Paro para la conciliación obligatoria.

Por Raúl Valle

El reciente paro de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), encabezado por el Sindicato de Maquinistas La Fraternidad y su líder Omar Maturano, no es más que una repetición estratégica de tácticas sindicales que buscan forzar la intervención estatal a través de la conciliación obligatoria, un mecanismo que históricamente ha servido para desmovilizar a los trabajadores sin resolver los conflictos de fondo, permitiendo que el capital y el Estado sigan imponiendo condiciones precarias en sectores estratégicos como los ferrocarriles.

En este caso de septiembre de 2025, los maquinistas mantienen una medida de fuerza circulando a solo 30 km/h en las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur —mientras la Roca operó con relativa normalidad—, en protesta por el "pésimo estado" de la infraestructura ferroviaria, las condiciones de seguridad operativa y el deterioro de los trenes, demandas respaldadas por documentación del gremio que denuncia vías en ruinas, formaciones obsoletas y riesgos inminentes para la vida de los trabajadores y usuarios. A pesar de la intimación oficial del Ministerio de Trabajo para asistir a la conciliación obligatoria y levantar las medidas, ni La Fraternidad ni Trenes Argentinos anunciaron la normalización de los servicios, afectando a más de un millón de viajantes diarios con demoras significativas que paralizaron el transporte urbano, mientras el Ejecutivo acusa al sindicato de "abandonar la negociación" y el gremio replica que las propuestas estatales son "deplorables e insuficientes", extendiendo el conflicto al menos hasta el jueves en un contexto de tensión creciente. 

Esta acción no es improvisada, Maturano, un sindicalista con décadas de trayectoria sindical y simulador de opositor de los burócratas de la CGT, ya recurrió a una táctica similar en 2023 durante un paro por paritarias y seguridad en el Belgrano Cargas, donde inició una retención de tareas y circulación lenta para presionar al gobierno de Alberto Fernández, lo que culminó en una conciliación obligatoria que "salvó" temporalmente al gremio de sanciones judiciales y multas millonarias por parte de SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria SE), permitiendo un acuerdo parcial con aumentos salariales del 25% y promesas de inversión en vías que nunca se materializaron; según datos del Ministerio de Trabajo y reportes de la CTA Autónoma, este episodio, en realidad, tampoco evitó despidos, hubo 1500 trabajadores despedidos, en un momento de crisis económica post-pandemia, y dejó pendientes reclamos clave como la modernización de 500 km de vías deterioradas, lo que hoy se repite con mayor intensidad, revelando cómo Maturano usa estos paros "controlados" para invocar la mediación estatal como salvavidas, en lugar de escalar a una huelga general que confronte directamente al modelo privatizado y extractivista de los ferrocarriles. 

Un poco de historia crítica. Esta estrategia ilustra el fracaso estructural de las conciliaciones obligatorias, que en los años '90 bajo el peronismo de Carlos Menem significaron "no soluciones" , sino el preludio de despidos masivos y la desarticulación del sistema ferroviario nacional, durante las privatizaciones de 1991-1999, impulsadas por el Decreto 1277 y el aval del FMI, se aplicaron decenas de conciliaciones obligatorias en conflictos con gremios como La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y los sindicatos del transporte, forzando suspensiones de paros en ramales como el Mitre y el Sarmiento para "negociar" con concesionarios como TBA (Tecno-Autotransportes de Buenos Aires) y Metrovías; pese a acatarlas, estos mecanismos no impidieron la supresión de 4.000 km de vías, el cierre de 300 estaciones y el despido de más de 100.000 trabajadores ferroviarios entre 1990 y 2002 —según informes de la Comisión Nacional de Trabajo y la OIT—, consolidando un esquema de subcontratación precaria donde los salarios cayeron un 40% en dólares y la seguridad se volvió un lujo, como en el trágico choque de Once en 2012 que expuso las consecuencias de esa desinversión; estos "acuerdos" conciliatorios actuaron como anestésicos para la resistencia obrera, permitiendo que el Estado burgués transfirieron activos públicos a manos privadas sin resistencia efectiva, en sintonía con la agenda de ajuste que benefició a monopolios transnacionales y dejó al país sin soberanía sobre su transporte esencial. 

