblos originarios pueden reclamar por el despojo, el exterminio y la destrucción social que padecieron como condición de posibilidad de la riqueza europea y de la formación de los Estados nacionales americanos. 

La experiencia histórica comparada muestra que la respuesta jurídica es limitada, fragmentaria y profundamente desigual, porque el derecho internacional admite ciertos mecanismos de restitución o reparación, pero los Estados responsables han trabajado sistemáticamente para impedir que el colonialismo y la expansión violenta del capital sean reconocidos como una deuda material exigible.

En el caso de España y México, el reconocimiento de Felipe VI no constituye una disculpa formal de la Corona, y ese límite no es secundario sino central, porque sin una admisión política y jurídica expresa resulta extremadamente difícil construir una demanda indemnizatoria que obligue al Estado español a reparar el daño histórico. El gobierno español ya había respondido en 2019 que la conquista no podía juzgarse con criterios contemporáneos, fijando así una doctrina defensiva clásica de las potencias coloniales: admitir dolor, pero negar responsabilidad material. 

Incluso allí donde existen instrumentos sobre derechos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT o las normas internacionales sobre patrimonio, su eficacia se concentra sobre todo en derechos vigentes dentro de los Estados actuales o en restituciones culturales puntuales, no en la reparación integral de la violencia colonial originaria. Los antecedentes de otros países muestran, sin embargo, que cuando hubo reparaciones parciales no fueron el resultado de un acto moral de los poderosos sino de relaciones de fuerza, litigios larguísimos y conflictos persistentes. 

En Estados Unidos, la Indian Claims Commission creada en 1946 habilitó demandas de tribus indígenas por tierras expropiadas y, al cerrarse en 1978, había pagado alrededor de 1.300 millones de dólares, una cifra que estudios posteriores consideran ínfima frente a la magnitud del robo territorial y demográfico. El acuerdo Cobell v. Salazar resolvió en 2009 una demanda colectiva de 500.000 demandantes con 1.400 millones de dólares y otros 2.000 millones para recompra y consolidación de tierras indígenas, mientras que en 2016 el gobierno federal acordó otros 492 millones con 17 naciones originarias por la mala administración de recursos naturales. Pero esos pagos se formularon, en general, como incumplimientos fiduciarios o contractuales del Estado federal, no como reparación integral por genocidio, conquista o acumulación capitalista edificada sobre la destrucción indígena. 

El modelo relativamente más avanzado sigue siendo el de Nueva Zelanda, donde el Tribunal Waitangi ha procesado desde 1985 demandas históricas de los pueblos maorí y el Estado ha pagado miles de millones en acuerdos, emitido disculpas formales y devuelto territorios sagrados, aun sin cuestionar el núcleo de la estructura de propiedad capitalista.En África, la demanda reparatoria tiene hoy un contenido político más amplio porque conecta colonialismo, saqueo económico y subordinación internacional. 

El caso emblemático es el de Namibia frente a Alemania, Berlín reconoció en 2021 el genocidio cometido entre 1904 y 1908 contra los pueblos herero y nama, pero el fondo de 1.100 millones de euros fue presentado como ayuda al desarrollo y no como indemnización jurídica, precisamente para evitar el precedente de una deuda colonial exigible. Los representantes herero y nama rechazaron ese acuerdo porque fueron marginados de la negociación, mientras que organismos de derechos humanos siguieron reclamando reparaciones completas. A escala continental, la Unión Africana declaró 2025 como “Año de las Reparaciones” y 2026-2036 como “Década de las Reparaciones”, y sus 55 Estados miembros aprobaron una resolución que clasifica al colonialismo como crimen de lesa humanidad. Incluso las estimaciones económicas sobre la deuda histórica europea con África ya se mueven, según distintas metodologías, en rangos de decenas de billones de dólares.

Pero el problema no se agota en la vieja relación metrópoli-colonia. Una de las claves más importantes para entender la cuestión indígena en América Latina es que, después de la ruptura con España, los nuevos Estados nación fueron en muchos casos más sistemáticos y más eficaces que la propia monarquía colonial a la hora de destruir pueblos originarios, expropiar territorios y reorganizar el espacio en función de la renta agraria, la expansión latifundista y la inserción dependiente en el mercado mundial. La independencia política no significó el fin de la conquista, sino su reconfiguración bajo una nueva legitimidad, la del Estado nacional burgués, que necesitaba producir soberanía territorial, homogeneidad cultural y propiedad privada sobre territorios que hasta entonces seguían siendo resistidos, disputados o controlados por comunidades indígenas.

