Ecuador: Novoa y su alianza con Erik Price, en la creación de ejércitos privados

Por Raúl Valle

Blackwater, ahora conocida como Academi, es una empresa de servicios militares privados fundada en 1997 por Erik Prince, un exoficial de los SEAL de la Marina de Estados Unidos que actuó como su principal figura ejecutiva hasta 2009. La compañía ha sido objeto de numerosas acusaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante sus operaciones en conflictos armados.

Uno de los incidentes más notorios ocurrió en septiembre de 2007 en la plaza Nisour de Bagdad, Irak, donde guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes e hirieron a otros 20 en un tiroteo que un informe del Departamento de Estado de EE.UU. describió como "injustificado y posiblemente criminal". Cuatro mercenarios fueron condenados en 2014 por cargos de homicidio voluntario y uso de armas en crímenes violentos, recibiendo sentencias de hasta cadena perpetua. Además, Blackwater enfrentó demandas civiles por el uso excesivo de fuerza en Afganistán y otras zonas, incluyendo la muerte de civiles en operaciones de escolta. 

Estas acciones llevaron a la suspensión temporal de sus contratos con el gobierno estadounidense y a una reestructuración corporativa en 2011 (fuente: Informe del Congreso de EE.UU., "Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army" de Jeremy Scahill, 2007; y cobertura de The New York Times, 14 de mayo de 2014).

En el contexto ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa ha sido criticado por presuntas irregularidades en su gestión de la seguridad y por su alianza con figuras controvertidas como Erik Prince. Noboa enfrenta denuncias formales por presuntos delitos de corrupción, incluyendo irregularidades en contratos de campaña electoral en 2023, investigadas por la Fiscalía General del Estado de Ecuador, y acusaciones de nepotismo en la asignación de fondos públicos. 

Respecto a delitos de lesa humanidad, organizaciones como Human Rights Watch han expresado preocupaciones por el estado de excepción declarado en enero de 2024, que incluye detenciones masivas y presuntas torturas en prisiones durante su "guerra contra el narcotráfico", aunque no hay condenas formales hasta la fecha. 

Estas críticas se intensificaron con el anuncio de una alianza estratégica con Prince en marzo de 2024 para combatir el crimen organizado, vista por opositores como un riesgo para la soberanía y los derechos humanos (fuente: Informe de Human Rights Watch, "Ecuador: Eventos de 2023"; y El Universo, 15 de marzo de 2024).

Apoyo de Estados Unidos y el rol de Donald Trump

La relación de Blackwater con el gobierno de Estados Unidos ha sido profunda y controvertida, con contratos por más de 2.000 millones de dólares durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama para operaciones en Irak y Afganistán, incluyendo protección diplomática y entrenamiento militar.

El Departamento de Estado y el Pentágono dependieron de la empresa para misiones de alto riesgo, lo que generó debates sobre la "accountability" de contratistas privados en teatros de guerra. Bajo la administración de Donald Trump, este apoyo se materializó de manera explícita en diciembre de 2020, cuando Trump indultó a los cuatro mercenarios de Blackwater condenados por la masacre de Nisour Square, argumentando que actuaron en defensa propia en un "entorno hostil". Esta decisión fue condenada por el gobierno iraquí y por legisladores demócratas como un obstáculo a la justicia internacional, y Prince mismo elogió públicamente el indulto, reforzando su influencia en círculos conservadores de EE.UU. (fuente: Declaración oficial de la Casa Blanca, 22 de diciembre de 2020; y Reuters, 23 de diciembre de 2020).

Esta afinidad con Trump ha facilitado la reemergencia de Prince en escenarios internacionales, como la propuesta alianza con Noboa, que incluye asesoría en inteligencia y operaciones antiterroristas. Analistas señalan que el apoyo implícito de Washington a tales colaboraciones refleja una continuidad en la política exterior de EE.UU. hacia América Latina, priorizando la contención del narcotráfico sobre regulaciones estrictas a actores privados (fuente: The Washington Post, 20 de marzo de 2024).

Caractericemos la situación política de Ecuador:

Es sometimiento imperialista, la alianza entre Noboa y Prince, enmarcada en un plan de seguridad que incluye la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad en Ecuador, no ha mostrado resultados en el corto plazo, no hubo una reducción temporal en los homicidios relacionados con el narco, ni la investigación del delito en su rango superior que es la ruta del dinero a los bancos de EEUU y además, existe un aumento significativo en la pobreza. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, la pobreza extrema subió del 12,5% en 2023 al 15,2% en el primer semestre de 2024, atribuible en parte a la militarización de la economía y el desvío de recursos presupuestarios hacia infraestructura penitenciaria y operaciones de seguridad, que consumen alrededor del 20% del gasto público.

Este modelo recuerda el de Nayib Bukele en El Salvador, donde la "mano dura" contra las pandillas redujo la tasa de homicidios de 38 por 100.000 habitantes en 2019 a menos de 3 en 2023, pero incrementó la pobreza del 26% al 30% según el Banco Mundial, exacerbando desigualdades y erosionando instituciones democráticas mediante detenciones arbitrarias y erosión del debido proceso (fuente: Informe del Banco Mundial, "El Salvador: Actualización de la Economía", junio de 2024; y INEC Ecuador, Boletín de Pobreza, julio de 2024).

Esta dinámica revela una descomposición sistémica financiada indirectamente por patrones globales vinculados a EEUU, donde el flujo de armas estadounidenses hacia cárteles mexicanos y sudamericanos —con exportaciones legales y desviadas estimadas en miles de millones de dólares anualmente— alimenta el ciclo de violencia. Reportes del Gobierno de México han documentado que el 70% de las armas recuperadas en operativos antinarcóticos provienen de EE.UU., mientras que la ruta del dinero del narcotráfico, lavado a través de remesas y transacciones financieras, termina en bancos estadounidenses como HSBC y Wachovia, que pagaron multas multimillonarias por facilitación de blanqueo (por ejemplo, HSBC en 2012 por 1.900 millones de dólares). 

Este ecosistema politico solo perpetúa la inestabilidad en países como Ecuador, sino que genera ganancias que circulan de vuelta a la economía de EEUU, cuestionando la efectividad de políticas de "guerra contra las drogas" que priorizan la represión sobre soluciones estructurales. 

En última instancia, estas alianzas como la de Noboa-Prince podrían profundizar la dependencia regional de modelos represivos y contrarrevolucionarios importados, sin abordar las raíces socioeconómicas del crimen.