Atención: Se destruye el fuero laboral y pone en pie de guerra al movimiento obrero

 

Por Raúl Valle

Se destruye el fuero laboral. No es mucho lo que hay que leer y comprender. Son dos artículos que ponen en pie de guerra al movimiento obrero y lo llevará a actuar en forma directa. No la compliquemos y veamos de qué se trata:

Se trata de la destrucción del fuero laboral por parte del gobierno de Javier Milei que se materializa a través de los artículos 90 y 91 de la reforma laboral, en combinación con un acuerdo bilateral entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmado el 9 de febrero de 2026, que constituye un ataque directo a la división de poderes y al sistema republicano, configurando una crisis de estado de primera magnitud.

El artículo 90 establece un mecanismo de disciplinamiento judicial sin precedentes en la historia democrática argentina, obliga a los jueces laborales a fallar conforme a los precedentes de la Corte Suprema bajo amenaza de ser acusados por mal desempeño si se apartan sin justificación. Esta disposición viola el principio de independencia judicial y la naturaleza difusa del control de constitucionalidad argentino, donde cualquier juez puede declarar la invalidez de una ley si la fundamenta adecuadamente. La norma busca alinear a la magistratura laboral con los intereses gubernamentales antes de su eliminación definitiva, convirtiendo a los jueces en meros aplicadores de directivas superiores sin margen de interpretación autónoma, lo que desnaturaliza la función judicial y subordina un poder del estado a otro .

El artículo 91 aprueba el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su progresiva disolución. El acuerdo complementario establece que el Estado Nacional se compromete a no promover nuevas designaciones ni impulsar aquellas en trámite, lo que implica el vaciamiento progresivo mediante el cierre de los juzgados que queden sin causas. De los ochenta juzgados nacionales de primera instancia actuales, treinta se encuentran vacantes sin magistrados designados, por lo que su cierre será inmediato según el anexo del acuerdo. La reducción estructural es dramática, se pasa de ochenta juzgados a solo diez en el ámbito porteño, con una nueva cámara de seis jueces que reemplazará a las diez salas existentes de tres camaristas cada una .

Varios jueces ya han denunciado el verdadero objetivo, "Esto es la eliminación del fuero del Trabajo, no es un traspaso de competencias como dicen. No quieren a los jueces laborales directamente, no les gusta sus inclinaciones, quieren designar nuevos en la Ciudad de Buenos Aires y adoctrinarlos". La Asociación de Magistrados calificó esta maniobra como un "avasallamiento constitucional" y señaló que "es impensable que pueda disponerse la supresión de un fuero judicial en el sistema institucional argentino, mientras que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación denunció que se pretende"consumar el proceso con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, afectando gravemente el sistema institucional de tutela que garantiza su efectiva protección".

El nuevo fuero laboral porteño dependerá del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuya composición resulta determinante para comprender la magnitud de la crisis institucional. Lo preside Inés Weinberg, que fue candidata de Mauricio Macri para ocupar la Procuración General de la Nación tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó. Lo integra Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la gestión macrista y alfil del lawfare. Lo completa Luis Lozano, el más alineado con la derecha local, junto a Alicia Ruiz y Marcela De Langhe, esta última designada con el padrinazgo del radical Daniel Angelici. El fiscal general de la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el armador del lawfare durante la presidencia de Macri. Esta conformación asegura que las decisiones judiciales en materia laboral cuenten con una instancia superior alineada con los intereses empresariales y gubernamentales, rompiendo el equilibrio republicano que exige independencia judicial.

El acuerdo entre Nación y CABA establece que los juicios laborales se resolverán en la Justicia del Trabajo porteña que aún no existe, con concursos exprés que deben completarse en menos de seis meses. La transferencia excluye además determinadas materias que pasarán al fuero federal: las negociaciones colectivas, las medidas de acción sindical, todo lo vinculado a los sindicatos, los pleitos sobre inspecciones laborales, la aplicación de multas y los casos en que el Estado Nacional sea parte, fragmentando la especialidad laboral y creando un sistema dual de justicia .

