¿Qué es el extractivismo? ¿Quiénes son los enemigos del pueblo trabajador? ¿Cómo combatirlos?

Por Raúl Valle

 La Argentina, tierra de recursos naturales exuberantes, se ha convertido en un campo de batalla donde empresas extranjeras y fusiones público-privadas extractivistas se disputan el control de sus bienes comunes. Un análisis de los datos disponibles revela un entramado de poder que combina capital transnacional y complicidad estatal, con impactos devastadores para las comunidades y el medio ambiente. El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, ha tejido una red de influencia en sectores clave de la economía argentina, a través de inversiones en Pampa Energía y Chevron, participa en la explotación de shale oil y gas no convencional en la formación neuquina, beneficiándose de la Ley de promoción de inversiones (RIGI), que exonera de impuestos a proyectos de más de USD 200 millones. La estatal YPF, que controla el 70% de la extracción de petróleo crudo en el país, tiene un 6,06% de sus acciones en manos de BlackRock, evidenciando la fusión entre capital privado transnacional y empresas públicas.

La empresa canadienne Barrick Gold, una de las mayores productoras de oro del mundo, opera en yacimientos argentinos, y según registros, por cada USD 100 que genera en el país, solo USD 1,7 regresa a la economía local en concepto de impuestos o regalías, contrastando con el volumen de producción: Argentina declara 62 toneladas de oro anuales, con destino a mercados como Suiza y Canadá. Chevron, en alianza con YPF, opera en Neuquén, y aunque la producción de petróleo genera miles de millones, los datos sobre ganancias corporativas son opacos, aunque se sabe que los proyectos en Vaca Muerta se benefician de exenciones tributarias bajo el RIGI, lo que reduce drásticamente la redistribución de recursos hacia las arcas públicas. YPF, aunque es una empresa de mayoría estatal, ha priorizado la lógica extractivista, aliándose con BlackRock en Vaca Muerta y concentrando el 70% de la extracción de petróleo en Argentina, beneficiando a multinacionales. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) subsidia a las multinacionales, exonerando de impuestos por 30 años a proyectos extractivos que superen los USD 1.000 millones. Esto explica por qué empresas como Chevron o Barrick expanden operaciones sin contraprestación equitativa. El extractivismo no solo agota los recursos, sino que endeuda al país: según críticos, la extracción de datos y conocimiento por parte de grandes tecnológicas (como BlackRock) fuerza al Estado a profundizar su dependencia, mientras las comunidades originarias y ambientales sufren el impacto. La paradoja es clara, multinacionales como Barrick o BlackRock obtienen ganancias obscenas, mientras el Estado argentino se endeuda y los territorios se degradan. 

También, China ha consolidado su presencia en el sector extractivista argentino, especialmente en minerales estratégicos. La empresa china Yanfeng Lithium es un actor central, con el 46,7% de participación en proyectos de litio en Argentina, como el proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy. Estas inversiones se insertan en una estrategia de control de la cadena de valor de las baterías para vehículos eléctricos, clave para la transición energética global. En Santa Cruz, existe interés chino en proyectos extractivistas de mineral de oro y plata. 

¿De dónde venimos?

El acuerdo entre YPF y Chevron, firmado hace más de una década, ha sido objeto de controversias y críticas porque fue secreto y sus implicaciones para el control de los recursos naturales argentinos. El acuerdo se rubricó para la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta, específicamente en el área de Loma de Campana (Neuquén). Se trata de un pacto de 35 años de duración, que marcó el inicio de la extracción a gran escala de shale oil y gas mediante la técnica del fracking en Argentina. Uno de los puntos más criticados fue la cláusula que garantiza a Chevron derechos sobre la producción incluso en caso de retirada. 

Según registros, el acuerdo establecía que si la empresa estadounidense decidía salir del país, mantendría derechos del 50% de lo que se explote en esa área. Además, funcionarios petroleros argentinos reconocieron que el pacto estaba diseñado para "proteger a Chevron de una pérdida pecuniaria ligada a" la operación, lo que sugiere una protección financiera a la empresa extranjera frente a posibles riesgos. El acuerdo contemplaba una inversión inicial de aproximadamente 1.240 millones de dólares para habilitar la primera fase de desarrollo en las áreas de Loma La Lata Norte y Loma Campaña.

El pacto generó un intenso debate, en gran medida por su opacidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a ordenar a YPF que hiciera público el contrato, tras solicitudes de información que no fueron atendidas. Esto alimentó críticas sobre la falta de rendición de cuentas en un acuerdo que involucra recursos estratégicos. El Pueblo Mapuche denunció "falsas promesas" en el marco del acuerdo, lo que refleja el descontento de comunidades locales que habitaban los territorios afectados por la explotación. En resumen, el acuerdo YPF-Chevron se caracterizó por su larga duración, cláusulas de protección a la empresa extranjera, falta de transparencia inicial y controversias por su impacto en comunidades y el control de los recursos naturales argentinos. 

