De la “reestructuración” al ajuste brutal: lo que esconde el cierre de FATE

 

Raúl Valle

El cierre de FATE y el discurso de Daniel Artana, justificándolo como una "reestructuración inevitable", son la radiografía de un modelo que sistemáticamente descarga la crisis sobre los trabajadores, presentando la destrucción de empleos como un costo colateral necesario para "modernizar" la economía. Modernización que implica ampliar el alcance de los privilegios patronales y el lucro capitalista para la explotación laboral.

Lejos de ser un episodio aislado, fruto de la ineficiencia local o de un proteccionismo excesivo, lo que está en juego es una crisis típicamente capitalista de sobreproducción y caída de las tasas de ganancia que hoy se expresa crudamente tanto en la industria del neumático como en otros sectores industriales. 

Cuando Artana afirma que "seguirá habiendo reestructuraciones empresariales", está diciendo, con un lenguaje edulcorado, que defiende el privilegio patronal, que seguirá habiendo cierres, despidos, recortes y precariedad, porque para mantener la rentabilidad del capital no hay otra salida dentro del propio sistema que abaratar el trabajo, concentrar la producción en menos manos y descartar todo aquello que ya no garantice una tasa de ganancia suficiente. 

El problema es que este proceso se presenta como una especie de ley natural, como si fuera la gravedad, sin mostrar el núcleo social y político de esta dinámica: la decisión consciente de la clase capitalista de preservar sus ganancias incluso a costa de sacrificar vidas, territorios y el futuro. 

El caso de FATE no puede entenderse como el "fracaso de una empresa", sino como la expresión local de una contradicción global. En la medida en que las empresas compiten entre sí por los mercados, cada una busca producir más y más barato, introduciendo tecnología, aumentando la productividad y expandiendo su escala. Esto les permite, durante una fase, obtener ganancias extraordinarias y desplazar a competidores más débiles, pero al mismo tiempo genera una creciente cantidad de bienes que solo puede obtenerse si existe una demanda solvente suficiente. Sin embargo, la principal fuente de dicha demanda son los salarios de los propios trabajadores, que el capital tiende a mantener bajos para maximizar la plusvalía. 

El resultado es que se produce más de lo que los asalariados y los sectores populares pueden comprar. Ese divorcio entre capacidad de producción y capacidad de consumo estalla periódicamente en forma de crisis de sobreproducción: fábricas que podrían seguir produciendo se paralizan, líneas enteras se cierran, trabajadores que podrían seguir trabajando son despedidos, no porque la sociedad no necesite neumáticos, transporte, alimentos ni vivienda, sino porque, bajo la lógica del lucro, producir sin vender con ganancias carece de sentido. 

A la sobreproducción se suma otra ley: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A medida que el capital se desarrolla, aumenta la relación entre la inversión en maquinaria, instalaciones, tecnología y materias primas (capital constante) y la masa salarial (capital variable). Pero solo el trabajo vivo crea nuevo valor; las máquinas transfieren el valor ya creado. Por lo tanto, a largo plazo, aunque el volumen de ingresos pueda crecer temporalmente, la tasa de ingresos tiende a disminuir. 

Para compensar esta caída, los capitalistas se ven obligados a intensificar la explotación, recortar salarios y alargar la jornada laboral. Precarizan, cierran plantas menos rentables y concentran la producción en unos pocos gigantes. La reestructuración que Artana naturaliza no es más que este proceso de ajuste brutal, que destruye el capital excedente (fábricas, maquinaria, empleos) para restaurar la tasa de ganancia de lo que queda. No es casualidad que la respuesta de economistas como Artana sea siempre la misma: rápida apertura comercial, flexibilidad laboral, reducción de costes (que en realidad son salarios, cotizaciones sociales, derechos) y confianza en que el mercado reasignará recursos a actividades más productivas. 

Si se omite que, en medio de esta transición, no hablamos de fichas en un tablero, sino de cientos o miles de familias trabajadoras que se quedan sin ingresos, en barrios ya golpeados por la inflación, el endeudamiento y la pobreza. El relato de la "apertura sin anestesia" es brutalmente honesto en un punto: reconoce que no habrá un colchón social serio, que el costo lo paga el trabajador y que, a ojos del capital, ese sufrimiento es un efecto colateral aceptable. 

