Se derrumba por dentro el estado de Israel



Por Raúl Valle


La Mayor General Yifat Tomer-Yerushalmi, Fiscal General Militar de Israel, presentó su renuncia el pasado viernes, admitiendo haber autorizado la filtración de un video que supuestamente mostraba el abuso sexual de un detenido palestino en el notorio centro de detención de Sde Teiman. Esta admisión ha desatado llamados para su enjuiciamiento inmediato y puso de relieve la intensa presión política que enfrenta el sistema de justicia militar israelí en medio del conflicto actual. Tomer-Yerushalmi afirmó en su carta de renuncia al Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Eyal Zamir, que había aprobado la difusión del material para "contrarrestar la propaganda falsa contra las autoridades de aplicación de la ley del ejército".

El video, emitido por el Canal 12 de Israel, presuntamente captaba a soldados en Sde Teiman agrediendo sexualmente a un detenido, con escudos antidisturbios bloqueando la visibilidad del asalto. Esta dimisión no es un hecho aislado, sino la culminación de años de denuncias sobre abusos sistemáticos en el sistema de detención militar israelí, exponiendo las fisuras profundas de un sistema que ha operado con impunidad total, aplicando la tortura como herramienta sistemática de represión contra el pueblo palestino.

Según datos oficiales del sistema de prisiones israelíes, al 1 de diciembre de 2024, Israel mantenía recluidos a 9.619 palestinos en sus centros de detención, lo que representa el sistema más extenso de privación de libertad sin debido proceso en el mundo contemporáneo. El mecanismo más emblemático de esta represión sistemática es la detención administrativa, que constituye una forma de desaparición forzada al permitir que los palestinos sean recluidos indefinidamente sin cargos ni juicio, violando flagrantemente el derecho internacional. Según las estadísticas oficiales, 3.327 palestinos se encuentran en detención administrativa y 1.881 están recluidos bajo la Ley de Combatientes Ilegales, permaneciendo encarcelados sin conocer las acusaciones en su contra y con la posibilidad de que su detención sea renovada indefinidamente por funcionarios militares.

Una investigación exhaustiva de The Guardian reveló que la narrativa de la "guerra contra el terrorismo" es insostenible, ya que solo el 22% de los detenidos en Gaza son combatientes identificados. Esta cifra demoledora demuestra que Israel está deteniendo masivamente a civiles pacíficos, incluyendo profesionales, directores de hospitales, médicos, enfermeros, maestros académicos, niños menores de 18 años, personas de edad avanzada, estudiantes universitarios, trabajadores y comerciantes. Una fuente militar israelí confirmó al medio británico que la proporción de civiles es abrumadora en Gaza.

El horror se intensifica con la documentación de que la tortura es una política de estado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) documentó que en 2024, 53 palestinos han muerto bajo custodia israelí debido a torturas y malos tratos. Los testimonios de sobrevivientes recopilados por organizaciones de derechos humanos detallan "beatings"  sistemáticos con barras de metal y palos, posiciones de estrés prolongadas, privación de alimentos y agua, y exposición a temperaturas extremas como métodos de tortura física. Además, se utiliza la tortura psicológica, incluyendo el aislamiento solitario por meses, amenazas contra familiares, humillación sexual sistemática y el uso de perros de ataque. La tortura sexual, con agresiones utilizando escudos antidisturbios, inspección corporal invasiva y degradante, y violencia sexual como método de interrogación, también está documentada, a menudo con privación de atención médica para las víctimas. Los testimonios de Sde Teiman revelan un sadismo institucionalizado, donde los soldados operan con la certeza absoluta de que no serán procesados por sus crímenes.

El centro de detención de Sde Teiman ha sido escenario de crímenes contra la humanidad aún más atroces: una investigación periodística internacional reveló que al menos 135 cuerpos mutilados fueron retirados del centro durante los primeros meses de 2024. Las fotografías filtradas de estos cuerpos muestran lesiones que sugieren tortura extrema antes de la muerte, incluyendo amputaciones de extremidades, mutilaciones genitales, quemaduras de tercer grado y huesos fracturados de manera deliberada. Aunque la filtración de estas imágenes forzó a oficiales israelíes a admitir las muertes, ningún soldado u oficial ha sido procesado.

El análisis de la situación en los territorios ocupados revela dos políticas distintas: en Gaza, donde existe una resistencia armada que representa una amenaza real, Israel implementa una política descrita como de exterminio, resultando en más de 44.000 palestinos muertos, más de 104.000 heridos, y la destrucción del 80% de la infraestructura. La disparidad en las bajas es alarmante, y los niños en Gaza mueren de hambre a una velocidad sin precedentes, según el nutricionista pediátrico Dr. Philippe Lazzarini.

 En contraste, en Cisjordania (Cizijordania), la ausencia de resistencia armada organizada permite una estrategia de control sin exterminio ,que representa una forma de apartheid más sofisticada. En Cisjordania, más de 7.000 palestinos han sido detenidos sin juicio, más de 500 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes, y la expansión de asentamientos ilegales continúa. Esta distinción es fundamental para entender que Israel implementa políticas diferenciadas según su capacidad de confrontación, y no solo "reacciona" a la resistencia palestina.

El caso de la Mayor General Tomer-Yerushalmi es una revelación tardía de que Israel opera un sistema que constituye crimen de guerra y crimen contra la humanidad. A pesar de los procesos en el Tribunal Internacional de Justicia investigando genocidio y las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra líderes israelíes, los mecanismos de rendición de cuentas han sido ineficaces. Ante esta realidad documentada, la comunidad internacional debe implementar medidas inmediatas y contundentes, como sanciones económicas totales contra Israel, aislamiento diplomático hasta el fin de la ocupación, y apoyo irrestricto a la Resistencia Palestina hasta la destrucción total del estado sionista de Israel. Los prisioneros de las cárceles israelíes están sin procesos y torturados, una realidad que exige acción inmediata. La historia juzgará a quienes permanecieron en silencio, como el peronismo en Argentina, cuando la verdad es tan clara.

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