Al represor Milei se le cae su base represora

 

Raúl Valle

El autoacuartelamiento policial es una forma de protesta en la que los efectivos de las fuerzas de seguridad se confinan en sus cuarteles o dependencias y suspenden o limitan sus operaciones habituales para presionar al gobierno por mejoras salariales, condiciones laborales o reclamos pendientes.

Esta medida extrema genera un impacto directo en la seguridad pública y obliga a las autoridades a negociar rápidamente, ya que paraliza el patrullaje y las respuestas de emergencia. En Argentina, esta táctica ha sido recurrente en momentos de crisis económica, y en el contexto del gobierno de Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023 y se mantiene como presidente en febrero de 2026, se ha intensificado por el ajuste fiscal que recortó salarios reales y agravó las condiciones de trabajo en las policías.

La crisis represiva durante la gestión de Milei se caracteriza por un endurecimiento de las políticas de orden público combinado con un descontento interno en las fuerzas policiales. El gobierno impulsó reformas que amplían los poderes de la policía, como decretos que permiten detenciones y espionaje sin orden judicial previa, lo que generó acusaciones de autoritarismo. Al mismo tiempo, los efectivos enfrentan salarios de miseria —alrededor de 700.000 a 800.000 pesos en febrero de 2026, equivalentes a menos del salario mínimo ajustado por inflación—, corrupción en repartos de fondos, abandono de la obra social policial y falta de equipamiento básico. Esta contradicción ha llevado a protestas espontáneas: policías reprimieron manifestaciones de jubilados y piqueteros con gases y balas de goma en 2025, dejando cientos de detenidos, pero ahora ellos mismos reclaman contra el mismo ajuste que aplican.

Convocatorias en redes sociales circularon para un autoacuartelamiento masivo de la Policía Federal el 15 de marzo de 2026, reflejando un malestar que se extendió desde Buenos Aires hasta provincias como Santa Fe y Misiones, donde el desgaste por narcoviolencia y traslados forzosos agrava la situación.

En Misiones, el conflicto estalló en mayo de 2024 cuando policías y gendarmes provinciales se levantaron contra el gobierno de Hugo Passalacqua por paritarias atrasadas y topes salariales. Tomaron un comando radioeléctrico en Posadas con un acampe masivo, caravanas de patrulleros y quema de cubiertas, paralizando la provincia durante días. Ramón Amarilla, un subcomisario retirado y vocero autoproclamado de los "autoconvocados", tomó el protagonismo al mediar con las autoridades. Él negoció un acuerdo parcial que incluía bonos y recomposición mínima, pero que quedó por debajo de las demandas originales y desaceleró el movimiento, fracturándolo con los docentes que protestaban en paralelo. Críticos lo acusan de oportunismo porque, tras esa visibilidad, intentó replicar la asonada en septiembre de 2024, lo que llevó a su detención por sedición y conspiración; pese a eso, capitalizó su figura "rebelde" para postularse como diputado provincial en las elecciones de 2025, donde salió electo con votos de descontentos, usando el conflicto para escalar políticamente sin resolver los reclamos de fondo.

Un caso emblemático de esta ola de protestas ocurrió el 3 de febrero de 2026 en Buenos Aires, cuando el cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal Argentina en la Comisaría Belgrano Norte, se esposó a sí mismo a las rejas de la Casa Rosada. Vestido con su uniforme reglamentario y portando su arma de servicio, Montiel gritó que su salario neto era de apenas 750.000 pesos, insuficiente para vivir dignamente en medio de la inflación galopante. Denunció corrupción rampante en la Superintendencia de Transporte, donde jefes desvían fondos; el colapso de la obra social policial, que deja a familias sin atención médica; y la falta de herramientas básicas como chalecos antibalas o móviles en condiciones. La acción duró varias horas hasta que lo desesposaron y trasladaron a Asuntos Internos, donde enfrenta sumario disciplinario. Montiel anticipó represalias pero defendió su gesto como visibilización de una crisis que afecta a miles de agentes, similar a las protestas previas en comisarías federales. Este incidente simboliza el quiebre de la disciplina interna bajo Milei, donde los policías pasan de reprimir a ser reprimidos por el sistema.

Actualmente, en Rosario, la situación es crítica y representa el epicentro del descontento policial en Santa Fe. La ciudad sufre una narcoviolencia extrema con tiroteos diarios y más de 200 homicidios anuales ligados al narco, lo que genera un desgaste brutal en los efectivos: traslados forzosos desde el norte provincial, suicidios de policías por estrés y burnout, y un petitorio formal ignorado por el gobernador Maximiliano Pullaro desde hace semanas. Este miércoles 5 de febrero de 2026, integrantes de la Asamblea de Autoconvocados tomaron los portones de la Jefatura de la Unidad Regional II, ubicada en Ovidio Lagos al 5200, en un clima de tensión creciente pero sin incidentes mayores. La medida busca visibilizar la falta de diálogo oficial pese a reclamos públicos por aumentos salariales, personal y recursos. Los autoconvocados advirtieron que, ante el silencio o represalias administrativas, avanzarán a una "prestación de servicio bajo guardias mínimas", lo que implicaría reducir patrullajes y respuestas de emergencia, afectando directamente la seguridad en una urbe ya saturada. El conflicto se extiende al norte provincial, encendiendo alarmas en el gobierno de Pullaro, quien enfrenta críticas por su "mano dura" contra el narco sin respaldar a su policía. 

Esta escalada refleja un patrón nacional, bajo Milei, el ajuste económico desata rebeldías internas en las fuerzas que sostienen el orden, arriesgando una crisis de seguridad mayor si no hay respuestas concretas. Una vez al Kirchnerismo le sucedió lo mismo en Córdoba y junto a otros conflictos en la clase trabajadora fue el inicio de su final político. 

La Crisis capitalista pre-revolucionarias se caracteriza a este periodo político de la defunción de Milei.