DEBATE ¿Quién convoca la Huelga General?

Por Raúl Valle

La CGT está incapacitada para convocar a la huelga general. No se trata de una incapacidad técnica ni organizativa —tiene la estructura, los fondos y los aparatos para paralizar el país en 48 horas— sino de una incapacidad política, que es infinitamente peor. La Confederación General del Trabajo, a lo largo de los dos años de gobierno de Milei, ha demostrado con una coherencia pasmosa que su función no es defender a los trabajadores sino administrar su derrota en dosis soportables, negociando con el enemigo de clase, los empresarios capitalistas, los márgenes de la capitulación.

Cuando el Senado aprobó la madrugada del jueves 12 de febrero la reforma laboral más regresiva desde la dictadura cívico-militar —una reforma que destruye la indemnización por despido, flexibiliza la jornada, asfixia el derecho de huelga y somete las asambleas en los lugares de trabajo a la "autorización previa" del empleador—, la CGT no estaba en la calle organizando el combate: estaba reunida con Santiago Caputo, Karina Milei y Martín Menem negociando que no le tocaran las cuotas solidarias, es decir, la caja de los dirigentes.

El triunvirato cegetista —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— anunció recién el sábado 15 de febrero, tres días después de la media sanción, que adelantaría la reunión del Consejo Directivo al lunes para "definir" la convocatoria al paro. Jerónimo salió a decir por Radio 10 que "están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional". Pero un jefe sindical de peso confesó a Infobae la verdadera razón del apuro: "El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados".

La burocracia no convoca la huelga porque quiere ganarla: la convoca para controlarla, encorsetarla en 24 horas sin plan de continuidad y volver a sentarse a negociar. Y cuando ni eso hace, lo que organiza son movilizaciones sin paro —como la del 11 de febrero, donde envió a los trabajadores al Congreso pero "otorgó libertad de acción" a cada gremio en lugar de decretar la huelga, y donde la represión dejó 71 detenidos y decenas de heridos mientras la cúpula observaba desde Azopardo.

La historia es abrumadora. Armando Cavalieri, jefe del sindicato de Comercio —el más grande del país, con más de un millón de afiliados—, corrió a pactar con Milei apenas asumió, adhiriendo al Fondo de Cese Laboral cuando la CGT todavía fingía rechazar el DNU. El mismo Cavalieri que firmó paritarias al 1% mensual mientras la inflación trepaba al 3%, condenando a la miseria a más de un millón de mercantiles. El mismo que convocó a "movilizar" el 11 de febrero con un discurso encendido, pero sin paro y sin plan de lucha. Y el mismo que, para coronar la farsa, se mostró públicamente durante la jornada de protesta frente al Congreso como "empastillado" para —revelación que pinta de cuerpo entero a una dirigencia sindical que necesita medicarse para soportar la vergüenza de su propia inacción, o que directamente no está en condiciones físicas ni políticas de encabezar nada. Un hombre de 93 años, otro "empastillado", al frente del gremio más numeroso de la Argentina, negociando la entrega de los derechos de sus afiliados: esa es la imagen exacta de la burocracia sindical argentina.

La propia CGT negoció "reservadamente" con el asesor presidencial Santiago Caputo, con Karina Milei y con el presidente de Diputados Martín Menem para introducir cambios en la reforma, pero esos cambios se limitaron a preservar el financiamiento sindical —las cuotas solidarias— y a mantener el "poder de lapicera" de los gremios sobre los convenios. A cambio de eso, el bloque de La Libertad Avanza boicoteó en Diputados un dictamen de la UCR que democratizaba los sindicatos limitando las reelecciones de dirigentes y exigiendo transparencia patrimonial. Guillermo Francos, el peronista de Milei, dio la orden de no abrir ese frente: "Con la CGT hay una buena relación", dijo.

