¿Por qué acabar con Milei?

Por Raúl Valle

La reforma laboral propuesta por Javier Milei en el evento de la Feria Internacional de Turismo, este 27 de septiembre de 2025, pone el foco en la flexibilización con la motosierra, con el argumento de que “Argentina debe quitar trabas para que el turismo crezca 20 veces más” y que “la rigidez laboral es un freno a la inversión”.

Milei propone facilitar los despidos y eliminar las indemnizaciones, lo que implica un ataque a la estabilidad laboral garantizada por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744) y la Constitución Nacional (art. 14 bis). La OIT advierte que «la flexibilización sin garantías aumenta la informalidad y la vulnerabilidad de los trabajadores» (OIT, Informe Mundial sobre Trabajo Decente, 2023). 

En Argentina, la informalidad laboral ya supera el 40% (INDEC, 2025), y medidas similares en otros países de América Latina han profundizado esta problemática (OIT, 2024).

La reforma busca fortalecer la burocracia sindical peronista y debilitar la base para la presentación de listas de oposición en los sindicatos, lo que contraviene el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, ratificado por Argentina. Estudios del CELS muestran que «la erosión sindical genera mayor desigualdad salarial y precariedad» (Informe 2024). 

En el sector turístico, con direcciones burocráticas en sindicatos como UTHGRA que han sido cómplices de la flexibilización laboral y el trabajo en negro, esta desregulación puede significar, aún más, la pérdida total de derechos y el estancamiento de los salarios (Página/12, 28/09/2025).

Milei califica el "sector judicial" como un problema, pero el derecho a reclamar judicialmente es un pilar fundamental para la defensa de los trabajadores (art. 2 de la LCT). El Tribunal Supremo ha reafirmado que la indemnización es compensatoria, no punitiva (Fallo Vizzoti, 2007). Limitar estos mecanismos invisibiliza los abusos empresariales y favorece la impunidad (SAIJ, 2024).

Vincular el crecimiento del turismo exclusivamente a la flexibilidad laboral niega factores estructurales como la inversión en infraestructura, capacitación y políticas públicas integrales que el capitalismo decide no llevar a cabo. 

La reducción de impuestos y costos laborales es un claro indicador de que tiende a concentrar la riqueza, aumentando la desigualdad. La experiencia regional muestra que modelos liberales similares han generado crisis sociales y económicas (CEPAL, 2024).

La reforma laboral de Milei, lejos de promover un desarrollo inclusivo, profundiza la precariedad, debilita los derechos fundamentales y el diálogo social y reproduce modelos capitalistas que han demostrado ser insostenibles en América Latina. 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el presidente Javier Milei volvió a alzar su voz a favor de una reforma laboral que, según él, eliminaría las barreras al empleo formal para multiplicar por 20 el crecimiento del sector turístico y convertir a Argentina en un destino competitivo a nivel mundial. "Necesitamos una reforma laboral y fiscal para que la contratación sea asequible y dejar atrás el flagelo de la industria judicial que arruina a las empresas", declaró Milei en su discurso inaugural, enfatizando que la actual rigidez del mercado laboral frena la inversión y la prosperidad. Sin embargo, esta propuesta no es más que una propuesta liberal que precariza el empleo, debilita los derechos fundamentales y beneficia al capital a costa de los trabajadores, reproduciendo errores históricos que han profundizado las desigualdades en América Latina.

La esencia de la iniciativa Milleista reside en una flexibilidad extrema, facilitando los despidos, reduciendo las indemnizaciones y desregulando los contratos, todo con el pretexto de atraer capital al turismo, un sector que ya genera 1,5 millones de empleos en el país, pero con alta rotación estacional y vulnerabilidad. Esto choca frontalmente con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744), que en su artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza estabilidad y condiciones dignas, y con los Convenios 87 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Argentina. La OIT ha advertido reiteradamente que “la flexibilización sin garantías aumenta la informalidad y la vulnerabilidad de los trabajadores”, como detalla su Informe Mundial sobre Trabajo Decente de 2023, y en el caso de Argentina, donde la informalidad ya supera el 40% según el INDEC en 2025, esta reforma podría dispararse aún más, de forma similar a lo ocurrido en Chile tras las reformas de Pinochet, donde la precariedad laboral creció un 25% en una década, según un informe regional de la OIT de 2024. 

