Despidos masivos y salarios de hambre: el manual del capitalismo periférico

"VAMOS A LUCHAR HASTA EL FINAL" 

 Por Raúl Valle

Argentina atraviesa desde noviembre de 2023 un proceso de destrucción de fábricas nunca visto que ya superó los 22.000 cierres, concentrando el grueso de las bajas en la provincia de Buenos Aires donde desaparecieron casi 6.000 compañías y se perdieron 62.000 puestos de trabajo. 

La velocidad de esta crisis industrial es incluso superior a la registrada durante la Convertibilidad de los noventa, cuando la apertura indiscriminada y las privatizaciones arrasaron con miles de PyMEs, o durante el estallido de 2001 que dejó fábricas abandonadas por doquier. 

Hoy, en apenas unos años de Milei, el ritmo de cierres duplica el desastre de aquella época, con empresas emblemáticas como Fate, Whirlpool y DASS echando el cierre mientras el peronismo contempla pasivamente la devastación.

Esta no es una crisis cíclica más ni el resultado de casualidades macroeconómicas, sino el funcionamiento mismo del capitalismo dependiente en su fase de recomposición del mercado laboral a favor de la plusvalía. 

El llamado "industricidio" responde a una lógica perversa pero perfectamente racional para el capital, la destrucción masiva de empleo formal genera una reserva industrial desocupada que obliga a los trabajadores a competir entre sí por puestos de trabajo precarios, aceptando condiciones de ultraexplotación, salarios deprimidos y la eliminación de conquistas históricas como la indemnización por despido. Así, los cierres de miles de empresas no son un fracaso del modelo económico sino su condición de existencia, ya que permiten al gran capital —tanto local como trasnacional— recomponer la relación de fuerzas con la clase obrera, eliminando el obstáculo que representaba el empleo asalariado regulado y sus derechos conquistados.

En el eje de la dependencia colonial, este proceso aparece como la actualización de un viejo patrón de acumulación por desposesión, se destruye la industria nacional para reconvertir la economía en proveedora de materias primas baratas y consumidora de manufacturas importadas, manteniendo al país en la periferia del sistema mundial capitalista. 

Los trabajadores despedidos de las fábricas cerradas no desaparecen del mapa productivo, sino que son absorbidos por la economía informal, el trabajo de plataformas o la precarización extrema, configurando así el "ejército industrial de reserva" que Marx describió como necesaria para mantener los salarios en el mínimo vital. 

La reforma laboral que se insinúa en el horizonte —con su flexibilización total, la desaparición de las indemnizaciones y la atomización de la negociación colectiva— encuentra en este desastre industrial su justificación perfecta, primero se destruye el empleo mediante el abandono estatal y la apertura importadora, luego se presenta como "solución" la entrega absoluta de derechos laborales para "generar trabajo". 

De este modo, en forma transicional, el capital logra lo que siempre buscó, una fuerza de trabajo barata, docilizada por el hambre y desorganizada por la desocupación masiva, lista para ser explotada en las condiciones que dicten los dueños del dinero. 

En este cuadro de situación, el peronismo no aparece como víctima pasiva sino como una pieza clave de la gobernabilidad del ajuste, en el Congreso, la mayoría de su bloque votó en contra de la Ley Bases y de la reforma laboral, pero al mismo tiempo gobernadores peronistas negociaron con Milei, permitieron quórum, avalaron artículos como el RIGI y garantizaron el funcionamiento institucional de un gobierno que destruía salarios, empleo e industria. 

Esa combinación —oposición discursiva y colaboración práctica— convirtió al PJ en amortiguador del descontento social, conteniendo la bronca en los márgenes de la “responsabilidad institucional” mientras se consolidaba el programa fondomonetarista.

La otra pata de esta complicidad fue la burocracia de la CGT, históricamente ligada al peronismo. Ante el cierre de más de 20.000 empresas, los despidos masivos y la ofensiva flexibilizadora, la conducción cegetista se negó sistemáticamente a llamar a una huelga general sostenida con movilización que unificara a los sectores en lucha. Optó por paros aislados, “jornadas de protesta” sin continuidad y mesas de diálogo con el gobierno, que en los hechos funcionaron como tiempo extra para que avanzaran la Ley Bases, los decretos antiobreros y la reforma laboral. Mientras la industria caía en picada y el desempleo crecía, la CGT actuó como dique de contención, frenando la organización independiente de los trabajadores y dejando el terreno libre para que el capital reestructurara el mercado laboral a su medida.

Así, lejos de ser un freno real al proyecto de Milei, el peronismo de gobernadores, legisladores y cúpulas sindicales fue el lubricante político y social del industricidio en curso. No redactó los decretos ni comandó el plan de ajuste, pero garantizó que no hubiera una resistencia proporcional a la magnitud del ataque, aceptó los marcos del FMI, respetó los pactos de gobernabilidad, limitó la lucha a la negociación parlamentaria y dejó aisladas las experiencias de fábrica tomadas, piquetes y coordinaciones de base. 

La responsabilidad política del peronismo no está sólo en los votos cruzados que ayudaron en artículos clave, sino sobre todo en haber permitido que el capital llegara exactamente a donde quería, a un país con miles de empresas cerradas, una masa de desocupados dispuesta a aceptar cualquier condición.

Sin embargo, los trabajadores, la mujer trabajadora y la juventud, no se caracterizan por ser una clase trabajadora disciplinada por el miedo, sino que pronto encontraremos un plan de lucha unificado y una dirección dispuesta a enfrentarse hasta el final contra el régimen que la condena a salarios de hambre.