La burguesía industrial es un cadáver

 

Por Raúl Valle

La imagen de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresando “gran preocupación” por cierres de plantas y despidos masivos aparece cuando el daño ya está hecho y revela un hecho político fundamental, la misma burguesía industrial que hoy se lamenta fue la que instaló, legitimó y sostuvo el proyecto de Javier Milei. No estamos ante una elite sorprendida por un giro inesperado del gobierno, sino ante una clase que apostó conscientemente a un programa de ajuste brutal, una reforma laboral regresiva y una apertura económica a medida de sus intereses. Milei no cayó como un rayo del cielo sereno,  fue el candidato preferido de una fracción decisiva del gran capital industrial, financiero y agroexportador que vio en él la posibilidad de imponer por choque lo que otros gobiernos aplicaban de manera gradual.  

Desde la campaña electoral, los grandes grupos industriales y sus cámaras se alinearon detrás del discurso del “fin del populismo”, la “motosierra al gasto público” y la “modernización laboral”. Mientras una parte de la población veía en Milei un castigo a la vieja casta política y al peronismo, la burguesía industrial veía un instrumento para avanzar como nunca sobre salarios, condiciones de trabajo y derechos colectivos.

Las reuniones reservadas con candidatos, el financiamiento aportado por grandes empresarios, las fotos con el presidente electo en hoteles de lujo y foros de empresarios fueron la prueba de esa alianza de clase, no se trataba de un experimento exótico, sino de un proyecto consciente del capital para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.  

Una vez en el gobierno, el puente entre el poder económico industrial y la Casa Rosada se consolidó mediante una agenda común, ajuste fiscal, superávit a fuerza de recorte social, devaluaciones para licuar salarios, apertura comercial y “corrección” del mercado laboral. La UIA, junto a otras organizaciones empresarias, saludó el rumbo “serio” y “valiente” del gobierno, destacando la importancia de “ordenar la macroeconomía” y “recuperar la competitividad”. Detrás de cada uno de esos eufemismos se escondían medidas concretas, caída del poder adquisitivo, aumento de la desocupación, destrucción del mercado interno y mayor libertad patronal para despedir, flexibilizar y precarizar.  

Los encuentros permanentes entre el Ministerio de Economía y la cúpula industrial terminaron de sellar este pacto. En esas mesas no se discutió cómo evitar que los trabajadores pagaran la crisis, sino cómo profundizar las reformas estructurales en beneficio del capital, reducción drástica de aportes patronales, esquemas sustitutivos de indemnizaciones, abaratar despidos, creación de fondos especiales para socializar parte de los riesgos empresariales, incentivos fiscales a inversiones y un esquema de apertura comercial pensado para abaratar insumos, aunque eso implicara arrasar con productores locales más débiles. Lejos de oponerse, la burguesía industrial presionó para acelerar estos cambios y forzar su aprobación, incluso frente a resistencias populares y sindicales.  

Al mismo tiempo, el discurso público de la UIA y de los grandes grupos industriales funcionó como muro de contención frente al descontento social. Mientras las estadísticas mostraban el derrumbe de la actividad industrial, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y el cierre de fábricas históricas, sus voceros insistían en que el “sacrificio” era inevitable para alcanzar la ansiada estabilidad y el “rebote” futuro. Criticaban detalles de implementación, se quejaban de la falta de crédito o de la velocidad de ciertas medidas, pero defendían el núcleo del programa: salarios a la baja, recorte del gasto estatal, reforma laboral y apertura. Esa combinación de apoyo estratégico y crítica táctica revelaba su verdadera preocupación, no frenar el modelo, sino acomodarlo mejor a sus propias necesidades.  

La situación de Fate y de tantas plantas que cierran o ajustan brutalmente sus planteles es una consecuencia directa de este pacto. La misma burguesía industrial que durante años reclamó devaluaciones, subsidios, tarifas baratas y protección selectiva para sostener sus tasas de ganancia, ahora se refugia en el argumento de la “sobrecapacidad global” y la “competencia desleal” cuando la apertura que exigía golpea de lleno a sus negocios. Pero el cierre de fábricas, el despido de cientos o miles de trabajadores y la destrucción de capacidades productivas acumuladas no son un daño colateral, son la forma concreta en que este modelo reordena la economía, expulsando a los sectores menos competitivos, concentrando el capital y adaptando el aparato productivo a las necesidades de una minoría, para los privilegios de la casta capitalista y Milei.