Pero el argumento de que podría atraer más inversiones es falso, si no todo lo contrario, no entran inversiones, cada iniciativa como ésta consiste en despedir, bajar salarios, subir impuestos a los trabajadores.

En el sector turístico, con sus jóvenes, guías y hoteleros expuestos a ritmos intensos y riesgos laborales, la desregulación implicaría una explotación desenfrenada, salarios estancados a pesar de la inflación galopante, pérdida de protección contra despidos arbitrarios y subcontratación masiva que convierte a los empleados en "colaboradores" sin derechos. Sindicatos como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) han sido clave en este retroceso: denunciados por corrupción, impidieron deliberadamente la celebración de asambleas en los centros de trabajo y siempre obstaculizan la presentación y persecución de listas de oposición. Milei, igualmente, necesita deshacerse de estos intermediarios burocráticos y, por lo tanto, busca erosionar el poder conciliador, contraviniendo la Ley 23.551 de Sindicatos y el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su Informe sobre Derechos Laborales en la Era Liberal de 2024, documenta cómo medidas similares en Brasil, bajo el gobierno de Temer, aumentaron la desigualdad salarial en un 15% al ​​fragmentar la representación laboral, dejándolos atomizados y sin voz colectiva. En debates entre abogados, como los que circulan en foros especializados, se critica que esta "liberación" del mercado sea en realidad una uberización total, donde los sindicatos pierden fuerza y ​​los abusos empresariales quedan impunes.

Milei también ataca a la "industria judicial" como un mal que beneficia a "unos pocos" a costa de las empresas, pero este discurso ignora que el derecho a litigar es un pilar fundamental para denunciar las violaciones laborales, amparado en el artículo 2 de la LCT. Además, los capitalistas no pagan las sentencias, y los trabajadores se quedan esperando, y luego, con la devaluación, se les paga sin intereses. En realidad, la mayoría de los trabajadores ante la necesidad, y juicios largos, decide ir a una conciliación por un monto más bajo en la indemnización, así que en la práctica no hay "tales" juicios. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencias históricas como la de Vizzoti de 2007, ha reafirmado que la indemnización por despido es compensatoria y esencial para equilibrar la asimetría entre capital y trabajo, no un castigo punitivo.

Limitar estos mecanismos, como propone el gobierno, solo invisibiliza los abusos y favorece a los evasores fiscales, como argumentan los doctrinarios del Sistema de Información Legal Argentino (SAIJ) en su análisis de 2024 sobre litigios en contextos neoliberales. En el turismo, donde la facturación es alta, esto afectaría duramente a las pymes locales, obligadas a competir con multinacionales que ya explotan la mano de obra barata sin temor a sanciones.

La visión capitalista de Milei, que vincula el auge del turismo únicamente a menores regulaciones y recortes de impuestos, es reduccionista y ciega a factores estructurales como la inversión en infraestructura, capacitación y salud ocupacional. 

Además, bajar los costos laborales sin aumentar el salario mínimo –actualmente en 300.000 pesos, por debajo de la canasta básica– concentra la riqueza en las cadenas hoteleras transnacionales, agravando el coeficiente de Gini en 0,05 puntos, como proyecta en 2025 un estudio de la Facultad de Derecho de la UBA, evocando la crisis posconvertibilidad de 2002.

En turismo, con su exposición a riesgos –accidentes en hoteles o exposición a la intemperie de los guías–, debilitar la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) agravaría las desgracias sin una cobertura adecuada, dejando a las familias en la ruina. 

Los gobiernos kirchneristas desde 2003 apoyaron pragmáticamente varias leyes y decretos que introdujeron elementos de flexibilización laboral, enmarcados en una retórica de inclusión social pero alineados con las demandas del capital de reactivar la economía post crisis de 2001, lo que generó un importante crecimiento del empleo tercerizado especialmente entre los jóvenes, mientras que la complicidad de las burocracias sindicales peronistas facilitó esta dinámica a través de negociaciones que priorizaron la "paz social" sobre la defensa radical de los derechos de los trabajadores, como se evidenció en casos emblemáticos como el de los ferrocarriles bajo el mando de José Pedraza y la muerte de Mariano Ferreyra.

