Ante el giro imperialista de Milei, ¿Se privatizan las fuerzas armadas argentinas?

  

Por Raúl Valle

El motor de la historia internacional se desarrolla con sus actores en la lucha de clases, a veces tirar del hilo de unos de sus protagonistas ocultos, puede ser interesante.

Entonces, veamos:

Erik Prince, es el protagonista de esta historia, es un controvertido empresario estadounidense y fundador de la compañía de mercenarios Blackwater (rebautizada como Xe Services y luego Academi), ha sido una figura central en el debate sobre el uso de fuerzas privadas en conflictos armados y políticas de seguridad interna. Su trayectoria representa un ejemplo paradigmático de cómo el capitalismo privatizado se entrelaza con el imperialismo militar, priorizando los intereses corporativos sobre los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. 

Prince, hermano de Betsy DeVos, exsecretaria de Educación de Estados Unidos bajo Donald Trump, ha defendido intervenciones armadas en nombre de la "estabilidad" global, pero sus acciones y propuestas han sido ampliamente cuestionadas por violaciones a los derechos internacionales y el fomento de la desigualdad social. Para entender el impacto de Prince, es esencial revisar su rol en la invasión de Irak en 2003. Blackwater fue contratada por el gobierno de George W. Bush para proporcionar seguridad a diplomáticos y funcionarios estadounidenses en el caos post-invasión. 

Según un informe del Congreso de Estados Unidos publicado en el New York Times el 2 de octubre de 2007, Blackwater recibió más de 1.000 millones de dólares en contratos federales entre 2003 y 2007, a pesar de múltiples incidentes de violencia injustificada. El más notorio fue la masacre de la Plaza Nisour en Bagdad el 16 de septiembre de 2007, donde contratistas de Blackwater dispararon contra civiles iraquíes, matando a 17 personas e hiriendo a otras 20, incluyendo mujeres y niños. Testimonios de sobrevivientes, citados en un artículo de The Guardian del 20 de septiembre de 2007, describieron el ataque como un "bombardeo indiscriminado" sin provocación, lo que generó protestas masivas en Irak y llevó a la suspensión temporal de las operaciones de la compañía. Críticos de izquierda, como Noam Chomsky en su libro Hegemonía o supervivencia (2003, actualizado en ediciones posteriores), argumentan que estas acciones no solo exacerbaron el resentimiento antiestadounidense, sino que ilustran cómo las empresas privadas convierten la guerra en un negocio lucrativo, con costos humanos desproporcionados para las poblaciones oprimidas. En 2014, cuatro ex contratistas de Blackwater fueron condenados por homicidio en EE.UU., según reportó el Washington Post el 22 de octubre de 2014, aunque Trump los indultó en 2020, un acto que activistas de derechos humanos, como los de Amnesty International, denunciaron como un retroceso en la rendición de cuentas por crímenes de guerra.  

La influencia de Prince no se limitó a Irak; se extendió a propuestas controvertidas durante la era Trump, donde abogó por el uso de mercenarios en la represión interna y contra inmigrantes. En un editorial publicado en The Wall Street Journal el 7 de agosto de 2018, Prince sugirió privatizar gran parte de las operaciones militares estadounidenses en Afganistán, reemplazando tropas regulares con contratistas privados para "reducir costos" y aumentar eficiencia. Sin embargo, esta visión se amplió a conflictos domésticos. En una entrevista con Fox News el 15 de enero de 2019, Prince propuso desplegar fuerzas paramilitares privadas en la frontera sur de EE.UU. para "detener la invasión de inmigrantes", refiriéndose a las caravanas de migrantes centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza. Según un análisis del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) en un informe de febrero de 2019, esta idea evocaba tácticas de "vigilancia armada" similares a las milicias antiinmigrantes, potencialmente violando tratados internacionales como la Convención de Ginebra sobre protección de civiles. 