Argentina es uno de los casos más nítidos de esa continuidad histórica entre colonialismo y formación estatal. La llamada Campaña del Desierto, ejecutada por el Estado argentino entre 1878 y 1884 bajo la conducción de Julio A. Roca, no fue una guerra defensiva ni una simple operación de frontera, sino una ofensiva militar para destruir la autonomía indígena, anexar tierras fértiles y habilitar un nuevo ciclo de acumulación basado en la concentración de la propiedad. En la moral de Roca unos de los personajes más corruptos de la historia argentina, él y su hermano estafaron al estado argentino con la compra de armamento y fusiles a sobreprecio y se quedaron con varios vueltos para la campaña del desierto para el genocidio indigena. El propio Roca informó al Congreso que sus campañas habían dejado más de mil “indios de lanza” muertos, alrededor de mil trescientos prisioneros, más de diez mil mujeres, niños y ancianos apresados como “chusma” y más de mil indígenas “reducidos”, es decir un total superior a catorce mil personas “suprimidas de la Pampa”, sin contar los muertos por hambre y persecución. Investigaciones posteriores señalan además que miles de prisioneros mapuche fueron trasladados forzosamente a Mendoza y sometidos a formas de servidumbre en estancias e ingenios, a pesar de la abolición formal de la esclavitud. Según el propio presidente Nicolás Avellaneda, alrededor de veinte mil indígenas habitaban la Patagonia antes de las campañas militares, lo que da una idea de la escala del despojo. Desde la historiografía crítica, autores como Walter Delrío han insistido en que el régimen que implementó esas campañas nunca se desmanteló del todo y que existe una continuidad hasta el presente en las prácticas estatales hacia los pueblos originarios.

La masacre de Napalpí confirma que no se trató de un hecho aislado sino de una técnica estatal reiterada. El 19 de julio de 1924, en la Reducción Napalpí, en el entonces Territorio Nacional del Chaco, unos 130 policías, civiles armados y estancieros atacaron a comunidades qom y moqoit en huelga, y asesinaron entre 400 y 700 personas según distintas reconstrucciones históricas. Se dispararon miles de balas y muchas víctimas fueron rematadas con machetes y enterradas en fosas comunes. La reducción funcionaba como un dispositivo de control y trabajo forzado, y la represión fue la respuesta estatal a una protesta contra las condiciones de explotación y la restricción a la libre circulación. 

En 2022, la Justicia Federal de Chaco declaró que se trató de un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida y reconoció la responsabilidad del Estado nacional, en el primer juicio por la verdad referido a un crimen de lesa humanidad contra pueblos originarios en Argentina.

También, bajo el gobierno de Perón se produjo el genocidio olvidado por los peronistas, proceso y comprensión que demuestra que en la actualidad no marchan contra el genocidio de los gazaties, por eso no pueden tener un  programa político con empatía con los pueblos oprimidos del mundo. El genocidio peronista,  resultó, así, el 10 y el 30 de octubre de 1947, en el paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, Formosa, fuerzas de Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea Argentina asesinaron a entre 750 y 1000 indígenas del pueblo pilagá . Ocurrió durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, siendo este el primer ataque aéreo contra tierra de la historia argentina, podemos cerrar la boca a los historiadores que dicen que el bautismo aéreo de fuego fue en la plaza de mayo. Los pilagá habían llegado meses antes huyendo del hambre tras ser despedidos de un ingenio azucarero en Salta. La masacre incluyó fusilamientos, violaciones y la esclavización de sobrevivientes. Durante décadas fue silenciada por el Estado. Recién en 2020, la justicia federal lo calificó como genocidio y crimen de lesa humanidad .

Toda esta secuencia histórica permite sostener que el Estado nación argentino no fue el antídoto contra la violencia colonial sino uno de sus principales reorganizadores. La Argentina oligárquica se edificó mediante un doble movimiento, por un lado, la apropiación privada de enormes extensiones de tierra arrebatadas a los pueblos originarios; por otro, la construcción ideológica de una nación “blanca”, “moderna” y “europea” que debía negar la persistencia indígena para naturalizar el despojo. 

Esa negación fue siempre falsa. El Censo 2010 registró más de 950.000 personas que se autorreconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios, lo que muestra que no hubo desaparición natural sino supervivencia social bajo condiciones históricas de persecución, invisibilización y subordinación.

En el presente, esa lógica no desapareció sino que mutó. El gobierno de Javier Milei, junto con Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, reactivó una política de criminalización de las comunidades originarias en nombre de la propiedad, la seguridad y la inversión. Bullrich lleva años construyendo la figura de la RAM como organización “terrorista” y del pueblo mapuche como “enemigo interno”, a través de declaraciones públicas, operaciones mediáticas y, más recientemente, resoluciones formales que equiparan protesta territorial con terrorismo. 

Distintas organizaciones mapuche de Neuquén, Río Negro y Chubut la señalan como promotora del odio racial y la responsabilizan políticamente por episodios represivos y por la estigmatización sistemática de las comunidades. A su vez, el 10 de diciembre de 2024, Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía desalojos y ordenaba relevamientos territoriales en tierras ocupadas por comunidades. El propio Estado reconocía más de 250 conflictos territoriales activos y, aun así, eligió desmontar una de las pocas barreras legales contra el avance de la propiedad privada, en abierta contradicción con el reconocimiento constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y de la propiedad comunitaria de sus tierras. El desmantelamiento institucional acompañó esa ofensiva. En diciembre de 2024 se eliminaron áreas clave del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en febrero de 2025 se derogó un programa central de fortalecimiento comunitario y acceso a la justicia, y en junio de 2025 el organismo perdió su carácter descentralizado y quedó más subordinado al Poder Ejecutivo. 

