Lula sabía lo de Río de Janeiro: Represión, Sangre y Miedo. Violencia y Militarización

Por Raúl Valle

La operación más mortífera de la historia reciente de Brasil, que dejó más de 130 muertos en el Complejo Penha durante la madrugada del 28 de octubre de 2025, no solo eclipsó el debate internacional entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente estadounidense Donald Trump en Malasia, sino que también revitalizó el discurso de la extrema derecha, alimentado por el miedo y la retórica de la "guerra contra el narcotráfico". 

Bajo el mando del gobernador Claudio Castro, del Partido Liberal (PL), el partido de Jair Bolsonaro, esta intervención reactivó una política de exterminio que combina fervor religioso con violencia estatal, mientras que el bolsonarismo resurge con llamamientos a la represión brutal y la glorificación de los cadáveres como trofeos. Helicópteros sobrevolando las favelas, disparos rasgando el cielo y transmisiones en vivo de actos de barbarie marcaron un nuevo capítulo en la larga historia de los conflictos armados en Brasil, donde el Estado dispara contra los "soldados del narcotráfico", nunca contra la clase capitalista ni los banqueros que se enriquecen con las drogas, perpetuando un ciclo de impunidad y enriquecimiento de las élites. Es más, los capos de la droga escaparon porque habían sido advertidos antes del operativo. Sin embargo, esto no es una anomalía aislada. 

Brasil ha sufrido numerosas represiones en la lucha contra el narcotráfico, caracterizadas por operaciones militares masivas, masacres y asesinatos selectivos que han cobrado miles de vidas, especialmente en comunidades pobres y periféricas. Estos hechos no solo evidencian la ineficacia de la "guerra contra las drogas", sino también la connivencia entre facciones criminales, milicias, capitalistas y el poder político. A continuación, detallo algunas de las represiones y asesinatos más notorios, basándome en informes corroborados de medios como BBC Brasil, The Guardian, Folha de S.Paulo, O Globo y El País, que han documentado estas violencias mediante investigaciones periodísticas y datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Por ejemplo, la Operación Río (febrero-diciembre de 2018), una de las intervenciones más emblemáticas, decretada por el entonces presidente Michel Temer bajo el régimen de Garantía de Ley y Orden (GLO), que permitió a las Fuerzas Armadas Federales ingresar a Río de Janeiro. 

Esta operación, que se prolongó durante meses, involucró a miles de soldados en favelas como Maré y Rocinha, y resultó en cientos de muertes y arrestos. Según informes corroborados por O Globo (febrero de 2018) y BBC Brasil (diciembre de 2018), se registraron al menos 150 homicidios durante ese período, muchos de ellos atribuidos a ejecuciones extrajudiciales. El objetivo declarado era combatir al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo (CV), pero los críticos, como en artículos de The Guardian (marzo de 2019), argumentan que sirvió para militarizar la seguridad pública y beneficiar a las milicias locales, que controlan territorios con impunidad. La masacre de Jacarezinho (6 de mayo de 2021), ocurrida en mayo de 2021, fue una operación policial en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, que dejó 28 muertos, entre ellos un niño de 12 años, en lo que se considera la mayor masacre policial en la historia de Brasil. La intervención, liderada por la Policía Civil y Militar del estado, se presentó como una "acción contra narcotraficantes", pero investigaciones de Folha de S.Paulo (mayo de 2021) revelaron que la mayoría de las víctimas eran civiles desarmados. Este suceso, ampliamente cubierto por El País (junio de 2021) y Human Rights Watch (julio de 2021), puso de manifiesto deficiencias en el protocolo de uso de la fuerza y ​​falta de rendición de cuentas, con un solo agente de policía condenado hasta la fecha (confirmado en informes de 2023). Operaciones en São Paulo y otras regiones (décadas de 1990-2010): Desde la década de 1990, São Paulo ha sido escenario de "avances" contra el PCC, como la Operación Satyagraha (febrero de 2006), en la que participó la Policía Federal y que resultó en la muerte de 11 personas en un tiroteo. Informes de BBC Brasil (febrero de 2006) indican que, entre 2000 y 2020, más de 5.000 personas murieron en operativos antidrogas en el estado.muchos de ellos en favelas como Paraisópolis.

A nivel nacional, la "guerra contra las drogas" ha causado decenas de miles de muertes, y datos del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA, informe de 2022) estiman que el 80% de los homicidios en Brasil están vinculados a disputas por el control de territorios de narcotráfico. 

Lo importante es que se trata de operaciones masivas, pero también existen asesinatos selectivos vinculados a la política. Más allá de estas operaciones masivas, hay asesinatos políticos hacia figuras de izquierda porque se oponen al narcotráfico, como el de la concejala Marielle Franco en 2018, quien denunció la connivencia entre milicias y políticos. Franco, activista negra y defensora de los derechos humanos, fue asesinada a tiros en Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018; las investigaciones de O Globo (marzo de 2018) y The New York Times (abril de 2018) apuntan a la participación de milicias vinculadas al bolsonaroismo, y el crimen aún no se ha resuelto por completo (última actualización en 2023). Otro caso emblemático es el de Amarildo de Souza (22 de julio de 2013), un albañil que desapareció y fue torturado por la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en Rocinha, según informes de The Guardian (agosto de 2013). 

