¿Quiénes son y para quién escriben los dueños de Clarín y el diario La Nación?

Por Raúl Valle

La concentración de medios de comunicación en manos de un puñado de conglomerados ha generado un debate intenso y persistente sobre la libertad de prensa y la influencia política en Argentina, un fenómeno que se extiende hasta el horizonte de 2025, marcado por tensiones crecientes en un contexto de polarización extrema y alianzas internacionales. 

El Grupo Clarín, propietario del diario Clarín y una vasta red de medios provinciales y monopolios que incluye canales de televisión, radios y plataformas digitales, junto con el Grupo La Nación, que controla el diario La Nación y otros medios de alcance nacional, dominan el panorama informativo del país, con una audiencia que supera el 70% en algunos segmentos y un control casi monopólico sobre la distribución de papel prensa. Esta hegemonía no es nueva; se remonta a la década de 1990, cuando ambos grupos adquirieron licencias y frecuencias durante la privatización de empresas estatales bajo el gobierno de Carlos Menem, pero sus raíces profundas se hunden en la oscura era de la dictadura militar argentina (1976-1983), un período de represión brutal donde estos conglomerados emergieron fortalecidos a través de prácticas que involucraron la confiscación forzada de propiedades mediáticas y la eliminación sistemática de competidores.

Durante la dictadura cívico-militar, liderada por figuras como Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri, el régimen implementó una política de control absoluto sobre la información, utilizando a los medios como herramientas de propaganda para justificar el "Proceso de Reorganización Nacional". Clarín y La Nación, lejos de ser víctimas, colaboraron activamente en este esquema, aprovechando el caos para expandir su imperio. No es casual leer y escuchar editoriales en defensa de la dictadura militar y los genocidas. También perseguir a delegados como fue el caso de AGR o despedir luchadores e intelectuales como Alejandro Guerrero.

Se adueñaron de Papel Prensa, un recurso estratégico escaso en la época, mediante alianzas con el gobierno militar que implicaron la expropiación de fábricas y distribuidoras pertenecientes a empresarios independientes. Cuando el régimen cuestiona las expropiaciones democráticas que propone la izquierda, estos validan las expropiaciones de la derecha y los libertarios.

Muchos de estos dueños originales fueron víctimas de la represión, desaparecidos, asesinados o forzados al exilio bajo acusaciones de "subversión". Por ejemplo, el Grupo Clarín, bajo el liderazgo de Roberto Noble inicialmente y luego de sus sucesores, adquirió control sobre plantas de papel en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde propietarios como el empresario gráfico Enrique Osés fueron secuestrados y nunca más vistos, permitiendo que el diario consolidara su monopolio en la impresión y distribución. De manera similar, La Nación, con vínculos históricos con elites conservadoras, se benefició de la desaparición de competidores como el diario Crónica, cuyos editores fueron silenciados por el régimen, facilitando la absorción de sus recursos productivos. Esta complicidad no solo aseguró su supervivencia, sino que les permitió acumular fortunas inmensas, transformándolos en gigantes mediáticos que hoy controlan el 80% del mercado de papel prensa en Argentina, un legado que continúa influyendo en la economía de la información hasta 2025, donde la escasez de papel y la transición digital no han diluido su poder.

Este proceso de apropiación se entrelaza con influencias internacionales, incluyendo el ascenso del sionismo como fuerza ideológica y económica en la estructura de Clarín. A partir de la posdictadura, en los años 80 y 90, el diario comenzó a integrar elementos sionistas en su línea editorial, no como una conspiración abstracta, sino a través de alianzas estratégicas con lobbies israelíes y figuras influyentes en la comunidad judía argentina, que vieron en Clarín una plataforma para promover narrativas proisraelíes en América Latina. Editores clave, como Ernestina Herrera de Noble, quien asumió el control tras la muerte de su esposo en 1969, forjaron vínculos con organizaciones sionistas globales, incluyendo donaciones y colaboraciones con entidades como el Congreso Judío Mundial, lo que permitió que Clarín adoptara una postura favorable a Israel en conflictos como la Guerra de los Seis Días (1967) y posteriores. Esta influencia se profundizó con la llegada de inmigrantes y empresarios de origen sionista al equipo directivo, quienes, según investigaciones periodísticas como las de Horacio Verbitsky en su libro "Robo para la Corona", contribuyeron a moldear una agenda que blanquea la ocupación israelí y minimiza críticas a políticas sionistas, extendiéndose hasta hoy en coberturas sesgadas sobre Gaza y Medio Oriente. 