Inicialmente, el Decreto 489/2003 dictado por Néstor Kirchner derogó parcialmente el régimen de extrema flexibilidad de la convertibilidad, como la Ley 24.522 de 1995 que permitía los despidos sin causa y los contratos chatarra, reincorporando protecciones básicas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744), pero al mismo tiempo se toleró la subcontratación regulada en los artículos 29 a 32 de la LCT para adaptarse al mercado globalizado, promoviendo la corresponsabilidad del empleador principal sin prohibir la tercerización, lo que según el análisis de Mariana Payo Esper en “Las transformaciones en la legislación laboral durante el ciclo kirchnerista en Argentina” (Derecho y Ciencias Sociales, 2023, pp. 114-142, DOI: 10.24215/18522971e114) representó una concesión al capitalismo moderno para equilibrar la competitividad y la protección social, permitiendo que sectores como la construcción y la agroindustria Subcontratará servicios no centrales y generará empleo indirecto durante el auge económico, con un crecimiento del PIB del 8% anual promedio entre 2003 y 2011, según el informe del Banco Mundial "Argentina: Recuperación Económica y Dinámica del Mercado Laboral" (2012, p. 45). Resulta interesante que los inicios de la subcontratación fueron justificados por la burocracia sindical peronista hacia sectores periféricos de la industria, como servicios, seguridad y limpieza, y luego se extendió a todos los sectores, como por ejemplo, el acuerdo Fiat-Smata.

Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 831/2010 estableció incentivos fiscales para la contratación de jóvenes de 18 a 24 años sin experiencia, reduciendo las contribuciones patronales hasta en un 50% durante tres años, con el objetivo de reducir el desempleo juvenil del 25% en 2003 al 15% en 2010, pero en la práctica fomentó los contratos temporales y tercerizados en el comercio y los servicios, donde el 60% de los nuevos empleos para este grupo de edad eran precarios o no registrados, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires en las X Jornadas de Sociología (2013, presentación de Gabriel Merino, "Ley de participación en las ganancias: contradicciones en la alianza social kirchnerista"), citando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que muestran un aumento del 35% en la tercerización en las PyME entre 2005 y 2012, con lo que el empleo asalariado registrado creció solo un 20% entre los jóvenes mientras que las modalidades flexibles se expandieron, llevando el porcentaje de tercerizados el empleo juvenil pasó del 12% en 2003 al 28% en 2015, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo (2016, p. 67) que registra 150.000 contratos incentivados bajo este decreto, muchos de ellos venciendo de manera informal. 

Además, la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) a través de la Ley 26.773 de 2012 fortaleció la supervisión estatal con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pero mantuvo el sistema privatizado y extendió la obligación a los subcontratistas, facilitando la cobertura en las cadenas de tercerización sin erradicarlas, lo que según las Observaciones de la OIT sobre la Aplicación de los Convenios en Argentina (2013, Convenio 155) permitió que el 40% de los accidentes de trabajo ocurrieran en trabajadores tercerizados, muchos jóvenes sin formación, y el gobierno lo defendió como un avance en prevención para un “mercado dinámico” en el discurso de Cristina en el Congreso (Boletín Oficial, 28/12/2012). Esta flexibilidad se complementó con leyes como la Ley 25.877 de 2004 que regularizó a 1,2 millones de trabajadores informales pero incentivó las cooperativas precarias, elevando el empleo juvenil en monotributo o cuentapropismo un 45% entre 2007 y 2013 según el Anuario Estadístico del INDEC (2014, cuadro 5.2), y la revista Nueva Sociedad (ed. 264, 2016, "Los trabajadores" y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas", pp. 78-92) destaca cómo redujo el desempleo general al 7% en 2011 pero duplicó el subempleo juvenil al 25%, con un 55% de los nuevos empleos para menores de 25 años en modalidades flexibles financiados por subsidios estatales. 

