Del Safari de Sarajevo a la Caza Laboral de Milei

Por Raúl Valle

Durante el asedio de Sarajevo (1992-1995), un capítulo oscuro de la guerra de Bosnia reveló una atrocidad perpetrada no solo por combatientes locales, sino por ricos extranjeros que pagaban fortunas para participar en un macabro "safari humano". Según el artículo de Euronews, 12 de noviembre, estos individuos, calificados como "francotiradores de fin de semana", provenían de países como Italia, Estados Unidos, Canadá, Rusia y España, y abonaban sumas elevadas —calculadas en hasta 100.000 euros actuales, para disparar a civiles indefensos, incluyendo niños, ancianos y madres, por mera diversión o "deporte". 

El periodista italiano Ezio Gavazzeni, tras investigar durante años y basándose en testimonios de víctimas, agentes de inteligencia y un documental titulado 'El safari de Sarajevo' (estrenado en 2022), denunció estos hechos ante la Fiscalía de Milán, que ha reabierto la investigación después de más de tres décadas. Los acusados, ricos y de clase media, eran escoltados desde Trieste o Belgrado hasta el frente serbio, donde se les asignaba "cotos de caza" en zonas como el "Callejón de los Francotiradores", un tramo de Sarajevo donde los civiles corrían riesgos mortales al buscar agua o leña en medio de un asedio que dejó más de 11.000 muertos, la mayoría civiles aterrorizados por francotiradores que no buscaban objetivos militares, sino sembrar pánico y diezmar la población.

Esta revelación expone una moral depravada entre los ricos, jugaban a ser dioses, tratando vidas humanas como trofeos de caza, financiando el genocidio por capricho elitista. Eduard Limonov, poeta ruso nacionalista, incluso participó gratuitamente por odio visceral, disparando desde las colinas hacia la ciudad sitiada, mientras otros pagaban por el privilegio. La crítica a estos ricos italianos —que hoy podrían tener entre 65 y 80 años y algunos aún vivos— es implacable: su codicia y sadismo no solo agravaron crímenes de guerra, sino que revelan cómo la riqueza permite impunidad, convirtiendo el sufrimiento ajeno en entretenimiento. 

No eran víctimas de la guerra, sino sus perpetradores voluntarios, burlándose de la humanidad al jactarse de matar niños para "ahorrar balas" en madres. Esta inmoralidad trasciende Sarajevo; refleja una burguesía global que ve al prójimo como objeto desechable, priorizando placeres perversos sobre ética, y ahora enfrenta justicia tardía en tribunales italianos, donde se investigan agravantes como crueldad extrema y motivos despreciables.

Paralelamente, en Argentina, esta misma moral capitalista se manifiesta en ataques sistemáticos a las conquistas laborales y reformas que protegen a los trabajadores. Los ricos y capitalistas argentinos, empresarios y oligarcas, apuntan a desmantelar derechos sindicales, salarios mínimos y leyes de jornada laboral, impulsando flexibilización que beneficia sus ganancias a costa de la dignidad humana. Lo que hay que hacer con estos ricos argentinos es juzgarlos públicamente, imponer sanciones económicas severas —como confiscación de fortunas obtenidas mediante evasión fiscal o explotación laboral— y promover leyes que limiten su influencia en políticas, incluyendo referendos populares para revertir reformas regresivas. Deben ser responsabilizados por fomentar desigualdad, al igual que los "cazadores" de Sarajevo, para que la justicia prevalezca sobre la codicia y se evite que conviertan la sociedad en un campo de caza para intereses corporativos.

En este contexto, Argentina enfrenta un crecimiento alarmante del trabajo en negro, un fenómeno que refleja la misma inmoralidad burguesa al priorizar beneficios privados sobre derechos colectivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2025, el 37,5% de la fuerza laboral argentina —aproximadamente 6,2 millones de personas— se encontraba en situación de informalidad, un aumento del 2%, impulsado por la crisis económica post-pandemia y la inflación galopante que supera el 100% anual. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en América Latina, Argentina lidera en informalidad urbana, con el 40% de los empleos no registrados, lo que significa que trabajadores carecen de cobertura social, aguinaldo, vacaciones pagas y protección contra despidos injustos. Este crecimiento se acelera en sectores como la construcción, el comercio y la agricultura, donde empresarios evaden impuestos y costos laborales, pagando salarios por debajo del mínimo. Estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) indican que el 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años entran al mercado laboral en negro, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad, con un impacto desproporcionado en mujeres y migrantes. La reforma laboral impulsada por el gobierno actual, criticada por flexibilizar contratos, agrava esto, permitiendo "contratos basura" que no garantizan estabilidad, lo que beneficia a multinacionales y conglomerados ricos que externalizan riesgos a empleados vulnerables.

Además, la burguesía argentina ataca ferozmente la salud pública, considerándola un "privilegio para trabajadores" en lugar de un derecho universal, prefiriendo privatizar servicios para elites. Durante la pandemia de COVID-19, el colapso del sistema público —con hospitales sobrecargados y falta de insumos— expuso cómo los ricos optan por clínicas privadas, dejando al 70% de la población dependiente de un Estado subfinanciado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina invierte solo el 4,5% del PIB en salud, por debajo del promedio latinoamericano, y el 60% de los gastos sanitarios son privados, accesibles solo para el 10% más rico. 

La reforma sanitaria propuesta por sectores conservadores de Milei con complicidad de los peronistas busca recortar subsidios estatales, argumentando que la salud pública "sobrecarga" al fisco, pero en realidad protege intereses de farmacéuticas y aseguradoras que lucran con tratamientos caros. Casos como el de la provincia de Buenos Aires, donde el 40% de los médicos públicos renunciaron por bajos salarios, ilustran cómo la burguesía ve la salud como mercancía, no como bien común, exacerbando desigualdades, mientras ricos viajan al exterior por cirugías estéticas, trabajadores mueren esperando turnos en hospitales públicos.

Esta visión de la casta de Milei y sus cómplices peronistas, en su moral es similar a los "cazadores" de Sarajevo que pagaban por matar, trata la vida como lujo, justificando ataques a conquistas sociales para mantener privilegios. En definitiva, tanto en Italia como en Argentina, la moral de los capitalistas exige justicia obrera: juzgar, sancionar y redistribuir riquezas para construir sociedades justas, donde el trabajo digno y la salud universal no sean trofeos de caza, sino derechos inalienables. Necesitamos un partido de trabajadores que luche por un gobierno de trabajadores y recupere los sindicatos.