El periodista Glenn Greenwald en un artículo de The Intercept del 20 de febrero de 2019, advirtieron que tales propuestas normalizaban la militarización de la frontera, exacerbando la xenofobia y el racismo estructural contra latinos y otros grupos marginados. Prince también se involucró en planes para construir secciones del muro fronterizo de Trump, a través de su compañía Frontier Services Group, como reveló un reportaje de BuzzFeed News el 12 de marzo de 2019, donde se detallaba cómo buscaba contratos por cientos de millones de dólares para vigilancia con drones y patrullas armadas, lo que organizaciones como Human Rights Watch condenaron en un comunicado del 15 de abril de 2019 por fomentar abusos contra solicitantes de asilo.  

Más allá de las fronteras estadounidenses, Prince ha impulsado intervenciones en América Latina, particularmente contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En 2019, en medio de la crisis política venezolana, Prince ofreció sus servicios para una operación mercenaria que derrocaría a Maduro y restauraría el "orden". Según un reportaje del Financial Times del 14 de mayo de 2019, Prince se reunió con opositores venezolanos exiliados en Colombia y propuso un plan que involucraba a 5.000 contratistas para capturar instalaciones petroleras clave, financiado por inversores privados y posiblemente respaldado por el gobierno de Trump.

Esta propuesta fue vinculada a Jordan Goudreau, líder de Silvercorp USA, quien en 2020 lideró un fallido intento de invasión en Macuto, Venezuela, el 3 de mayo de 2020, que resultó en la muerte de varios mercenarios, como informó Reuters el 4 de mayo de 2020. Documentos filtrados, citados en un artículo de The New York Times del 8 de mayo de 2020, mostraban que Prince había entrenado a estos grupos en campamentos en Colombia, violando embargos de armas de la ONU. 

Esta iniciativa representa una injerencia imperialista clásica, similar a las operaciones de la CIA en la región durante la Guerra Fría, destinada a proteger intereses petroleros de empresas como Chevron, mientras ignora las causas estructurales de la crisis venezolana, como las sanciones económicas impuestas por EE.UU. que, según un estudio de la Universidad de Harvard publicado en el Boston Review el 10 de junio de 2020, han causado miles de muertes por escasez de medicinas.

Organizaciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en un informe de septiembre de 2020, condenaron estas "fuerzas proxy" por socavar la soberanía y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.  

En el contexto actual de América del Sur, las propuestas de Prince han saludado los discursos y políticas de Milei,  resuenan con los recientes comentarios del presidente argentino, quien ha intensificado debates sobre seguridad interna y rol militar. Milei, un libertario de extrema derecha electo en noviembre de 2023, ha expresado admiración por figuras como Trump y ha impulsado políticas de austeridad que han generado protestas masivas. En una entrevista con CNN en Español, el 18 de diciembre de 2023, Milei defendió la necesidad de "mano dura" contra el "desorden social", aludiendo a posibles reformas en las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y la inmigración irregular. Esto coincide con reportes sobre negociaciones entre el gobierno de Milei y el Ejército Argentino para expandir su rol en seguridad interna. Según un artículo de La Nación del 5 de febrero de 2024, Milei se reunió con altos mando militares para discutir la modernización de las tropas, incluyendo posibles alianzas con contratistas privados para inteligencia y patrullaje fronterizo, en medio de tensiones por recortes presupuestarios que han provocado renuncias en el Ministerio de Defensa. 

Solo  el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) en un comunicado del 10 de febrero de 2024, alertan que estas negociaciones podrían abrir la puerta a modelos como el de Prince, quien en una entrevista con Bloomberg el 22 de enero de 2024 mencionó interés en "oportunidades de seguridad" en el Cono Sur, particularmente en Argentina y Brasil, para contrarrestar "amenazas izquierdistas". 

Un reportaje de Página/12 del 15 de marzo de 2024 reveló que Frontier Services Group, de Prince, ha contactado a funcionarios argentinos para ofrecer servicios de vigilancia en las fronteras con Bolivia y Paraguay, en un contexto de creciente migración regional impulsada por la crisis económica.  

En 2025, el gobierno de Javier Milei enfrenta una profunda crisis política y económica que afecta también al Ejército argentino, marcado por escándalos de corrupción y un severo déficit presupuestario que limita su operatividad y genera descontento interno.