En este marco, las burocracias sindicales peronistas, integradas en la CGT aliada del kirchnerismo, jugaron un papel cómplice en la negociación de acuerdos que avalaron la tercerización a cambio de aumentos salariales y subsidios, actuando como mediadores que reprimían la disidencia obrera para mantener el acuerdo, como en el sector ferroviario donde José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria y burócrata peronista alineado desde 2003, impulsó la subcontratación de líneas masivas como La Roca operada por TBA (grupo Roggio), la tercerización del mantenimiento y la limpieza a cooperativas precarias que empleaban a jóvenes del conurbano con salarios por debajo de la pobreza y sin contribuciones, reduciendo costos en un 40% según el informe del Ministerio de Planificación (2009, p. 112), y participando en la "mesa de consulta" de 2004 donde se acordó la flexibilidad temporal en el Convenio Colectivo 456/05, permitiéndole que el 70% de los nuevos ingresos se tercerizaran, con jóvenes precarios El empleo en el transporte creció un 22% entre 2005 y 2010 (EPH INDEC, serie 2011). Esta complicidad culminó con la muerte de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero de 23 años, quien fue asesinado el 20 de octubre de 2010 en Avellaneda durante una protesta contra la tercerización de la línea Roca, donde exigían el fin de las cooperativas truchas que Pedraza había negociado con TBA para tercerizar 300 puestos a cambio de comisiones, recibiendo multas millonarias según la sentencia de la Justicia Federal (Causa N° 10.000, TOCF N°1 La Plata, 2013), que condenó a cárcel a Pedraza por instigar el asesinato junto a dirigentes como Juan Carlos Fernández y Marcelo Bagnato, demostrando cómo utilizó matones para reprimir huelgas juveniles y garantizar la "paz" en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, que inicialmente minimizó el caso al culpar a "provocadores externos" en un comunicado del 21/10/2010 y extendió incentivos a la subcontratación con el Decreto 2598/2010, según informó Página/12 (22/10/2010). 

El kirchnerismo protegió a esta burocracia para sostener su modelo. La AGN en su examen de cuentas (2016) revela subsidios anuales de 500 millones a sindicatos como el de Pedraza, que acumuló 50 millones de dólares para 2010 (La Nación, 2013, "El imperio de Pedraza"), mientras que el empleo juvenil tercerizado en ferrocarriles pasó de 5.000 en 2003 a 25.000 en 2010 (estadísticas del Sindicato Ferroviario filtradas en el juicio, citadas en Amnistía Internacional "Impunidad Sindical en Argentina", 2012, p. 34), con un 40% sin adecuada cobertura de ART (informe SRT 2011), fragmentando el movimiento obrero y cooptando a la juventud con falsas promesas, como analiza Herramienta (ed. 58, 2015, "El kirchnerismo y la ilusión de la movilidad social juvenil", pp. 23-45), donde el 55% de los empleos para menores de 25 años eran flexibles,un patrón de traición que simboliza a Ferreyra como mártir de la resistencia a la flexibilización kirchnerista-peronista que precarizó al 50% de la fuerza laboral ferroviaria.

Conclusión 

La última  experiencia del movimiento obrero durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), enmarcado en el kirchnerismo, representa un capítulo de contradicciones y retrocesos que profundizaron la precarización laboral en Argentina. A pesar de las promesas de inclusión social y recuperación de derechos, este período se caracterizó por uno de los mayores índices de tercerizados y monotributistas en la historia reciente del país, reflejando una informalidad laboral rampante que erosionó la estabilidad de la clase trabajadora. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el tercer trimestre de 2022, la población económicamente activa informal alcanzó el 45,1% del total, con más de 4,5 millones de monotributistas registrados ante la AFIP —un aumento del 20% respecto a 2019— y una tercerización que abarcaba al 30% de los empleos en sectores clave como la industria y los servicios. Esta realidad, impulsada por la crisis económica post-pandemia y políticas fiscales que incentivaron la informalidad para sostener el empleo precario, dejó al movimiento obrero fragmentado: los sindicatos tradicionales perdieron influencia frente a una burocracia sindical complaciente, mientras que las conquistas históricas —como la negociación colectiva y la estabilidad laboral— se diluyeron en un contexto de inflación galopante y ajuste fiscal encubierto. El kirchnerismo, lejos de revitalizar al proletariado, lo confinó a una subsistencia precaria, priorizando alianzas con sectores empresariales sobre una verdadera reorganización obrera.

En este panorama, irrumpe la "bestialidad" de Javier Milei, cuyo gobierno (desde diciembre de 2023) acelera la destrucción sistemática de las conquistas laborales, jubilaciones y la estabilidad del empleo, todo en beneficio de los capitalistas transnacionales y locales. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de ley "Bases", Milei promueve una flexibilización extrema: eliminación de indemnizaciones por despido, extensión de la jornada laboral a 12 horas, desregulación de convenios colectivos y recortes en las jubilaciones mínimas —que en 2024 cayeron un 20% en términos reales según el Instituto de Jubilaciones y Pensiones (INSSJP)—. Esta ofensiva no es solo económica, sino ideológica, alineada con un neoliberalismo salvaje que desmantela el Estado de bienestar para enriquecer a elites: la brecha entre salarios y ganancias empresariales se amplió un 35% en el primer semestre de 2024 (datos del Ministerio de Trabajo), mientras la pobreza laboral supera el 50% de los hogares obreros. Milei no oculta su saña: su discurso anarcocapitalista justifica la "guerra contra el parasitismo estatal" como excusa para pulverizar derechos acumulados en décadas de lucha. 

