¿Qué pasa en Ecuador?

 

Por Raúl Valle

La situación en Ecuador ha sido marcada por una serie de crisis orgánicas sin resolver que reflejan tensiones estructurales profundas en su sistema político y económico, particularmente desde el cambio de siglo. Estas crisis —incluyendo las revueltas carcelarias y el colapso del servicio penitenciario— pueden interpretarse como expresiones de contradicciones inherentes al capitalismo dependiente de Ecuador, como país semicolonial a su desenlace en colonial, donde la acumulación de capital se basa en la exportación de materias primas, exacerbando la desigualdad social y la alienación de las clases trabajadoras. 

El Estado, como aparato de control de clase, responde con represión para mantener el orden burgués, pero esto solo profundiza la crisis de legitimidad del régimen político, revelando la incapacidad del sistema para resolver las contradicciones entre fuerzas productivas estancadas y relaciones de producción extractivistas, el régimen social. 

En 2007, bajo el gobierno de Rafael Correa, Ecuador convocó una Asamblea Constituyente tras un referéndum el 15 de abril, que aprobó su instalación con el 81,7% de los votos. Esta asamblea, instalada el 30 de septiembre en la localidad de Montecristi, redactó una nueva Constitución promulgada el 20 de octubre de 2008, que enfatizaba derechos sociales, plurinacionalidad y control estatal sobre recursos naturales, alineándose con un modelo reformista de "socialismo del siglo XXI" influido por el bolivarianismo. 

Sin embargo, esta constitución representó una reforma dentro del capitalismo semicolonial, no una transformación radical de las relaciones de producción, ya que mantuvo la dependencia de la renta petrolera y no alteró la estructura de clases, lo que sembró semillas para futuras crisis al no abordar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena y obrera (El Comercio, 21 de octubre de 2008).

La crisis económica global de 2008 golpeó a Ecuador, que entró en default "selectivo" de su deuda externa el 15 de diciembre, argumentando que era "ilegítima" bajo el marco de la auditoría ciudadana impulsada por Correa. Esta decisión, que renegoció bonos por unos 3.000 millones de dólares, fue vista como un acto de resistencia soberana contra el imperialismo financiero, pero, en realidad, expuso la vulnerabilidad de la economía rentista, el PIB cayó un 0,3% en 2009, con desempleo subiendo al 8,5%, afectando desproporcionadamente a las clases subalternas y aumentando la polarización entre el bloque correísta (populismo) y elites empresariales de derecha y liberales (El Universo, 16 de diciembre de 2008). 

La polarización se intensificó durante el mandato de Correa (2007-2017), con acusaciones de autoritarismo y clientelismo, financiado en parte por un sistema de aportes a partidos que favorecía al oficialismo; por ejemplo, el financiamiento estatal a Alianza PAÍS superó los 10 millones de dólares anuales, según informes de la Contraloría, lo que ilustra cómo el Estado burgués copta movimientos populares para perpetuar el dominio de clase (BBC Mundo, 10 de mayo de 2017).

En 2019, bajo Lenín Moreno (sucesor de Correa, 2017-2021), la suba del combustible desencadenó una crisis mayor. El 2 de octubre, el gobierno eliminó subsidios al diésel y gasolina, elevando precios en un 123% para el primero, como parte de un acuerdo con el FMI por 4.000 millones de dólares para estabilizar la deuda, que alcanzaba el 45% del PIB. Esto provocó protestas indígenas lideradas por la CONAIE, culminando en una huelga general indefinida desde el 3 de octubre, con paros en transporte, educación y sectores productivos, paralizando el país y causando daños por 800 millones de dólares. La huelga, que duró hasta el 13 de octubre, fue reprimida con estado de excepción, resultando en 11 muertos y miles de detenidos. Representó la rebelión de las clases oprimidas contra la austeridad neoliberal impuesta por el capital transnacional, exponiendo la crisis de sobreproducción y la transferencia de la carga de la deuda a los trabajadores (El Telégrafo, 14 de octubre de 2019). 

Moreno revocó la suba el 9 de octubre, pero la polarización se profundizó, el correísmo acusó traición, mientras la derecha celebraba la "estabilidad", fallando en resolver la brecha social (desempleo al 4,6%, pobreza al 25%).

La polarización electoral de 2021 reflejó estas divisiones, Andrés Arauz (correista) perdió ante Guillermo Lasso (derecha) en segunda vuelta el 24 de mayo, con 52% de votos para Lasso, en un contexto de recuperación post-pandemia donde el PIB creció 4,2% pero la deuda externa alcanzó 60.000 millones de dólares (45% del PIB). El gobierno de Lasso (2021-2023) enfrentó una economía estancada por la dependencia petrolera —precios volátiles y exportaciones cayendo un 10% en 2022— y una crisis de seguridad ligada al narcotráfico, que controlaba prisiones y puertos. 

Con métodos de Asambleas Constituyentes permanentes, y como árbitro el poder judicial, la crisis estalló donde más les duele, en las revueltas carcelarias en 2021, el 23 de febrero, una masacre en la Penitenciaría del Litoral dejó 79 muertos por enfrentamientos entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculados a carteles mexicanos; esto fue expresión de la crisis profunda del estado represivo pre revolucionario, donde la penitenciaria es como el microcosmos de la descomposición capitalista, donde el Estado delega el control social a mafias para ahorrar en "welfare" , alienando a la lumpenproletariado y exacerbando la violencia como forma de acumulación primitiva en la periferia (Primicias, 24 de febrero de 2021). Otras masacres siguieron: 68 muertos en septiembre de 2021 y 123 en noviembre, totalizando más de 400 fallecidos hasta 2023, con hacinamiento al 30% (capacidad para 30.000, población 38.000) y corrupción en el SNAI (Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad).

