¿Que lección hay que sacar de Grecia y Syriza?

Por Raúl Valle  

Grecia: Cómo Syriza prometió ruptura y terminó desmoralizando a su base trabajadora y conduciendo a una derrota social

La crisis de la deuda soberana griega fue mucho más que un problema de números: fue el laboratorio donde se puso a prueba cómo se puede disciplinar a una sociedad durante casi una década a base de deuda, rescates y ajustes, y cómo incluso una fuerza que llegó al poder prometiendo romper con ese modelo –Syriza– acabó convirtiéndose en garante político de las condiciones impuestas por la Troika, transformando el “así no pagamos” en “pagamos como quieran, pero con discurso de izquierda”.

El desplome empezó a hacerse visible a finales de 2009, cuando el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) ganó las elecciones y Yorgos Papandreou, su líder, desveló lo que hasta entonces se había ocultado: que el déficit griego no era del 3,7% del PIB como decía el gobierno conservador de Nueva Democracia (ND), sino del 12,7%, con una deuda que ya superaba el 113% del producto y que se inflaba desde los años ochenta con elevados tipos de interés, gasto público clientelar, gasto militar desproporcionado y una economía incapaz de competir dentro del euro.

Durante años, los gobiernos griegos falsearon las estadísticas fiscales, ayudados por la ingeniería financiera de Goldman Sachs y por complejos derivados emitidos en otras monedas para ocultar parte de la deuda ante Bruselas; ese maquillaje les permitió entrar en la eurozona, pero plantó la bomba de tiempo que luego explotó.

Cuando Papandreou reveló las cifras y las agencias de calificación rebajaron la deuda griega a “bono basura”, el acceso a la financiación se cerró: los tipos de los bonos se dispararon, los inversores empezaron a huir y la posibilidad de un impago soberano se hizo real, con el agravante de que Grecia, al estar en el euro, no podía devaluar su moneda para ganar competitividad ni emitir libremente para refinanciarse.

Todo esto ocurrió en un contexto en el que la Gran Recesión ya había golpeado a la periferia europea, y la crisis griega empezó a verse como el primer eslabón de una posible cadena que incluía a Portugal, Irlanda, España e Italia, amenazando la propia supervivencia del euro.

Ante este escenario, la respuesta de la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional fue construir la famosa Troika: una tríada de poder que ofreció gigantescos rescates a cambio de un programa de brutal austeridad, privatizaciones y reformas estructurales que desmantelaron derechos laborales, recortaron salarios y pensiones y rediseñaron el Estado griego para favorecer a los acreedores.

En mayo de 2010 se aprobó el primer gran rescate: préstamos bilaterales de los países de la eurozona por unos 80.000 millones de euros, más 30.000 millones del FMI, acompañados por la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con una capacidad de hasta 750.000 millones, diseñado para contener el contagio en toda la región.

A cambio, Grecia se comprometió a una consolidación fiscal draconiana: congelación y luego reducción de los salarios públicos, aumento generalizado del IVA y de los impuestos especiales, suba de la edad jubilatoria, despidos masivos en el sector público, recortes de pensiones y un amplio programa de privatización de empresas y activos estatales.

Esa receta, presentada como la única manera de “restaurar la confianza” y “evitar el colapso”, generó una profunda recesión: entre 2008 y 2013, el PIB griego cayó más de un 25%, la tasa de desempleo superó el 26% y el paro juvenil sobrepasó el 50%, mientras alrededor de 2,5 millones de personas pasaban a vivir por debajo del umbral de pobreza y se deterioraban los indicadores de salud, atención sanitaria y cohesión social.

El ajuste redujo el déficit primario antes de intereses, pero al mismo tiempo hundió la economía, lo que disparó aún más la relación deuda/PIB, generándose el clásico círculo vicioso: cuanto más se ajusta, más cae el denominador (PIB) y más pesada se vuelve la deuda.

La Troika respondió a ese fracaso con más de lo mismo: en 2011 se negoció un segundo rescate por 130.000 millones de euros, que incluía una quita nominal del 53,5% de los bonos en manos de acreedores privados, pero también mayores condicionamientos y un programa de recapitalización bancaria que socializaba las pérdidas del sistema financiero.

