El Peronismo entregó la Reforma Laboral

 

Por Raúl Valle 

El prontuario de la historia peronista terminó en sus tiempos políticos cediendo a la reforma laboral de Milei. Podrá sobrevivir como un zombie político pero hacia más apoyo a la derecha. Los que buscan desafiliar del PJ a los "traidores" que la votaron no saben nada o ocultan deliberamente su carrera de arribistas , oportunista o defienden conscientemente los privilegios que les da su vida material. Ocultan desafiliar al privatizador Menem y sus cómplices, y a todos los peronistas que militan en la actualidad en el partido libertario y gobiernan con Milei para la reforma laboral y para el privilegio patronal y capitalista porque destruyen conscientemente los derechos de los trabajadores.

Visto desde la izquierda, no es una serie de errores aislados sino una línea histórica de continuidad, un movimiento creado para contener a la clase obrera, encuadrarla bajo tutela estatal y garantizar, una y otra vez, la gobernabilidad del capitalismo argentino. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de 1943 hasta los votos peronistas que hoy habilitan la reforma laboral de Milei, el hilo es el mismo, concesiones parciales arriba, disciplinamiento feroz abajo, represión abierta cuando hace falta y adaptación servil a las exigencias del capital local e imperialista.

Perón irrumpe en 1943 al frente de una dictadura militar nacionalista que necesitaba desactivar el ascenso obrero que venía del ciclo de huelgas de los años 30 y del impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre los precios y la producción. Desde la Secretaría de Trabajo reparte mejoras largamente reclamadas donde algunas reivindicaciones, que en realidad, estaban fijadas por gobiernos provinciales anteriores o propuestas por socialistas en el marco de la lucha de clases que les otorgaba respeto y un ascenso en desarrollo para construir un partido de trabajadores independiente que había que cancelar—aguinaldo, vacaciones pagas, Estatuto del Peón Rural que apenas duró un año, indemnización por despido— por eso, ata a las masas trabajadoras a una arquitectura política, sindical vertical y estatizada. La CGT se convierte en un “Estado Mayor” de la clase obrera, pero subordinado al verdadero Estado Mayor, el gobierno y, detrás de él, las Fuerzas Armadas y la burguesía. La huelga, lejos de ser consagrada como derecho político fundamental, es reglamentada, limitada y en muchos casos criminalizada. La fórmula de Perón es clara, “les doy derechos, pero me entregan la dirección”. Allí nace la primera gran reforma laboral peronista del decreto 536 del año 1946, no tanto en el texto de los decretos sociales, sino en la estatización de los sindicatos y la domesticación del conflicto de clase.

En política exterior, el cuento de la “tercera posición” se desploma cuando se mira la letra chica. En 1945, la Argentina firma el Acta de Chapultepec y se integra a un sistema interamericano diseñado bajo la égida de Washington para disciplinar a cualquier país que se apartara del libre juego del capital norteamericano. Poco después, el gobierno peronista ratifica el TIAR en Río de Janeiro, un pacto militar que compromete a defender el hemisferio en caso de agresión exterior, pero cuyo verdadero objetivo es anclar a América Latina en el bloque occidental en plena Guerra Fría. Perón llega a decir a diplomáticos estadounidenses que, si hubiera guerra entre Estados Unidos y la URSS, la Argentina se alinearía sin titubeos con el primero. La famosa tercera posición, que en el discurso se presenta como camino independiente, en los hechos funciona como política de equilibrios internos y retórica nacionalista, mientras hacia afuera se acata la arquitectura imperialista.

El primer peronismo tampoco fue el paraíso sin huelgas que la liturgia repite. Hubo paros en la carne, en los municipales, en bancarios, en seguros, en gráficos, en ferroviarios, muchos de ellos respondidos con ilegalizaciones, despidos, cárcel y represión. La CGT, ocupada por dirigentes leales al gobierno, actuó como un dique de contención: levantó huelgas, aisló conflictos, persiguió opositores internos y desplazó a los sectores más combativos de los gremios, hasta hubo asesinatos de opositores. Los famosos “Derechos del Trabajador” de la Constitución del 49 omiten el derecho de huelga; no es un olvido, es la marca de fábrica de un régimen que reconoce al obrero como sujeto tutelado, nunca como poder independiente.

