El regreso de los ''mercados de capitales, la claudicación histórica del Peronismo, deuda acelerada y tutela extranjera bajo el nuevo pacto Milei–Trump

 

Por Raúl Valle

El anuncio de volver al mercado de capitales por Milei, llegó con el tono celebratorio, pero para esconder el endeudamiento estructural de la economía capitalista. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina “vuelve al mercado de capitales” con un bono a noviembre de 2029, ley local, cupón del 6,5%. Explicó que la reapertura permitirá refinanciar vencimientos, liberar dólares y, por fin, acumular reservas en el Banco Central, cerrando el “debate” sobre la escasez crónica de divisas. 

El Presidente, por su parte, rubricó el parte de victoria calificando a su ministro como “el mejor de todos los tiempos”, cuando había dicho, hace poco, que "era el peor de todos los tiempos''. Su mente bipolar pronto lo hará estallar, parece.

Pero detrás de la épica de la vuelta a los mercados de capitales, la pregunta crucial no es técnica sino política, ¿Qué significa, en términos de economia, volver al mercado con una deuda privada garantizada por el estado y gerenciada por un lobby corrupto de Milei, y además, cara, corta y bajo una arquitectura multilateral hostil, cuando el acuerdo que ordena la relación con Washington —promocionado por el oficialismo como salto de alineamiento estratégico y denunciado por amplios sectores de izquierda, como un “acuerdo colonial”— redefine quién decide, con qué condicionalidades y a cambio de qué sobre los recursos y la política económica argentina.

El regreso a los mercados de capitales no es la puerta de entrada a la autonomía sino la reedición de la dependencia. El endeudamiento actúa aquí como un dispositivo de disciplina que subordina la política económica de un país periférico a las exigencias del capital financiero global.

La lógica es conocida, excepto por los brutos liberales y los panelistas y floreros del capital y de la nada. El Estado se compromete a un flujo estable de pagos de intereses y amortizaciones en moneda dura; para asegurar ese flujo, se ajusta el gasto social, se ancla el salario en dólares, se liberaliza la cuenta capital y se priorizan sectores con rentas exportables inmediatas, usualmente extractivos. El excedente generado por el trabajo local se orienta así, crecientemente, a sostener la renta del acreedor, profundizando lo que la teoría de la dependencia definió hace décadas como transferencia sistemática de valor desde la periferia hacia el centro. Si la promesa del oficialismo es que esta vez será distinto, los instrumentos elegidos —una deuda de corto plazo, en un país de riesgo alto, con cupón que luce “moderado” pero que, dado el precio de colocación, difícilmente se traduzca en un rendimiento efectivo bajo— apuntan al mismo régimen de subordinación, más costo de capital, más exposición a shocks de tasas y commodities, más vulnerabilidad política.

Conviene, primero, despejar eufemismos. “Volver al mercado de capitales” significa reemplazar pagos hoy por más deuda mañana.

La “normalidad” que se celebra es la capacidad de ''rotar'' vencimientos, es decir, patear para adelante lo que no se puede pagar cash. No hay pecado en ello, casi todos los países lo hacen cuando acceden al crédito en condiciones razonables. El problema es el precio y la estructura, en contextos de riesgo alto, la tasa sube y el plazo baja, de modo que la carga de intereses y el perfil de vencimientos terminan dictando la política. 

Un bono a 2029, cuatro años vista, agrega un nuevo escalón a un muro de pagos ya empinado, y lo hace con una tasa de cupón del 6,5% que solo luciría barata si el título se colocara cerca de la par y el riesgo país cayera de forma sustantiva. En la práctica, si el mercado exige rendimientos de doble dígito por la prima de riesgo argentina, el costo financiero efectivo será mayor que ese cupón. Hablamos, entonces, de deuda corta y cara para comprar tiempo. El símbolo de soberanía —ley local— tampoco equivale a control, le resta protección al inversor frente a tribunales extranjeros, sí, y otorga al Estado margen regulatorio en un eventual stress; pero la verdadera coerción no pasa por la jurisdicción legal, sino por el precio del dinero, la disponibilidad de crédito y la amenaza siempre latente de cierre de mercados.

