La Reforma Laboral no sirvió, ni sirve en ningún país del mundo.

Por Raúl Valle

Las reformas laborales de flexibilización se venden como la llave mágica para atraer inversión de capitales, crear empleo y modernizar el capitalismo, pero en todos los países donde se aplicaron lo que se multiplicó no fueron las fábricas nuevas sino los despidos, la precariedad y la capacidad instalada ociosa, en un contexto de caída de la tasa de ganancia y sobreacumulación de mercancías. 

La secuencia se repite, el capital llega a un límite de realización, se le acumulan stocks invendibles, cae su rentabilidad y responde no ampliando su base productiva sino abaratando y expulsando fuerza de trabajo, usando la reforma como un instrumento jurídico para gestionar esa crisis.

En América Latina, más de tres décadas de evidencia muestran que la desregulación reduce derechos pero no genera “lluvias de inversiones” ni "brotes verdes" ni más empleo decente; el nivel de ocupación sigue al ciclo económico, es decir, un beneficio para los capitalistas para que sea más barato despedir. 

Un análisis de la Catedra de Derecho Laboral de la Facultad de la UBA señala que con flexibilización se observa mayor inseguridad laboral, menos inversión en capacitación y menor productividad, lo que revela que el capital no aprovecha estas reformas para iniciar un nuevo ciclo expansivo de inversión en capital fijo, sino para ajustar sobre una estructura ya instalada, recortando costos laborales en lugar de arriesgar capital nuevo.

Estudios sobre Argentina remarcan que “no hay ninguna evidencia empírica” de que una mayor flexibilización impulse el empleo formal ni las inversiones; lo que se consolida es una sociedad más desigual, con un núcleo de trabajadores protegidos y una periferia creciente de trabajadores desprotegidos que funcionan como colchón de ajuste cuando la demanda cae.

En lugar de un shock inversor, aparece un capitalismo con alto grado de precariedad, empleo estancado y plantas que trabajan por debajo de su capacidad potencial, mientras la relación salarial se vuelve más frágil y fácilmente descartable.

El caso argentino de las últimas décadas ilustra cómo la promesa de inversión ligada a la reforma laboral nunca se materializó. El convenio Fiat-Smata o la ley Banelco, son algunos ejemplos. Un trabajo sobre la experiencia local muestra que las distintas oleadas de flexibilización (década del noventa, reformas parciales posteriores, ofensivas más recientes) no trajeron ni crecimiento sostenido del empleo registrado ni mejoras salariales; el empleo formal permanece relativamente estable y lo que crece es el peso del trabajo no registrado y parcialmente protegido.

El problema de fondo no es la “rigidez” legal sino la baja tasa esperada de ganancia, la inestabilidad macroeconómica y la saturación de mercados; en ese marco, abaratar el despido solo reduce el costo de descargar la crisis sobre los trabajadores, pero no modifica la decisión de inversión cuando hay capacidad instalada ociosa y stocks que no rotan.

Brasil constituye uno de los experimentos más citados por quienes promueven reformas regresivas, pero su balance real va precisamente en sentido contrario al relato oficial. La reforma laboral de 2017, impulsada por Michel Temer, prometía hasta 6 millones de empleos a partir de la reducción de derechos y la prevalencia de los acuerdos empresa por empresa. Cinco años después, incluso la prensa cercana al establishment admitía que “al final no sucedió”: la meta de empleos nunca se alcanzó y la reforma solo sirvió para estancar los ingresos y empujar a millones hacia empleos informales y precarios. Evaluaciones críticas señalan que, lejos de dinamizar la inversión, las nuevas modalidades de contratación generaron ingresos inestables que deprimen el consumo, afectando a su vez la producción y la inversión, y por lo tanto impiden que la reforma contribuya a la recuperación de la actividad económica. En el corto plazo, los números son aún más reveladores, en noviembre de 2017, primer mes pleno con la reforma en vigencia, se destruyeron más de 12.000 puestos, y en diciembre el saldo negativo llegó a 328.000 empleos, de manera que el año terminó con menos puestos que al comienzo. Es decir, con costos laborales más bajos y mayor “seguridad jurídica” para ajustar, el resultado inmediato fue una ola de despidos, no una expansión de la nómina ni de la capacidad productiva. El capital utilizó la reforma para defender su tasa de ganancia reduciendo la masa salarial y racionalizando el uso de capacidad instalada en un contexto de demanda débil y sobrecapacidad industrial.