En 2025, esta dinámica se manifiesta en alianzas con conglomerados sionistas internacionales, como el Grupo Prisa o fondos vinculados a lobbies proisraelíes en Estados Unidos, reforzando el control de Clarín sobre narrativas globales y locales, donde la defensa de intereses sionistas se alinea con posturas conservadoras que critican al islamismo radical, pero con matices que evitan confrontaciones directas con gobiernos occidentales.

En los últimos años, la crítica a esta concentración ha aumentado, acusando a Clarín y La Nación de sesgar la información a favor de intereses conservadores y militar por Milei. Antes militaron con Néstor Kirchner, y mantenían una excelente relación. El caso más emblemático fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, impulsada por Cristina Kirchner, a pesar que habilitaba cierta apertura, edulcoraba el monopolio con algún permiso de radios barriales y alternativas pero monopolizadas por la iglesia, una ficción de desmonopolizar el mercado y promover la diversidad. 

Clarín y La Nación lideraron una campaña mediática feroz contra la norma, argumentando que atentaba contra la libertad de expresión, y recurrieron a huelgas y bloqueos judiciales que paralizaron la implementación. La batalla judicial se extendió por años, culminando en fallos de la Corte Suprema en 2013 que modificaron la ley, pero no eliminaron el poder de estos grupos, dejando intacto su dominio sobre el papel prensa y la distribución. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, ambos diarios fueron acusados de minimizar la crisis sanitaria y atacar el sistema de salud, haciendo mística de los aplausos con el personal de salud pero validando la baja salarial de Alberto Fernández, lo que exacerbó la polarización social y contribuyó a protestas masivas. 

Expertos en comunicación, como el periodista Martín Becerra, han señalado que esta concentración limita el pluralismo, ya que los medios independientes luchan por sobrevivir en un ecosistema dominado por publicidad y alianzas políticas, un problema que se agrava en 2025 con la expansión de plataformas digitales controladas por estos mismos grupos y el gobierno.

La influencia de Clarín y La Nación trasciende lo nacional; sus alianzas con conglomerados internacionales, como el Grupo Prisa en España o News Corporation en Estados Unidos, refuerzan su capacidad para moldear narrativas globales sobre Argentina, incluyendo su rol en debates sobre inmigración, economía y política exterior. Críticos, incluyendo organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, han alertado sobre el riesgo de que esta concentración derive en censura indirecta, donde voces disidentes son marginadas, y en 2025, con el auge de la inteligencia artificial en la producción de noticias, este riesgo se multiplica, permitiendo a estos diarios generar contenido sesgado a escala masiva. En un contexto de fake news y redes sociales, la responsabilidad de estos diarios en la formación de opinión pública es aún mayor, pero su modelo de negocio, basado en ingresos publicitarios y circulación, los hace cómplices a presiones económicas y políticas, especialmente bajo el gobierno de Javier Milei, quien asumió el poder en 2023 con una agenda libertaria que incluye críticas a la intervención estatal en medios, pero con operadores como Laje, Viale, Eduardo Feimann un abogado y militante que salió de la UBA, de la organizacion estudiantil UPAU, que defendía, entre otras cosas, a Videla y que mantienen una relación ambigua con Clarín y La Nación.