La deuda, lejos de hacerse sostenible, siguió aumentando como porcentaje del PIB, mientras las consecuencias sociales fueron devastadoras: aumento de la emigración –sobre todo de jóvenes cualificados–, deterioro de los servicios públicos, incremento de problemas psicosociales y de la violencia, y una democracia vaciada donde las decisiones centrales pasaban por Bruselas, Frankfurt y Washington.

En el plano político interno, ese laberinto de rescates y memorandos produjo una rotación de gobiernos: el PASOK de Papandreou se derrumbó y en 2011 se formó un gobierno tecnocrático encabezado por Lukás Papadimos, ex vicepresidente del BCE, cuya misión explícita era implementar el ajuste y garantizar el segundo rescate, más allá de la voluntad popular.

Más tarde, tras las elecciones de 2012 y una crisis de gobernabilidad, se formó una coalición liderada por Antonis Samarás, de Nueva Democracia, junto con el PASOK y el centroizquierda moderado, que continuó implementando el programa de la Troika, profundizando reformas laborales regresivas, nuevos aumentos de impuestos indirectos y nuevas rondas de privatizaciones.

El sentimiento social era de colonización económica: las decisiones más importantes sobre pensiones, salarios, impuestos y bienes públicos se tomaban en mesas técnicas con funcionarios del FMI, la Comisión y el BCE, y el Parlamento heleno se limitaba a votar “paquetes” ya negociados, bajo la constante amenaza de que se cortaran los desembolsos si Grecia no cumplía.

La Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), liderada por Alexis Tsipras, aprovechó el cansancio con los partidos tradicionales y prometió romper el ciclo de austeridad, auditar la deuda, frenar las privatizaciones, detener los recortes y renegociar radicalmente los acuerdos con la Troika sin salir del euro.

Ese discurso de “no más memorandos” y “fin de la humillación” permitió a Syriza pasar de ser una fuerza minoritaria a ganar las elecciones de enero de 2015, formando gobierno con un pequeño partido nacionalista de derecha (ANEL) y generando expectativas de que, por fin, Grecia desafiaría el mandato de los acreedores.

Sin embargo, lo que siguió fue el proceso mediante el cual esa promesa de ruptura terminó siendo domesticada y Syriza se convirtió gradualmente en el instrumento político necesario para legitimar un nuevo giro del ajuste que decía combatir.

Desde el principio, el gobierno de Tsipras enfrentó una estrategia de asfixia financiera: la Troika suspendió los desembolsos pendientes, el BCE limitó la liquidez a los bancos griegos y se elevó el riesgo de corralito, de modo que Atenas se quedó sin financiación y con el sistema bancario al borde del colapso, mientras los tipos de sus bonos volvían a niveles prohibitivos.

Durante meses, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, negoció en el Eurogrupo intentando arrancar una reestructuración más profunda de la deuda y una relajación del programa, pero las instituciones europeas mantuvieron una línea dura: no habría alivio significativo si Grecia no aceptaba más ajustes y reformas, incluida la creación de un gran fondo de privatizaciones.

Con la negociación agotada y la presión interna de un movimiento social que se negaba a seguir soportando más recortes, Tsipras convocó un referéndum para el 5 de julio de 2015, donde se preguntó a la ciudadanía si aceptaba o rechazaba la última propuesta de la Troika. Contra todo pronóstico y contra la campaña del miedo, el “No” ganó con más del 61% de los votos.

Ese resultado, que en términos democráticos era un claro mandato para romper con el programa, fue inmediatamente revertido: pocos días después, en lugar de utilizar el “No” como palanca para desobedecer, Tsipras regresó a Bruselas y aceptó un acuerdo aún más duro que el rechazado en el plebiscito, dando lugar al tercer programa de rescate.

En agosto de 2015 se firmó formalmente ese tercer memorando, que suponía hasta 86.000 millones de euros de ayuda financiera a cambio de un paquete de reformas y recortes todavía más exigente: prolongación de la consolidación fiscal, nuevas subas de impuestos, profundización de la reforma previsional, liberalización de mercados, debilitamiento de derechos laborales y, sobre todo, la creación de un fondo de privatizaciones por 50.000 millones de euros en activos estatales.