En paralelo se registraron nuevos desalojos, revocaciones de permisos de ocupación y presiones sobre comunidades qom y mapuche en distintas provincias. Lo que aparece entonces no es un exceso aislado de un ministerio sino una racionalidad de Estado capitalista, degradar la capacidad de defensa territorial de los pueblos originarios para facilitar negocios extractivos, inmobiliarios y agroexportadores. En este esquema, el papel de Milei, Bullrich y figuras intelectuales que legitiman una narrativa de “usurpadores mapuche” o de “indigenismo anti-republicano” se articula con intereses concretos del gran capital sobre la Patagonia, el litio, el petróleo y otros recursos estratégicos, y actualiza de manera brutal la vieja lógica roquista de “pacificar” territorios para el mercado.

Es en este punto donde nuestro aporte teórico marxista resulta indispensable, porque permite comprender que la violencia sobre los pueblos originarios no pertenece solamente al archivo del pasado sino al movimiento permanente del capital. Marx definió la acumulación originaria, en el célebre capítulo sobre la llamada acumulación originaria en El Capital, como el proceso violento de separación entre los productores y sus medios de producción, especialmente a través de la expropiación de la tierra, la imposición de la propiedad privada y la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía. Pero nuestro aporte para la discusión con las corrientes del FITU y  para una más fecunda claridad es demostrar que este proceso no quedó clausurado en los albores del capitalismo europeo, que si fue necesario, pero que reaparece una y otra vez como condición de reproducción ampliada del capital en sus crisis, en sus fronteras y en sus nuevas formas de expansión, es un debate necesario dado que corrientes como el Partido Obrero y el PTS o abandonan este proceso, o abandonan porque se reducen al indigenismo como el PCR o no tienen una caracterización apropiada porque se diluyen a un análisis mecanicista-determinista lineal y eurocentrista-conciliador de sometimiento indígena al estado "moderno" como proceso progresivo y desconociendolo como un sujeto que se incorpora al mundo del trabajo y a la revolucion social. Los coloca como "sujeto"  secundario.

Rosa Luxemburgo, en “La acumulación del capital”, sostuvo que la violencia y la represión son esenciales para la acumulación porque el capital necesita permanentemente apropiarse de espacios no capitalistas, subordinarlos y destruir sus formas previas de reproducción. Massimo De Angelis, retomando esa línea, plantea que la acumulación originaria no debe entenderse como un momento cerrado del pasado, sino como una lógica que se reactualiza constantemente allí donde el capital enfrenta límites a su expansión y busca recrear condiciones de explotación mediante el despojo. David Harvey desarrolló esta continuidad bajo la categoría de “acumulación por desposesión”, entendida como privatización de bienes comunes, mercantilización de territorios, apropiación de recursos naturales, liberalización de mercados y conversión de espacios públicos y comunitarios en fuentes de rentabilidad. Y autores como Stéfano Varese, pensando específicamente la realidad latinoamericana e indígena, subrayan que el neoliberalismo convierte tierras, aguas, aire, minerales, paisajes y hasta la propia gente en objetos de mercantilización, y que ese pillaje recae con fuerza particular sobre territorios indígenas porque allí persisten bienes comunes y formas de vida todavía no completamente absorbidas por la lógica mercantil.

Ese conjunto teórico permite afirmar que la acumulación originaria no fue simplemente el “empuje inicial” que dio nacimiento al capitalismo, sino un mecanismo recurrente de su reproducción. Este es nuestro aporte que le pelea al PO y al PTS. El capital no se limita a explotar trabajo asalariado dentro de relaciones ya constituidas; también necesita abrir nuevas fronteras de valorización mediante la confiscación de tierra, agua, bosque, minerales, servicios públicos, conocimiento colectivo y patrimonio común. Por eso, cuando en la Argentina contemporánea se persigue a comunidades mapuche, se desmantelan protecciones territoriales indígenas, se facilita la extranjerización de la tierra o se empuja la explotación intensiva de recursos estratégicos, no estamos ante una desviación del capitalismo sino ante una de sus formas históricas más constantes.

La cuestión de la tierra es decisiva en esta discusión porque muestra, de manera cuantificable, cómo la soberanía territorial se convierte en mercancía. Datos oficiales recientes indican que en la Argentina hay alrededor de 266,6 millones de hectáreas rurales, de las cuales más de 13,2 millones están en manos extranjeras, es decir cerca del 5 por ciento de la superficie rural. Informes periodísticos y académicos difundidos en 2026 sintetizan esa magnitud como “más de 13 millones de hectáreas” en manos extranjeras, con Estados Unidos, países europeos y otros capitales transnacionales entre los principales propietarios. La legislación que fijó un tope del 15 por ciento a la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental ya convive con al menos 36 departamentos que superan ese umbral, especialmente en zonas de alto valor estratégico. No se trata, entonces, de una abstracción académica sobre soberanía, sino de una transferencia efectiva de control territorial sobre superficies gigantescas que concentran agua dulce, minerales, renta agraria, corredores logísticos y biodiversidad. 