Ni que decir de los negociados de las tercerizaciones en el ferrocarril, donde el peronismo sindical va a la cabeza de la explotación patronal como dueños de empresas de "gestión" de limpieza, seguridad y servicios, donde los burócratas como Pedraza, con la complicidad del gobierno de turno, se convierten en empresarios que asesinan jóvenes y trabajadores que protestan contra la precariedad como es el ejemplo de Mariano Ferreyra.

Relacionando esto con el conflicto actual del SUTNA en 2025, donde la dirección (PO oficial) del neumático acataron una conciliación similar con Fate y Brigestone, suspendiendo retenciones y bajas de velocidad solo para enfrentar listas negras y despidos de 150 afiliados, se evidencia el patrón repetido, la conciliación obligatoria dilata el conflicto, desmoviliza a las bases y permite represalias patronales encubiertas, como en los '90 donde sindicatos industriales como el de Luz y Fuerza o el UOM vieron cómo sus "pactos de paz" derivan en reconversiones que eliminaron puestos de trabajo en masa, fomentando la atomización de la clase obrera y la aceptación de la precarización bajo el disfraz de "diálogo social". 

Históricamente, este fracaso se repite en otros ejemplos, las privatizaciones energéticas de YPF y ENTEL en los '90, donde conciliaciones impuestas no evitaron 20.000 despidos y la desindustrialización; el conflicto docente de CTERA en 2017-2018 bajo Macri, con acatamientos que llevaron a descuentos y listas negras afectando a 5.000 educadores.

Tales medidas para, luego, como política pedir la conciliación obligatoria, diferente a pequeñas unidades productivas, son sindicatos de masas e influencia de masas, por eso, son errores estratégicos que benefician al capital al minimizar pérdidas empresariales mientras perjudican a usuarios populares —erosionando apoyo social y alimentando narrativas mediáticas de "irresponsabilidad gremial"—, contradiciendo la solidaridad de clase y diluyendo la fuerza colectiva en acciones parciales que el Estado revierte sin concesiones reales, a diferencia de luchas autónomas exitosas como la huelga de ferrocarriles de 1919 en Argentina, parte de la Semana Trágica en los Talleres Vasena, se hacían el armado de locomotoras y el material rodante, donde decenas de miles de obreros metalúrgicos y ferroviarios rechazaron mediaciones del gobierno de Yrigoyen —similares a las conciliaciones actuales—, optando por paros indefinidos, sabotajes a locomotoras británicas y marchas que paralizaron el país, logrando la jornada de 8 horas, aumentos salariales o más cerca, la Coordinadora de Trabajadores del Subte en los 2010, que ignoró conciliaciones kirchneristas y macristas para imponer paros asamblearios, creando el AGTSyP, que ya no es lo que era, y avances como pases libres sin despidos.

En resumen, la conciliación obligatoria es una ilusión reformista que perpetúa la dominación capitalista, enmascarando la explotación y desarmando la resistencia proletaria, como se ve en el paro de Maturano que, aunque busca "salvarse" con ella, solo prolonga la agonía sin disputar el poder real; solo la organización de base, asambleas y movilización sostenida pueden romper este ciclo, por lo que es imperativo construir un partido de trabajadores independiente, y una gran coordinadora, forjados en las luchas de trenes, fábricas y barrios, al servicio exclusivo de la clase obrera y desvinculado de fracciones burguesas y peronistas, que impulse un programa socialista de nacionalización de ferrocarriles y neumáticos bajo control obrero, con un plan de desarrollo soberano. 

Paralelamente, urge una gran coordinadora fabril intersindical —unificando La Fraternidad, SUTNA, UOM, CTERA, Garrahan, Universidades, La luchas de las mujeres trabajadoras revolucionarias, y Ferroviarios en una red nacional—, inspirada en el Cordobazo de los '60 o las interfabriles , priorizando democracia directa, igualdad de género y solidaridad internacional, para coordinar paros escalonados a huelgas generales, disputar el poder al empresariado y Estado burgués, y transformar Argentina en una sociedad sin explotadores donde el transporte y la producción respondan al pueblo trabajadores, no al lucro privado.