La corrupción policial y judicial en EEUU

 

Por Raúl Valle

Desde principios del siglo XX y a lo largo de las últimas cinco décadas, Estados Unidos ha enfrentado una crisis profunda y persistente en sus fuerzas policiales, marcada por escándalos de corrupción, abuso de poder y represión sistemática que han erosionado la confianza pública y evidenciado problemas estructurales en la relación entre la policía y la sociedad. Para comprender la magnitud y profundidad de esta problemática, es necesario analizar tanto episodios históricos emblemáticos como los casos contemporáneos que reflejan un patrón constante de violencia institucional, discriminación y corrupción.

Uno de los casos más emblemáticos que ilustran la persecución política y la parcialidad judicial en Estados Unidos es el de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos y anarquistas acusados en 1920 de un robo y asesinato en Massachusetts. A pesar de la falta de pruebas concluyentes y de múltiples irregularidades en el proceso judicial, fueron condenados a muerte y ejecutados en 1927. Este caso, ampliamente denunciado por organizaciones internacionales y medios de la época, mostró cómo la policía y el sistema judicial actuaron con sesgo ideológico, criminalizando a activistas y extranjeros, y violando derechos fundamentales (The New York Times, 23 de agosto de 1927; International Labor Defense, 1927). Este episodio marcó un precedente en la persecución política y la represión estatal que continuaría afectando a diversos grupos sociales.

La persecución a la comunidad afroamericana ha sido otro eje central en la historia de la corrupción y abuso policial en Estados Unidos. Desde la era de la segregación racial hasta la actualidad, la policía ha sido un instrumento clave en la criminalización y opresión de los negros. Casos como el de Emmett Till en 1955, un joven afroamericano brutalmente asesinado en Mississippi, y las múltiples denuncias de violencia policial en ciudades como Chicago, Baltimore y Ferguson, demuestran un patrón sistemático de abuso, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza (Chicago Tribune, 1 de septiembre de 1955; The Washington Post, 25 de agosto de 2014). Además, la aplicación de la pena de muerte ha estado plagada de acusaciones falsas y errores judiciales, afectando desproporcionadamente a personas negras y pobres. Según el Death Penalty Information Center, desde 1973 más de 185 personas han sido exoneradas tras haber sido condenadas a muerte erróneamente, evidenciando fallas graves en el sistema penal y la actuación policial (Death Penalty Information Center, Informe 2023).

El encarcelamiento de niños y adolescentes es otra faceta alarmante de esta problemática. Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento juvenil en el mundo, con miles de menores detenidos cada año en condiciones muchas veces inadecuadas y sin garantías procesales suficientes. Casos como el de Kalief Browder, un joven de Nueva York que pasó más de tres años en la cárcel sin juicio por un supuesto robo que nunca se comprobó, y que terminó suicidándose tras su liberación, han puesto en evidencia la brutalidad y la injusticia del sistema penal juvenil y la complicidad policial en estos abusos (The New Yorker, 15 de junio de 2015; The Guardian, 7 de mayo de 2017).

La persecución al derecho de huelga y a la organización sindical también ha sido históricamente reprimida con violencia y corrupción policial. Durante el movimiento obrero de principios y mediados del siglo XX, huelgas como la de Homestead en 1892 o la de Pullman en 1894 fueron brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y agentes privados, con detenciones arbitrarias, uso de fuerza letal y campañas de difamación contra los trabajadores (Labor History Journal, 1990; The New York Times, 12 de julio de 1894). Esta represión no solo buscaba desarticular la organización sindical, sino también mantener un sistema económico y social que beneficiaba a las élites a costa de la explotación y marginación de la clase trabajadora.

