"Los negros para el otro lado"

El segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que comenzó en 1973 tras su regreso del exilio, estuvo marcado por una situación económica muy compleja, con una inflación que superaba el 100% anual y un tipo de cambio oficial claramente atrasado respecto a la realidad económica del país. En 1974, durante ese mandato y luego de la muerte de Perón, se produjo una devaluación significativa del peso, que pasó de aproximadamente 10 pesos por dólar a cerca de 20 pesos por dólar en poco tiempo, lo que representó una depreciación cercana al 100%. Esta medida buscaba corregir el atraso cambiario para mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, pero también tuvo un impacto directo en el aumento de los precios internos, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. El peronismo intentó compensar esta situación con aumentos salariales y políticas de control de precios, aunque la inflación y la crisis política limitaron la efectividad de estas medidas y la estabilidad económica.

En la actualidad, bajo el gobierno de Javier Milei, la situación económica no ha mejorado para los trabajadores. Durante 2024, los salarios nominales aumentaron apenas un 1%, mientras que la inflación acumulada superó el 120%, lo que implica una caída drástica del salario real y una pérdida significativa del poder de compra. Esta disparidad entre el aumento salarial y la inflación refleja la dificultad que enfrentan los trabajadores para mantener su nivel de vida en un contexto de alta inflación y devaluación constante. El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, no ha logrado acumular reservas internacionales, lo que llevó a reinstaurar restricciones cambiarias, conocidas como "nuevo cepo", para personas físicas. Estas medidas buscan evitar la operatoria de “rulos”, donde algunos ahorristas compran dólares baratos en el mercado oficial y los venden a precios más altos en el mercado financiero, generando distorsiones y una brecha cambiaria que llegó al 3%. Paralelamente, el Tesoro argentino realizó compras masivas de dólares, por un total de aproximadamente 1.800 millones de dólares en dos días, para fortalecer las reservas, que cerraron la semana en 41.238 millones de dólares, aprovechando también ingresos extraordinarios como los 7.000 millones de dólares provenientes de las cerealeras por la quita de retenciones.

La estrategia actual del Gobierno, presionada por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, es acumular dólares baratos mediante estas restricciones y compras para fortalecer las reservas antes de permitir una devaluación controlada después de las elecciones de octubre. Esta devaluación es una exigencia de los organismos internacionales para corregir el tipo de cambio y permitir que el peso flote, ajustándose a la realidad económica. La reinstauración de restricciones cambiarias busca controlar la brecha y evitar la fuga de capitales, mientras que el Tesoro cuenta con recursos para comprar dólares sin aumentar la presión sobre el tipo de cambio. Se espera además un ingreso adicional vía swap con Estados Unidos por al menos 20.000 millones de dólares, lo que podría ayudar a sostener las reservas y facilitar la liberación del mercado cambiario. Sin embargo, esta devaluación controlada, aunque necesaria para corregir desequilibrios, probablemente tendrá un impacto inflacionario que afectará aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.

El impacto de esta dinámica en los salarios y la vida de los trabajadores es profundo. La inflación anual que supera el 100%, combinada con aumentos salariales muy por debajo de ese nivel, implica una caída constante del salario real, lo que reduce la capacidad de compra y deteriora la calidad de vida. La devaluación aumenta el costo de los bienes importados y genera presiones inflacionarias adicionales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Aunque históricamente los gobiernos peronistas y kirchneristas han intentado mitigar estos efectos con aumentos salariales, subsidios y controles de precios, la persistente inflación y la inestabilidad cambiaria limitan la efectividad de estas políticas y mantienen a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad económica.

En conclusión, la devaluación en Argentina ha sido utilizada históricamente como un recurso para mejorar la competitividad de las exportaciones y corregir desequilibrios en la balanza comercial, ajustando el tipo de cambio para hacer más baratos los productos argentinos en el exterior y más caros los importados. Sin embargo, este mecanismo tiene un costo directo sobre los trabajadores, ya que la devaluación suele ir acompañada de un aumento generalizado de precios que erosiona los salarios reales y reduce el poder de compra. La baja en los salarios reales no solo afecta la capacidad de consumo de los trabajadores, sino que también profundiza la desigualdad y la pobreza, generando un círculo vicioso de precariedad y pérdida de bienestar social. Defender al trabajador en este contexto implica reconocer que la estabilidad económica y la protección del salario real son fundamentales para garantizar una vida digna, y que las políticas económicas deben buscar un equilibrio que permita corregir los desequilibrios macroeconómicos sin sacrificar el bienestar de quienes sostienen la economía con su trabajo diario. La historia y la realidad actual muestran que sin un compromiso real con la justicia social y la protección del salario, las devaluaciones terminan siendo un castigo para los sectores populares y una fuente de mayor desigualdad.