El ultimo discurso de Trump, ¿qué dijo?

 

Raúl Valle

El último discurso de Trump sobre el estado de la Unión, el 24 de febrero de 2026 en la Cámara de Representantes en Washington, condensa su proyecto de segundo mandato, restauración nacional bajo un mando fuerte, con una retórica de grandeza y promesas de prosperidad, montadas sobre una economía de capitalismo endeudado y un mundo en creciente tensión. En ese marco, Estados Unidos arrastra una deuda federal que ya supera con holgura el tamaño anual de su PBI, con una relación deuda/PBI en niveles históricamente altos y una parte cada vez mayor del presupuesto volcada al pago de intereses. El producto bruto crece, pero no al ritmo épico que Trump declama, se mueve en un rango moderado, típico de una potencia madura que no resuelve sus contradicciones de desigualdad y sobreacumulación. La inflación, luego del shock pospandemia, se mantiene en una franja intermedia, sin ser hiperinflación ni deflación, pero lo suficientemente persistente como para erosionar salarios si no hay recuperación real de ingresos. El desempleo oficial no explota, pero convive con formas masivas de subempleo, precariedad, trabajo a tiempo parcial involuntario y salida de millones de personas del mercado laboral formal. La capacidad productiva instalada no está al límite: buena parte de la industria y de la infraestructura podría producir más, pero queda frenada por las decisiones del capital, que privilegia la valorización financiera, la relocalización hacia territorios de superexplotación y la amenaza permanente de cierre o automatización como forma de disciplinar a la fuerza de trabajo.

Sobre ese telón de fondo, el discurso de Trump se ordena por desde la lógica del poder capitalista, primero, la reafirmación del liderazgo estadounidense en el mundo; después, la promesa de prosperidad interna; y, en la base, el disciplinamiento de la clase trabajadora y de los sectores subalternos. En política internacional, reivindica una línea de fuerza, aumentar el gasto militar, presionar a los aliados para que hagan lo mismo, mantener y reorganizar alianzas militares tradicionales y, en paralelo, encabezar una escalada comercial y tecnológica contra China y otros competidores. La guerra de aranceles aparece como bandera central, impone tasas generalizadas a las importaciones, con pisos y aumentos importantes sobre productos industriales, tecnológicos y estratégicos. Lo presenta como defensa de la nación frente al “abuso” extranjero, los aranceles serían la herramienta para proteger a los trabajadores estadounidenses, recuperar empleos industriales, forzar a las empresas a producir dentro del país y castigar a quienes “se aprovechan” del mercado estadounidense.

Esa política arancelaria tiene un componente nacionalista claro, Estados Unidos, potencia histórica con capacidad de imponer condiciones, usa su peso de mercado para encarecer productos extranjeros y forzar renegociaciones. Esa actitud tiene un doble filo, pero muestra algo central, Trump concibe a su Estado como herramienta para defender, al menos en parte, a fracciones de su burguesía nacional –por ejemplo, industriales y agrícolas– frente a competidores globales. Lo mismo sucede con el campo, se jacta de defender a los productores locales, negocia subsidios, barreras o acuerdos que buscan colocar su soja, su maíz, su carne, sus lácteos, su acero, su tecnología, incluso cuando esas medidas chocan con reglas de la OMC. Su discurso sobre la “gran América agrícola” se articula con proteccionismo selectivo: se suben aranceles, se otorgan compensaciones cuando estalla la guerra comercial, se exige apertura de mercados externos para los productos propios.

Al mismo tiempo, impulsa una diplomacia privatizadora, el llamado “Consejo por la Paz” se presenta como un organismo paralelo a las Naciones Unidas para gestionar conflictos y reconstrucciones, financiado por Estados y corporaciones. En los hechos, funciona como un directorio de intereses donde los que ponen capital deciden qué conflictos merecen atención, cómo se reconstruye y quiénes se benefician de contratos de obras, energía, seguridad y servicios. La paz se redefine como estabilización favorable a inversiones, con un fuerte protagonismo de empresas de armamento, construcción, infraestructura y finanzas.

En política interna, el discurso se arma alrededor de la promesa de una “recuperación histórica”, habla de crecimiento, de baja de inflación, de creación de empleo, de defensa de la clase media trabajadora. Pero las medidas concretas refuerzan el carácter de clase del proyecto, se consolidan recortes de impuestos a los ricos, se profundiza la desregulación ambiental y laboral, se promueven esquemas de ahorro individual (por ejemplo, para jubilaciones) que obligan a cada trabajador a jugar su futuro en el mercado financiero, mientras el Estado renuncia a garantizar sistemas universales robustos. El aparato de seguridad interna –policías, agencias federales, ICE– se afirma como brazo disciplinador: se endurece la política migratoria, se legitiman redes de detención y deportación masivas, se extiende la vigilancia sobre comunidades racializadas y pobres. La idea de “ley y orden” funciona como contención de cualquier conflicto social, desde huelgas hasta protestas antirracistas, pasando por movimientos contra desalojos o cortes de servicios.

