Cómo que no ganó la derecha: Lula fue reelecto, pero el bolsonarismo se quedó con el Congreso y los estados

Por Ulra

Lula ganó el balotaje con alrededor del 51,8% de los votos válidos y dio vuelta una elección que había perdido en primera vuelta, cuando Flávio Bolsonaro terminó adelante con el 47,03% contra 45,16%. Es la primera vez en la historia brasileña que un candidato revierte así el resultado entre una vuelta y otra. Pero ese triunfo en el Ejecutivo no impidió que la derecha saliera fortalecida del Congreso y de los gobiernos estaduales. Los partidos que respaldaron a Flávio reúnen una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una amnistía y hasta para pasar por encima de un veto presidencial. Con un mayor apoyo de Trump y el lobby parlamentario liberar a Jair Bolsonaro dependería de acuerdos entre fuerzas distintas y, después, de lo que resuelva el Supremo Tribunal Federal.

El principal beneficiario de esta elección fue el Partido Liberal, la organización de los Bolsonaro. Pasó de 99 a 121 de las 513 bancas de Diputados, un 22,2% más, y desde febrero de 2027 tendrá 28 de los 81 senadores, contra 15 hoy: casi el doble. Ocupará el 23,6% de la Cámara baja y el 34,6% del Senado, será la primera fuerza en ambas cámaras y no tendrá mayoría propia.

El bloque conservador es mucho más grande que el PL. Con União Brasil, PP, Republicanos, Novo y Podemos, que también apoyaron a Flávio en la segunda vuelta, se llega a 286 diputados y 50 senadores: el 55,8% de la Cámara y el 61,7% del Senado. No es una bancada unificada. Son partidos capitalistas que buscan saciar su sed de ganancia con sus aparatos, están acostumbrados a negociar con el oficialismo tanto como con la oposición.

El poder también es territorial. PL, PP y Republicanos ganaron 14 de las 27 gobernaciones (26 estados más el Distrito Federal): seis el PL y cuatro cada uno de los otros dos. Ahí viven unos 138 millones de personas, el 64% de la población. Los dos porcentajes miden cosas distintas: el 51,9% son gobiernos conquistados y el 64% es la gente que queda bajo esas administraciones. Si se suman todos los gobernadores que apoyaron a Flávio, aunque sean de otros partidos, como los electos en Goiás (MDB) y Pará (Podemos), se llega a 16 de 27. Ese campo gobierna São Paulo (Tarcísio de Freitas), Río de Janeiro (Douglas Ruas, del PL) y Brasilia (Celina Leão). Los gobernadores no aportan votos en el Congreso, pero sí presión sobre el gobierno federal.

Con este mapa electoral, la amnistía tiene base parlamentaria concreta. Se tramita por ley, y no hay que confundirla con el indulto, que es una atribución presidencial. La derrota de Flávio cerró la puerta al indulto desde el Planalto, pero dejó abierta la vía legislativa. Para alcanzar a Jair, la ley tendría que incluir los delitos por los que fue condenado, una amnistía limitada a ciertos participantes del 8 de enero no cubriría a los responsables de la trama golpista.

Lula podría vetarla, pero no sería un freno definitivo. Para rechazar el veto hacen falta 257 diputados y 41 senadores, contados por separado, y el bloque tiene un margen de 29 diputados y nueve senadores sobre esos umbrales. Ya pasó este año, el 30 de abril el Congreso rechazó el veto de Lula a un proyecto que reducía la pena de Jair Bolsonaro. Lula conoce el problema desde antes. En 2025 advertía que, si la amnistía llegaba al recinto, corría riesgo de aprobarse, porque el Congreso no es un Congreso elegido por la periferia.