Para el militante y luchador de izquierda, las caracterizaciones de Nahuel Moreno al respecto deben reconocerse como las de los  mayores errores estratégico de la historia de la izquierda mundial. Se asumen como "los soldados de Perón", son los restos del Mas, los MST, Izquierda Socialista, y el PTS (todavía desde el quiebre político no tiene una caracterización propia del derrumbe de ese aparato, solo una versión copiada del centrismo)

En los años 70, el peronismo entra en su fase más siniestra. La vuelta de Perón en 1973 canaliza las expectativas de millones de trabajadores y jóvenes radicalizados que venían del Cordobazo y de las coordinadoras fabriles, pero el viejo general vuelve con un programa restaurador, reconstruir el orden burgués y aplastar a la izquierda que había florecido en los años de dictadura. El tercer gobierno peronista ante la crisis económica e inflacionaria se asienta sobre una alianza entre el ala más derechista del movimiento, la burocracia de la CGT y los aparatos represivos del Estado. La Masacre de Ezeiza, el Navarrazo en Córdoba, la persecución a las comisiones internas combativas muestran que el enemigo principal del peronismo en el poder ya no es la “oligarquía” sino la propia clase obrera cuando se organiza por fuera de su control.

En ese marco Perón funda la Triple A, no es un cerco donde el viejo no sabía, donde fue engañado, fue autor intelectual. 

Bajo la jefatura política de José López Rega, ministro de Bienestar Social de Perón e Isabel, y con la participación activa de cuadros sindicales como Lorenzo Miguel, la Triple A se convierte en un escuadrón de la muerte que asesina a cientos de militantes obreros, estudiantiles, socialistas, peronistas de izquierda, intelectuales y artistas. No es un “exceso” de bandas sueltas sino un dispositivo armado y financiado desde el Estado, nacido con Perón en vida y amparado por la firma del propio líder en documentos internos que llaman a “utilizar todos los medios” para erradicar el marxismo. Los decretos de “aniquilamiento de la subversión” de 1975, firmados primero para Tucumán y luego extendidos a todo el país, son la continuidad “legal” de esa política, le entregan al Ejército la tarea de aplastar a las organizaciones armadas y al activismo clasista antes de que los militares tomen el poder. El golpe del 76 no cae desde el cielo: se monta sobre un andamiaje represivo, jurídico y político construido por un gobierno peronista decidido a ser la última muralla frente a la revolución.

La dictadura genocida (1976-1983) arrasa con la vanguardia obrera, estudiantil y popular, pero preserva a la cúpula sindical peronista como herramienta para la “normalización” del régimen post-militar. Muchos dirigentes pasan por prisión o por una fugaz proscripción, pero las estructuras de poder de la CGT sobreviven. Los que no caen desaparecidos son los jefes de los grandes gremios, sino activistas de base, comisiones internas independientes, delegados combativos. La democracia del 83 encuentra así a una burocracia intacta, disciplinada por la experiencia y lista para negociar su lugar en el nuevo pacto social.

Esa burocracia peronista va a jugar un papel decisivo en el siguiente gran capítulo del prontuario, la década menemista. Carlos Menem llega a la presidencia en 1989 prometiendo “salariazo” y “revolución productiva”; aplica, en cambio, el plan más salvaje del neoliberalismo latinoamericano. Amparado en la Ley de Reforma del Estado y en las leyes de Emergencia Económica, privatiza ENTEL, YPF, Aerolíneas, Gas del Estado, ferrocarriles, electricidad, agua, bancos públicos; entrega sectores enteros de la economía a empresas multinacionales y grupos locales, destruye el sistema jubilatorio con las AFJP, impone la convertibilidad, abre la economía a importaciones masivas, dispara la desocupación y precariza todas las relaciones laborales. Todo eso no se habría podido hacer contra la clase obrera sin una CGT adicta.