En México, la reforma laboral de 2012 fue presentada como un camino a la formalización con más productividad, pero la dinámica concreta muestra otra cosa. La evidencia disponible muestra que, aunque aumentó el número de empleos formales y bajó la tasa de informalidad, ello se hizo a costa de una fuerte precarización: se expandieron los puestos de trabajo con salarios de uno o dos mínimos y se redujo el número de empleos con mejores remuneraciones.

El mismo estudio subraya que esta “formalización empobrecedora” vino acompañada de una caída del crecimiento del producto potencial y de la productividad media, lo que indica que no hubo un ciclo de inversión que elevara la capacidad productiva sino un reacomodamiento del mercado laboral hacia ocupaciones peor pagas y más inestables. En lugar de invertir en más capital fijo o en tecnología para elevar la productividad, los empresarios se beneficiaron de un marco normativo que les permitía mantener márgenes sobre la base de bajar el costo de la fuerza de trabajo, sin modificar la escala ni la estructura de la producción. El resultado es un mercado saturado de mercancías baratas, con una población trabajadora que no tiene ingresos suficientes para absorber lo que produce, reforzando la espiral de sobreproducción y debilidad inversora.

En Europa, los ejemplos de España, Portugal, Grecia, Italia y Francia permiten ver cómo las reformas regresivas se insertan en el mismo mecanismo general. En España, la reforma laboral de 2012 buscaba, entre otras cosas, incentivar la contratación indefinida abaratando el despido y flexibilizando convenios, pero la propia literatura que la analiza reconoce que su efecto principal fue alterar la dinámica de entrada y salida del empleo, no desatar una ola de inversión productiva. Durante 2012 se destruyeron 850.000 empleos y el desempleo llegó al 26%, y estudios posteriores concluyen que era casi cinco veces más probable que un parado consiguiera un empleo temporal que uno indefinido, consolidando así la dualidad del mercado laboral.

Un análisis detallado señala que la reducción de los costes de despido tiene un efecto ambiguo o incluso negativo sobre la reasignación hacia empresas más productivas, lo que frena el crecimiento de la productividad y no genera el impulso inversor esperado.

En Portugal, la reforma dictada bajo la Troika recortó salarios, redujo subsidios de desempleo y amplió la flexibilidad horaria, pero no logró combatir el desempleo ni empujar la inversión: la desocupación saltó del 7% al 18% entre 2008 y 2013, y la generalización de los contratos parciales y temporales se tradujo en ingresos inestables, menor consumo y, por ende, poco aliciente para expandir la capacidad instalada. La precariedad, lejos de ser una “transición” hacia empleos mejores, se convirtió en el régimen normal del trabajo, con tasas altísimas de empleos de muy corta duración, lo que revela que el capital optó por usar intensivamente plantillas flexibles sobre una base productiva que no crecía.

Grecia ofrece una versión aún más extrema del mismo patrón. La reforma que habilita jornadas de hasta 13 horas diarias y 78 semanales en determinados períodos fue presentada como una forma de “modernizar” la economía para atraer inversiones, pero los salarios se mantienen entre los más bajos de la UE y una quinta parte de los trabajadores ya trabaja más de 45 horas semanales. Los sindicatos señalan que, en un contexto de debilidad de la demanda y un elevado endeudamiento, la reforma no incentivó nuevas inversiones sino que facilitó que las empresas extiendan las jornadas sin aumentar salarios, sacrificando todavía más la reproducción de la fuerza de trabajo para intentar sostener tasas de ganancia menguadas.

Italia, con el Jobs Act, siguió una lógica similar: se prometió reducir la precariedad y aumentar el empleo estable, pero a los pocos años el saldo fue un aumento de los contratos temporales y una pérdida de empleos formales, especialmente cuando terminaron los incentivos fiscales a la contratación indefinida.

