8 de Marzo. "Pueden perderlo todo". Triple esclavitud bajo Milei: casa, trabajo y Estado

Por Raúl Valle

La experiencia con Milei abrió un experimento reaccionario donde las mujeres, y en especial las mujeres trabajadoras, están en la primera línea de ataque. El recorte brutal de las políticas de género, el desfinanciamiento de la universidad pública –espacio donde ellas son mayoría–, la destrucción de salarios y derechos laborales, el vaciamiento del aborto legal, el avance de discursos antifeministas y sionistas y la reclusión forzada a la familia nuclear dibujan un escenario donde las conquistas de las últimas décadas pueden retroceder en pocos años. No es un efecto colateral, Milei necesita someter más a la mujer para sostener un régimen de ajuste salvaje, disciplinar a la clase trabajadora y recomponer una autoridad patriarcal funcional al poder económico. En estos dos años de gobierno mileísta, distintas estimaciones señalan que la inversión en educación obligatoria cayó más de un 70 por ciento, las universidades perdieron alrededor del 30 por ciento de sus recursos y el presupuesto educativo total se redujo en torno al 40 por ciento en términos reales, mientras el gasto en salud pública se achicó al menos un 10 por ciento y los hospitales universitarios denuncian tijeras cercanas al 30 por ciento de sus fondos.  

Aun antes del ajuste libertario, la línea de partida era desigual, en promedio, las mujeres ganaban entre un 20 y un 30 por ciento menos que los varones por trabajos equivalentes, con una brecha todavía mayor en el empleo informal y en los sectores más precarizados. El último corte de la Encuesta Permanente de Hogares muestra que el ingreso promedio de los varones ronda 1.112.000 pesos mensuales, mientras que el de las mujeres apenas supera los 800.000; la diferencia alcanza el 27,6 por ciento. Dicho de otro modo: por cada 100 pesos que entra al bolsillo de un varón, una mujer recibe poco más de 72. Esa desigualdad se asienta sobre otro dato brutal, de cada 10 personas consideradas jefas de hogar, 4 son mujeres, pero en los hogares monoparentales con hijes esa jefatura femenina supera el 55 por ciento. Ellas sostienen la casa con menos plata y más responsabilidades.  

En paralelo, cargan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no pago. Sobre esa base, la caída del salario real registrada desde la devaluación y durante todo 2024‑2025 profundiza una feminización de la pobreza ya instalada. Tomando como referencia noviembre de 2023, los salarios registrados perdieron más de un 7 por ciento de poder de compra en promedio y en el sector público la caída supera el 17 por ciento, casi una quinta parte del salario. En algunos gremios estatales feminizados –docencia, salud, administración– la pérdida acumulada desde 2015 supera el 30 por ciento. Esa poda golpea directamente en los sectores donde más del 54 por ciento de las personas ocupadas son mujeres.  

Al mismo tiempo, la estructura del mercado laboral va expulsando puestos. Solo entre diciembre de 2023 y enero de 2025 se destruyeron alrededor de 124.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado y casi 50.000 en el sector público: más de 170.000 empleos asalariados menos. Cada cierre de programa estatal, cada “reestructuración”, cada ola de despidos en comercio e industria se traduce en miles de mujeres que pasan a la informalidad o al desempleo abierto. Cuando el salario no alcanza, son ellas las que recortan comida, medicamentos, transporte, recreación y controles médicos para sostener al resto de la familia.  

El ajuste no es neutro, pega primero y más fuerte en los cuerpos femeninos. ONU Mujeres mostró que por cada 100 varones en pobreza extrema hay 109 mujeres; además, entre 2017 y 2024 el porcentaje de mujeres mayores de 15 años sin ingresos propios osciló entre el 21 y el 26 por ciento, mientras entre los varones de la misma edad ese valor se ubicó entre el 16 y el 22 por ciento. Casi una de cada cuatro mujeres adultas no tiene ingresos propios; entre las que sí tienen, muchas dependen de trabajos de medio tiempo, changas o planes que no las sacan de la línea de pobreza. La autonomía económica sigue siendo un privilegio masculino y el ajuste libertario solo profundiza esa brecha.  