No se puede comprender este derrumbe industrial sin recordar el recorrido previo de la burguesía local. Durante décadas, los grandes grupos industriales crecieron a la sombra del Estado y del peronismo, subsidios millonarios a la energía, créditos blandos, regímenes de promoción, protección arancelaria, contratos garantizados, negociados con la obra pública. En lugar de invertir sistemáticamente en tecnología y diversificación, usaron buena parte de esos recursos para consolidar posiciones dominantes, sostener altos márgenes de ganancia y fugar capitales. Cada crisis macroeconómica fue una oportunidad para exigir nuevas devaluaciones y recortes salariales en nombre de la competitividad, mientras lloraban en público por la “presión fiscal” y en privado negociaban excepciones, exenciones y privilegios.  

Con Milei, esa historia no se interrumpe, se profundiza y cambia de forma. Los subsidios abiertos se combinan ahora con un arsenal de beneficios “pro mercado”, baja de aportes patronales para nuevos empleos, amnistías y facilidades para grandes capitales, desregulación en múltiples sectores, un régimen laboral más flexible, todo apuntado a abaratar aún más el costo del trabajo y garantizar márgenes extraordinarios a quienes puedan sobrevivir a la tormenta. Para la burguesía industrial, el cálculo inicial era simple: dejar morir a los más débiles, absorber mercado, ampliar su poder de negociación, disciplinar planteles y sindicatos con la amenaza permanente del cierre o la deslocalización. El problema es que la recesión generalizada, la apreciación cambiaria y la apertura indiscriminada están golpeando incluso a actores que se creían blindados.  

Frente a este escenario, la burguesía industrial intenta reescribir su papel. Aparece en documentos y declaraciones como víctima colateral de una política demasiado “dogmática” o “radicalizada”, como si no hubiera sido parte de su diseño y ejecución. Se presenta como defensora del empleo, preocupada por las pymes proveedoras y por los “territorios productivos” que se vacían, pero elude el punto central, cada cierre de planta, cada despido masivo, cada rebaja de condiciones laborales fue y es una decisión patronal concreta. Nadie obliga a los empresarios a descargar la crisis sobre los trabajadores; lo hacen porque esa es la lógica de un sistema que sacraliza la ganancia privada por encima de cualquier derecho social.  

Por eso la salida no puede venir de esta burguesía industrial. No hay “fracción sana” del capital nacional dispuesta a renunciar a sus privilegios, a su poder sobre la producción, a su capacidad de cerrar, despedir, especular y fugar. Cuando el negocio marcha, exige subsidios, protección, créditos y mano de obra barata; cuando el ciclo se agota, impulsa ajustes, aperturas y reformas laborales para recomponer sus ganancias; cuando la crisis estalla, se declara sorprendida y pide que el Estado vuelva a asistirla. En ningún momento plantea que la riqueza generada por millones de trabajadores deba ponerse al servicio de las necesidades sociales en lugar de nutrir cuentas privadas.  

La única salida real solo puede venir de los trabajadores y del pueblo organizado. Esto significa, en primer lugar, asumir que ningún sector de la burguesía —ni la industrial, ni la financiera, ni la agroexportadora— va a liderar un proyecto de desarrollo que coloque en el centro el empleo, el salario y los derechos. En las fábricas que cierran o despiden masivamente, la respuesta necesaria pasa por la ocupación, la apertura de libros contables, el control obrero de la producción y la exigencia de nacionalización sin indemnización de las empresas que se enriquecieron con dinero público y ahora descargan la crisis sobre sus planteles. 

Un programa de salida desde abajo implica pelear por la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para repartir el trabajo, por el fin del derecho patronal a despedir libremente, por la planificación democrática de la economía a través de organismos de trabajadores y sectores populares, y por la socialización de las palancas fundamentales: banca, comercio exterior, energía, transporte y ramas industriales estratégicas. 

Solo así, rompiendo con el poder de la burguesía industrial que parió a este gobierno y se beneficia de su política, la clase trabajadora puede abrir el camino a una sociedad donde la producción y la riqueza se orienten a garantizar una vida digna para las mayorías trabajadoras y no a sostener el lujo y el privilegio de una minoría capitalista.