En vez de consolidar un ciclo de inversión y expansión productiva, la reforma dejó un mercado laboral más volátil y una burguesía que sólo mantuvo la inversión allí donde la rentabilidad se podía asegurar mediante salarios a la baja y más flexibilidad. Francia, con la ley El Khomri, también flexibilizó la jornada y abarató el despido, generando una oleada de protestas masivas; el propio debate público giró en torno a si esas medidas podían reactivar la inversión, pero los datos posteriores mostraron que el “milagro” no ocurrió y que el crecimiento continuó dependiendo de factores macroeconómicos más amplios, no de la simple desregulación del mercado de trabajo.

En Chile, el plan laboral pinochetista y sus continuidades en democracia instalaron un régimen de negociación fragmentado y un mercado de trabajo altamente flexible y desregulado, pero eso no supuso un círculo virtuoso de inversión que aprovechara plenamente la capacidad instalada. La evidencia histórica muestra que, tras las reformas, el desempleo alcanzó el 23% a comienzos de los años ochenta y la precariedad, la informalidad y la subcontratación se volvieron rasgos estructurales del capitalismo chileno. Lejos de ver una expansión constante de la capacidad productiva interna, el país se especializó en enclaves exportadores intensivos en recursos naturales, con amplias franjas de la población ocupadas en empleos frágiles, sin estabilidad ni ingresos suficientes, lo que limita a su vez la posibilidad de absorber la producción interna y desalienta la inversión en sectores orientados al mercado interno.

En Argentina, el laboratorio de los noventa mostró un resultado similar: se multiplicaron las formas contractuales “basura”, creció el trabajo no registrado y el desempleo se disparó, sin que ello se tradujera en un uso pleno de la capacidad instalada ni en un salto sostenido de la inversión; por el contrario, la apertura y la sobrevaluación cambiaria convivieron con cierres de fábricas y destrucción de tejido industrial. En la etapa más reciente, la ofensiva flexibilizadora volvió a asociarse no con un boom de inversión sino con pérdida de empleo formal, cierre de empresas y aumento de la informalidad. Es decir, recortar derechos laborales no fue la puerta de entrada a un nuevo ciclo de acumulación ampliada, sino una herramienta para absorber la crisis de realización y la caída de la tasa de ganancia.

Leído desde nuestra teoría marxista, todo este conjunto de experiencias encaja en el mismo esquema, en períodos de sobreproducción relativa y saturación de mercados, la tasa de ganancia tiende a caer porque una parte creciente del capital invertido no logra valorizarse plenamente. El capital es enemigo del capital. Esto se manifiesta como capacidad instalada ociosa y stocks de mercancías que no se venden a los precios esperados. En lugar de responder con una una planificación social de la producción y una posterior reestructuración basada en nueva inversión productiva, el capital recurre a la reforma laboral para abaratar y hacer más rápido el ajuste sobre la fuerza de trabajo, despide, intensifica el trabajo de quienes quedan, extiende jornadas y generaliza contratos precarios. 

Los despidos masivos son, así, la forma concreta en que el capital intenta recomponer su tasa de ganancia reduciendo la masa salarial y adecuando la producción a niveles de venta más bajos, mientras los depósitos y plantas acumulan mercancías y maquinarias subutilizadas. La relación entre despidos y stocks no es contingente: cuanto más invendible es la producción, más se comprime el empleo; cuanto más se ajusta el empleo, más se contrae la demanda, reforzando la dificultad para realizar las mercancías. En ese círculo vicioso, la reforma laboral no inaugura un ciclo virtuoso de inversión, sino que legaliza y facilita una fase de destrucción y disciplina, donde la caída de la tasa de ganancia se administra desplazando el costo de la crisis sobre los trabajadores y dejando improductiva una porción creciente del capital instalado.

La autoridad política de la explicación y salida de este proceso de crisis del capitalismo solo procedió y procede de la clase trabajadora, de los núcleos obreros y socialistas que enfrentaron y enfrentan está catástrofe, y a los lúmpenes y autoridades decadentes del sistema capitalista.

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