En paralelo, la deuda externa crece como una soga alrededor del cuello del país. La deuda bruta total ya ronda los 305.000 millones de dólares y desde que Milei llegó a la Casa Rosada se incrementó en más de 19.000 millones, incluyendo nuevos acuerdos y refinanciaciones que suponen desembolsos cercanos a 20.000 millones de dólares con el FMI y otros organismos. Mientras tanto, la economía real se achica, se calcula que los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 20 por ciento del gasto nacional proyectado, es decir, por cada peso destinado a cerrar brechas de género, a sostener escuelas, hospitales o comedores, el Estado destina decenas a garantizar la renta de bancos, fondos de inversión y organismos internacionales.  

El ataque a la universidad pública refuerza este cuadro. Hoy las mujeres son mayoría en las universidades y entre las graduadas; ese fue uno de los grandes logros de las últimas décadas, sobre todo para las hijas de trabajadores y sectores populares que pudieron ser primera generación universitaria. Un relevamiento del Ministerio de Educación indicó que ellas representan el 58,6 por ciento del alumnado universitario y el 61,1 por ciento de quienes se gradúan, casi seis de cada diez estudiantes y más de seis de cada diez egresadas. Entre 2019 y 2020, la cantidad de nuevas inscriptas creció 5,7 por ciento, mientras el conjunto de estudiantes mujeres aumentó 3,1 por ciento. Esa expansión se está frenando a golpes de presupuesto. La inversión en educación que en 2023 rondaba el 1,5 por ciento del PBI se proyecta hoy por debajo del 0,9 por ciento, mientras para la educación obligatoria la reducción acumulada en estos dos años de Milei supera el 70 por ciento, la educación técnica pierde más del 50 por ciento y las becas estudiantiles sufren recortes del orden del 80 por ciento.  

El desfinanciamiento de las universidades, el deterioro edilicio, el ajuste sobre la docencia, el recorte de becas y comedores empujan a muchas de esas estudiantes a abandonar la cursada para entrar a la rueda de la precarización. Milei y los grandes empresarios no quieren más mujeres profesionales críticas formadas en universidades públicas, sino mano de obra barata para servicios, call centers y plataformas, o mujeres replegadas al hogar, dependiendo económicamente de un varón o de un plan de supervivencia mínima.  

En la vida cotidiana, el ajuste se traduce en triple jornada: trabajo asalariado peor pago, trabajo doméstico intensificado por la falta de jardines y escuelas de jornada completa, trabajo comunitario en comedores, merenderos y redes de sostén frente al hambre. La motosierra contra el Estado destruye programas de cuidados, recorta recursos en municipios y provincias, hace desaparecer jardines maternales y espacios de cuidado. En muchas provincias, las partidas para primera infancia cayeron por encima del 60 por ciento y la construcción de nuevos jardines está virtualmente paralizada. Eso tiene un efecto directo, muchas mujeres abandonan la escuela, la universidad, el trabajo o la militancia, porque alguien tiene que quedarse en la casa con les pibes, con los adultos mayores, con las personas enfermas. La familia nuclear, lejos de ser un refugio romántico, se vuelve una jaula de acero donde la mujer es la encargada de administrar la miseria.  

El desguace de las políticas de género cierra el círculo. El recorte de alrededor del 90 por ciento del presupuesto destinado a estas políticas licúa o directamente hace desaparecer programas como Acompañar, la Línea 144 y otros dispositivos que permitían a las mujeres salir de situaciones de violencia, acceder a apoyo económico y asesoramiento jurídico y psicológico. Un informe reciente sobre el Presupuesto 2026 señala que, mientras en 2023 se destinaban alrededor de 1,79 billones de pesos a las principales políticas contra las violencias, ahora apenas se proponen unos 40.000 millones para una única partida de “Protección de Víctimas de Violencia”, un recorte del 89 por ciento. Al mismo tiempo, el presupuesto etiquetado con perspectiva de género cayó de cerca del 1,2 por ciento del PBI en 2022 a menos del 0,4 por ciento en 2026. El Estado conserva apenas una cáscara, un rótulo para decir que “algo hay”, pero en los hechos abandona a las mujeres a su suerte frente a agresores empoderados por el discurso antiderechos del gobierno.  