Milei, con un discurso libertario falso, impulsa una agenda de privatización extrema que incluye propuestas para privatizar funciones del ejército, buscando transformar las Fuerzas Armadas en una estructura más reducida y orientada a la seguridad interna, con posible participación de empresas privadas en tareas de inteligencia y control fronterizo. Esta visión ha generado alarma en sectores militares y sociales, pues implica una redefinición del rol del Estado en materia de defensa y seguridad, debilitando la soberanía nacional y aumentando la dependencia de actores privados.  

El descontento se manifiesta en un contexto de tensiones electorales y derrotas parlamentarias que han expuesto la fragilidad del mileísmo. Las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025 fueron un desastre para La Libertad Avanza, que perdió ocho de diez comicios, incluyendo una goleada en Buenos Aires, según análisis de Ámbito Financiero del 10 de septiembre de 2025. En el Congreso, el gobierno sufrió reveses clave: el 21 de agosto, la Cámara de Diputados anuló el veto presidencial a una ley de emergencia en discapacidad que asigna más fondos al sector, mientras el Senado rechazó decretos de ajuste presupuestario y aprobó aumentos para salud y universidades públicas. Estas derrotas han impactado la economía, el riesgo país subió a 1089 puntos básicos el 23 de setiembre de 2025, un nivel no visto desde abril, complicando el acceso a mercados internacionales para pagar deudas que vencen en 2026, según AFP en el mismo informe de BBC.  

La crisis se extiende a las Fuerzas Armadas argentinas, que atraviesan un deterioro profundo por corrupción endémica y un presupuesto raquítico que compromete su capacidad operativa. Históricamente, el Ejército ha lidiado con escándalos como el de los "fondos reservados" en los años 90, pero bajo Milei, los recortes han agravado la situación, el presupuesto de defensa para 2025 fue reducido en un 25% respecto a 2024, pasando de 2,5% del PBI a apenas 1,2%, según un informe del Ministerio de Defensa publicado en Infobae el 10 de enero de 2025, lo que ha provocado demoras en pagos a personal, obsolescencia de equipamiento y renuncias masivas de oficiales. Un caso emblemático de corrupción es el desvío de fondos en la compra de aviones supersónicos en 2024, donde se investigan sobreprecios de 300 millones de dólares adjudicados a proveedores extranjeros, que se destapó de la era Macri, como reveló Página/12 el 24 de noviembre de 2024. Esta crisis ha debilitado la moral y la preparación del Ejército, existen renuncias masivas de soldados y falta de formación profesional con informes de la ONU sobre Argentina del 15 de marzo de 2025 destacando que el bajo financiamiento viola compromisos internacionales de defensa hemisférica, dejando al país vulnerable ante amenazas como el narcotráfico en las fronteras.  

Milei ha respondido con propuestas controvertidas, como la modernización de las Fuerzas Armadas mediante alianzas con contratistas privados, inspiradas en modelos anglosajones de outsourcing militar. En una reunión con mando el 15 de febrero de 2025, reportada por La Nación, el presidente discutió la externalización de inteligencia y patrullaje fronterizo, argumentando que reduciría costos en un contexto de déficit fiscal.

Esto representa un giro hacia la privatización del Ejército, abriendo puertas a empresas transnacionales que priorizan ganancias sobre soberanía, similar a los casos de Blackwater en Irak. El bajo presupuesto ha forzado al gobierno a considerar ventas de activos militares, como terrenos y cuarteles como el regimiento de Patricios, como bases en Córdoba, según filtraciones en El Destape el 10 de septiembre de 2025, lo que ha generado resistencia interna y acusaciones de traición a la patria por subalternos de militares.  

En resumen, la carrera de Erik Prince ilustra los peligros de externalizar la violencia estatal a actores privados, un fenómeno que perpetúa desigualdades globales y socava la democracia.

Sus intervenciones en Irak causaron asesinatos e impunidad, sus ideas para Trump fomentaron la represión xenófoba, y sus planes para Venezuela representan una amenaza a la autodeterminación latinoamericana. 

En Argentina, bajo Milei, las negociaciones con el Ejército podrían amplificar estos riesgos, priorizando la seguridad corporativa sobre los derechos colectivos. Para un mundo más justo, es crucial rechazar estos modelos y promover soluciones basadas en solidaridad internacional y justicia social, que solo pueden tener una perspectiva para acabar con las políticas de Milei y Trump.