El (no)sujeto libertario
Por Raúl Valle
El sujeto mileísta no cae del cielo, es el producto directo de una reestructuración profunda del mundo del trabajo donde la precarización y la flexibilidad se volvieron la norma para las nuevas generaciones, mientras el peronismo en el gobierno y en los sindicatos se adaptó a esa ofensiva del capital en lugar de enfrentarse a ella. La juventud llega a Milei después de haber pasado una experiencia y por un itinerario concreto de empleos inseguros, mal pagos, sin derechos efectivos, y de haber comprobado, en carne propia, que buena parte de la retórica peronista sobre “el trabajo digno” y “el modelo sindical” no coincidía con su experiencia real.
Desde el ciclo neoliberal de los ’90 hasta la crisis del modelo “nacional–popular se fueron desmontando las condiciones del empleo estable que habían permitido la integración de amplios sectores de la clase obrera a través del trabajo industrial, los convenios y la seguridad social. La flexibilización fue presentada como necesidad histórica, bajar costos, hacer más eficiente a la empresa, adaptarse a la “nueva economía”. La dictadura abrió la puerta, el menemismo profundizó la destrucción y, cuando llegó el kirchnerismo, en vez de revertir de raíz ese andamiaje, optó por gobernar dentro de él. Es cierto que se redujo el desempleo, que volvió la negociación colectiva y que muchos salarios mejoraron respecto del pozo del 2001; pero el patrón estructural del mercado de trabajo quedó en pie, precariedad masiva en los márgenes, tercerización, informalidad, subcontratación, empleo juvenil hiperflexibilizado.
Eso se ve con claridad en espacios como los hipermercados, verdaderos laboratorios de la “nueva” organización del trabajo. Allí conviven efectivos, contratados por agencia, tercerizados, pasantes, promotoras, con regímenes de jornada diferentes, salarios diferenciados y derechos fragmentados. El mismo lugar reúne “todo bajo un mismo techo”, mercancías, clientes y una heterogeneidad brutal en el interior de la fuerza laboral. El empleo se vuelve precario porque siempre está en cuestión la continuidad del contrato, porque los turnos son rotativos y porque el empleador real –la gran cadena– se esconde detrás de agencias de empleo temporal que firman los papeles.
El trabajo se vuelve precario porque las tareas se descalifican, se vuelven repetitivas, controladas por el tiempo del cliente y por indicadores fríos, se profundiza el proceso de la alienación de la mercancia con el sentido de pérdida del reconocimiento simbólico del orgullo profesional. El joven, en ese esquema, nunca termina de sentirse parte de algo; sabe que puede ser reemplazado en cualquier momento por otra tanda.
El kirchnerismo, en lugar de enfrentar esa lógica, la administró. Hizo de las grandes empresas precarizadoras un pilar de su “modelo de consumo”: supermercados abarrotados, promociones, tarjetas, salarios que permitían cierta recomposición del consumo, pero sobre la base de planteles de jóvenes sometidos a rotación, contratos por agencia, horas extra no pagas, jornadas impuestas por las necesidades de la caja. El Estado aceptó la tercerización como forma “natural” de organización de ciertas actividades; no impulsó una transformación profunda para incorporar masivamente a tercerizados y contratados a plantas estables; multiplicó figuras precarias dentro de su propio ámbito (locaciones, planes, becas, pasantías) que reproducían, en el sector público, aquello que decía combatir en el privado. Para millones de jóvenes, su experiencia concreta del “modelo” fue entrar por la puerta de atrás: hipermercado, call center, comercio, app, siempre con la idea de que era “provisorio”, pero sin salida real a otra cosa.
El peronismo sindical acompañó ese giro. Los sindicatos que habían nacido y crecido defendiendo el empleo estable y los convenios colectivos se acostumbraron a un doble juego: negociar aumentos y beneficios para los trabajadores “en blanco” protegidos y tolerar la existencia de un cinturón de precariedad por fuera del convenio. En el caso de los supermercados, los jóvenes de agencia trabajaban al lado de la base afiliada, pero sin los mismos derechos y sin la misma representación.
