Te explico el record y la crisis de deuda externa de Milei

 

Raúl Valle

La deuda externa argentina, que en 1976 al inicio de la dictadura militar apenas alcanzaba los 7.800 millones de dólares (alrededor del 10% del PBI de entonces), se disparó para beneficiar a los capitalistas y el sector privado hasta los 46.500 millones para 1983, un salto brutal que representaba cerca del 60-70% del PBI, marcando el arranque de un ciclo de subordinación financiera que nunca se interrumpió. 

Ese endeudamiento inicial, justificado por la necesidad de reservas tras la crisis del Rodrigazo, se convirtió en un mecanismo de saqueo: el ministro Martínez de Hoz abrió las compuertas a préstamos del FMI y bancos privados, estatizando deudas privadas de grandes grupos económicos mientras fomentaba la fuga de capitales por 23.000 millones, beneficiando directamente a los capitalistas locales que transferían riesgos al Estado y lucran con intereses diferenciales. 

La deuda privada, que creció en paralelo de unos pocos miles de millones a decenas de miles, permitió a corporaciones como Techint, Caputo, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Ledesma o los bancos privados refinanciar operaciones especulativas con dólares baratos del exterior, pagados luego por el contribuyente argentino vía impuestos y devaluaciones, en un esquema donde el Estado asumía pasivos ajenos para garantizar rentabilidad a elites y castas que ahora apoyan a Milei, que repatriaban ganancias vía paraísos fiscales.

Raúl Alfonsín heredó esa bomba de tiempo en 1983, con una deuda que devoraba el 50% de las exportaciones y tasas de interés siderales que capitalizaban atrasos, llevando a un default en 1988 tras planes fallidos como el Austral y Primavera, que solo engordaron intereses sin tocar el principal.

Los noventa bajo Menem aceleraron la fiesta neoliberal, la convertibilidad atrajo capitales golondrina, inflando la deuda total a 144.000 millones en 2001 (90% del PBI), con una porción privada que superaba los 50.000 millones, usada por importadores y bancos para especular en un modelo de apertura que destruyó la industria nacional. Ese endeudamiento privado favoreció a capitalistas importadores que compraban barato afuera y vendían caro adentro, financiados por bonos del Tesoro que el Estado emitía para sostener el 1 a 1, transfiriendo el costo de la sobrevaluación a trabajadores vía desempleo masivo y privatizaciones regaladas a amigos del poder.

Néstor Kirchner irrumpió en 2003 con un quiebre parcial, el canje de 2005 y 2010 redujo la deuda externa en un 65-75% con bonos privados, bajándola a unos 150.000 millones totales (40% del PBI en 2011), y el pago al FMI en 2006, pero el kirchnerismo reconfiguró el problema hacia adentro. La estatización de las AFJP en 2008 transfirió 30.000 millones de dólares en fondos privados a ANSES, que rápidamente se convirtieron en compradores cautivos de bonos del Tesoro para financiar déficits y pagar la deuda externa residual; entre 2003 y 2015, la deuda pública interna explotó de 100.000 a 250.000 millones de dólares equivalentes, con ANSES absorbiendo el 40% del stock, hipotecando jubilaciones futuras para sostener gasto estatal y consumo interno. 

Esa deuda privada intraestatal benefició a capitalistas del sector financiero, que cobraban comisiones por intermediar bonos y letras, mientras bancos y aseguradoras lucran con spreads en operaciones que el Estado garantizaba con reservas del BCRA, forzando a jubilados a ser acreedores forzosos de un Tesoro crónicamente deficitario.

Cristina Fernández profundizó esta ingeniería, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se llenó de títulos públicos por 70.000 millones, el BCRA giró utilidades por 20.000 millones para pagar vencimientos, y controles cambiarios como el cepo incentivaron deuda comercial privada que trepó a 80.000 millones, usada por importadores para dolarizar deudas con proveedores extranjeros mientras el Estado proveía dólares oficiales baratos vía concesiones. Así, la deuda externa total se estabilizó en 250.000-280.000 millones (50% del PBI), pero la interna y privada creció, favoreciendo a capitalistas que reducían pasivos externos a costa de reservas públicas, transfiriendo riesgos al conjunto social vía inflación y licuación de ahorros. 

Macri reabrió la canilla externa en 2016 con 57.000 millones del FMI, llevando la deuda total a 323.000 millones en 2019 (90% del PBI), con deuda privada en 81.000 millones que explotó por obligaciones negociables y préstamos bancarios, permitiendo fuga récord de 86.000 millones mientras elites compraban bonos soberanos con tasas del 7-15% anual, rentabilizando el riesgo argentino a costa de reservas evaporadas.

Alberto Fernández renegoció plazos en 2020, pero la deuda externa bruta se mantuvo en 280.000 millones (55% del PBI en 2022), con privada en 103.000 millones post-cepo, donde empresas usaron dólares oficiales para pagar proveedores y especular en mercados paralelos.

Javier Milei asumió en diciembre 2023 con 307.000 millones de deuda externa bruta (65% del PBI estimado), que para el tercer trimestre de 2025 trepó a 316.935 millones (68% del PBI), pese a superávit fiscal y pagos por 16.700 millones solo en noviembre 2025; la deuda privada financiera saltó por el "festival de obligaciones negociables", alcanzando estimados de 110.000-120.000 millones, con empresas emitiendo bonos en dólares para refinanciar deudas viejas y especular en carry trade.

Este esquema mileísta, con reservas pasando de negativas a 10.000 millones positivos pero insuficientes para 17.100 millones de vencimientos en 2026 (4.250 al FMI), prioriza pagos a acreedores vía ajuste recesivo, beneficiando a capitalistas que acceden a crédito barato post-estabilización del dólar, emiten ON (Obligaciones Negociables) a tasas bajas y fugan vía Vaca Muerta o privatizaciones, mientras el Estado emite bonos por 4.200 millones y acumula con BID/BM, perpetuando un ciclo donde el 87% de dólares entrantes desde 1976 se fugaron. El lector debe recordar que toda la burguesía nacional o los llamados patriotas tienen su dinero en bancos o acciones en el exterior, algo que no sucede en ningún país del mundo.

Hoy, en enero 2026, con deuda externa total rondando los 320.000 millones (70% del PBI contraído), pública en 200.000 millones y privada en 120.000 millones, el patrón es idéntico: la deuda inicial de 7.800 millones mutó en un negocio capitalista que devora exportaciones, financiando a capitalistas que estatizan pérdidas y privatizan ganancias, desde dictadores que fugaron 23.000 millones hasta mileístas que atraen "inversión" para la misma fuga. 

Romperlo exige auditoría, una didáctica y buena explicación que la Izquierda debe dar, dado que los trabajadores y las trabajadoras que por ahora no comprenden, ni internalizan, solo por medio del repudio por lo odioso y ser severos con un gobierno de trabajadores en el poder que prohíba la deuda privada subsidiada, hacer y planificar la economía en beneficio de los trabajadores.

Algo que sí los trabajadores y trabajadoras comprenden, para que sí sean cerebro de las decisiones de poder y aplastar a los fascistas de Milei y sus cómplices peronistas 

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