Milei salvó a la burocracia peronista de su propia democratización. Luis Barrionuevo selló el pacto con una frase que debería ser cincelada en mármol como epitafio de la CGT: "Venimos apoyando dos años al gobierno, le firmamos paritarias al 1%".

¿Se le puede seguir exigiendo a la CGT que convoque la huelga general?

Hay que responder que no. No porque la huelga no sea necesaria —es la medida más urgente que enfrenta el movimiento obrero argentino—, sino porque exigirle a la burocracia cegetista que organice un combate que ella misma está saboteando es una forma elaborada de perder el tiempo. La función que cumple la CGT en la estructura de poder es precisamente la de un fusible: absorbe la presión de abajo, la dosifica en jornadas de protesta inocuas y la devuelve al cauce de la negociación con el gobierno y los empresarios. Es lo que Jorge Sola explicó sin sonrojarse cuando dijo que "los paros hay que construirlos" —después de dos años sin construir ninguno.

¿Quién convoca a la huelga general si la CGT no puede ni quiere hacerlo? 

La respuesta está en los organismos que ya existen y que vienen actuando por fuera y contra la burocracia sindical.

El primero es el Plenario del Sindicalismo Combativo, que el 2 de febrero reunió a mil delegados y activistas en Parque Lezama —autoconvocados, sin permiso de la CGT— y votó una declaración que exige "un paro activo nacional y un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar la reforma y todo el paquete de Milei". Allí estuvieron el SUTNA, Ademys, AGD-UBA, la Unión Ferroviaria Haedo, ATE Garrahan, SiTraRepa, comisiones internas de fábricas, movimientos piqueteros independientes y agrupaciones de jubilados. Emanuel Di Blasio, de la Comisión Directiva del SUTNA, formuló lo que la CGT evita: "Rechazamos la parálisis de la CGT, que está negociando con el gobierno. Lo que hay que hacer es salir a enfrentarlo y no ceder ninguno de los derechos conquistados".

El segundo organismo es La Mesa de Coordinación Obrera (MOC) que se reunió el 31 de enero y exigieron a la CGT un paro nacional activo con plan de lucha continuo contra la reforma laboral.

Y el tercer organismo es el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), creado a fines de enero de 2026 en la sede de la UOM. Lo integran medio centenar de gremios que desbordan las fronteras de la CGT: la Unión Obrera Metalúrgica de Abel Furlán, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, ATE, La Fraternidad, y las dos CTA. El FreSU estableció un plan de lucha con movilizaciones en Córdoba, Rosario y la Capital, culminando frente al Congreso. Su documento fundacional con respecto a la reforma laboral, dice: "Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976". Mientras la CGT negociaba en secreto, la UOM se desmarcó y convocó un paro sectorial propio para el 11 de febrero. Las dos CTA confirmaron su propio paro y movilización para la misma fecha.

Pero estos organismos —el Plenario del Sindicalismo Combativo, el FreSU y el Movimiento de Organizaciones Clasistas— todavía tienen un límite: son los que por sus caracterizaciones tienen ilusiones en la dirección de la CGT y el peronismo y le hacen  llamados al paro o como la apolillada consigna morenista, dicen repetidamente, "exigencias y denuncias". El otro límite es que organizan a sectores del movimiento obrero, no al conjunto. Para que la huelga general sea efectiva —no un evento de protesta sino una paralización real de la producción y los servicios— hace falta algo más: un congreso de bases de todo el movimiento obrero, con delegados electos en asambleas de fábrica, hospital, banco, escuela, transporte, barrio, que centralice las decisiones y organice la continuidad de la lucha por encima de la burocracia sindical. Eso es lo que planteó Alejandro Guerrero desde el Círculo de Trabajadores cuando escribió que "cada lugar de trabajo o de estudio debe convertirse en un centro de conspiraciones para organizar la huelga general y, especialmente, un congreso de bases de todo el movimiento obrero para desplazar a esa banda mafiosa que es la burocracia sindical". No es una fórmula retórica, es la única manera de que la huelga no quede prisionera de los aparatos que la sabotean.