Agravando esta amenaza, sectores del peronismo han brindado un respaldo pragmático y táctico a varias medidas impulsadas por Milei, particularmente en el ámbito legislativo y ejecutivo, lo que evidencia una fragmentación ideológica que beneficia al oficialismo en un Congreso dividido. Este apoyo se materializa en la colaboración de gobernadores peronistas del norte y noreste del país, como Osvaldo Jaldo de Tucumán, quien respaldó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y participó en reuniones con Milei para discutir el Presupuesto 2025 y bloquear modificaciones a la ley de DNU, enfatizando la necesidad de diálogo para resolver crisis provinciales; Raúl Jalil de Catamarca, que colaboró en el respaldo al veto universitario y en conversaciones con el ministro de Economía Luis Caputo para abordar presupuestos paupérrimos de universidades del interior, extendiendo su apoyo a la habilitación de herramientas para el Gobierno, incluyendo la suspensión de las PASO y aspectos del DNU 70/2023 sobre desregulación laboral; Gustavo Sáenz de Salta, uno de los más vocales en su respaldo pragmático, quien acompañó el veto a la ley universitaria y ha defendido el diálogo con Milei para acelerar inversiones vía el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), afirmó en declaraciones a Clarín el 29 de julio de 2024: “Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, y aclarando en una entrevista con Radio Mitre el 30 de julio de 2024: “La idea de los gobernadores dialoguistas es contarle al Presidente el tema del RIGI y cómo cayó en la gira por Europa, las inversiones que conseguimos que hay que apurarlas con algunas cuestiones provinciales o nacionales. No es que hay trabas, pero sí burocracia propia del Estado que hace que se demore y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, mientras sobre presupuestos universitarios agregaba en la misma entrevista: “Las universidades del interior tienen presupuestos paupérrimos y mínimos y realmente son una salida para la gente que no tiene donde estudiar. Los del Interior son presupuestos mucho más bajos que los del centro del país. Hay que mirar el país no desde la Capital Federal y provincia de Buenos Aires”; y Hugo Passalacqua de Misiones, invitado a la cena de "héroes" en Olivos por su rol en el apoyo al veto universitario, quien ha respaldado leyes como la de Bases y el paquete de DNU, buscando en contrapartida soluciones a la burocracia estatal que frena inversiones provinciales.

Estos gobernadores, pertenecientes al Partido Justicialista (PJ), fueron convocados por Milei a una cena en la Quinta de Olivos el 29 de julio de 2024 para agradecerles el apoyo y asegurar su futuro respaldo al Presupuesto 2025 y la intangibilidad del DNU, según informaron medios como Clarín, en un esfuerzo por consolidar alianzas ante una dura oposición; esta alineación responde a intereses provinciales, como la obtención de fondos y la solución de los problemas locales, lo que en medio de las tensiones económicas y políticas, le permitió a Milei avanzar en su agenda de desregulación laboral y fiscal. 

Surge entonces la pregunta (Pajoni 1995) planteada a la experiencia obrera bajo las dictaduras y su superación: ¿puede la bestialidad de Milei, operando en el marco de una democracia formal y con el apoyo de sectores peronistas fragmentados, destruir a los trabajadores de manera más profunda que la dictadura cívico-militar de 1976-1983, superando incluso sus niveles de represión laboral y desarticulación de la clase obrera, a pesar de que fue la misma que derrotó a la dictadura? 

En la era digital y la globalización financiera, donde la represión es económica y no sólo física, esta posibilidad parece no sólo viable, sino inminente, pues amenaza con una atomización total del movimiento sindical y una proletarización absoluta sin redes de contención. 

¿Será la recuperación de los sindicatos para la lucha y la construcción de un partido obrero independiente –lejos de cooptaciones peronistas o liberales– la tarea urgente de esta etapa histórica?