La burocracia sindical –ligada orgánicamente al peronismo– prefirió preservar su control sobre lo que quedaba del “trabajo típico” antes que encarar la tarea más difícil: organizar a los precarios, pelear contra la tercerización, discutir el poder de las grandes empresas. En la práctica, la fragmentación del colectivo obrero se convirtió en estrategia de gestión: dividir para negociar mejor desde arriba, incluso a costa de abandonar a los más jóvenes.
La precarización, además, no es sólo un dato económico; se vive como relación de poder. El joven que entra a un hipermercado o a un call center lo hace con expectativas modeladas por la sociedad: sabe que “como joven” se espera de él flexibilidad, docilidad, disponibilidad absoluta. Y compara ese trabajo con sus experiencias anteriores –más informales, peor pagas–, de modo que la entrada a una gran empresa puede verse al principio como un avance. Pero enseguida choca con el techo, salarios bajos, horarios que cambian semana a semana, supervisores que “negocian” horas extra, falta total de previsión sobre el futuro.
El empleo es incierto; el trabajo no da satisfacción ni identidad; el sindicato no aparece; el Estado lo rodea de discursos que no hablan de su realidad específica. La única salida a mano es construirse un relato en el que ese trabajo no lo define: es estudiante, es alguien que sueña con otra cosa, es “emprendedor” que hace algo aparte, es “ "free lance'' en potencia.
El caso de José Pedraza condensa la responsabilidad directa de la burocracia peronista y del kirchnerismo en la flexibilización y precarización de una generación de jóvenes ferroviarios. Bajo la gestión de Pedraza en la Unión Ferroviaria, y con el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada como el cómplice útil, el ferrocarril se reorganizó sobre un esquema de tercerización masiva: miles de trabajadores jóvenes quedaron fuera del convenio, contratados a través de empresas “satélite” ligadas a la propia burocracia sindical, con salarios más bajos, menos derechos y total dependencia de esos intermediarios. La “recuperación” del sistema ferroviario en la posconvertibilidad se montó, en buena medida, sobre esta mano de obra precarizada, presentada como modernización inevitable.
En ese marco, la oposición a este régimen de tercerización no vino de sectores libertarios ni de la derecha, sino del trotskismo y de la izquierda clasista que intentaron organizar a los tercerizados para que fueran incorporados al convenio ferroviario y a planta. La lucha de los jóvenes tercerizados del Roca, acompañada por partidos y organizaciones trotskistas, ponía en cuestión no sólo al concesionario privado y al Estado kirchnerista, sino al corazón mismo de la burocracia peronista de Pedraza, que hacía negocios con las tercerizadas. La respuesta del dispositivo fue ejemplificadora: patotas sindicales armadas, connivencia policial, impunidad estatal.
El 20 de octubre de 2010, en una movilización por el pase a planta de los tercerizados del ferrocarril Roca, esa alianza entre burócratas, privados y Estado se cobró la vida de Mariano Ferreyra, militante trotskista que acompañaba esa pelea. No fue un “exceso” ni un accidente: fue el punto extremo de una política que consistía en preservar el régimen de precarización a costa de la sangre de quienes lo cuestionaran. El crimen de Mariano expuso brutalmente que, detrás del discurso kirchnerista sobre la “década ganada” y la “vuelta del Estado”, seguía operando una matriz de flexibilidad laboral administrada por el peronismo y defendida a tiros por sus propias burocracias sindicales.
En ese contexto, la responsabilidad del peronismo es doble. Como fuerza que hegemonizó el Estado durante años, administró el ajuste estructural sobre el mundo del trabajo sin romperlo; como dirección del movimiento obrero, a través de sus cúpulas sindicales, dejó a la juventud trabajadora al margen de la protección efectiva. No fue sólo omisión: hubo acuerdos, hubo reformas parciales, hubo aval explícito a formas de flexibilidad que recortaban derechos. Al aceptar el lenguaje de la “modernización” y del “trabajo de paso para jóvenes” en sectores comercial y de servicios, el peronismo se hizo coautor de la naturalización de la precariedad. Se proclamó defensor de los trabajadores mientras convertía al trabajo joven en una mercancía descartable.