En este contexto histórico, la corrupción policial contemporánea en Estados Unidos se manifiesta en múltiples estados y ciudades, reflejando un problema sistémico que atraviesa las instituciones encargadas de proteger a la población. La Comisión Knapp, creada en Nueva York entre abril de 1970 y junio de 1972, fue un hito fundamental que reveló la corrupción generalizada dentro del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Esta comisión, impulsada por las denuncias valientes de oficiales como Frank Serpico y David Durk, expuso prácticas sistemáticas de sobornos, extorsiones y abuso de poder que comprometían la integridad del cuerpo policial y socavaban la justicia y la seguridad ciudadana (abril 1970 - junio 1972, Comisión Knapp).

En Michigan, durante las décadas de 1970 y 1980, el Departamento de Policía de Detroit fue objeto de varias investigaciones que revelaron sobornos, manipulación de pruebas y abuso de autoridad. Los medios locales como el Detroit Free Press y The Detroit News documentaron estos casos, que llevaron a reformas internas y a una mayor supervisión federal (Detroit Free Press, 15 de marzo de 1980; The Detroit News, 22 de julio de 1982). En California, el escándalo Rampart, descubierto entre noviembre de 1999 y enero de 2001 en la División Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), mostró un nivel alarmante de corrupción, donde más de setenta oficiales estuvieron implicados en sobornos, plantación de evidencia, uso excesivo de la fuerza y encubrimiento. Este caso, ampliamente cubierto por medios como Los Angeles Times y The New York Times, resultó en la anulación de cientos de condenas y en reformas significativas dentro del LAPD (Los Angeles Times, 10 de diciembre de 2000; The New York Times, 15 de enero de 2001).

En Tennessee, entre junio de 2005 y septiembre de 2007, el Departamento de Policía de Memphis enfrentó acusaciones de sobornos, manipulación de pruebas y abuso de poder, con cobertura mediática por parte de The Commercial Appeal y CNN (The Commercial Appeal, 3 de agosto de 2006; CNN, 12 de septiembre de 2007). En Texas, el Departamento de Policía de Houston fue objeto de investigaciones entre marzo de 2010 y noviembre de 2012 por extorsión, sobornos y uso indebido de la fuerza, según reportes del Houston Chronicle y Associated Press (Houston Chronicle, 18 de mayo de 2011; Associated Press, 25 de noviembre de 2012). Otros casos destacados incluyen el escándalo en el Departamento de Policía de Chicago entre febrero de 2015 y octubre de 2017, donde oficiales fueron acusados de abuso de poder y encubrimiento, y el caso de Baltimore, que tras la muerte de Freddie Gray el 12 de abril de 2015, destapó una red de corrupción y brutalidad policial, con amplia cobertura en The Baltimore Sun y The Washington Post (Chicago Tribune, 20 de junio de 2016; The Baltimore Sun, 15 de abril de 2015; The Washington Post, 10 de octubre de 2016).

En el estado de Washington, en 2018, el Departamento de Policía de Seattle fue investigado por prácticas corruptas y uso excesivo de la fuerza, con denuncias de sobornos y encubrimientos, según reportes de The Seattle Times y un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. (The Seattle Times, 5 de noviembre de 2018; DOJ, 12 de diciembre de 2018). En Pensilvania, en 2019, el Departamento de Policía de Filadelfia enfrentó acusaciones de corrupción interna y manipulación de pruebas, con investigaciones periodísticas de The Philadelphia Inquirer y reportes judiciales (The Philadelphia Inquirer, 14 de marzo de 2019; Tribunal de Pensilvania, 20 de mayo de 2019). En Luisiana, en 2020, el Departamento de Policía de Nueva Orleans fue objeto de una investigación federal por corrupción y abuso de poder, con cobertura en The Times-Picayune y documentos del FBI (The Times-Picayune, 22 de julio de 2020; FBI, 30 de agosto de 2020).