La segunda pieza del relato oficial es la “acumulación de reservas”. Caputo precisa que en 20 meses se compraron 30.000 millones de dólares, pero que la Argentina no pudo acumular por falta de crédito, al no tener acceso, se habría tenido que pagar en efectivo la deuda heredada. De allí que, si se habilita la refinanciación, cada dólar que ingrese por exportaciones y compras del BCRA podrá quedar “adentro” y engrosar las reservas. La contabilidad es prolija, pero la economía política del proceso es engañosa. Si las reservas brutas suben a costa de nueva deuda, la posición externa neta puede no mejorar o incluso empeorar; lo que se gana en “espalda” de cortísimo plazo se pierde en solvencia intertemporal. El FMI, por su parte, exige acumulación de reservas como garantía de repago. El Tesoro de Estados Unidos avala o veta desembolsos. El mensaje al resto del mercado es inequívoco, se acumula por pasivos, no por superávit genuino de la balanza comercial y de servicios. Si el ciclo de commodities o la energía no acompaña, el ajuste recae sobre el salario real y el nivel de actividad para, en la jerga, “hacer lugar” a los pagos externos. La acumulación resultante no es autonomía sino lo que David Harvey denominó acumulación por desposesión, el Estado ordena recursos escasos hacia el exterior mientras contrae derechos y capacidades internas.

Es aquí donde el nuevo entendimiento con Washington —el último escalón del alineamiento político del gobierno de Milei con la Casa Blanca, presentado como asociación estratégica y cuestionado por la oposición y buena parte de la academia como un “acuerdo colonial”— encuentra su función. Más allá de los detalles que la administración no transparentó plenamente, la arquitectura es conocida por experiencia regional: promesas de inversión, flujos financieros y respaldo en organismos multilaterales a cambio de reglas de juego que protegen la propiedad del capital extranjero, blindan mecanismos de arbitraje internacional, fijan estándares regulatorios en energía, minería y seguridad, y comprometen alineamientos en política exterior y de defensa. 

El RIGI y los cambios liberalizadores recientes ofrecen, de hecho, el molde legal doméstico para ese encastre, estabilidad fiscal por décadas, generosas facilidades para remitir utilidades y acceso preferencial a divisas. Con ese andamiaje, el “regreso a los mercados de capitales” se vuelve un apéndice de geopolítica, el precio de la apertura financiera es ceder grados de libertad en la mesa donde se decide qué se explota, cómo, por quién y en beneficio de qué estructura productiva. No es casual que el oficialismo subraye, con insistencia, la oportunidad del litio, Vaca Muerta y el agro. Allí radica la fuente de dólares que sostendría el servicio de la deuda; allí también se consolidan las formas contemporáneas de dependencia, enclave exportador, encadenamientos débiles, baja densidad tecnológica local y renta extraordinaria asegurada para los capitales con mayor poder de lobby y cobertura diplomática.

El que crea que la jurisdicción local sobre el bono 2029 resuelve esta tensión confunde símbolos con relaciones de fuerza. O es un ignorante. O miente, y hay que desenmascararlo. Y sino, darle levantamiento de masas trabajadoras para que tenga y reparta.

Si la Reserva Federal sube tasas, si un shock político interno dispara la prima de riesgo, si un revés judicial o social altera el flujo de caja de una gran inversión, el mercado cerrará igual. La disciplina se ejercerá por precios, no por jueces. Y en esas circunstancias, el repertorio de opciones del gobierno que “vuelve al mercado” suele restringirse a dos caminos: duplicar la apuesta con más ajuste para reconquistar confianza o intentar un reperfilamiento en condiciones peores, con más reticencia a prestarle. En ambos, el costo social es alto y el margen de maniobra nacional, escaso.