El gobierno de Javier Milei, iniciado en 2023, ha profundizado un modelo de subordinación a potencias extranjeras que, lejos de ser una anomalía, se inscribe en una tradición histórica de gobiernos argentinos, incluidos los peronistas, que han priorizado intereses externos sobre la autodeterminación.

El acuerdo entre YPF (empresa estatal) y Chevron, firmado en 2013 durante la gestión de Cristina Kirchner, sentó un precedente de cesión de soberanía. El pacto, que garantiza a la empresa estadounidense derechos sobre el 50% de la producción en Vaca Muerta por 35 años y exima de impuestos mediante el RIGI, fue un capítulo más en la entrega de recursos estratégicos a multinacionales.

Hace unos días, y en base a esta política de entrega, Milei autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino, una decisión que se suma a su política extractivista y de alineamiento con Washington. 

Mientras que gobiernos peronistas anteriores firmaron tratados que limitaban la soberanía sobre ríos y recursos (como el acuerdo con Brasil por las represas en el Paraná), Milei concretó en 2025 un pacto con Uruguay para que las exportaciones argentinas salgan desde el puerto de Montevideo, cediendo control sobre una vía fluvial clave.

Ambos modelos, el peronista y el mileísta, han usado narrativas contradictorias para justificar la entrega, los primeros hablaban de "soberanía energética" al estatizar YPF en 2012, pero luego la privatización de facto con Chevron; Milei, bajo el eslogan de "Libertad de mercado”, impulsa tratados que benefician a empresas extranjeras y potencias.

Hoy, el 53% de los argentinos vive en la pobreza, mientras multinacionales como BlackRock, Chevron y Barrick Gold siguen extrayendo riqueza sin una contraprestación equitativa. La paradoja es que, tanto bajo gobiernos que se autodenominaba "nacionales y populares" como bajo la derecha radical de Milei, la soberanía se ha entregado mediante leyes, decretos y acuerdos oscuros y secretos que benefician a una minoría capitalista.

Una diferencia seria con el Partido Obrero Oficial a favor de la regulación del "fracking".

En un marco teórico socialista que busca reconciliar la nacionalización de recursos con la sostenibilidad, un modelo extractivista transformado se estructuraría en torno a tres ejes clave, control obrero efectivo, eliminación del fracking y priorización de alternativas no extractivistas, con el fin de superar la dependencia clásica de la exportación de materias primas. 

El control obrero no se limita a la administración formal de empresas nacionalizadas (minería, energía, banca), sino que implica la participación en la toma de decisiones donde consejos de trabajadores, técnicos y comunidades locales definen qué se extrae, cómo (tecnologías) y para qué (priorizando necesidades internas vs. exportación). 

Se priorizan métodos de extracción de bajo impacto y se rechazan prácticas destructivas, incluso si generan ingresos rápidos, mientras se implementa una política de transparencia y rendición de cuentas donde los trabajadores y comunidades monitorean el uso de recursos. 

El modelo prohíbe explícitamente el fracking y limita la megaminería (proyectos de gran escala con alto impacto ambiental), al considerarlos incompatibles con la soberanía ecological y el control obrero, declarando ilegal el fracking por su alto consumo de agua, contaminación de acuíferos y contribución al cambio climático, e invertir en alternativas como geotermia y biocombustibles.

Se restringen los megaproyectos de gran escala que desplazan comunidades, contaminan ríos o destruyen ecosistemas, promoviendo en su lugar la pequeña minería artesanal gestionada por cooperativas de mineros locales con tecnologías de bajo impacto y la agricultura comunitaria en tierras recuperadas de zonas mineras.

Para que el control obrero y la eliminación del fracking sean viables, se prioriza el desarrollo de capacidades tecnológicas propias mediante el financiamiento de centros de investigación estatal y universidades para diseñar tecnologías de extracción limpia, la cooperación entre científicos y trabajadores de otros países para compartir conocimientos sobre energías renovables y la agricultura sostenible, y el rechazo a la "tecnología impuesta" de multinacionales que condicionan la inversión a la adopción de tecnologías extractivistas.

Este modelo enfrenta desafíos como la generación de menos ingresos a corto plazo que el fracking o la megaminería, lo que requiere una reorganización (Es la clave que Gabriel Solano y los dirigentes del Partido Obrero Oficial desconocen) del comercio exterior exportando productos terminados en lugar de solo materias primas, la resistencia de sectores tradicionales, hay que combatirla, como empresas mixtas, burócratas o grupos locales dependientes de la extracción clásica, y generar el equilibrio entre la "calidad" del crecimiento (empleo estable, salud ambiental) y la "cantidad" (PIB basado en extracción).

Un modelo extractivista transformado no reniega de la extracción de recursos, pero la redefine bajo principios de control obrero, eliminación de prácticas destructivas y soberanía tecnológica, cuyo éxito depende de la capacidad de priorizar la sostenibilidad y la autogestión sobre la lógica clásica de la explotación capitalista y la exportación de materias primas.