Lorenzo Miguel, Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, entre otros, actúan como arietes del ajuste, aceptan recortes, levantan paros, firman convenios de flexibilidad, neutralizan las resistencias más peligrosas. Barrionuevo, un lumpen y patotero de la barra de Chacarita, se inició tomando una sede de la sede de gastronómicos de San Martin y pasó a patrón político de gastronómicos, ingresa de lleno al negocio de las obras sociales, maneja millones en aportes de los trabajadores y se sienta en la mesa chica del poder; Cavalieri convierte al sindicato de Comercio en una maquinaria electoral y financiera que recauda fortunas vía cuotas, servicios y obra social; Gerardo Martínez, un servicio de inteligencia del batallón 601, colocado por lus militares y policías como capo de la UOCRA, la UOM y otros gremios se integran en acuerdos tripartitos donde los trabajadores ponen el cuerpo, los empresarios se quedan con las ganancias y los burócratas cobran su comisión. La famosa frase de Barrionuevo —“tenemos que dejar de robar por lo menos dos años”— resume con crudeza la impunidad con que opera esa casta.

La experiencia kirchnerista no rompe con ese esquema; lo recicla. Néstor y Cristina Kirchner llegan al poder envueltos en el clima del Argentinazo de 2001 y la bancarrota del modelo neoliberal. El discurso se llena de palabras como “derechos humanos”, “industria nacional”, “inclusión social”, y se apoyan en parte en la recomposición salarial que permite la devaluación y el ciclo de crecimiento impulsado por la soja y los altos precios internacionales. Pero la estructura de precarización laboral heredada de los 90 y la Alianza permanece casi intacta, el monotributo, creado en 1998 por Menem, se expande como forma de relación encubierta de dependencia sin estabilidad ni derechos; las pasantías se usan como empleo barato; el período de prueba se mantiene; los convenios flexibilizadores de la era Menem no son derogados de raíz.

Al mismo tiempo, los gobiernos kirchneristas consolidan una alianza estratégica con la CGT. Moyano, durante años, es el socio principal del kirchnerismo, organizando actos multitudinarios a cambio de control sobre cajas y estructuras; luego, cuando se rompe esa sociedad, el oficialismo se recuesta en la “CGT de los Gordos”: Cavalieri, Caló, Pignanelli y compañía. Cristina Kirchner, lejos de estar “por encima” de las clases, se ubica abiertamente del lado de la patronal en conflictos decisivos, ataca por cadena nacional a los docentes, los acusa de vagos, de tener tres meses de vacaciones, de trabajar de poco, defiende techos salariales mientras la inflación licúa el poder de compra, y utiliza el impuesto a las Ganancias como ajuste directo sobre el salario. El kirchnerismo garantiza, además, ganancias históricas a los bancos y a los grandes grupos industriales, que acumulan tasas de rentabilidad récord durante más de una década. La retórica de confrontación (“ellos”, “los grupos concentrados”) convive sin pudor con negocios concretos con Techint, Chevron, el capital financiero local e internacional.

En este contexto, Jorge Altamira (PO) elaboró la idea de que el gobierno de Cristina Kirchner representaba un “bonapartismo tardío” o “con faldas”, un poder personal que arbitra entre las clases, se eleva por encima de ellas y concentra en la figura presidencial la síntesis de la dominación. El problema de esa caracterización es que diluye el contenido de clase. Un bonapartismo, en el sentido marxista, supone un equilibrio inestable entre clases en pugna y un poder que se hace relativamente autónomo de cada una de ellas para salvar al conjunto del orden social. Cristina jamás fue eso, fue la jefa política de una fracción burguesa —ligada al capital industrial, energético y financiero local— apoyada en un aparato peronista territorial, sindical y estatal. No hubo neutralidad entre las clases: hubo administración “progresista” de la explotación capitalista.

El cuarto gobierno kirchnerista, con Alberto Fernández en la Rosada y Cristina como poder real, terminó de despejar dudas. La designación de Sergio Massa como “superministro” de Economía en 2022 fue la admisión explícita de que el peronismo se preparaba para gestionar el ajuste pactado con el FMI. Massa ejecutó un programa de recorte del gasto, tarifazos, licuación de salarios y jubilaciones, y “sinceramiento” cambiario que sobrecumplió las metas de déficit y acumulación de reservas exigidas por el Fondo. Se recortaron masivamente planes sociales, se ahogó el presupuesto universitario, se degradó el poder de compra del salario mínimo, mientras la CGT se mantuvo en un plano de mínima protesta simbólica. La “salida por arriba” del kirchnerismo fue presentar al propio Massa como candidato presidencial en 2023, es decir, ofrecer al pueblo trabajador como alternativa al mileísmo al mismo hombre que venía de aplicar el plan del Fondo.

