Trump y Milei dos cagadores de criptos

 


Por Raúl Valle

La historia de las criptos de Trump y de Milei es, en el fondo, la misma, dos presidentes capitalistas que convierten su figura en marca financiera, usan la confianza de sus bases como combustible y terminan protagonizando esquemas que, en los hechos, funcionan como una estafa piramidales masivas. 

En el caso de Donald Trump, la maniobra se articuló alrededor de dos memecoins, el token $TRUMP, presentado como “oficial” y ligado a empresas de su familia, y un token inspirado en Melania. Se lanzaron en el clima de euforia de su segundo mandato, con una narrativa de apoyo patriótico al presidente: comprar esas monedas no era solo especular, era “apostar por el líder”, ser parte de una épica política.

Detrás de ese relato, sin embargo, la estructura estaba diseñada para favorecer a unos pocos, alrededor del 80% de la emisión de $TRUMP quedó en manos de vehículos controlados por el entorno Trump, con liberaciones programadas que les permitían vender en cada pico de precio. El resultado fue que, tras una subida vertiginosa, los tokens se desplomaron más de un 90%, dejando miles de millones de dólares en pérdidas distribuidas en casi dos millones de billeteras, mientras los iniciados y las plataformas que cobraban comisiones se quedaban con cientos de millones en ganancias. La trampa no es solo técnica, es política: el presidente usa su autoridad y su imagen de “outsider” anti-élite para atraer a su propia gente a una ficha de casino que, de antemano, estaba cargada a favor de los que controlaban la oferta.

En el caso de Javier Milei, la película es parecida aunque con otros nombres y otra escala. La criptomoneda se llamó $LIBRA y se presentó envuelta en un discurso de “libertad financiera” y promesas de impulsar la economía argentina, ayudar a pymes y emprendedores, financiar el futuro sin Estado ni casta. Milei y su entorno le dieron visibilidad desde cuentas oficiales, la amplificaron en redes y la legitimaron con el sello presidencial libertario, de modo que miles de pequeños ahorristas interpretaron que no era una simple memecoin sino una especie de inversión bendecida por el propio presidente. Detrás, lo que había era un esquema clásico de ''rug pull'': una emisión concentrada en pocas manos, una campaña de marketing agresiva, una entrada masiva de dinero minorista y, cuando el precio subió lo suficiente, una venta coordinada de los grandes tenedores que dejó el gráfico hecho un acantilado. Las cifras que circularon hablan de unos 250 millones de dólares perdidos por decenas de miles de personas, más de cien mil billeteras afectadas y un puñado de cuentas que se llevaron ganancias millonarias. Otra vez, la estafa no consiste solo en que una cripto cae –eso es riesgo de mercado– sino en que se usa la palabra del presidente para darle a ese riesgo una pátina de seguridad y de causa común que induce a mucha gente a meterse donde nunca se metería si el activo no llevara el sello del líder.

En los dos casos hay materia para que los tribunales avancen. En el plano penal, los elementos se parecen, un activo extremadamente riesgoso armado y controlado por un grupo reducido; una campaña que omite esa asimetría y presenta la compra casi como un gesto político; un daño masivo y concentrado sobre pequeños inversores; y la posibilidad de rastrear, en la blockchain, cómo se movieron los fondos desde las billeteras vinculadas a los organizadores hacia cuentas anónimas o estructuras societarias. 

En bruto, las dos encajan en figuras como estafa, fraude al público inversor, defraudación y hasta lavado de activos si las ganancias se blanquean por vías opacas. En el caso Milei, además, hay una ventaja probatoria, una comisión del Congreso ya hizo parte del trabajo de reconstrucción, identificó miles de billeteras dañadas y señaló el rol del presidente como “colaboración imprescindible” para que el esquema funcionara. En el caso Trump, las investigaciones periodísticas y los análisis de firmas de datos cripto muestran con nitidez la concentración de tokens en manos ligadas a su familia y el contraste brutal entre las ganancias de unas pocas decenas de billeteras y las pérdidas de la multitud.


¿Pueden, entonces, ser condenados penalmente? 