La extranjerización de la tierra no es solamente un problema “nacional” en sentido jurídico; el caso del pueblo originario mapuche excede el territorio de Argentina-Chile, es sobre todo una modalidad concreta de subordinación del territorio a la acumulación transnacional, en la que la tierra deja de ser un soporte de reproducción social de comunidades y poblaciones para convertirse en activo financiero, reserva extractiva o enclave de valorización. Esa dinámica es inseparable de la ofensiva contra los pueblos originarios, porque las comunidades indígenas suelen ubicarse justamente en áreas estratégicas para el capital minero, energético, forestal, inmobiliario y turístico. El despojo de la tierra indígena y la venta de territorio a capitales extranjeros no son, por lo tanto, procesos paralelos, son dimensiones articuladas de una misma reorganización del espacio bajo mando del capital. En ese movimiento, la acumulación originaria se prolonga hacia el presente como acumulación por desposesión, se expulsan comunidades, se criminalizan resistencias, se transfieren tierras a grandes propietarios locales y extranjeros, y se reescriben normas para asegurar la explotación intensiva de los recursos, con el Estado capitalista actuando como garante. Pero la actualización contemporánea de la acumulación originaria no golpea solo a las comunidades originarias. También se proyecta sobre el conjunto de la clase trabajadora, porque cada ciclo de desposesión territorial reordena salarios, empleo, acceso a la vivienda y consumo popular. La mercantilización del suelo urbano y rural, el recorte de políticas públicas, la expansión de la informalidad laboral y la pérdida de ingresos reales forman parte del mismo movimiento por el cual el capital recupera tasa de ganancia descargando el costo de la crisis sobre trabajadores ocupados, precarios, desocupados y comunidades. Los datos recientes sobre la situación social argentina son elocuentes, informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señalan que la inseguridad alimentaria afecta a alrededor del 15 por ciento de los trabajadores asalariados, incluso a una fracción significativa de quienes tienen empleo formal, y estudios posteriores muestran que más de ocho de cada diez trabajadores sufren algún tipo de vulnerabilidad alimentaria en su jornada laboral, con un porcentaje que directamente no come durante la jornada. Es decir, el deterioro de la reproducción obrera ya no se expresa solo en la estadística de pobreza general, sino en algo más elemental, la imposibilidad de comer de manera adecuada aun teniendo trabajo.La vivienda muestra una tendencia semejante. Diversos relevamientos sitúan el déficit habitacional argentino por encima de los tres millones de viviendas, con estimaciones que lo elevan a alrededor de cuatro millones, mientras se señala la paralización de miles de viviendas sociales con alto grado de avance y la existencia de millones de inquilinos en condiciones de fuerte vulnerabilidad. El capital captura suelo, encarece alquileres, desfinancia la construcción pública y vuelve estructural la imposibilidad de acceso a una vivienda digna para enormes capas de la clase trabajadora. La pérdida de vivienda o el acceso precario a ella no es entonces un fenómeno separado del saqueo territorial, sino otra expresión de la subordinación de la reproducción social a la renta y a la valorización privada del espacio.

En el terreno laboral, la degradación también es visible, crece el empleo precario y no registrado, se estanca o cae el salario real, y la tasa de desempleo, si se mide más allá de los eufemismos oficiales, se acerca a niveles de dos dígitos altos. Se configura así una clase obrera más fragmentada, más barata, más disciplinada por el miedo al desempleo y menos capaz de sostener consumo, vivienda estable, vida familiar y alimentación adecuada. Este es un punto es crucial para un análisis marxista riguroso, lo dejamos clarito: es la acumulación por desposesión sobre pueblos originarios y territorios periféricos no puede analizarse aisladamente de la reproducción de la fuerza de trabajo en el conjunto de la sociedad.