A partir de ahí se entiende mejor por qué una franja de la juventud vira hacia Milei. Esa juventud precarizada escucha a la derecha decir que “el problema es la casta política y sindical”, y se propone acabar con el populismo y reconoce en esa fórmula una parte de su experiencia, patrones abusivos, sí, pero también funcionarios y burócratas que nunca estuvieron de su lado. La vida concreta le enseñó que los derechos laborales son algo que otros tienen; que el sindicato es un edificio que arregla cosas para algunos; que el Estado es empleador precario más que garante de estabilidad. Así, la promesa libertaria de romper todo, de destruir “privilegios”, se presenta como una vendetta contra un sistema donde el peronismo aparece, con justicia, como parte del poder. La bronca que podría haber sido motor de reorganización obrera se recicla en voto de castigo.
La conclusión es bien clara: el peronismo, en sus formas estatales y sindicales, terminó entregando a la clase obrera –y en particular a su fracción juvenil– a la reforma laboral permanente. No hace falta una gran ley para verlo, la reforma ya existe en la práctica cotidiana de millones de jóvenes que no conocen la estabilidad, la carrera, el convenio, la negociación colectiva real. La “flexibilidad” que se acepta como natural en supermercados, cadenas de comida rápida, call centers, logística, apps, termina siendo el laboratorio desde el cual se generalizan los criterios de la nueva reforma, disponibilidad total, derechos relativizados, negociación individual, subcontratación como norma. El peronismo no sólo no frenó ese proceso; contribuyó a darle forma y legitimidad.
Justamente por eso, si hay una salida, no puede consistir en volver al mismo peronismo que gestionó la precariedad esperando que ahora se porte mejor. La alternativa tiene que venir desde abajo, de una juventud trabajadora que reconozca en su propia experiencia el núcleo de la relación capital–trabajo y que decida superar al peronismo por la izquierda, no sólo en el discurso sino en la organización.
Eso implica, en primer lugar, recuperar los sindicatos para los trabajadores, democratizar las estructuras, echar a las burocracias que han vivido décadas del Estado y de las patronales, abrir los gremios a los precarios, a los tercerizados, a los de agencia, a los de app. Implica también construir, a partir de esas experiencias, un partido de trabajadores que no sea apéndice del PJ ni muleta de ningún bloque burgués, sino herramienta propia para intervenir en las disputas políticas y en el Estado con un programa de ruptura con la flexibilidad y la precarización.
Proponer una salida por la positiva no es reclamar un regreso idealizado a los ’50, sino imaginar una reorganización contemporánea del movimiento obrero que recupere lo mejor de su tradición —su capacidad de articulación de masas, su lenguaje popular, su memoria de conquistas sociales— separándolo de la lógica de administración del capitalismo que asumieron sus conducciones. Se trata de construir un peronismo superado: un movimiento de trabajadores que pueda hablarle a la juventud precarizada desde su lugar, no desde arriba; que ponga en el centro la estabilidad, la reducción de la jornada, la igualdad de género, la sindicalización de los nuevos sectores, salarios iguales a la canasra familiar verdadera, la prohibición efectiva de la tercerización, la distribución del trabajo y de la riqueza.
Eso supone una ruptura, no sólo con personas, sino con la forma en que el peronismo se volvió partido del orden. Su “salida peronista” sólo puede ser real si deja de ser la salida de los gobernadores, de los barones sindicales y de los aparatos y se convierte en la salida de la clase obrera organizada, incluida su fracción más precarizada. Una nueva generación de trabajadores y trabajadoras, consciente de la trampa de la flexibilidad y de la impotencia de los viejos acuerdos, tiene la posibilidad histórica de transformar la bronca en organización, de pasar del anti–peronismo libertario a una superación consciente del peronismo desde posiciones de clase.
Esa es la única vía para que el joven mileísta deje de ser componente descartable del capital y pueda convertirse, otra vez, en sujeto de un proyecto colectivo que no administre la precariedad y la reforma laboral, sino que la derrote.

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