La llegada de Milei al gobierno en 2023-2024 no hubiera sido posible sin esta historia previa de frustraciones, traiciones y vaciamiento de expectativas por parte del peronismo. Pero el prontuario no se detiene en la responsabilidad “indirecta”, continúa con una colaboración directa y concreta. Gobernadores peronistas se convierten en socios indispensables del oficialismo libertario para garantizar el quórum y los votos de leyes claves: la Ley Bases, que profundiza el saqueo de recursos naturales, y la reforma laboral que barre con décadas de conquistas. Mientras Milei insulta por televisión a la “casta sindical”, en el Congreso negocia con bloques ligados al peronismo provincial; mientras la CGT convoca paros aislados de 12 o 24 horas y actos rituales en el centro porteño, evita por todos los medios abrir un verdadero plan de lucha hasta derrotar la ofensiva patronal.

La nueva CGT, elegida en 2025 en un congreso casi blindado a la base, nace con la misión declarada de “negociar” con el gobierno de Milei los impactos de la reforma y “preservar el sistema de obras sociales”. Es decir, defender la caja antes que los derechos de los trabajadores. En paralelo, una generación de burócratas eternos —Barrionuevo, Cavalieri, Lingeri, Martínez y los herederos de Moyano— sigue administrando sindicatos como si fueran empresas propias, con salarios de lujo, flotas de autos, inmuebles, clínicas, hoteles, colegios, restaurantes, estaciones de servicio y medios de comunicación. No es una metáfora decir que se han convertido en empresarios, compiten en mercados, contratan y despiden personal, tercerizan servicios, participan de licitaciones estatales. El sindicato dejó de ser, hace mucho, una herramienta de defensa colectiva para convertirse en la base económica de una casta. Por eso los miembros del FITU se equivocan cuando les exigen la huelga general.

En este cuadro, el peronismo cumple la función que tuvo desde su origen, cuando las masas se mueven, las encauza hacia los corredores institucionales; cuando el régimen necesita pasar un ajuste, lo hace con un gobierno peronista al frente o con sus votos en el Congreso; cuando la derecha se debilita, se ofrece como recambio “popular” para recomponer la gobernabilidad; cuando la izquierda crece, se la acusa de “funcional a la derecha” por no votar a Scioli (?) para disciplinar a sectores díscolos.

Por eso la discusión estratégica no puede quedarse en el catálogo de traiciones —aunque es necesario hacer ese inventario—, sino que debe concluir en la necesidad de una superación política, romper con el peronismo como horizonte de la clase obrera y construir un partido propio de trabajadores, independiente del Estado, de los gobernadores, de la burocracia sindical y de cualquier variante del PJ.

Ese partido no nacerá de un decreto ni de una iluminación; surgirá de la experiencia acumulada de miles de luchas, de las huelgas docentes, de los conflictos fabriles, de las rebeliones de desocupados, de las peleas por la tierra y la vivienda, de las asambleas contra el extractivismo, de la resistencia a reformas laborales y previsionales. Pero solo podrá estabilizarse y convertirse en dirección alternativa si rompe consciente y definitivamente con la ilusión peronista, incluida su versión “progre” kirchnerista.

Mientras el prontuario del PJ siga siendo vivido como una anécdota o como “errores” de tal o cual dirigente, el ciclo de contención, frustración y giro a la derecha se repetirá. Asumir que el peronismo es parte del problema, y no una vía de solución “mal aprovechada”, es el primer paso para que la clase trabajadora se organice con un programa propio, de izquierda, socialista, sin tutores ni caudillos, y pueda, por fin, escribir su propia historia sin que otro la administre en su nombre.

No somos columna vertebral, somos cerebro.