Su propaganda política es polarizada, su bloque mediático y político celebra el discurso como prueba de liderazgo y éxito, mientras una parte significativa de la población y de la prensa crítica señala la brecha entre relato y realidad, deuda en niveles sin precedentes, salarios que no acompañan, precarización, crisis habitacional, violencia policial, desigualdad consolidada. Pero el punto central no es solo qué tan verídico sea el retrato de la situación, sino qué tipo de reorganización de la sociedad propone, una en la que el Estado se fortalece como garante de los negocios del gran capital nacional y transnacional, como administrador de guerra y paz, y como policía de la clase trabajadora y de todos los sectores subalternos.

Si se mira desde Argentina, la figura de Milei aparece, al mismo tiempo, como espejo deformado y como versión colonizada de ese proyecto. Trump, con todas sus contradicciones, dirige la principal potencia imperialista del planeta, dispone de moneda de reserva mundial, capacidad militar sin equivalente, mercado interno gigantesco y una burguesía con poder real sobre la economía global. Puede darse el lujo de usar aranceles como arma, de negociar desde una posición de fuerza con China, Europa o cualquier otro actor, de repartir subsidios y protecciones a “sus” productores cuando la guerra comercial les canta las pelotas. Su proteccionismo es una política de defensa relativa de su capital nacional, incluso mientras utiliza su poder para disciplinar al resto del mundo.

Milei, en cambio, gobierna un país semicolonial, dependiente de créditos de organismos internacionales, de exportaciones de materias primas y de capitales que entran y salen especulativamente. Su discurso copia la retórica de “libertad de mercado” y odio al Estado, pero no la parte de defensa, aunque sea limitada, de una burguesía nacional frente a competidores externos. Allí donde Trump sube aranceles para proteger a sus industrias, Milei plantea bajarlos o eliminarlos, abrir unilateralmente la economía, reducir al mínimo los instrumentos de política comercial y aceptar que la producción local compita en desigualdad total con gigantes extranjeros. Allí donde Trump negocia condiciones para sus agricultores, sus sojeros, sus petroleras, Milei promueve abiertamente la extranjerización y entrega de recursos, abre Vaca Muerta, el litio, la infraestructura y las empresas públicas y semipúblicas a capitales transnacionales sin contrapartidas claras en términos de desarrollo interno, encadenamientos productivos o empleo con derechos. Un zángano.

En el caso de los sojeros, la diferencia es clara. El agronegocio estadounidense tiene un Estado que negocia en su nombre, que usa aranceles, subsidios, tratados bilaterales y presiones para colocar su soja, su maíz, su carne, sus biocombustibles. El agronegocio argentino, en cambio, es empujado por Milei hacia un esquema donde el Estado se retira como regulador y como actor estratégico, mientras se refuerza la dependencia de traders globales, fondos de inversión y grandes grupos exportadores. El mensaje es, “liberen el mercado y ellos solos se arreglan”. En la práctica, eso consolida el lugar de Argentina como proveedor primarizado, suma sujeciones nuevas –por ejemplo, condiciones dictadas por el FMI o por acuerdos de “libre comercio”– y reduce aún más la capacidad del país para usar su producción de alimentos y materias primas como herramienta de negociación soberana. Trump protege a “sus” sojeros porque encarnan un capital estratégico de su nación imperial; Milei expone a los sojeros argentinos a la lógica pura del mercado mundial, en la que el Estado local se declara neutral mientras, en realidad, se vuelve garante de los intereses de las grandes casas exportadoras y de los compradores globales.

Sin embargo, en un punto crucial Milei no solo se iguala, sino que profundiza el ataque a la clase obrera que Trump ya despliega. Ambos comparten una misma visión, los derechos laborales, los convenios colectivos, la organización sindical, la seguridad social pública, los servicios universales, son privilegios, dicen, en realidad para ellos, son obstáculos para la acumulación de capital. Trump actúa desde arriba, reforzando el poder patronal en las relaciones laborales estadounidenses, debilitando sindicatos, promoviendo figuras de trabajo “flexible”, persiguiendo a migrantes para que acepten condiciones de superexplotación. Milei intenta ir más allá, en un país donde la clase obrera tiene una historia de conquistas importantes: “reforma” laboral, facilidades para despidos, debilitamiento de convenios, expansión de figuras como el monotributo dependiente, presión ideológica para que los trabajadores se perciban como “emprendedores” individuales, componentes, o modernos carneros y no como parte de una clase.