Cuando la tierra se concentra, el territorio se extranjeriza, los bienes comunes se privatizan y los recursos se orientan a circuitos extractivos, el efecto no recae solo sobre quienes son desalojados de manera directa. Recae también sobre el precio de la vivienda, sobre la composición del empleo, sobre el salario indirecto provisto por políticas públicas, sobre los alimentos disponibles y sobre el tiempo de vida que la clase obrera debe entregar para sobrevivir. La pérdida de territorio indígena y la precarización obrera son momentos de una misma totalidad social: el capital reorganiza el espacio para apropiarse de riqueza y, al mismo tiempo, abarata y deteriora las condiciones de reproducción de quienes viven de trabajar. Stéfano Varese aporta un elemento decisivo al remarcar que la acumulación por despojo no destruye solamente recursos económicos, sino entramados sociales, culturales y ecológicos enteros. Allí donde avanza el saqueo, sostiene, quedan pueblos debilitados, desiertos sociales y riquezas concentradas que ni siquiera se redistribuyen hacia abajo, porque tienden a reinvertirse en la propia reproducción de clase de los grupos dominantes. Esa observación permite iluminar la conexión entre la expropiación indígena y la pauperización urbana, cuando el capital arrasa territorios, también disuelve redes materiales de subsistencia, encarece la vida y obliga a sectores crecientes de la población a vender trabajo en peores condiciones. En la tradición argentina, los estudios de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, así como trabajos de historiadores y antropólogos críticos, han enfatizado precisamente esta continuidad, del desierto como espacio a “limpiar” a la Patagonia como paraíso de la renta extractiva y la especulación, de la reducción indígena como campo de concentración al barrio popular sin servicios básicos, del peón rural sometido al patrón al trabajador urbano hiperprecarizado. En ese sentido, el gobierno de Milei y la política de Bullrich contra el pueblo mapuche no son un accidente ideológico sino un momento de la acumulación contemporánea. La derogación de la Ley 26.160, el vaciamiento del INAI, la criminalización de las comunidades como “terroristas” y la normalización de la venta de millones de hectáreas a capitales extranjeros se inscriben en la misma lógica que Marx identificó como acumulación originaria y que Luxemburg, Harvey, De Angelis o Varese actualizaron como desposesión recurrente. La novedad no es la violencia; la novedad es que esa violencia opera sobre una clase trabajadora que, a la vez que ve cómo se saquean los territorios, pierde vivienda, salario, estabilidad y hasta la posibilidad de comer bien. 

Volvamos. El punto de partida es entender que, para un marxismo consecuente, la cuestión indígena no es un “tema sectorial” ni un apéndice culturalista, sino un aspecto estructural de la formación capitalista dependiente, sin despojo originario continuo no hay reproducción ampliada del capital en países como Argentina. El problema de buena parte de la izquierda argentina, incluido el PO y el PTS, es que abordan esta cuestión con una doble unilateralidad, por un lado, reducen el conflicto indígena a una variante de la “cuestión campesina” o de la “opresión democrática” general, diluyendo su especificidad histórica; por otro, desconfiando del “indigenismo” como posible fuente de desviaciones pequeño burguesas, terminan ubicando la lucha de las comunidades en la periferia de su programa y su agitación. Eso conduce a que su intervención práctica frente a casos como la criminalización mapuche, el desmantelamiento del INAI o la derogación de la ley de emergencia territorial oscile entre el apoyo episódico y la lectura meramente “democrática”, sin integrarlos como un eje permanente de la estrategia de poder.

El caso del  PCR es una clara adaptación al régimen a través del frente con el kirchnerismo y el bloque sojero. En 2008 presentó el paro patronal como “rebelión chacarera”, exaltando a “chacareros pobres y medios” y difuminando que la dirección real del conflicto estaba en manos del complejo sojero exportador, beneficiario del desmonte, la concentración de la tierra y el avance sobre territorios campesinos e indígenas.  Esta orientación se consolidó luego con su integración al Frente de Todos, que el propio PCR definió como un “gran acierto”, aceptando ser pata izquierda de una coalición que mantuvo el pago al FMI y el modelo extractivo‑sojero. En nombre de la “unidad con las masas peronistas”, terminó sosteniendo políticamente a un gobierno que gobernó para el agronegocio y los grandes grupos económicos. El resultado es una contradicción de fondo, el partido que dice defender campesinos e indígenas, en los hechos, acompaña a los administradores políticos de la renta sojera y del saqueo territorial.

En el caso del PO, ese límite se expresa en una matriz centrista y supuestamente programática rigidamente centrada en la clase obrera industrial y urbana como sujeto casi exclusivo, que lee toda otra determinación —pueblos originarios, mujeres, población LGBTI, juventud precarizada, etc.— como “capas oprimidas” subordinadas a ese centro. Sobre el papel, nada más marxista que afirmar la centralidad de la clase obrera; en la práctica, esa centralidad se transformó muchas veces en ceguera frente a formas específicas de opresión y despojo que no se reducen a la relación salarial inmediata. Así, la cuestión indígena aparece en sus documentos sobre todo como “problema de tierra” —que ciertamente lo es—, pero sin sacar todas las consecuencias estratégicas de un proceso donde la expropiación de pueblos originarios abre paso a la extranjerización de la tierra, la formación de enclaves extractivos y la reorganización territorial que luego golpea a toda la clase trabajadora. A esto se suma que, más allá de las formulaciones programáticas, el PO se ha desarrollado durante años en alianza estratégica con el FIT-U y en frentes electorales que lo llevaron de hecho a compartir bloques, comisiones y agendas con corrientes que terminaron votando normas funcionales al régimen, o bien a hacer llamados ambiguos frente al peronismo que, aunque formales en la letra (“no votamos ni a Milei ni a Massa”), en los hechos han servido para que una parte de su base se integre al chantaje del “mal menor”. Esa tensión entre la denuncia abstracta al régimen y la adaptación práctica a sus mecanismos se expresa también en ámbitos provinciales, donde en ocasiones la inserción sindical o territorial terminó orbitando alrededor de lógicas clientelares y negocios inmobiliarios, incluso en provincias como Chaco, sin que se trace una frontera política clara frente a las gestiones peronistas responsables del desmonte, el despojo y la especulación urbana.