Lo que se debate no es si Argentina era "demasiado proteccionista" o si ahora será "demasiado abierta", sino la naturaleza de clase de ambas salidas. El proteccionismo burgués anterior se utilizó para garantizar ganancias a los grupos locales que se beneficiaban de un mercado interno cautivo, sin que esto implicara necesariamente mejores salarios, condiciones laborales dignas ni la democratización de las decisiones empresariales. Si podían, también se ajustaban, externalizaban y despedían.

El libre comercio actual se propone como una cirugía radical para eliminar a los “ineficientes” y consolidar a los más fuertes, sean estos grupos extranjeros o locales asociados al capital financiero; en ambos casos, el empresario sigue siendo dueño de la decisión y el trabajador, una variable de ajuste. 

La diferencia entre el proteccionismo y la apertura, tal como la concibe la clase dominante, reside únicamente en la materialización del mismo objetivo: garantizar la rentabilidad del capital privado. La experiencia histórica de cierres y reestructuraciones en el mundo demuestra que ni una ni otra política evitan las crisis de sobreproducción y lucro; como mucho, las desplazan, las atenúan temporalmente o las concentran en ciertos sectores, pero siempre reaparecen. 

Frente a esta lógica, un análisis atento no se detiene en la denuncia abstracta, sino que sugiere que, si la raíz del problema está en que los medios de producción están en manos privadas y orientados al lucro, la solución debe ser exactamente la opuesta: socializarlos y orientarlos a la satisfacción de necesidades. 

Esto, traducido al contexto concreto de una empresa industrial como FATE y de la clase obrera argentina, implica un plan de salida socialista muy específico, que no se limita a consignas generales. 

En primer lugar, ante el anuncio de cierre o reestructuración con despidos, la respuesta inmediata debería ser la organización de una asamblea permanente de trabajadores. Con delegados elegidos en cada sector de la planta y revocables, lo que les permite deliberar colectivamente y no estar a merced de las decisiones tomadas en las oficinas empresariales o gubernamentales. 

Esa asamblea debería discutir desde el principio la opción de ocupar la fábrica para evitar el vaciamiento de maquinarias, herramientas y stocks, algo que la experiencia argentina ha demostrado una y otra vez, cuando no hay control obrero, las patronales huyen de la capital y luego dicen que "no hay nada que hacer". 

Junto con la ocupación, la apertura de los libros contables es clave, si los empresarios se declaran en quiebra, los trabajadores tienen derecho a verificar la situación económica real, cuánto se ganó en años anteriores, cuánto se perdió, cuánto se repartió en dividendos y cuántos beneficios fiscales se recibieron. 

El lema específico es: "Si dicen que no hay dinero, abran los libros". Esta información es vital para desarmar el argumento de que el cierre es una fatalidad y para construir una reivindicación política: si la empresa fue rentable durante años y se enriqueció a costa de los trabajadores, los dueños no tienen derecho moral a tomar las máquinas y dejar a cientos de personas en la calle. 

En segundo lugar, con base en esa organización e información, la clase trabajadora puede proponer un programa de transición en torno a la exigencia de nacionalizar sin indemnización cualquier empresa que cierre, despida masivamente o se declare en quiebra, poniéndola bajo el control de sus trabajadores y comités de usuarios y técnicos. «Sin indemnización» no es una consigna punitiva irracional, sino una conclusión lógica: si el empleador ya ha explotado la fuerza laboral durante años y, a menudo, ha sido subvencionado por el Estado, no tiene derecho a cobrar, ya que la sociedad rescata esa unidad productiva.

El control obrero, en cambio, no es una consigna abstracta de "autogestión romántica", sino la propuesta de que sean los trabajadores quienes planifiquen la producción, definan turnos, ritmos y prioridades, elijan y revoquen a la dirección, negocien nuevas líneas de producción si es necesario y se articulen con otros sectores para garantizar insumos y ventas. 

En tercer lugar, una salida socialista exige que estas experiencias no se aíslen caso por caso. Los trabajadores de una sola fábrica pueden resistir, pero les resulta muy difícil sostener un plan de producción alternativo por sí solos durante mucho tiempo en un mar capitalista que los ahoga por todos lados. Por lo tanto, el plan debe incluir la coordinación interfabril e intersectorial: comités de enlace entre empresas en conflicto, plenarios de delegados designados por la asamblea, coordinación con sindicatos combativos, movimientos sociales y organizaciones vecinales. 

