¿Qué pasa con los trabajadores de Perú?

Por Raúl Valle

Las recientes protestas en Perú no son un mero estallido de descontento aislado, sino la expresión profunda de un pueblo oprimido que se levanta contra un gobierno títere de los intereses capitalistas y neoliberales. En un país donde la desigualdad se ha profundizado bajo el yugo del imperialismo y la oligarquía local, las manifestaciones del 27 de septiembre de 2025 en Lima representan un llamado urgente a la acción colectiva. Jóvenes de la Generación Z y transportistas, sectores clave de la clase trabajadora, exigen la renuncia de Dina Boluarte, no solo por corrupción e inseguridad, sino por un sistema que perpetúa la explotación y la impunidad. 

Perú ha sido un laboratorio del neoliberalismo en América Latina desde los años 90, cuando Alberto Fujimori impuso un régimen autoritario que benefició a las élites transnacionales a costa de masacres y privatizaciones salvajes. La "ley de amnistía" reciente, que blanquea crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías durante ese período (1990-2000), es un ejemplo flagrante de cómo el Estado burgués protege a sus verdugos. Según informes de Amnistía Internacional (2024), esta ley viola tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justificando la impunidad para mantener el control sobre la fuerza represiva. Boluarte, ascendida al poder tras el golpe contra Pedro Castillo en diciembre de 2022, encarna esta continuidad. Su gobierno, respaldado por el Congreso fujimorista y el empresariado, ha profundizado reformas antipopulares: cambios al sistema de pensiones que precarizan la jubilación de los trabajadores (Ley 31935, aprobada en 2024), y políticas de "seguridad" que en realidad criminalizan la protesta social. 

La inseguridad rampante —sicariato y extorsión que azotan a transportistas— no es un fracaso aislado, sino el resultado de un modelo económico que fomenta el crimen organizado como válvula de escape para la miseria generada por el extractivismo minero y la informalidad laboral, que afecta al 70% de la fuerza de trabajo peruana (OIT, 2023).

Fuentes como el portal de izquierda La Izquierda Diario (edición peruana, 28/09/2025) argumentan que esto es "la cara visible del capitalismo en crisis", donde el Estado prioriza la represión sobre la justicia social. 

Estos elementos no son coincidencias; responden a la lógica del capital global. El FMI y el Banco Mundial, que han condicionado préstamos a Perú por más de 4 mil millones de dólares desde 2022 (datos del Banco Central de Reserva del Perú), exigen austeridad que recorta derechos laborales. Boluarte, como exministra de Interior de Castillo, traicionó al movimiento popular que la llevó al poder, alineándose con Washington y las multinacionales mineras. 

TeleSUR (27/09/2025) reporta que las protestas surgen de "la traición de un gobierno que prometió cambio pero entrega represión". El sábado 27 de septiembre, miles se movilizaron frente al Congreso en Lima, convocados por asociaciones de transportistas urbanos —víctimas de 150 asesinatos por sicarios en 2024, según la Federación de Trabajadores en Transporte (FTT, 2025)— y la Generación Z, que representa a una juventud desilusionada con un 25% de desempleo juvenil (INEI, 2025). Exigían la renuncia de Boluarte, fin de la impunidad policial y medidas reales contra la inseguridad, como la disolución de escuadrones de la muerte vinculados a la PNP.

La respuesta estatal fue salvaje, la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó gases lacrimógenos de forma horizontal, violando protocolos internacionales de uso de fuerza (Manual de la ONU sobre Mantenimiento de la Paz, 2017). Esto causó heridas graves y detenciones arbitrarias. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, informe del 28/09/2025) documenta 85 agresiones policiales en el fin de semana, con 20 heridos por proyectiles y 11 detenidos sin cargos. Testimonios en portales como Resumen Latinoamericano (28/09/2025) describen escenas de caos: "Jóvenes asfixiados, transportistas golpeados, mientras Boluarte se esconde en el Palacio". 

Esta represión no es defensiva, sino ofensiva, para desmovilizar a la clase trabajadora emergente. La Generación Z, con su lema "El pueblo se levanta", convoca a profesores, comerciantes y salud, mostrando un potencial intersectorial. Sin embargo, la ausencia de dirección sindical fuerte permite que el Estado divida y conquiste. 

Los activistas peruanos denuncian infiltrados policiales y vigilancia digital por parte de la DINI, confirmando un patrón de control estatal similar al de Chile en 2019 (informes de Human Rights Watch y Data Urgente). 

La corrupción de Boluarte no es personal, sino sistémica, su gobierno ha sido acusado de lavado de activos en joyas no declaradas (Fiscalía Peruana, investigación 2024), mientras aprueba leyes que amnistían torturadores fujimoristas. La inseguridad afecta desproporcionadamente a los pobres: en Lima, el 80% de víctimas de extorsión son informales (Ministerio del Interior, 2025). Transportistas, con ingresos promedio de 800 soles mensuales (bajo el salario mínimo), enfrentan ataques porque el Estado no invierte en protección social, priorizando balas sobre educación y empleo. 

La descomposición de los regímenes políticos y la  contradicción del capital que llevan a la  sobreexplotación genera el lumpenproletariado criminal, que el Estado usa para justificar más represión. Portales de izquierda como Jacobin Latinoamérica (29/09/2025) argumentan que "la crisis de Boluarte es la crisis del bonapartismo neoliberal", donde un Ejecutivo débil se sostiene en la policía contra el pueblo. 

Datos de la OIT muestran que Perú tiene una de las tasas más altas de informalidad en la región (75%), sin sindicatos fuertes —solo el 4% de trabajadores sindicalizados (CGTP, 2024)— lo que deja a sectores como transportistas vulnerables.

Estas protestas iluminan la necesidad de acción organizada. La Generación Z y transportistas muestran coraje, pero sin sindicatos recuperados —destruídos por leyes neoliberales como la DL 728 de 1991— las movilizaciones se diluyen. Recuperar los sindicatos significa democratizarlos, expulsar burócratas vendidos y ligarlos a la lucha antiimperialista. 

Es necesario desarrollar coordinadoras de trabajadores que luchen por la huelga general, como un modelo de salida para Perú. Más allá, urge construir un partido de trabajadores, independiente de la burguesía. No basta con echar a Boluarte; hay que expropiar a los monopolios mineros (como Las Bambas, responsable de 40% de exportaciones) y nacionalizar recursos.

Un partido obrero revolucionario puede canalizar esta energía en asambleas fabriles y paros nacionales. 

La represión protege al capital; hay que organizar comités de base en barrios y rutas; Un buen homenaje a Mariategui es ser consecuentes.  ¡Viva la rebelión popular peruana!