En el PTS, la debilidad adopta otra forma, no en la falta de discurso sobre el “partido de trabajadores”, sino en la negativa práctica a construirlo como organización real, de combate y con dirección visible en las luchas. La consigna se agita, pero la estructura se organiza cada vez más como aparato propagandístico y electoral, con una dirección centralizada que preserva figuras como Albamonte en un relativo anonimato militante, lejos de la exposición cotidiana en los conflictos de base, mientras se concentran energías en la construcción de un “referente intelectual‑mediático” antes que en cuadros obreros con peso en los lugares de trabajo.

Algo similar ocurre con su política internacional, el eje no es tanto levantar una delimitación clara frente al centrismo y al oportunismo trotskistas, sino mantener “espacios” y “ligas” que integran corrientes que en sus países se adaptan a gobiernos reaccionarios o a variantes socialdemócratas, con el objetivo primordial de mostrar crecimiento organizativo más que de fijar una orientación estratégica coherente. En lugar de una Internacional revolucionaria, lo que se consolida es una constelación de grupos donde el criterio de pertenencia es más la identidad declarativa (“trotskistas”) que la práctica concreta frente al Estado, la guerra o los frentes de colaboración de clases.

En el plano teórico y de intervención, el PTS ha tendido a apoyar buena parte de su construcción en un “movimientismo” sin delimitación de clase nítida, impulsando espacios amplios en el movimiento de mujeres, juventud o estudiantil donde las fronteras de clase se vuelven difusas y la política se diluye en el centrismo. Si bien su intervención en el movimiento de mujeres fue más profunda y sostenida que la del PO, muchas veces la perspectiva de clase quedó subsumida bajo lógicas policlasistas, donde la unidad del “movimiento” se prioriza incluso cuando eso implica suavizar la delimitación frente al kirchnerismo, las ONG o sectores de la pequeña burguesía progresista.

En ese marco, la cuestión indígena aparece, en el mejor de los casos, como un “tema” más dentro del repertorio de opresiones, no como un eje estratégico articulado con la crítica a la acumulación por desposesión y al saqueo territorial. Hay campañas, declaraciones y apoyos puntuales, pero no una elaboración programática de fondo ni una práctica sostenida que coloque la lucha de los pueblos originarios al nivel de otras banderas centrales. El resultado es un trotskismo que, pese a intervenciones valiosas en conflictos concretos, termina oscilando entre la propaganda general sobre el “gobierno de trabajadores” y un movimientismo policlasista que nunca termina de condensarse en una estrategia de poder obrero e indígena realmente independiente

Si hablamos de denuncias y de “integrar” a la izquierda parlamentaria en un balance serio, hay que mirar no solo qué dicen sino cómo intervienen cuando efectivamente llegan al Congreso por la lucha del movimiento obrero y la juventud. Ahí es donde muchas veces, teniendo una tribuna contestaría para golpear al régimen, terminan desaprovechándola. La práctica parlamentaria y el trabajo en comisiones se traduce casi siempre en una política que oscila entre la denuncia verbal y la adaptación institucional.

El caso Libra es ilustrativo del uso deformado de la tribuna parlamentaria. El PTS, sin discutir con su propia base ni con el activismo que los llevó a esas bancas, se integró a una comisión investigadora que, más allá de algunas denuncias parciales, cerró su tarea con un informe remitido a la Justicia, sin que eso se tradujera en una caída política de Milei ni en una campaña de movilización sostenida que pusiera en cuestión el corazón del régimen de estafa financiera y precarización. En lugar de usar la comisión como plataforma para organizar y unificar a los sectores golpeados, la dinámica de “control parlamentario” terminó reforzando la idea de que el propio Congreso y el Poder Judicial son el cauce suficiente para enfrentar la corrupción y el saqueo, desplazando el eje desde la acción directa de la clase a la confianza en los mecanismos del Estado. Algo similar se vio en la intervención frente a figuras como Espert: mucha denuncia de superficie, pero sin una orientación que ligue cada ataque al régimen a la construcción de fuerza social independiente por abajo.

En el mismo sentido, tanto el PTS como el PO han incurrido en votaciones compartidas con el resto del régimen en temas como la adhesión a definiciones internacionales de antisemitismo que, en los hechos, blindan al Estado de Israel y su política sionista‑expansionista que roba tierras y comete genocidio con los palestinos. Aunque luego rectificaron bajo la presión de la militancia y de la solidaridad con Palestina, el episodio dejó al desnudo los límites de una práctica parlamentaria donde el cuidado de la “respetabilidad institucional” y el miedo al aislamiento pesan tanto o más que la denuncia consecuente del carácter colonial y genocida del Estado israelí. Lejos del tribuno obrero que usa el Parlamento como altavoz de la lucha de clases, se consolida así un modelo de diputado‑gestor que denuncia hasta donde no ponga en riesgo su lugar en la maquinaria institucional.