Jurídicamente, técnicamente, sí: hay un relato coherente de engaño económico montado sobre una relación de confianza política. Si un fiscal demuestra que Trump o Milei sabían que estaban empujando a la gente a un producto diseñado para perjudicar a la mayoría y beneficiar a unos pocos, y que ellos o sus entornos se beneficiaron directamente, el tipo penal de estafa se sostiene sin forzar demasiado. El obstáculo no es la teoría del delito, es el poder, imputar y condenar a un presidente en ejercicio o recién reelecto implica enfrentarse al sistema político, a medios, a servicios de inteligencia, a estructuras empresarias. 

Por eso, en términos realistas, la probabilidad de ver una condena firme en el corto plazo es baja. Aumenta si el ciclo de poder de esos presidentes entra en declive, si la economía se deteriora, si pierden apoyo parlamentario, si aparecen otros escándalos que erosionan su aura de invulnerabilidad. La justicia tiende a volverse más valiente cuando huele final de ciclo.

El lugar que entra el papel de los parlamentos, que son la vía institucional para juzgar políticamente lo que la justicia puede tardar años en procesar son una pantalla de humo.

En Argentina, el Congreso, a pesar, que ya tiene en la mano un informe de la Comisión $Libra que concluye que Milei incurrió en mal desempeño por su rol en la criptoestafa y que su intervención fue clave para que miles de personas se vieran perjudicadas, no pasa nada. Aunque esto habilita pedidos de juicio político, la oposición duerme en complicidad, aunque puede acusarlo formalmente no lo hace porque lo llevaría a un proceso de destitución con audiencias públicas, testigos y exposición de pruebas. Pero también, sino se llegará a la destitución, el proceso ya significaría una condena política, quedaría instalado que usó la presidencia para impulsar un esquema cripto que vació a su propia base.

En Estados Unidos, el Congreso reaccionó al caso de las memecoins de Trump con otra estrategia, proyectos de ley para prohibir que el presidente y los legisladores emitan o promocionen criptos de las que se beneficien, audiencias en comités éticos y presión para que los organismos de control definan reglas sobre “cripto-corrupción” política. El paso siguiente, más drástico, sería un juicio politico que incluyera el caso $TRUMP/MELANIA dentro de un paquete de acusaciones por abuso de poder y corrupción. Esto exigiría que una mayoría simple en la Cámara de Representantes vote artículos de acusación y que dos tercios del Senado lo condenen. Hoy es improbable, el Partido Republicano sigue muy alineado con Trump y teme perder a su base si lo abandona por un tema que muchos de sus votantes ven como “sólo una apuesta que salió mal”. Pero el precedente está ahí, y la combinación de una estafa tan visible con otros frentes judiciales puede, en algún momento, inclinar la balanza.

Si se mira en conjunto, la foto es nítida, Trump con $TRUMP y MELANIA y Milei con $LIBRA llevaron al extremo la fusión entre liderazgo político y negocio financiero opaco. Las criptos les sirvieron para monetizar la lealtad de sus seguidores, y dejaron detrás un paisaje de pequeños ahorristas arruinados y de dudas profundas sobre los límites éticos de la función presidencial. La justicia penal tiene herramientas para ir por ellos; los parlamentos, mecanismos para juzgar su desempeño y destituirlos. Que esto suceda o no dependerá menos de lo que dicen los códigos y más de una pregunta incómoda, cuánto están dispuestas las instituciones de cada país a enfrentarse a líderes que usaron el Estado como plataforma para venderle fichas de casino a su propia gente.

Entonces, la posibilidad de que haya condena real existe, pero depende menos de la tecnología y más de si las instituciones, pero están instituciones están descompuestas, además, en un régimen capitalista, los Trump y Milei siempre quedarian impunes.

Muy diferente sería en un gobierno obrero, donde ningún presidente, por más popular que sea, pueda usar la fe de sus seguidores para convertirlos en la liquidez de una estafa cripto.

Quedarían presos para que paguen como todo reo que estafa al pueblo en las redes o donde sea.


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