¿Y después de la huelga, qué? 

Este es el punto donde la discusión se vuelve más compleja y más necesaria. Guerrero sostiene la consigna de Asamblea Constituyente soberana y con poder, como consigna transicional de poder ante la crisis de Estado. El argumento es concreto, el gobierno de Milei no puede gobernar con métodos democráticos y recurre a métodos de golpe de Estado —delegación de facultades al Ejecutivo, purga de las Fuerzas Armadas, ampliación de la Corte Suprema, criminalización de la protesta, corrupción, narcotráfico—; frente a ese avasallamiento, la consigna de Asamblea Constituyente le plantea al país la discusión sobre qué bases sociales y económicas quiere reorganizarse. No se trata de una finalidad en sí misma ni de una ilusión parlamentaria: es, como la usó Lenin frente a la autocracia zarista, una consigna democrática radical que empuja la crisis hacia una salida de poder.

La objeción clásica a esta consigna —que formuló el dirigente del POR boliviano Ariel Román en el debate que reprodujo el Círculo de Trabajadores— es que la asamblea constituyente, en un marco burgués, solo puede servir para reformar el Estado burgués y alentar ilusiones reformistas en las masas. La experiencia boliviana con la Constituyente convocada por Evo Morales parece darle la razón. Pero Guerrero responde con un argumento que tiene peso histórico, la misma consigna puede jugar papeles opuestos según la situación concreta. En Bolivia fue usada por un gobierno que era fuerte para consolidarse; en la Argentina actual se plantea ante un gobierno que se desmorona, solo los pequeños burgueses de izquierdas no lo ven:  "La asamblea constituyente puede jugar un papel altamente revolucionario, como en la Rusia de 1917, o tan reaccionario como en la Bolivia de Evo Morales", escribió Guerrero. La diferencia la da la relación de fuerzas, no la consigna en abstracto.

¿Es viable esta consigna en la Argentina de 2026?

La viabilidad no depende de que un parlamento burgués la vote, sino de que se transforme en bandera de un movimiento de masas que la imponga. Guerrero es explícito: la asamblea constituyente se discute en las mismas reuniones y asambleas que preparan la huelga y un congreso de bases del movimiento obrero. No es una consigna separada de la lucha, sino parte del mismo proceso. Si el gobierno sigue desintegrándose, la pregunta de cómo reorganizar el país va a plantearse de todas formas. La cuestión es si esa reorganización la deciden entre cuatro paredes los mismos políticos y empresarios que produjeron la catástrofe, o si la discute el pueblo trabajador organizado en sus propios organismos.

Rechazar por principismo toda consigna democrática, como hace el POR boliviano cuando propone saltar directamente a la dictadura del proletariado, es lo que Guerrero llama "un sectarismo insalvable". Pero tampoco se puede agitar la huelga general sin darle una perspectiva política. ¿Entonces a dónde? No responden y no saben.

Lo que el POR tiene que entender es que una huelga de 24 horas sin consignas de poder es exactamente lo que hace la CGT: descomprime y vuelve a negociar. La huelga general necesita un programa y una salida: congreso de bases del movimiento obrero, asamblea constituyente soberana y con poder, que el país discuta sobre qué bases quiere reorganizarse.

La huelga general hay que hacerla. Con la CGT si se suma, sin ella y contra ella si se niega. Pero organizarla desde abajo, desde las asambleas de base, desde los cuerpos de delegados, desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, el FreSU y el Movimiento de Organizaciones Clasistas hasta un congreso nacional de trabajadores que centralice la lucha y le dé perspectiva política.

La CGT —con sus Cavalieris y Barrionuevos confesos que "empastillan" para dormir la lucha de los trabajadores y favorecer a la patronal y sus triunviros que convocan movilizaciones sin paro— quiere administrar la derrota. Los trabajadores necesitan organizarse para impedirla.

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