Frente a esos límites, tampoco alcanza con idealizar el “indigenismo” en abstracto, como hicieron en el pasado en parte experiencias como el PRT de Santucho. Si bien el PRT no fue una organización indigenista en el sentido clásico, sí es cierto que en algunas lecturas posteriores se tendió a subrayar su “arraigo campesino” y cierto énfasis en las luchas del interior rural como forma de “nueva subjetividad” revolucionaria, en línea con la influencia cubana y vietnamita. El problema no fue priorizar la cuestión campesina o indígena, sino hacerlo bajo la forma de una estrategia foquista que colocaba a la “vanguardia armada” como detonante de un proceso que la propia clase no había hecho suyo. El operativo de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975, es el símbolo extremo de esa lógica, un intento de copamiento de un batallón de arsenales para apropiarse de armamento pesado, lanzado en condiciones de enorme aislación política y con un nivel de infiltración por los servicios de inteligencia que hizo del ataque una masacre anticipada. La propia dirección del ERP, en documentos internos posteriores, intentó explicar el desastre apelando a la “subestimación del enemigo” y a “déficits en la técnica militar”, sin revisar la estrategia de conjunto. La consecuencia fue devastadora, la derrota militar de Monte Chingolo no solo diezmó a la organización, sino que reafirmó una línea que priorizaba acciones espectaculares sobre la construcción paciente de poder obrero, campesino e indígena desde abajo. Los posteriores intentos de abrir nuevos frentes en Tucumán, al calor del Operativo Independencia, mostraron la persistencia de esa ilusión de “acelerar” la revolución desde focos rurales desconectados de un proceso político de masas.

Podemos puntualizar un poco, el plano político y la deriva del PRT hacia frentes amplios también merece, también, una crítica precisa. Frente a la trampa del Gran Acuerdo Nacional de Lanusse, Santucho impulsó la formación de un frente electoral obrero y popular con figuras como Tosco y otros dirigentes; y más tarde, ante la ofensiva de la Triple A y la preparación del golpe, la organización llamó a conformar un frente democrático antifascista junto a sectores del peronismo opositor, el PI, el PC y otras fuerzas. Cuando esos frentes no cuajaron, el PRT terminó oscilando entre el abstencionismo, posiciones tácticas y llamados a votar contra opciones consideradas más reaccionarias en el marco de frentes “antifascistas”, apoyando en los hechos a variantes del frente popular que subordinaban la independencia de clase a la ilusión de frenar la reacción mediante la alianza con fracciones burguesas “progresistas”. La lección que deja esa experiencia es clara, ni el foco armado aislado de la organización de masas, ni los frentes populares que subordinan a la clase trabajadora a proyectos ajenos, pueden ser la vía estratégica del marxismo.

Bueno, volvamos... en ambos casos, la ausencia más profunda es la falta de una elaboración consistente revolucionaria, y muchos conflictos, y sobre cómo incorporar la lucha indígena —con sus propias formas de organización, cosmovisiones, derechos colectivos— a una estrategia de poder obrero y socialista. Se tiende a dar por supuesto que la consigna de “gobierno de trabajadores” resolverá “de conjunto” todos los problemas nacionales, lo cual es correcto en el terreno de la perspectiva histórica general, pero insuficiente si no se trabaja políticamente en cómo ese gobierno debería abordar, desde ahora, cuestiones como la propiedad comunitaria, la pluralidad de naciones dentro del Estado argentino, la reparación histórica y el control popular de los bienes comunes. De allí que, incluso cuando PO y PTS levantan en sus programas puntos progresivos sobre pueblos originarios, en la praxis concreta terminan subordinando la cuestión indígena a los tiempos y acuerdos del FIT-U, o quedando atrapados en una agenda parlamentaria donde se vota junto con el kirchnerismo o la oposición patronal programas de “desarrollo”, “seguridad” o “cooperación internacional” que, directa o indirectamente, refuerzan los negocios inmobiliarios, las lógicas extractivas o la normalización de políticas sionistas. La adaptación al frente único electoral como horizonte máximo, y la sobrevaloración de la pelea institucional en detrimento de la construcción de poder territorial real con pueblos originarios y trabajadores, termina reproduciendo una práctica que, aun involuntariamente, resulta funcional al régimen que se dice combatir. Porque la tarea es la superación del régimen social, situación que se suplanta por una izquierda democratizante que se autosupone con la falta de condiciones objetivas y realistas, negando su propia tarea histórica y condición de clase

Desde esta crítica doble —a la subestimación de la cuestión indígena en la izquierda tradicional y a las ilusiones focalistas/etapistas del guevarismo argentino— se puede esbozar un programa marxista frente al indigenismo, entendido no como moda identitaria sino como expresión concreta de la lucha de pueblos oprimidos contra la acumulación por desposesión.