El gobierno da por descontada la judicialización de la reforma laboral porque es inviable y ha diseñado una estrategia jurídica coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzábal Murphy, la Procuración del Tesoro conducida por Santiago Castro Videla y el viceministerio de Justicia bajo la órbita de Sebastián Amerio, los tres funcionarios que responden políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. En la Casa Rosada admiten que esperan impugnaciones inmediatas y que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema, pero confían en que la nueva estructura judicial filtrada por el TSJ porteño permitirá contener los planteos de inconstitucionalidad .

La creación de este nuevo fuero constituye una crisis de estado porque ataca la esencia misma de la división de poderes. El juez Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados, explicó durante su exposición ante diputados que el artículo 91 no establece un traspaso sino una disolución, "Es la clausura del fuero, y vaciar de jurisdicción a un juez significa revocarlo" . Esto implica la destitución de hecho de jueces que concursaron y fueron designados por el Congreso según el procedimiento constitucional, mediante un simple acuerdo entre Nación y Ciudad, lo que viola la garantía de inamovilidad de los magistrados y el procedimiento de remoción previsto en la Constitución Nacional.

Las consecuencias prácticas son devastadoras para el acceso a la justicia. Pasar de ochenta juzgados a solo diez implica un colapso estructural que impedirá la tutela judicial efectiva para cientos de miles de trabajadores, en un contexto donde los artículos regresivos de la reforma generarán una avalancha de nuevos litigios. El acuerdo reconoce que puede haber un gran "volumen de causas que se inicien en el Fuero de Trabajo" porteño y prometen tomar "todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio de justicia", admitiendo implícitamente que la litigiosidad aumentará pero será procesada por una estructura notablemente reducida .

La crisis de estado se profundiza porque esta reforma institucionaliza un conflicto de poderes de máxima gravedad, el Ejecutivo, convalidado por un Congreso dócil, decide la eliminación de un fuero judicial creado por ley, sustituyéndolo por una estructura dependiente de otra jurisdicción subnacional, fragmentando la uniformidad jurisprudencial y generando inseguridad jurídica generalizada. Cuando un gobierno puede borrar de un plumazo ochenta años de justicia dedicada a la conciliación de clases para reemplazarla por jueces afines que resuelvan según sus intereses capitalistas, el Estado deja su bonapartismo, en un inicio neutral, al pretenderse republicano para convertirse en un régimen de poder político autoritario pero que ahora controla también la última palabra sobre los derechos de los trabajadores.

El gobierno fundamenta esta medida en el fallo "Levinas" de la Corte Suprema, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño será la instancia de apelación de los casos de la Justicia Nacional asentada en CABA. Sin embargo, ese fallo desató una rebelión en jueces de todos los fueros que se negaron a cumplirlo y pusieron sus críticas por escrito con frases como "la Corte Suprema decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino". Hasta el procurador interino Eduardo Casal planteó objeciones, ya que si una causa nacional pasa al TSJ porteño, los fiscales nacionales no pueden intervenir y el interés público queda sin representación .

En síntesis, la destrucción del fuero laboral mediante los artículos 90 y 91 constituye el núcleo autoritario de la reforma laboral, no se trata de modernizar la justicia sino de eliminar la estructura judicial que durante décadas garantizó la aplicación de los principios protectores del derecho del trabajo, para reemplazarla por un sistema reducido, con jueces designados exprés y una instancia superior políticamente controlada. La consecuencia final es que los trabajadores argentinos perderán no solo derechos sustantivos mediante los artículos regresivos, sino también la garantía judicial para reclamarlos, al quedar en manos de un fuero desmantelado, congestionado y disciplinado, en lo que constituye un avasallamiento constitucional que quiebra la independencia del poder judicial y erosiona irreversiblemente el Estado de Derecho.

Los trabajadores se tienen que poner de pie. Es necesario una nueva dirección de trabajadores que articule una verdadera reforma laboral en un gobierno propio, con jueces y fiscales probos y elegidos en forma transparente, no por la rosca y la casta de Milei, y que aplaste toda esta porquería capitalista, y planifique el país bajo un mandato de las necesidades y la producción de los trabajadores y trabajadoras.