El argumento de que “todos los países renuevan la deuda” es estadísticamente correcto e ideológicamente equívoco. Sí, las economías con moneda hegemónica y baja prima de riesgo se financian de manera continua, escalonan vencimientos, ajustan poco a poco su perfil y monetizan en crisis. En la periferia, en cambio, la renovación suele ser la antesala de nuevos cuellos de botella y de nuevas rondas de disciplinamiento. La combinación de cupón elevado, plazo breve y volatilidad de términos de intercambio hace que una porción significativa del excedente de la economía se asigne a proteger el balance de pagos, no a transformar la estructura productiva. Cuando el oficialismo sostiene que refinanciar libera dólares para reservas, lo que no dice es que esos dólares liberados no financian inversión pública en investigación, salud o industria; financian reputación ante el acreedor. La soberanía se mide entonces por la distancia entre lo que una sociedad necesita y lo que su cronograma de deuda le permite.

Hay, además, un efecto macrofinanciero que la narrativa emprendedora del “regreso” suele omitir: la tentación del carry trade. En un contexto de tipo de cambio atrasado y tasas reales atractivas, el ingreso de capitales de corto plazo para aprovechar diferenciales puede provocar apreciación adicional, minar la competitividad y reforzar la desindustrialización, la cara doméstica de la financierización. La historia reciente argentina es explícita: tras la euforia, llega la salida súbita y con ella el salto cambiario, la inflación y la contracción. Volver al mercado sin un dispositivo prudencial que administre flujos y priorice el largo plazo es invitar a la repetición del ciclo. Y todo ello bajo la mirada del FMI, que, como brazo técnico de la diplomacia financiera, condiciona desembolsos a metas de acumulación de reservas, ajuste fiscal y liberalización, metas que multiplican la fragilidad social y, paradójicamente, la fragilidad política del mismo programa que pretende estabilizar.

Nadie serio podría desconocer la gravedad del problema externo argentino, sin dólares no hay crecimiento sostenido. La cuestión relevante es de qué modo se obtienen, quién manda sobre su uso y a qué precio social.

“Volver al mercado” con esta arquitectura y con este marco geopolítico equivale a asegurar dólares hoy a costa de trazar, a fuego, obligaciones mañana que hipotecan decisiones democráticas, cuánto invertir en educación vs. cuántos intereses pagar; cuánta regulación ambiental firmar vs. cuánta velocidad exigir a las exportaciones; qué política salarial sostener vs. qué trayectoria de superávit primario cumplir. 

La soberanía no se pierde en un acto; se degrada por default cuando el instrumento deuda se transforma en el habitus de la política económica. Por eso importa leer el anuncio de Caputo no como un evento aislado sino como parte de un vector, con hilos de continuidad donde el cuarto gobierno K y Massa fueron fundamentales en el apoyo al FMI, y que permitió luego, el pacto Milei–Trump, con sus realineamientos y promesas, y define y adjudica un tutor a la normalización financiera local. Y la tutela, por definición, no es neutral, ordena prioridades, define ganadores y perdedores, y convierte derechos en “distorsiones” a corregir para que el flujo a los acreedores no se interrumpa.

En el plano jurídico, el empaque de ley local no impide que, en los hechos, la economía quede sujeta al arbitraje internacional. Los contratos de inversión en energía y minería se amparan en tratados bilaterales y foros como el Ciadi; los grandes jugadores pactan cláusulas de estabilización impositiva y cambiaria; la liberalización comercial y financiera reduce instrumentos de administración de crisis.

Todo esto conforma una constitución material del capitalismo dependiente contemporáneo: al Estado se le permite recaudar y regular hasta donde no interfiera con la reproducción de la renta del capital transnacional. Si lo hace, paga. Si no puede pagar, ajusta. Si no ajusta, se queda sin crédito. Milei fortalece el estado para el mercado de capitales y castiga a la clase obrera. Hay que responder, charlar esto con los compañeros y compañeras, y desafiar la autoridad del mercado y organizarse.