Paralelamente, se desfinancia la Educación Sexual Integral, se vacían los equipos de salud sexual y reproductiva, se obstaculiza la aplicación de la ley de aborto legal y se habilita el avance de grupos fundamentalistas en escuelas y hospitales, que presionan, hostigan y buscan reinstalar el terror propio de los tiempos de clandestinidad. La eliminación de las partidas específicas para capacitación en ESI y las caídas superiores al 80 por ciento en los programas de salud sexual y reproductiva muestran que no se trata de descuido, sino de una política deliberada para sacar del centro la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.  

En el terreno de la salud, el recorte se siente en la piel. El presupuesto sanitario de 2025 ya registra un ajuste de al menos el 10 por ciento, con caídas reales cercanas al 8 por ciento en los organismos descentralizados y casos extremos como el Instituto Nacional del Cáncer, que perdió más de la mitad de sus recursos. La UBA denunció que los hospitales universitarios –Clínicas, Garrahan, Roffo, Houssey, , entre otros– sufren recortes en torno al 30 por ciento de sus partidas. Traducido: menos insumos para controles ginecológicos, menos mamografías, menos ecografías, menos turnos para cáncer de mama y de cuello de útero, menos medicamentos oncológicos, menos personal estable. Los estudios preventivos que deberían hacerse una vez al año pasan a hacerse cada tres o cuatro, si se consiguen turno y dinero para pagar el transporte.  

En el terreno simbólico y cultural, el ajuste también es profundamente patriarcal. Cuando hablamos de Estado en la cabeza de Milei no hablamos de derechos, sino de aparato represivo: récord de presupuesto para la policía, protocolos de mano dura, criminalización de la protesta. En los últimos meses se multiplicaron los operativos con cientos de efectivos para custodiar votaciones parlamentarias, mientras se cierran o achican espacios de atención a víctimas de violencia. Es la misma policía que administra el delito en los barrios; cuanto más crece el negocio del delito, más justificación tiene el aumento de armas, patrulleros y presupuesto.  

En cambio, hay cierre en la educación y la cultura, cierre de bibliotecas populares, caída de librerías, asfixia de centros culturales y programas artísticos que golpea de lleno a las trabajadoras de la cultura y a las usuarias que encuentran allí un espacio de encuentro, formación y organización. Allí donde antes había talleres, lecturas, actividades para niñes y jóvenes, hoy hay persianas bajas por alquileres impagables, facturas de servicios imposibles y cero apoyo estatal. La retirada del Estado de estos ámbitos deja la escena libre para iglesias reaccionarias, ONG ligadas al sionismo y emprendimientos privados que ofrecen cursos “alternativos” a la ESI, donde se reinstala la moral conservadora, el odio a las disidencias y la idea de una mujer abnegada, madre y esposa como único destino legítimo.  

Frente a este panorama, el feminismo institucional con “perspectiva de género” que hegemonizó el kirchnerismo y el peronismo muestra sus límites más crudos. Durante años se construyó un entramado de ministerios, direcciones, observatorios, protocolos y programas que, aun con logros parciales importantes, nunca tocaron de verdad el poder de los grandes empresarios, de los bancos, del FMI, del aparato represivo y religioso. Se pretendió que con “más Estado” y “más género” dentro del mismo régimen de saqueo y deuda se podía frenar el patriarcado. Bastó un cambio de gobierno para que ese edificio fuera arrasado en pocos meses, si los derechos de las mujeres dependen de la voluntad del próximo presidente, de la próxima votación en el Congreso o del humor de los mercados, entonces no están garantizados.  

También fracasó, en este terreno, el peronismo como proyecto de emancipación para las mujeres. Incluso en su versión más “nacional y popular”, se apoyó en una matriz productivista y familiarista que nunca se propuso democratizar el poder económico ni romper con la división sexual del trabajo. Las palabras de Cristina Fernández contra las docentes –presentándolas como trabajadoras de “cuatro horas” y “tres meses de vacaciones”– sintetizan una mirada que, cuando se trata de disciplinar a sectores que reclaman salario y condiciones de trabajo, no duda en atacar a un gremio fuertemente feminizado. La legalización del aborto y la ESI plena llegaron no por gracia del liderazgo peronista, sino a pesar suyo: fueron producto de la irrupción de la marea verde que desbordó al propio oficialismo.  