El objetivo es transformar la defensa de cada puesto de trabajo en un movimiento nacional que proponga un programa económico conjunto: la nacionalización de sectores estratégicos (energía, transporte, finanzas, etc.). 

La industria automotriz e insumos clave como los neumáticos bajo control de los trabajadores; un monopolio estatal del comercio exterior para evitar que importaciones desleales destruyan la producción local; y una banca estatal única que oriente el crédito según un plan social y no al lucro privado. 

Un aspecto central de este plan es la cuestión del tiempo de trabajo. En lugar de aceptar la lógica capitalista que responde a la crisis con despidos y una mayor explotación de los que quedan, un programa socialista propone la reducción de la jornada laboral, el mantenimiento del salario y la distribución del trabajo disponible entre todos. 

Si en un sector es necesario ajustar la producción por un exceso de capacidad objetiva, en lugar de despedir a un tercio de la plantilla y exprimir al resto, es posible reducir la jornada laboral de todos y abrir nuevas actividades complementarias útiles (mantenimiento, investigación, reconversión tecnológica, formación) que ayuden a reorientar la producción. 

Esto solo es posible si se rompe con la dictadura del lucro privado: el criterio ya no es «qué me aporta más beneficios», sino «qué necesita la sociedad y cómo distribuimos el esfuerzo productivo de forma justa». Además, el plan socialista debe incorporar una dimensión de reconversión ecológica y productiva. En un mundo azotado por la crisis climática, la producción de neumáticos y automóviles ya no puede regirse por la lógica del hiperconsumo individual motorizado.

El control obrero abriría la puerta a la discusión, por ejemplo, de conversiones parciales a insumos para el transporte público, materiales reciclados, tecnologías más duraderas y seguras, y la reducción del desperdicio planificado que el capitalismo impone para vender más. Aquí vemos que la planificación democrática no es burocracia, sino una forma racional de utilizar recursos limitados. 

Finalmente, todo este plan no puede sostenerse como una "isla" dentro de un Estado controlado por la misma clase capitalista que impulsa cierres y aperturas descontroladas. Por lo tanto, el horizonte estratégico debe ser un gobierno de trabajadores y sectores populares que, apoyado por la movilización y las organizaciones de democracia directa (consejos obreros, asambleas territoriales, coordinadoras), promueva un programa general de transición al socialismo. 

Ese gobierno debería romper con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos, suspender el pago de la deuda para desviar esos recursos a un plan masivo de empleo, vivienda, salud y educación, y reorganizar toda la economía sobre la base de la propiedad social de los grandes medios de producción y de un plan democrático debatido desde abajo. 

Para los trabajadores de FATE y de cualquier otra empresa amenazada por una reestructuración, la contribución concreta de esta perspectiva es doble. Por un lado, desmoraliza el discurso fatalista que les dice que no hay otra alternativa que rendirse y esperar a que aparezca algo nuevo en el mercado: demuestra que, si hay capacidad de producción y una mano de obra dispuesta, el cierre es una decisión política y no un destino natural. Por otro lado, ofrece un camino a seguir: organizarse, ocupar, abrir las cuentas, exigir la nacionalización y el control obrero, coordinar luchas, luchar por la reducción de la jornada laboral y por un gobierno de la clase obrera. 

No se trata de esperar soluciones desde arriba ni de ideologías abstractas. Sino de empezar a construirlas ya, en cada fábrica, en cada barrio, en cada sindicato. 

La conclusión, entonces, es clara, frente a la "apertura sin anestesia" propuesta por Artana y las falsas alternativas de un proteccionismo también al servicio de la patronal, la verdadera salida para los trabajadores no es elegir qué tipo de verdugo prefieren, sino dejar de ser rehenes de un sistema que los condena a crisis recurrentes. 

Transformar la indignación por el cierre de una planta en una organización consciente, en un programa y en una lucha por el poder es la tarea histórica de la clase obrera; solo así, lo que hoy parece una derrota puede convertirse en el primer paso de una victoria mucho más profunda, en la que nunca más un pequeño grupo pueda decidir cerrar una fábrica mientras miles se quedan mirando desde fuera una planta muerta que podría seguir produciendo al servicio de toda la sociedad.