Un programa marxista consecuente debería partir de varios ejes. Primero, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios como naciones oprimidas dentro del Estado argentino, con derecho a la autodeterminación, a la identidad cultural, lingüística y política, y a la propiedad comunitaria inalienable de sus territorios ancestrales. Esto no como concesión “democrática” del Estado burgués, sino como parte de un programa de transición hacia una República de trabajadores y pueblos, donde la forma estatal misma sea replanteada en términos de plurinacionalidad real y de poder popular. Esto implica defender en el plano inmediato todas las conquistas parciales (constitucionales, legales, programáticas) y denunciar su desmantelamiento, pero yendo más allá: plantear la restitución de territorios usurpados, la nulidad de títulos fraudulentos y la expropiación sin pago de grandes terratenientes y grupos extranjeros sobre tierras reclamadas por comunidades.

Segundo, la vinculación explícita entre la lucha indígena y la de la clase obrera urbana y rural. No se trata de idealizar comunidades ni de reducirlas a “campesinos pobres”, sino de ver que el enemigo estructural es el mismo: el capital que se apropia de tierras, recursos y trabajo. De allí la necesidad de consignas que unan las reivindicaciones: tierra, territorio y autodeterminación para los pueblos originarios; tierra para quien la trabaja, vivienda digna para la clase obrera, expropiación de latifundios y tierras extranjeras bajo control de trabajadores y comunidades. Esta articulación debe reflejarse en organismos de frente único —coordinadoras, asambleas, frentes territoriales— donde sindicatos combativos, movimientos piqueteros, organizaciones indígenas y otras expresiones populares elaboren conjuntamente demandas y planes de lucha.

Tercero, el control obrero y comunitario de los bienes comunes: agua, bosques, minerales, energía. Un programa marxista debe oponer a la lógica extractivista de Milei y la burguesía local-internacional un modelo basado en la planificación democrática de la economía y el respeto a las decisiones de las comunidades sobre sus territorios. Esto implica que cualquier emprendimiento energético, minero o agroindustrial en territorio indígena solo pueda realizarse con acuerdo de las comunidades, bajo control de trabajadores y habitantes, y orientado a necesidades sociales, no a la ganancia privada. La consigna “no a la extranjerización de la tierra y los bienes comunes; nacionalización sin pago de las grandes empresas del agro, la minería y la energía, bajo gestión obrera y comunitaria” debe ocupar un lugar central.

Cuarto, una política de alianza estratégica entre movimiento obrero y movimiento indígena que evite dos desvíos simétricos: la subordinación del indigenismo a frentes populares que lo integran como folklore mientras sostienen el capitalismo, y la fragmentación identitaria que renuncia a disputar el poder estatal. El marxismo tiene que defender la autonomía de las organizaciones indígenas frente a cooptaciones estatales y ONGistas, pero al mismo tiempo proponer una perspectiva de poder conjunto: no se trata de “apoyar desde afuera” la causa indígena, sino de construir un bloque histórico entre trabajadores, pueblos originarios y otros sectores oprimidos que tenga como horizonte la ruptura revolucionaria con el orden existente.

Quinto, una política de memoria y reparación que no se limite a los símbolos. La exigencia de reconocimiento de los genocidios de la Campaña del Desierto y Napalpí, la anulación de homenajes oficiales a figuras como Roca, la incorporación de la historia indígena en la educación y la investigación crítica de las universidades, deben ir de la mano de medidas materiales: devolución de tierras, indemnizaciones colectivas, inversiones en salud, educación y vivienda en territorios indígenas, y sanción a los responsables actuales de represión y criminalización. La reparación, para un programa marxista, no puede ser solo monetaria ni individual: debe apuntar a recomponer las condiciones materiales de reproducción de los pueblos, en el marco de una transición socialista que socialice la riqueza general.

Finalmente, un programa marxista frente al indigenismo tiene que asumir que no hay socialismo posible sobre el basamento del saqueo territorial. Si la acumulación originaria es un proceso que se repite en el presente, el socialismo no puede plantearse como simple “estatización” de las relaciones capitalistas, sino como transformación radical de la relación sociedad-naturaleza, de las formas de propiedad y del modo de vida. Eso supone aprender de las tradiciones comunitarias indígenas —no idealizarlas, pero sí reconocer sus aportes en términos de solidaridad, reciprocidad, relación no mercantil con el territorio— y articularlas con la planificación democrática y la autoorganización obrera. La crítica al PO y al PTS, el nacionalismo del PCR, y a la vez a la experiencia foquista del PRT, debe conducir entonces a otro punto, a un marxismo que no reduzca la revolución a la toma del poder estatal por un partido ni a la suma de corporaciones sindicales, pero con los trabajadores, no como un aparato, sino que la piense como construcción de poder desde abajo, donde la cuestión indígena no es un apéndice, sino una dimensión constitutiva de la ruptura con el capitalismo dependiente argentino.

En este contexto, la lucha de los pueblos originarios por tierra, reparación y autodeterminación no es una causa particularista ni “sectorial”, sino una de las expresiones más avanzadas de la resistencia a la barbarie del capital. Vincular esa lucha con la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera —del salario, de la vivienda, del acceso a alimentos, de los servicios públicos— es una tarea estratégica del marxismo hoy: comprender que el enemigo que expulsa mapuches de sus territorios es el mismo que precariza, hambrea y endeuda al conjunto del pueblo trabajador.