Estos acontecimientos ilustran la estrecha relación entre el narcotráfico y la política capitalista y liberal; facciones como CV y ​​PCC no solo trafican con drogas, sino que también recaudan impuestos, controlan las votaciones y explotan los servicios públicos, generando ingresos que benefician a políticos y fuerzas de seguridad, como se documenta en un informe de 2023 de la ONG Conectas Direitos Humanos.

En Brasil, la represión del narcotráfico involucra a múltiples niveles de fuerzas armadas, clasificadas por jurisdicción: municipal (local), provincial (estatal) y nacional (federal). La Constitución de 1988 otorga autonomía a los estados para gestionar la seguridad pública, pero permite la intervención federal en situaciones de crisis.

En la Operación Penha, decretada por el gobernador Castro en el marco del GLO, participaron las Fuerzas Armadas Nacionales (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con el apoyo de la policía estatal. Según informes corroborados por Folha de S.Paulo  y BBC Brasil, el Ejército lideró la operación con vehículos blindados y helicópteros, mientras que la Policía Militar de Río (PMERJ) realizó operaciones terrestres. Esto no es nuevo: durante el GLO 2018, las Fuerzas Armadas Federales intervinieron en Río de Janeiro, resultando en 1.100 muertes en operativos antidrogas, según datos del Ministerio de Defensa (informe de 2019). Las Fuerzas Municipales, limitadas a la guardia municipal, no intervienen directamente en la represión armada, sino en el apoyo logístico (confirmado en las leyes estatales, como en Río de Janeiro), y las Fuerzas Provinciales (Estatales), la Policía Militar (PM) y la Policía Civil son estatales y responsables de la mayoría de las operaciones diarias.

En Río de Janeiro, la PMERJ ha sido acusada de ejecuciones, y reportes de Amnistía Internacional (2022) documentan abusos en las favelas. Fuerzas Nacionales: Las Fuerzas Armadas Federales intervienen bajo el GLO, a solicitud de los gobernadores para “garantizar el orden”. En Penha, esto permitió una escalada militar, criticada por organizaciones como Human Rights Watch por violar los derechos humanos. Históricamente, estas intervenciones se han utilizado para reprimir protestas y el narcotráfico, pero rara vez resuelven problemas estructurales, como el control financiero de las facciones. 

La supuesta guerra contra las drogas en Brasil, latente durante 40 años, sigue el mismo guion: tanques, balas y helicópteros, con favelas intactas y jefes y capitalistas que luego lavan dinero y apoyan las leyes antisindicales y de reforma de pensiones. Y se enriquecen. El Estado despide al eslabón más bajo de la cadena del narcocapitalismo, mientras que el dinero del narcotráfico alimenta la política y el sistema financiero.

En 2024, el gobierno de Lula propuso una reforma basada en la inteligencia, la integración federal y el control financiero, pero Castro la rechazó, priorizando la autonomía estatal. Esto reorganizó la información; la imagen de Lula junto a Trump desapareció, dando paso a vehículos blindados en las montañas, en un país donde la guerra se transmite, no se gana. Al final, Río de Janeiro refleja un ciclo repetido: el Estado mata a los pobres para salvar su imagen, convirtiendo cadáveres en contenido televisivo y de internet para la extrema derecha. La sangre fluye de jóvenes negros y desamparados, sacrificados en una guerra no contra las drogas, sino contra los pobres. Mientras tanto, la democracia se ahoga en el miedo, y el bolsonarismo, con propuestas delirantes como la de bombardear bahías, se alinea con las presiones internacionales para clasificar a ciertas facciones como "terroristas", abriendo así las puertas a intervenciones extranjeras. 

Fuentes como BBC Brasil y The Guardian confirman que esta estrategia global beneficia a Washington, con su flota en el Caribe, pero perpetúa la violencia local. La solución no reside en una mayor represión, sino en abordar las raíces económicas y sociales, como propone Lula, para romper este círculo vicioso de muerte y miedo. Muchos políticos en Río de Janeiro están vinculados a milicias (como en la Operación Intocáveis, con condenas por extorsión y control territorial relacionadas con el narcotráfico), y empresarios involucrados en esquemas de lavado de dinero, como en Lava Jato. En cuanto al lavado de dinero, Brasil ha registrado numerosos casos vinculados al narcotráfico, con miles de millones de reales blanqueados a través de bancos y empresas, según revelaron operaciones como Lava Jato e informes del Banco Central.

Lula estaba al tanto de la operación. Como presidente en 2025, Lula fue informado de la operación de terrorismo de Estado que conmocionó al mundo, ya que involucró a las Fuerzas Armadas Federales bajo su gobierno, aunque fue decretada por el gobernador Castro. Lula ha criticado la violencia policial, pero intervino con complicidad en esa acción específica. Así, la derecha realiza el trabajo sucio de reprimir y facilitar la situación, para luego atacar a los trabajadores con reformas laborales y de pensiones, como hacen los peronistas y kirchneristas en Argentina. Él solo se opone y propone una salida de la izquierda.