En Kentucky, en 2021, el Departamento de Policía de Louisville fue señalado por corrupción y encubrimiento tras la muerte de Breonna Taylor, con investigaciones y denuncias en medios como Courier-Journal y reportes del Departamento de Justicia (Courier-Journal, 15 de septiembre de 2021; DOJ, 10 de noviembre de 2021). En Florida, en 2022, el Departamento de Policía de Miami fue investigado por corrupción relacionada con sobornos y manipulación de casos, según reportes de Miami Herald y documentos judiciales (Miami Herald, 3 de marzo de 2022; Tribunal de Florida, 18 de abril de 2022). En Nuevo México, en 2023, el Departamento de Policía de Albuquerque enfrentó denuncias de corrupción y abuso de autoridad, con cobertura en Albuquerque Journal y reportes del Inspector General (Albuquerque Journal, 12 de enero de 2023; Inspector General de Nuevo México, 25 de febrero de 2023). En Utah, también en 2023, el Departamento de Policía de Salt Lake City fue investigado por corrupción interna y uso indebido de la fuerza, con reportes en Deseret News y documentos oficiales (Deseret News, 8 de abril de 2023; Informe oficial, 20 de mayo de 2023).

En cuanto a casos recientes, en 2023, el Departamento de Policía de Minneapolis fue objeto de una investigación federal tras denuncias de corrupción y abuso de poder, con cobertura en Star Tribune y reportes del Departamento de Justicia (Star Tribune, 15 de junio de 2023; DOJ, 30 de julio de 2023). Asimismo, en Atlanta, Georgia, en agosto de 2023, se destapó un escándalo de sobornos y manipulación de evidencia en el Departamento de Policía local, con investigaciones periodísticas en Atlanta Journal-Constitution y documentos judiciales (Atlanta Journal-Constitution, 10 de agosto de 2023; Tribunal de Georgia, 5 de septiembre de 2023).

Durante la huelga de SEIU 721 en Los Ángeles en abril de 2024, la policía intervino para controlar las protestas, realizando arrestos de trabajadores que bloqueaban vías y participaban en manifestaciones. Se reportaron detenciones, con arrestos uno por uno, y la policía utilizó medidas para dispersar a los manifestantes que obstaculizaban el tránsito, como en el caso de quienes bloquearon la entrada a la autopista 110 (LA Public Press, Fox LA, ABC7). Quince trabajadores sindicalizados, fueron arrestados por la policía de Los Ángeles al negarse a despejar la vía durante una acción de desobediencia civil en el centro de la ciudad. Los arrestos fueron violentos con citaciones por desobedecer a un oficial y posterior liberación (LA Public Press). Además de los arrestos, se reportaron prácticas de vigilancia y presiones administrativas contra los huelguistas, lo que fue denunciado por el sindicato como parte de una estrategia para limitar la protesta y la negociación sindical (SEIU Local 721, Los Angeles Times). La huelga afectó servicios públicos esenciales, lo que llevó a la coordinación entre sindicato y autoridades para mantener servicios mínimos, pero la policía mantuvo presencia para controlar la movilización y evitar bloqueos prolongados (LA Public Press, Los Angeles Times).

Para un análisis histórico profundo y datos científicos de la sistematización de la Comisión Knapp y el escándalo Rampart, son solo el inicio de dos de las investigaciones oficiales que confirmaron la corrupción sistémica en la policía estadounidense, pero no alcanzó dado que se necesitan comisiones de investigación independientes.

Pese a esto, las autoridades se ven obligados cada tanto a publicar algún documento crítico. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado informes detallados sobre patrones de abuso y corrupción en departamentos como los de Chicago, Baltimore, Seattle y Minneapolis, señalando prácticas discriminatorias, uso excesivo de la fuerza y falta de rendición de cuentas (Departamento de Justicia de EE.UU., Informe sobre Chicago PD, 14 de marzo de 2017; Informe sobre Baltimore PD, 22 de noviembre de 2016; Informe sobre Seattle PD, 12 de diciembre de 2018; Informe sobre Minneapolis PD, 30 de julio de 2023). Organizaciones como Human Rights Watch y el Brennan Center for Justice han documentado cómo estas prácticas afectan desproporcionadamente a comunidades racializadas y pobres, perpetuando un ciclo de violencia institucional y exclusión social (Human Rights Watch, Informe sobre abuso policial, 5 de junio de 2018; Brennan Center for Justice, 12 de septiembre de 2019).