En 2022, Lasso propuso un referéndum el 5 de febrero para votar sobre la extradición de narcotraficantes y, controversialmente, la posible instalación de bases militares de EE.UU. para combatir el crimen organizado, enmarcado en la "guerra contra las drogas". El "sí" ganó con 68%, pero las bases no se materializaron debido a oposición soberanista y falta de acuerdo bilateral, ilustrando marxistamente cómo el Estado ecuatoriano, subordinado al imperialismo yanqui, busca externalizar su crisis de control de clase mediante alianzas militares que perpetúan la dependencia neocolonial (El Comercio, 6 de febrero de 2022).

La economía empeoró, inflación al 3,5%, dólarización limitando políticas monetarias, y deuda creciendo por préstamos del FMI (1.500 millones en 2022), con recortes fiscales que aumentaron la pobreza al 27,7%.

La disolución de la Asamblea Nacional por Lasso el 17 de mayo de 2023, invocando "cruzada muerte" por veto presidencial, llevó a elecciones anticipadas. Daniel Noboa, hijo de empresario, ganó el 9 de octubre de 2023 con 52% contra Luisa González (correísta), en un voto polarizado donde el 80% de ecuatorianos citaba la inseguridad como prioridad. Noboa heredó una crisis penitenciaria aguda, en diciembre de 2023, motines en varias cárceles demandaron mejores condiciones, con 200 rehenes tomados. El 9 de enero de 2024, tras un ataque armado a un canal de TV (TC Televisión) el 9 de enero por Los Choneros, Noboa decretó estado de sitio y "conflicto armado interno", militarizando calles y prisiones, permitiendo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas (más de 1.000 en una semana). Es la escalada represiva del Estado para sofocar la crisis orgánica, donde la burguesía delega en el aparato coercitivo para restaurar la acumulación amenazada por el caos narco-capitalista (CNN en Español, 10 de enero de 2024; El Universo, 11 de enero de 2024).

La huelga general convocada por la UNITAS y centrales obreras el 15 de enero de 2024 protestó contra el estado de sitio, paralizando Quito y Guayaquil con marchas de miles, demandando fin a la militarización y soluciones sociales; fue reprimida con gases, resultando en 20 heridos, y duró un día, fallando en revertir la medida pero destacando la resistencia proletaria (Primicias, 16 de enero de 2024). La crisis de deuda persiste: en 2024, Ecuador renegoció 6.500 millones con el FMI, pero el PIB proyectado crece solo 1,2%, con desempleo al 4,1% y pobreza al 28%, agravada por sequía afectando hidroeléctricas (70% de energía). El financiamiento de partidos sigue opaco: en 2023, el CNE reportó irregularidades en 40% de campañas, con Noboa recibiendo 2 millones de aportes privados no auditados, perpetuando la corrupción como lubricante del sistema de clases (El Comercio, 20 de marzo de 2024).

La crisis actual de Ecuador culmina en un fracaso estructural capitalista: la Asamblea Constituyente de 2008 prometió transformación, pero no resolvió las contradicciones del capitalismo dependiente, dejando un país polarizado donde el populismo correista perdió terreno ante la derecha neoliberal, y donde revueltas carcelarias, deudas y represión estatal expresan el agotamiento del modelo extractivista sin alternativas viables, con Noboa enfrentando un referéndum en abril de 2024 para convocar otra asamblea constituyente en la actualidad que no resuelve nada, y solo para extender poderes de emergencia que podría profundizar más la inestabilidad. 

Si hay que hablar de la solución de la dolarización en Ecuador, implementada en 2000 como salvavidas capitalista fue puro humo. 

Al subordinar la economía nacional al dólar estadounidense, Ecuador ha perdido soberanía monetaria, convirtiéndose en un enclave dependiente del capital financiero yanqui. Esto perpetúa la extracción de plusvalía por multinacionales y élites locales, que controlan exportaciones primarias sin reinversión productiva, agravando la alienación del proletariado ecuatoriano.

Hoy, con un PIB per cápita estancado en ~6.500 USD y un crecimiento anual inferior al 1% (datos BCE 2023-2024), la rigidez de dólares impide respuestas anticíclicas a shocks globales, como la caída petrolera o la pandemia, exacerbando déficits fiscales (7% PIB en 2023) y deuda externa (50% PIB).

La clase obrera sufre desempleo juvenil del 15%, informalidad del 60% y migración masiva (500.000 emigrantes desde 2019), mientras la burguesía transnacional acumula riqueza vía remesas (4% PIB) y evasión fiscal. Esta estructura neocolonial fomenta la lumpenproletarización y violencia (homicidios +200% en 2023), derivada de la exclusión social.

En esencia, la dolarización no resuelve las contradicciones capitalistas, sino que las profundiza, bloquea el desarrollo de fuerzas productivas nacionales, intensifica la lucha de clases y somete a Ecuador al vaivén imperial. Del modelo libertario de la dolarización en Ecuador, es el espejo del fracaso actual de Milei. 

Solo una revolución proletaria, con control soberano de la moneda y expropiación del capital foráneo, podría romper esta cadena de dependencia, liberando al pueblo de la explotación perpetua.