El otro frente: Trump

La relación con Washington muestra los límites del Lula que ganó. En 2025, Trump impuso aranceles del 50% a Brasil y sanciones a funcionarios brasileños en medio de la presión para que Bolsonaro fuera amnistiado. Lula, que llegó a decir que negociar el tema arancelario sería una "humillación", terminó hablando por teléfono con Trump en octubre de 2025, reuniéndose con él en Malasia ese mismo mes y viajando a la Casa Blanca el 7 de mayo de 2026, en plena campaña, para una reunión de tres horas.

Sobre la mesa estaban los aranceles, la ofensiva de Washington contra el sistema de pagos Pix, el reclamo de Brasilia para que Embraer siga entrando sin trabas al mercado estadounidense, la intención de EE.UU. de declarar organizaciones terroristas al CV y al PCC, algo que Brasil rechaza por soberanía, y sobre todo las tierras raras. Brasil tiene la segunda reserva del mundo, unos 21 millones de toneladas, solo detrás de China, y Washington quiere reducir su dependencia de Pekín. Un día antes de la reunión, Brasil aprobó su política nacional de minerales críticos. Lula insiste en que los minerales "son nuestros" y que el procesamiento tiene que hacerse dentro del país, aunque ya había rechazado antes una propuesta estadounidense por afectar la soberanía y después se habló de un acuerdo en fase final.

Para sectores de la izquierda, esas conversaciones fueron también un seguro electoral, concesiones económicas a cambio de que la Casa Blanca no cuestionara el resultado de octubre. Lula lo niega y dice que Trump dejará decidir al pueblo brasileño. Pero la relación se profundiza, en agosto tuvo que volver a llamar a Trump para reabrir la negociación, con aranceles del 25% sobre buena parte de los productos, y semanas antes había dicho que le iba a pedir que no se metiera en la elección.

Hacia afuera, Lula juega a no quedar atado a nadie. Dice que no quiere pelear con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, ni con Francia. China ya compra más a Brasil que Estados Unidos, la automotriz china BYD abrió su planta en Camaçari y Brasil fue anfitrión de los BRICS en 2025. Sucede que con Trump negocia, con Pekín comercia. Pero el equilibrio descansa en un recambio capitalista más a la derecha y sobre un Congreso que ya mostró que puede pasar por encima de él.

La incertidumbre

Los bolsonaristas para liberar a su bestia fascista tendrían que convertir una alianza electoral en un acuerdo legislativo, lograr que el proyecto llegue al recinto y sostener los apoyos durante la votación y la eventual votación del veto. Los 286 diputados y 50 senadores describen una mayoría disponible para negociar, no una votación consumada, y el Centrão ya demostró que vende caro su apoyo y que puede dejar caer a un gobierno cuando le conviene.

Aun aprobada, la ley podría ser impugnada ante el Supremo, que tendría que evaluar su compatibilidad con la Constitución. Hay un antecedente cercano, aunque no idéntico, en 2023 el tribunal anuló el indulto que Bolsonaro le dio al exdiputado Daniel Silveira, por desvío de finalidad. Era un indulto individual y no una amnistía parlamentaria, de modo que no anticipa el resultado, pero muestra que los actos de perdón están sujetos a control constitucional.

El balance es que el bolsonarismo perdió la presidencia y acumuló poder legislativo y territorial.

A los golpistas y fascistas brasileños todavía les falta demostrar la unidad necesaria para liberar a Bolsonaro y la garantía de que la ley sobreviva al Supremo. Mientras tanto, Lula y el PT son un proyecto fracasado que no pueden corromper la conciencia de los trabajadores con su proyecto estatista de conciliación de clases. Lula arranca su cuarto mandato negociando con Trump hacia afuera y con el Centrão hacia adentro. Los análisis que se hicieron en Argentina se equivocaron en sus caracterizaciones, pero eso tampoco convierte esta elección en un envión para el peronismo de Kicillof, Massa y los Kirchner: ni para su armado, atravesado por la corrupción, ni para su defensa del pago al FMI, ni para su acompañamiento a las leyes de Milei, como la reforma laboral, ni para una Corte Suprema que avala la condena penal a trabajadores y les niega los fueros laborales.