Milei, un ferviente defensor del populismo de derecha, ha estatizado deuda privada, y aumentó el déficit fiscal y los gastos del estado con la deuda estatal y fortalecido el Banco central con el apoyo del estado de Trump, ha apoyado desregulaciones que benefician a estos conglomerados, eliminando subsidios a medios públicos y promoviendo privatizaciones, lo que ha fortalecido su posición hasta 2025. Sin embargo, solo la izquierda emerge en críticas opositoras, en críticas puntuales a su cobertura de temas como la inflación o la deuda externa, donde Milei ha tenido un apoyo de La Nación en algunas columnas, generando tensiones leves que no alteran el apoyo general, ya que ambos diarios respaldan su política económica neoliberal y su alineamiento con potencias occidentales, incluyendo posturas proisraelíes que resuenan con el sionismo integrado en Clarín.

Este panorama se refleja en casos similares a nivel global, como el reciente boicot anunciado por más de 300 escritores, académicos y figuras públicas contra The New York Times, acusándolo de complicidad mediática en el genocidio israelí en Gaza. Según una declaración pública, los firmantes alegan que el diario colabora sistemáticamente reproduciendo información falsa de fuentes oficiales israelíes, ordena a sus corresponsales evitar términos como masacre y limpieza étnica, y elimina referencias a campos de refugiados como objetivos militares. La campaña también denuncia vínculos de editores y altos directivos con la ocupación israelí y lobbies sionistas, además de discriminación laboral y censura contra el personal árabe y musulmán del periódico. Los organizadores subrayan el peso único del The New York Times en moldear el consenso político de Estados Unidos en política exterior, calificándolo como el diario oficial del país, y acusan al medio de blanquear la historia del sionismo y participar en una guerra de desinformación, afirmando que la calificación de genocidio en Gaza debía ser suficiente para provocar una reacción mundial. 

Esta situación en Estados Unidos ilustra paralelismos alarmantes con la realidad argentina, donde Clarín y La Nación ejercen un dominio similar, moldeando narrativas políticas y minimizando críticas a alianzas conservadoras, lo que refuerza la necesidad de abordar la concentración mediática para evitar que se convierta en un instrumento de desinformación y complicidad en conflictos, ya sean locales o globales, proyectándose hasta 2025 con riesgos crecientes de polarización extrema.

En conclusión, se debe proceder a la nacionalización de los diarios Clarín y La Nación bajo un esquema de gestión mixta con participación de trabajadores, intelectuales, gráficos y trabajadores de TV y stream y la  sociedad civil trabajadora, para garantizar un acceso equitativo a la información y prevenir abusos de poder, una medida urgente que se extiende como imperativo ético hasta 2025 en un contexto de alianzas sionistas y apoyo gubernamental ambiguo. 

Esta medida se justifica por la necesidad de contrarrestar la concentración mediática que amenaza la democracia, como se ha visto en casos, en cierta medida, similares en Europa, donde regulaciones como la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales han promovido la diversidad sin suprimir la libertad de prensa, y ahora en el boicot al New York Times, que expone cómo medios dominantes pueden perpetuar sesgos y complicidad en narrativas controvertidas, incluyendo la apropiación histórica durante la dictadura y la influencia sionista en Clarín. Argumentos clave incluyen la evidencia histórica de sesgos capitalista y políticos que han polarizado la sociedad argentina desde la dictadura hasta hoy, el fracaso de intentos previos de autorregulación bajo gobiernos como el de Milei, y el imperativo ético de que los medios sirvan al interés público, no a intereses corporativos o ideológicos como el sionismo; además, estudios de la UNESCO muestran que la diversidad mediática reduce la desinformación y fortalece la confianza institucional, lo que podría estabilizar un país marcado por crisis recurrentes, mientras que el ejemplo del NYT destaca los riesgos de no intervenir, como la perpetuación de guerras de desinformación que afectan debates globales y locales hasta 2025.

Sin esta intervención, el riesgo de manipulación informativa persistirá, socavando el debate democrático y perpetuando legados de monopolios capitalistas, violencia y control que datan de la dictadura militar.

Por Una Prensa del Circulo de Trabajadores y Los Estudiantes