Ahí es donde se hace evidente la complicidad de Syriza con el ajuste: el partido que había ascendido denunciando los memorandos como instrumentos de saqueo terminó administrando un acuerdo que consagró la subordinación de Grecia a sus acreedores durante años, con un calendario de pagos y reformas que ataba cualquier margen de política económica.

Para aprobar el nuevo memorando, Tsipras necesitó el apoyo de la oposición tradicional –Nueva Democracia, PASOK y otros– porque una parte importante de los diputados de Syriza votó en contra, generando una grieta interna; lejos de retroceder, el primer ministro purgó al sector disidente, convocó nuevas elecciones en septiembre de 2015 y volvió a ganar, reorganizando el partido como gestor del ajuste, no como fuerza de ruptura.

Ese giro implicó asumir plenamente la lógica de la deuda como prioridad absoluta, incluso por encima del resultado del referéndum: si bajo los gobiernos anteriores la austeridad se impuso con el sello de la derecha o de la socialdemocracia clásica, ahora llevaba el rostro de una izquierda institucional dispuesta a sacrificar su programa original en nombre de “evitar el Grexit” y mantener a Grecia dentro del euro.

Esto reforzó la idea de que la arquitectura europea está diseñada para que el voto popular sea irrelevante cuando choca con los intereses financieros: se pueden ganar elecciones, se puede convocar un plebiscito, pero si se va contra la propiedad de los acreedores, se corta la liquidez y el gobierno se ve obligado a capitular o asumir el costo de una salida abrupta de la moneda única.

Syriza optó por la capitulación: no organizó una salida ordenada del euro, no preparó mecanismos de financiación alternativos, no promovió una auditoría integral con suspensión de pagos; administró el mismo modelo con un lenguaje progresista, operando como correa de transmisión entre la Troika y una sociedad agotada.

Las consecuencias de pagar la deuda en esas condiciones fueron devastadoras para la sociedad griega, y sus efectos todavía se sienten hasta el día de hoy.

El prolongado ajuste significó más de una década perdida: el PIB sólo empezó a mostrar leves signos de mejora después de 2017, pero nunca volvió a los niveles previos a la crisis en términos de bienestar social, y muchos de los jóvenes que emigraron no regresaron, erosionando el capital humano del país.

La tasa de desempleo, aunque inferior a los picos de la crisis, se mantuvo alta durante años, con creciente precarización laboral, contratos temporales, salarios bajos y una persistente caída del poder adquisitivo de las clases populares.

La estructura fiscal se volvió más regresiva: los memorandos empujaron a Grecia a aumentar drásticamente los impuestos indirectos como el IVA y a recortar el gasto social, en lugar de gravar la riqueza con la misma intensidad, colocando el peso de la consolidación sobre trabajadores, jubilados y pequeñas empresas.

Los servicios públicos –especialmente salud y educación– sufrieron una década de desfinanciación, cierres de establecimientos y deterioro de las condiciones laborales, mientras las privatizaciones avanzaban en sectores estratégicos como puertos, aeropuertos, empresas energéticas y otros activos públicos transferidos a fondos y compañías extranjeras.

El resultado fue una pérdida de soberanía de facto: las decisiones sobre tarifas, regulación y gestión de recursos clave quedaron condicionadas por contratos de largo plazo firmados para satisfacer a los acreedores, y el margen de la política económica nacional quedó encorsetado por objetivos de superávit primario que Grecia tuvo que alcanzar durante años para seguir recibiendo “alivios” y mantener la calificación mínima ante los mercados.

En el plano político, el papel de Syriza como gestor del tercer memorando produjo un profundo desencanto entre quienes habían visto en ese partido una esperanza de ruptura, alimentando el cinismo y el descontento hacia la izquierda institucional.

Una parte del electorado giró hacia la derecha tradicional o hacia opciones nacionalistas, mientras que otro segmento se retiró de la participación activa, convencido de que, en el marco actual de la eurozona, ningún gobierno puede realmente desafiar al capital financiero sin estar dispuesto a romper con las reglas del juego.

De hecho, tras el agotamiento del ciclo de Syriza, Grecia terminó siendo gobernada nuevamente por Nueva Democracia, liderada por Kyriakos Mitsotakis desde 2019, que reforzó un perfil conservador y pro mercado, profundizando privatizaciones y manteniendo la lógica de disciplina fiscal definida por Bruselas.