Superar este callejón exige un feminismo con perspectiva de clase. Un feminismo que parta de la experiencia concreta de la mujer trabajadora, la que viaja hora y media en tren y colectivo, deja a sus hijes en un comedor porque no hay jardín, trabaja en una escuela, un hospital, una textil o una casa de familia, llega a su hogar y sigue cocinando, limpiando, cuidando, sin salario ni descanso. Un feminismo de clase entiende que no hay “violencia de género” flotando en el aire, nuestra vulnerabilidad a esa violencia está anclada en la dependencia económica, en la vivienda precaria, en la falta de ingresos propios, en el endeudamiento con el banco o la financiera, en la ausencia de redes de cuidado.  

Y que no alcanzan algunos programas compensatorios, hay que ir al corazón del problema, quién se queda con la riqueza que producimos y quién decide cómo se organiza la vida social. En este sentido, un feminismo de clase plantea que las políticas de género solo pueden sostenerse si se reorganiza la economía en función de las necesidades de la mayoría, que la plata que hoy se fugan bancos, agroexportadoras, mineras y grandes grupos económicos tiene que ir a salarios por encima de la canasta familiar, a un sistema público y gratuito de cuidados, a salud y educación de calidad, a vivienda digna, a ESI en todas las escuelas, a cultura y recreación accesibles. Eso implica romper con el FMI y el pago de la deuda, enfrentar a los grandes empresarios, cuestionar el rol de las iglesias y cortar los lazos con el sionismo y el imperialismo que sostienen este modelo. Ninguna “perspectiva de género” que acepte como intocable ese orden puede garantizar una vida libre de violencias.  

La herramienta estratégica para empujar en esa dirección no es una reforma administrativa ni un cambio de gabinete, sino la huelga general. No un paro simbólico de un día cada tanto, sino un proceso de acumulación desde abajo donde las mujeres trabajadoras se organicen en sindicatos, comisiones internas, centros de estudiantes y movimientos territoriales, y obliguen a las centrales sindicales a pasar de las declaraciones a la acción. Las docentes, las enfermeras, las trabajadoras estatales y del monotributo ya vienen protagonizando paros parciales y movilizaciones; un feminismo de clase puede ser el motor para coordinar esas luchas, unificarlas en un plan de lucha nacional, escalonado, que tenga como horizonte una huelga general capaz de paralizar la producción y los servicios esenciales.  

Una huelga general protagonizada por mujeres tiene que tener objetivos concretos: tirar abajo el paquete de leyes y decretos que destruyen derechos laborales y de género; recuperar y ampliar el presupuesto para salud, educación, ESI, políticas contra la violencia, jardines y cuidados; defender la universidad pública; garantizar la plena aplicación del aborto legal; romper con el FMI y dejar de pagar una deuda que se traduce en hambre y sometimiento. Y, al mismo tiempo, avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado, frenar la injerencia sionista y de las potencias imperialistas y desmantelar los protocolos represivos que buscan sacar a las mujeres de la calle.  

En la Argentina y en Irán, las rebeliones que sacudieron a los gobiernos tuvieron rostro de mujer, las chicas que se sacan el velo en Teherán desafiando a la teocracia, a pesar de los intentos de Trump de usar esa rebeldía como coartada para bombardear, sancionar y luego pactar con los clanes más reaccionarios del islam; las pibas de la marea verde que desbordaron al Congreso en Buenos Aires; las trabajadoras que paran escuelas, hospitales, ministerios, fábricas y comedores. Articular esa fuerza con la de toda la clase trabajadora, superar el feminismo de gabinete y el peronismo del “mal menor” y apostar a una estrategia de poder propia es la condición para que la brutal experiencia que hoy vivimos no termine en derrota, sino en el triunfo de la mujer trabajadora sobre el capital y el patriarcado.  

El 8 de marzo, la memoria de esas rebeliones y la bronca cotidiana frente al ajuste pueden converger en un programa claro: o seguimos aceptando la triple esclavitud de la familia, el trabajo precario y el régimen autoritario, o organizamos la fuerza necesaria para que, esta vez, sean ellos los que lo pierdan todo.