Los Asesinos de Kosteki y Santillán: Continuidad de la Debacle Capitalista y el Derrumbe del Peronismo

Por Raúl Valle

La Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria para el excomisario Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por su rol en la Masacre de Avellaneda. Este hecho, ocurrido el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, resultó en el asesinato de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante una protesta contra la política económica del gobierno de Eduardo Duhalde.

La decisión judicial, celebrada por familiares y organizaciones de derechos humanos, y organizaciones de izquierda refuerza la condena efectiva contra Fanchiotti, mientras se destaca la liberación condicional previa del ex cabo Alejandro Acosta. Los querellantes, liderados por Paula Alvarado Mamani, insisten en que la lucha continúa contra "asesinos y cómplices", exigiendo cárcel común para todos los implicados, incluyendo figuras políticas como Duhalde, Felipe Solá y Aníbal Fernández.

La Masacre de Avellaneda no solo representa un capítulo oscuro de la represión estatal en Argentina, sino que ilustra las tensiones persistentes en el sistema judicial y político, especialmente dentro del peronismo, un movimiento histórico marcado por divisiones ideológicas y disputas por el legado de figuras como Juan Domingo Perón. Este caso simboliza la continuidad de una debacle capitalista que, desde la crisis de 2001-2002, ha perpetuado desigualdades y represión, mientras acelera el derrumbe del peronismo como fuerza unificadora.

Alfredo Fanchiotti, excomisario de la Bonaerense, fue condenado en 2006 a perpetua por homicidio agravado, reconocido como el autor intelectual de los disparos que mataron a Santillán y Kosteki. Su compañero, el ex cabo Alejandro Acosta, recibió la misma pena inicialmente, pero obtuvo libertad condicional en 2023, decisión criticada por los familiares como un acto de impunidad. Ambos actuaron bajo órdenes directas en una operación represiva contra manifestantes piqueteros que bloqueaban el puente para protestar contra el desempleo y la pobreza extrema.

Eduardo Duhalde, presidente interino en 2002, es señalado como el principal responsable político por autorizar la represión y no intervenir para detenerla, priorizando el orden público sobre los derechos humanos. Felipe Solá, entonces gobernador de Buenos Aires, es acusado de negligencia y complicidad al no controlar a la policía provincial. Aníbal Fernández, ministro del Interior en ese momento, es considerado un responsable clave por su rol en la coordinación de la represión federal, incluyendo la movilización de fuerzas de seguridad que participaron en la masacre; ha sido imputado en procesos judiciales por instigación y omisión, aunque sin condena definitiva, y es visto como un símbolo de la continuidad autoritaria en el peronismo. La querella insiste en que estos líderes peronistas deben enfrentar juicios por instigación, ya que la masacre fue parte de una estrategia gubernamental para desarticular el movimiento piquetero durante la crisis económica de 2001-2002. 

La investigación judicial ha involucrado a mandos policiales superiores y funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, aunque muchos evadieron condenas definitivas. Organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) han documentado cómo la represión fue coordinada a nivel nacional, vinculándola a políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI y respaldadas por Duhalde.

El caso resalta una crisis profunda en el peronismo, dividido entre facciones ortodoxas (leales a Duhalde, Solá y Fernández) y progresistas (que apoyan causas de derechos humanos). Esta masacre, ocurrida bajo un gobierno peronista, expuso contradicciones, el movimiento, fundado en principios de justicia social y antiimperialismo, fue responsable de las triples A y de una de las peores violaciones a los derechos humanos en democracia. La impunidad parcial (como la liberación de Acosta) alimenta críticas internas, con sectores como el kirchnerismo acusando a duhaldistas de "traicionar" el legado peronista al priorizar el poder sobre el pueblo.

En 2025, sin explicaciones y en ruina moral los dirigentes del justicialismo se derrumban, y este fallo judicial reaviva debates sobre la vitalidad del peronismo como movimiento real de las masas trabajadoras. El peronismo enfrenta una crisis de identidad, figuras como Duhalde (fallecido en 2021), Solá y Fernández son defendidas por algunos como "necesarias" en tiempos de crisis, pero repudiadas por otros como símbolos de autoritarismo. La movilización constante de familiares y organizaciones (como HIJOS y la CTA) y partidos de izquierdas presionan por verdad y justicia, erosionando la base electoral peronista en sectores jóvenes y progresistas. Si no se resuelven estos legados, el peronismo podría fragmentarse aún más, potenciando el ascenso de alternativas como el libertarismo o la izquierda, en un contexto de polarización creciente. Este caso no es aislado; refleja tensiones similares en otros procesos judiciales como los de la Bonaerense en casos de gatillo fácil, que cuestionan la viabilidad del movimiento para gobernar sin reconciliarse con su historia represiva.

La debacle capitalista, iniciada con la hiperinflación y el default de 2001, persiste en formas de desigualdad estructural, y la masacre de Avellaneda es un recordatorio de cómo el peronismo, en lugar de contrarrestarla, la exacerbó, acelerando su propio derrumbe como fuerza hegemónica y dando paso a las políticas represivas y al  saqueo de Milei.