La colonización ideológica se ve en la forma en que se promueve el modelo de trabajador “libre” que factura, sin convenio, sin protección, siempre reemplazable. En una economía dependiente, esto no fortalece ninguna “competitividad nacional”, sino que coloca a la fuerza de trabajo argentina como fuerza de choque barata para cadenas globales de valor, tercerización de servicios y, en muchos casos, circuitos ligados a economías ilegales. Los “libertos” que militan por la libertad de mercado terminan defendiendo un orden donde el país es proveedor subordinado de energía, alimentos y materias primas, y donde ellos mismos se ubican como intermediarios, consultores, brokers o gerentes de negocios hechos a medida del capital extranjero y del gran empresariado local asociado, con una masa de trabajadores convertidos en componentes y fragmentados, endeudados y sin red de protección.

La diferencia entre Trump y Milei, entonces, no está en el amor o el odio al mercado, que comparten, ni en su desprecio por la organización de la clase obrera, que también comparten, sino en la posición que ocupan en el sistema mundial. Trump habla y actúa desde el centro imperial y usa el Estado para proteger, hasta cierto punto, a sectores de su capital nacional frente al resto del mundo. Milei habla desde una periferia endeudada, resultados de la llegada tarde a la división mundial del trabajo, renuncia incluso a los pocos instrumentos de defensa que le quedan y convierte a la Argentina en un laboratorio extremo de desregulación, privatización y entrega, en nombre de una “libertad” que, en un momento era libertad sin los medios de producción, y ahora se asemeja a libertad sin empleo formal para la clase obrera, se traduce en más precariedad, más subordinación y menos capacidad de decidir sobre su propio destino. Que se vayan. 

Anexo:

El Trump y su prontuario narco que todos esconden 

Donald Trump construyó su imagen política sobre dos palabras, “ley y orden”. Detrás de ese lema, sin embargo, hay una biografía empresarial atravesada por vínculos reiterados con personajes del narcotráfico y con circuitos donde el lavado de dinero de drogas no es la excepción sino parte del modelo de negocios. No se trata de inventar un “narco-presidente” al estilo de serie, sino de observar cómo el capital del crimen organizado encontró en el universo Trump un lugar cómodo para hacerse respetable, al mismo tiempo que el magnate agitaba la bandera de la guerra contra las drogas.

Uno de los casos más claros es el de Joseph Weichselbaum, piloto de helicóptero y proveedor de servicios para los casinos de Trump en Atlantic City. Weichselbaum fue condenado tres veces por narcotráfico, incluyendo una causa importante por importación y distribución de cocaína y marihuana. Pese a que sus antecedentes eran conocidos, la relación comercial con los casinos de Trump se mantuvo, y cuando el traficante enfrentó sentencia, el propio Trump le escribió al juez pidiendo clemencia y describiéndolo como un hombre valioso. Después de su condena, Weichselbaum terminó vinculado a departamentos en Trump Tower, lo que desmiente la idea de un trato distante o accidental, había proximidad personal y económica con un narcotraficante reincidente. Algo similar ocurre al mirar los casinos de Atlantic City, el Taj Mahal llegó a acuerdos con autoridades federales tras admitir violaciones a normas antilavado. En la práctica, eso significa que durante años funcionó como un espacio donde el origen del dinero de grandes apostadores no se controló adecuadamente, abriendo la puerta al blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, la mafia y otros delitos. En Nueva York, la construcción del imperio inmobiliario de Trump en los 70 y 80 se hizo de la mano de contratistas y sindicatos ligados a familias mafiosas, las mismas que controlaban obras, hormigón y protección en la ciudad. Y cuando la marca Trump se expandió al exterior, aparecieron nuevos capítulos: torres de lujo en Panamá y otros centros financieros vinculados, según investigaciones periodísticas, a redes de lavado donde confluyen capitales de carteles latinoamericanos, estafadores financieros y funcionarios corruptos. La respuesta de la organización Trump siempre fue que ellos solo vendían licencias y no podían controlar a cada comprador; pero es precisamente esa “ceguera deliberada” la que hace posible que millones de dólares de origen oscuro se integren al circuito formal.

La conclusión política es clara. Trump aparece como jefe y  un empresario capitalista que sistemáticamente se benefició de un ecosistema donde el dinero del narco y del crimen organizado que lo rodea y circula, se blanquea y se transforma en casinos, departamentos y torres de lujo. Mientras construía su carrera presidencial prometiendo mano dura contra las drogas y militarización de barrios pobres, parte de su fortuna y de su prestigio se alimentó de relaciones con traficantes condenados y con estructuras proclives al lavado. Esa contradicción no es solo personal, revela cómo, en el capitalismo contemporáneo, el límite entre “dinero limpio” y “dinero sucio” se vuelve poroso cuando hay suficiente rentabilidad de por medio, y cómo el discurso de “ley y orden” se usa hacia abajo –contra los barrios, los migrantes, los jóvenes, los trabajadores y la izquierda– mientras hacia arriba se integra sin demasiados escrúpulos el capital del crimen a la élite económica respetable.