A comienzos de 2024 y 2025, los datos muestran que, aunque la ratio deuda/PIB de Grecia dejó de escalar y disminuyó levemente desde los máximos superiores al 180% alcanzados en lo peor de la crisis, el país sigue siendo uno de los más endeudados de Europa, con una carga que condiciona sus cuentas públicas durante décadas.

El discurso oficial presenta esta situación como un “caso de éxito”: Grecia volvió a los mercados, el riesgo país disminuyó, los bonos griegos se colocan a tipos mucho más bajos que en 2012 y la Comisión Europea destaca la recuperada “responsabilidad fiscal”, pero esa narrativa oculta el coste humano y estructural de haber garantizado el repago a toda costa.

Que Syriza haya sido cómplice no significa que tuviera las mismas motivaciones que los gobiernos anteriores, pero al aceptar el chantaje estructural de la eurozona se convirtió en administrador del orden impuesto, demostrando que un gobierno que no está dispuesto a utilizar toda la fuerza política disponible –incluidos el default selectivo, la suspensión de pagos y la reconstrucción de una moneda propia– acaba capitulando.

El referéndum de 2015 fue el momento de la verdad: el pueblo griego dijo que no quería seguir pagando la deuda en los términos fijados por la Troika, pero el gobierno reinterpretó ese mandato como un gesto simbólico sin consecuencias materiales, mostrando hasta qué punto la democracia formal puede vaciarse cuando choca con la lógica de la deuda.

En la práctica, los tres rescates no salvaron a Grecia: salvaron a la banca europea y aseguraron que el grueso de las pérdidas se transfiriera a organismos públicos y contribuyentes europeos, mientras la periferia pagaba con recesión, emigración y precariedad. Grecia quedó como ejemplo disciplinador para el resto de la eurozona: un país que se atrevió a cuestionar, fue descubierto, intentó resistir y terminó resignado a un protectorado financiero de baja intensidad, donde se honra hasta el último euro de una deuda en gran medida ilegítima, a cambio de un crecimiento raquítico y una sociedad empobrecida pero “dócil”. Esa es, en definitiva, la lección más dura de la crisis griega: cuando la deuda se convierte en instrumento de dominación, un gobierno que llega para “cambiarlo todo” y decide no romper con ese mecanismo termina sosteniéndolo, y la austeridad, con o sin Syriza, sigue siendo la moneda con la que se paga la lealtad al euro y a sus acreedores.

La reforma laboral en Grecia no solucionó nada. 

Hay que añadir, y no es menor, que durante los memorandos con la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) se exigieron reformas estructurales que incluían la flexibilización del mercado laboral: despidos más baratos y fáciles, debilitamiento de los convenios colectivos, expansión del trabajo temporal y reducción de derechos asociados a la jornada laboral y a los descansos.

Estas medidas se aplicaron con los gobiernos del PASOK y de Nueva Democracia y, posteriormente, se consolidaron en el marco del tercer memorando firmado por Syriza, dentro del paquete más amplio de reformas que la UE y el FMI presentaron como condición para continuar con los préstamos.

En los últimos años, ya con el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis (Nueva Democracia), esta línea se profundizó aún más con nuevas reformas que permiten jornadas laborales de hasta 13 horas, semanas de seis días y facilitan contratos ultraflexibles.

Esto fue denunciado por los sindicatos y la oposición como la culminación de un largo proceso de desregulación laboral iniciado con la crisis de la deuda.

Es decir: la reforma laboral, lejos de resolver el problema económico o el problema de la deuda, consolidó un esquema de salarios más bajos y mayor precariedad, y ultra ganancias para los capitalistas, mientras la carga de la deuda sigue condicionando a Grecia a largo plazo.

La única “solución” que ofrece este marco es más de lo mismo: esperar inversión de capitales privados o aceptar sin discusión la tasa de ganancia y la lógica de la caída de la cuota de beneficio, es decir, asumir que el capital es el propio enemigo del capital, algo que los actuales lúmpenes y líderes del sistema capitalista jamás van a comprender.

Nosotros, las y los trabajadores que militamos por el socialismo, Sí.