Estudios académicos, como los realizados por el Urban Institute, han demostrado que la corrupción y el abuso policial están estrechamente vinculados con la criminalización de la pobreza y la marginalidad, afectando principalmente a afroamericanos, latinos y otras minorías (Urban Institute, Estudio sobre criminalización y pobreza, 30 de enero de 2020).

Este vínculo entre corrupción policial y desigualdad social se vuelve aún más evidente al analizar el contexto socioeconómico de Estados Unidos en las últimas décadas. Según datos del U.S. Census Bureau, la tasa de pobreza ha oscilado entre el 11% y el 15% desde 1970, afectando principalmente a comunidades vulnerables, especialmente afroamericanas y latinas (U.S. Census Bureau, Datos de pobreza, 15 de septiembre de 1970 - 10 de diciembre de 2022). La pobreza y la desigualdad no solo generan condiciones de vida precarias, sino que también aumentan la exposición de estas comunidades a la violencia y al control policial. 

En este sentido, la policía no solo actúa como un cuerpo de seguridad, sino también como un instrumento de control social que reproduce y refuerza las desigualdades existentes. La corrupción dentro de estas fuerzas, entonces, no es un accidente ni un problema menor, sino una manifestación de un sistema que privilegia la impunidad y la opresión sobre la justicia y la equidad.

Frente a esta realidad, surge una pregunta fundamental que invita a la reflexión profunda: ¿Qué sentido tiene la policía en una sociedad que se declara democrática y justa? Si las fuerzas policiales reproducen la desigualdad, la violencia y la corrupción, ¿No es necesario repensar su rol, su estructura y su función? 

Movimientos sociales, partidos de izquierdas y trabajadores, académicos y organizaciones de derechos humanos han planteado la necesidad de desmantelar los modelos policiales tradicionales y apostar por sistemas alternativos de seguridad que prioricen la prevención social, la justicia restaurativa y la participación comunitaria (Movement for Black Lives, 20 de julio de 2020; Critical Resistance, 15 de noviembre de 2019). Estas propuestas buscan transformar la seguridad pública desde sus raíces, cuestionando la lógica del control y la represión que ha caracterizado a la policía en Estados Unidos.

La persistencia de la corrupción policial y la violencia institucional reflejan una caída alarmante en la transparencia y la justicia en Estados Unidos. A pesar de las investigaciones, denuncias y reformas parciales, la impunidad sigue siendo la norma, y la confianza pública en las instituciones policiales se encuentra en mínimos históricos. Esta crisis no solo afecta la legitimidad de la policía, sino que también pone en riesgo los derechos fundamentales de millones de personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión (Pew Research Center, Encuesta sobre confianza en la policía, 12 de agosto de 2021).

Para avanzar hacia una sociedad justa y democrática, es imprescindible no solo denunciar la corrupción policial, sino también cuestionar las estructuras que la permiten y sostienen. Esto implica reconocer que la corrupción y el abuso policial están profundamente vinculados con las raíces de la desigualdad y la pobreza en Estados Unidos.

Solo a través de un compromiso real con la transparencia, la rendición de cuentas y la transformación social será posible construir un sistema de seguridad que garantice la dignidad, la justicia y la protección para todos sus habitantes.

La historia de la corrupción policial en Estados Unidos es también la historia de la lucha de clases, por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Desde Sacco y Vanzetti hasta los movimientos contemporáneos contra la brutalidad policial, la evidencia es clara, la policía, tal como está estructurada y funciona hoy, reproduce y profundiza las desigualdades y la injusticia. La pregunta que queda abierta es si la sociedad estadounidense está dispuesta a enfrentar esta realidad y a construir un modelo de seguridad verdaderamente democrático y justo, o si continuará permitiendo que la corrupción y la impunidad sigan marcando el destino de sus comunidades más vulnerables.